El pasado 31 de diciembre, cuando estaba a punto de agotarse el plazo para la culminación del Brexit y la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, este país y España alcanzaron un principio de acuerdo para incluir a Gibraltar en el ”espacio Schengen”. Algunos amigos me han pedido que exprese mi opinión sobre el citado de Acuerdo, lo que haré con sumo gusto aunque a beneficio de inventario hasta que no conozca su texto. Es increíble e intolerable que, a estas alturas, los ciudadanos españoles desconozcan lo que ha pactado su Gobierno con el británico en un tema tan sensible como el de Gibraltar. ¿Acaso hemos regresado a la época anterior a Woodrow Wilson y a la Sociedad de Naciones de la diplomacia secreta y la no publicidad de los tratados internacionales? El Acuerdo de Comercio entre la UE y Gran Bretaña, de 1.500 páginas, fue publicado a las 24 horas de su adopción en las 26 lenguas oficiales de la Unión. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha Gonzáles Laya, ha dicho que el texto no se hará público hasta que los parlamentarios españoles no hayan tenido conocimiento de él, pero -después de más de una semana- ya han tenido tiempo sobrado de conocerlo y permitir que lo conozcamos. Sin embargo –como ha señalado Araceli Mangas- es una pobre excusa, pues cualquier Acuerdo tiene que ser enviado al Consejo de Ministros para su aprobación, luego al Consejo de Estado para su dictamen y finalmente a las Cortes para su ratificación. ¿Existe un Acuerdo articulado o un mero principio de Acuerdo? No puedo, por tanto, hacer un juicio fundado al desconocer el texto, y basarme tan sólo en las frases exultantes de la ministra de que habrá unión aduanera y libre circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar conforme al régimen de Schengen. Sin embargo, los comentarios contradictorios de Laya y del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, no dan piel al optimismo.

Situación del Campo de Gibraltar

La cuestión de Gibraltar es sumamente compleja y delicada y en ella están involucrados aspectos históricos, diplomáticos, jurídicos, políticos, económicos y sociales que hay que valorar. Cuando en el curso 1952-1953 estudiaba mi último año de bachillerato en el colegio marianista de San Felipe de Neri en Cádiz, a mi padre –que a la sazón fungía como magistrado de la Audiencia Provincial le encargó el Gobernador civil que hiciera un informe sobre la situación jurídica, política y socioeconómica del Campo de Gibraltar, una comarca empobrecida de la provincia gaditana de 150.000 kilómetros cuadrados de superficie y una población de cerca de 300.000 habitantes. Una de las conclusiones del informe secreto de Enrique de Yturriaga fue que el problema de la descolonización de Gibraltar no podría ser resuelto en forma favorable a los intereses de España mientras no mejorara la situación socioeconómica de su Campo, que obligaba a parte de su población a cruzar cada día la verja para ir a trabajar al Peñón.

No sé si este informe influyó sobre el Gobierno, pero en 1965, doce años más tarde, éste aprobó un ambicioso Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar, por el que se potenciaba el puerto de Algeciras y se crearon una refinería de CEPSA, un polígono petroquímico en San Roque y áreas industriales en Los Barrios. Se declaró la comarca zona de preferente localización industrial y de interés turístico, y se concedieron a las inversiones subvenciones del 20%, preferencia en la obtención de líneas de crédito oficiales, libertad de amortización y reducción de aranceles a la importación de maquinaria. Se instalaron numerosas industrias como Acerinox, Astilleros Crisnave, Papelera del Atlántico, Unión Industrial de Envases, Siderar, MIGSA. Teleletra o Confecciones Gibraltar, la mayoría de las cuales fueron languideciendo y acabaron por desaparecer. Las comunicaciones viarias y ferroviarias mejoraron escasamente y no se construyó el prometido aeropuerto en Castellar. A partir de 1975, el Plan de empezó a hacer aguas por falta de inversiones e insuficiente desarrollo de infraestructuras de comunicaciones, industrias y servicios, a medida que iban cerrando empresas.

En 1998, la Junta de Andalucía lanzó un nuevo Plan de Desarrollo Comarcal, que preveía el establecimiento de una Zona de Actividades Logísticas en el puerto de Algeciras, el equipamiento y ampliación del puerto pesquero-recreativo de Atanaras, la mejora de las comunicaciones por carretera y ferrocarril, la construcción del olvidado aeropuerto, un plan eólico en Tarifa y un parque metropolitano en el río Palmones. El plan fue un nuevo fiasco pues apenas produjo resultados.

Un nuevo intento a nivel nacional se realizó en 2018 con un Plan Integral del Gobierno Central, con una dotación de 810 millones de euros, que preveía el establecimiento de una zona franca en Los Barrios, la realización de las tantas veces prometidas mejoras en las comunicaciones intercomarcales y con Cádiz, Málaga y Madrid, y el reforzamiento de las estructuras policiales y judiciales para luchar contra el rampante narcotráfico y la corrupción-La mayoría de estas medidas no se pudieron llevar a la práctica por la inexistencia de unos presupuestos generales del Estado y tan sólo mejoró la presencia policial, aunque de forma insuficiente ante el descarado desafío de las mafias del narcotráfico, que actuaban a la luz del día y atacbaan a las fuerzas de seguridad, con la complicidad de parte de la población más o menos marginal. Todo el mundo reconoce que el puerto de Algeciras tiene un gran potencial, pero no se pasa de la potencia al acto al no completarse los corredores atlántico y mediterráneo, y empieza a sufrir la competencia de puertos marroquíes como Beni Ensar o Tánger.

El resultado de esta situación es que en el Campo de Gibraltar hay un paro del 40%, sus municipios tienen una renta seis veces inferiores a las del Peñón y unas 15.000 personas –la gran mayoría españolas- cruzan a diario la verja para cubrir los puestos menestrales de la colonia. Gibraltar está en el mejor de los mundos, pues disfruta de los beneficios de formar parte del Reino Unido sin tener que cumplir las obligaciones derivadas de la UE, aunque sí las de gozar de las ventajas de libertad de movimiento en el espacio Schengen –que no tenía cuando Gran Bretaña aún pertenecía a la Unión- y que ahora se le conceden a cambio de prácticamente nada: permitir que los trabajadores transfronterizos sigan acudiendo a diario al Peñón para sacarle las castañas del fuego a sus habitantes, que disfrutan de una de las rentas más alta del mundo a costa de los españoles. Cuenta con una mano de obra barata que apenas le acarrea gastos, pues ni siquiera tiene que proporcionarle alojamiento porque regresan al atardecer a territorio español para pernoctar, esta posición no la han conseguido los gibraltareños gracias a su laboriosidad o desarrollo tecnológico, sino a la ingeniería fiscal, la atracción desleal de empresas, el blanqueo de dinero, el contrabando y su inacción –cuando no connivencia- con el narcotráfico. Gozan del uso del hinterland español, donde disponen de segundas viviendas, y pueden jugar al golf en Sotogrande o bañarse en las playas de Marbella, mientras estafan al Fisco de España y explotan laboralmente a los habitantes del Campo de Gibraltar, que encima están contentos con las “llanitos”, porque les permiten trabajar y menos da una piedra. Según Ignacio de Castro, al final Gibraltar siempre gana.

Situación de Gibraltar

La entrada en vigor del Brexit ha ofrecido una nueva oportunidad a España, que había debilitado su posición por la desastrosa política del presidente José Luis Rosdríguez Zapatero y de su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos –primer ministro español que visitó oficialmente el Peñón- quienes potenciaron el status de Gibraltar al admitirlo como interlocutor en plan de igualdad en las negociaciones entre España y Gran Bretaña, aceptar que se tuvieran en cuenta no sólo los intereses de los gibraltareños sino también sus aspiraciones, y concertar con ellos una serie de acuerdos que les beneficiaban y fortalecían su posición.

Tras el Brexit, se ha reforzado la posición jurídica de España, que cuenta con el respaldo de la ONU, que ha instado al Reino Unido a que negocie con España la descolonización de Gibraltar, respetando el principio de la integridad territorial y tomando en consideración los intereses del pueblo gibraltareño, que –de conformidad con el Tratado de Utrecht y la doctrinas de las Naciones Unidas- carece del derecho a la libre determinación. Pese a las balandronadas de Boris Johnson y de Fabián Picardo, Gran Bretaña tiene más difícil imponer sus tesis cuando ha perdido el apoyo de la UE y probablemente de Estados Unidos tras la salida en buena hora de Donald Trump, partidario del Brexit. Políticamente, Gran Bretaña ha perdido fuerza al abandonar la UE y tratar de desempeñar en solitario el papel de actor principal en un mundo globalizado. Amén del grave problema de la pandemia del Covid-19, Johnson tendrá que hacer frente, más temprano que tarde, a dos bombas con espoleta retardada que tiene adosadas al casco de la nave de “Old Britania”: Escocia e Irlanda del Norte.

Desde el punto de vista socioeconómico, Gran Bretaña y Gibraltar gozan de la ventaja a corto plazo del chantaje de amenazar con impedir la entrada y el empleo en la colonia a los trabajadores transfronterizos y del temor de los dirigentes políticos comarcales a que esto ocurra. Hasta el último momento, el alcalde de la Línea, Juan Franco, señalo las gravísimas consecuencias que se producirían en la economía y en el día a día de su ciudad si no se llegaba a un acuerdo sobre Gibraltar. Hay que acabar con este condicionamiento y este chantaje, y la solución sería bastante sencilla: subvencionar con un ERTE generoso a estos trabajadores, como hace la UE con la PAC -que subvenciona a los agricultores para que dejen de cultivar- o el Gobierno con los mineros del carbón o los parados del PER. Se superaría el drama humano de los trabajadores gaditanos a un coste insignificante, los gibraltareños se cocerían en su propia salsa al verse privadas de una mano de obra barata y el Gobierno se vería liberado del chantaje “llanito”.

Como ha afirmado acertadamente el ex–ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo- en un artículo en “El Mundo” titulado “Gibraltar oportunidad perdida”, España ha renunciado a aprovechar el Brexit para reclamar la soberanía sobre Gibraltar. Ni siquiera ha planteado la explotación conjunta del aeropuerto situado en el istmo que Gran Bretaña ocupa ilegalmente y ha retirado un recurso ante el TJUE para acabar con las prácticas del Peñón, uno de los paraísos fiscales más apreciados por los defraudadores internacionales. La renuncia es tanto más gratuita cuando la ONU y la ley europea están del lado de España. Se podía haber exigido al Reino Unido que cumpliese de una vez la doctrina de Naciones Unidas que le obliga a acabar con el contencioso colonial de acuerdo con el principio de integridad territorial y no con el de autodeterminación. El Gobierno español ha hecho una propuesta de solución basada en la cosoberanía, la doble nacionalidad, la autonomía y la creación de una zona económica especial. La soberanía compartida permitiría la permanencia de Gibraltar en la UE, la autonomía la identidad de los gibraltareños y la zona económica común la creación de empresas y la inversión internacional ¿No arbitraría fondos la UE –se ha preguntado el antiguo ministro- para crear esta área de prosperidad compartida? Creo que la rehabilitación del Campo de Gibraltar podría ser uno de los grandes proyectos a financiar con cargo al Fondo de Recuperación y Resistencia.

En cambio, “El País” –en un editorial titulado “Peñón compartido”- se ha mostrado muy satisfecho con el principio de Acuerdo logrado bajo el inequívoco ultimátum de Madrid, porque “contiene señales claras de que podrá ser una gestión compartida de los asuntos del Peñón, lo que se aproxima a una especie de cosoberanía práctica entre ambos países”. Cuando Gibraltar se incorpore al espacio Schengen, estrechará mucho más su relación con uno de sus protagonistas, España, por encima de lo que en ese ámbito mantiene con su metrópoli británica. En términos de gestión de fronteras, puede decirse que Gibraltar se adscribe a Europa y abandona el ex-imperio. El control portuario y aeroportuario quedará en manos de la agencia europea Frontex, de la que España es socio, pero no el Reino Unido. Será Madrid quien responda de que la normativa de Schengen sea aplicada por los agentes de Frontex, que dependerán de las autoridades españolas para la entrada de visitantes y/o la concesión de visados. Al cabo de cuatro años, los agentes españoles sustituirán a los de Frontex en su tarea de control.

El editorial prisaico matizaba su aserto al señalar que no se trataba de soberanía hispano-británica sobre el conjunto de relaciones exteriores, defensa o inmigración, pero sí del inicio del acceso de España, a través de Europa, a uno de sus elementos clave y más simbólicos, cual era la gestión de las fronteras -que correrá de cuenta europea-, pues el control del perímetro territorial constituye una de las competencias soberanas del Estado. El Acuerdo –que beneficiará a los gibraltareños y a la población andaluza de la región-, “al permear su línea divisoria, se convertirá en un progreso muy consistente para mejorar su vida cotidiana y laboral, y sus relaciones vecinales”. Será además el principal avance diplomático en tres siglos para diluir el recelo infundido a la población local respecto a España, construir un clima de confianza mutua y revertir prácticas irregulares de Gibraltar y, por ende, “un paso importante en el complejo camino de aplicación de las resoluciones descolonizadoras de las Naciones Unidas”. Me parece una actitud excesivamente voluntarista, que se compadece mal con la realidad. Por ejemplo, no veo cómo el Acuerdo puede contribuir a la aplicación de las resoluciones que recomiendan al Reino Unido que negocie con España la descolonización de Gibraltar, cuando es más que probable que sus efectos vayan en el sentido contrario.

El corresponsal de “El País” en Bruselas, Lluis Basset, ha afirmado que la secesión británica de la UE bajo la bandera de recuperar la soberanía ha producido el efecto contrario en el Campo de Gibraltar, pero que “la interdependencia y la corresponsabilidad de Arancha González Laya son las que cuentan y, si no se habla de soberanía compartida, es para que no se espanten las almas más sensibles de las soberanas derechas españolas y británicas”. Me parece un deseo piadoso porque, en las conversaciones, se han dejado de lado las reivindicaciones de soberanía o de cosoberanía y, como ha reconocido la propia Laya, en el Acuerdo no se habla de soberanía -“Nadie cede un ápice en sus reivindicaciones”. Según ha expuesto Javier Rupérez en una tercera de “ABC”, de la parquedad expositiva de la ministra, se deduce que poco o nada se ha avanzado en nuestra secular y bien fundada reclamación sobre la soberanía española del peñón y del istmo. ¿Contiene el Acuerdo algún esquema de colaboración para regular los abusos de Gibraltar como paraíso fiscal y evitar los tráficos ilegales o delictivos? González Laya se ha limitado a cantar las excelencias de la desaparición de la verja y la satisfacción que la embarga por haber garantizado la movilidad de 15.000 trabajadores que diariamente se trasladan al peñón para cumplir con sus obligaciones laborales, pero los intereses de España no se limitan al bienestar de los trabajadores transfronterizos. Convendría que el Gobierno abandonara su tradicional mudez en los temas transcendentes y se explicara al respecto.

Acuerdo hispano-británico sobre Gibraltar

Según Felipe Sahagún, con el Acuerdo se ha pasado del “Gibraltar español” al “Gibraltar europeo”, gracias a la inmerecida generosidad de España, habiendo conseguido los gibraltareños, con bien poco a cambio, lo que no habían logrado durante los 47 años en que Gran Bretaña formó parte de la UE. Durante la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión, España consiguió que ésta le concediera la última palabra en las relaciones con Gibraltar, pero el Gobierno español no lo ha aprovechado.

En una entrevista en “El País”, Miguel González le preguntó a González Laya si España no había perdido la oportunidad de poner su bandera en el Peñón y la ministra le contestó que ahí era donde habían fracasado todos los intentos anteriores, lo que no había beneficiado a ninguna de las dos partes. “Lo que hemos hecho ahora ha sido aparcar las cuestiones relativas a la bandera, sin renunciar a nada, e ir construyendo entre tanto la vía de la corresponsabilidad en la gestión y una interdependencia más equilibrada, justa y leal[…] Hemos visto un cambio de paradigma que no está hecho de concesiones, sino de convergencia de intereses entre gibraltareños y españoles”.

Como ha señalado Inocencio Arias, España ha metido a Gibraltar de tapadillo en el espacio Schengen con el falaz argumento de que había que avanzar hacia una “zona de prosperidad compartida”, pero ¿qué es lo que se comparte, la riqueza de Gibraltar y la pobreza del Campo que la rodea? ¿De dónde se desprende que éste vaya a prosperar porque se destruya la verja?…En los años anteriores en que la barrera fronteriza no dificultaba la movilidad de los españoles y de los gibraltareños, el Peñón y sus habitantes se han enriquecido cada día más, mientras que el Campo de Gibraltar ha aumentado su declive y su empobrecimiento. Arias ha instado a González Laya a que explique a los españoles en qué se han visto beneficiados con el Acuerdo.

Para la profesora Mangas, la propuesta de origen británico de crear en el Campo de Gibraltar una gran área de prosperidad y cooperación económica se ha realizado hasta el punto de que este objetivo ha sido adoptado por el Gobierno español y por los políticos de la región. La dependencia económica del Peñón se ha producido por la incapacidad de los Gobiernos nacionales de generar vida económica en la región en igualdad de condiciones ¿A cambio y de qué se ha hecho el regalo a Gibraltar de permitirle participar del espacio de Schengen y de compartir los beneficios del entorno europeo? Pues a que Gibraltar siga dando trabajo a 10.000 españoles en un país con un paro endémico permanente de más de tres millones de personas.

García-Margallo se ha declarado consciente de que muchos andaluces que hoy dependen de Gibraltar para tener trabajo y la mayoría de los políticos del Campo de Gibraltar son partidarios de pactar con los gibraltareños y renuentes a llevar a cabo del proceso de descolonización del Peñón, pero estima que están equivocados, porque no habrá empresas que se instalen en la región, ni fondos que inviertan en la misma mientras no se rehabilite una zona hoy tan depauperada. Hay además -añado yo- una serie de intereses ocultos, que van de las mafias del narcotráfico a muchos ciudadanos que se benefician del trapicheo del contrabando, que son partidarios del mantenimiento del statu quo, porque, a mar revuelto, ganancia de pescadores.

Una vez otorgado “gratis et amore” el acceso de Gibraltar al espacio Schengen, el principal problema que se plantea es el de quién va a realizar la labor de control y aquí las posiciones de González Laya y de Picardo son antitéticas. La primera ha dicho que la gestión del control pertenece a España, que es la que tiene la base de datos, si bien –para ir creando confianza- la acción policial será llevada a cabo por los agentes de Frontex bajo dependencia de España, que tendrá la última palabra sobre quienes entran o no en el espacio Schengen. Transcurridos los cuatro años de prueba los agentes de Frontex serían sustituido por policías españoles Picardo, en cambio, ha señalado que hay dos fronteras, la gibraltareña y la europea, la primera de las cuales será controlada por los policías gibraltareños y la segunda por los agentes de Frontex, que tendrán acceso a la fuente de datos que posee España., “Ahí es donde España tiene responsabilidad remota, porque sus agentes no estarán en el aeropuerto ni en el puerto”. Al cabo de los cuatro años se celebrarían consultas y, si España se empeñara en imponer sus agentes, no se renovaría el Acuerdo. “Ningún agente español realizará controles de ningún tipo en Gibraltar, ni ahora ni en los próximos cuatro años? ¿Quién lleva razón?

Hasta que no conozca el texto del Acuerdo n podré ofrecer una opinión más fidedigna sobre el mismo, pero de las declaraciones confusas y poco convincentes de la ministra de Asuntos Exteriores cabe deducir que el gran beneficiario de la operación ha sido Gibraltar, que no se lo merece por su continuada actitud antiespañola, y España apenas se ha beneficiado, habiendo perdido además una excelente oportunidad para avanzar en el enquistado conflicto hispano-británico de la descolonización del Peñón, en un momento favorable por la debilidad política del Reino Unido y por el apoyo a su causa de la ONU y de la UE. Picardo ha afirmado que Sánchez y González Laya habían propugnado poner a un lado la cuestión de la soberanía y por eso se había logrado un acuerdo –que él ha calificado de “Tratado de la prosperidad”-, en el que no ha habido perdedores y todas las partes han salido ganadoras, aunque una más que otra. Era el momento oportuno para haber insistido en la tesis de la cosoberanía que no perjudica a nadie, beneficia a todas las partes implicadas y permitiría solucionar el problema. Como ha señalado Antonio Martín Baumont en “Es.diario”, España tenía una oportunidad única, pero su Gobierno la ha dilapidado al renunciar a la soberanía –o. al menos, la cosoberanía- sobre Gibraltar y se ha tragado un paraíso fiscal en su territorio. Para poder haberlo hecho, hubiera sido necesario que el Gobierno y los partidos constitucionalistas adoptaran una postura de Estado, que no resulta posible con los populistas bolivarianos y los partidos separatistas. Este Gobierno no sólo no está dispuesto a dar la batalla para recuperar Gibraltar, sino que ni siquiera la daría para conservar Ceuta y Melilla.