Como a todo autócrata que se precie, a Pedro Sánchez le gusta rodearse de mediocres ”yes-men/women”, siempre dispuestos a usar el botafumeiro en honor del amado líder, como María Jesús  Montero, Yolanda Díaz, Teresa Rivera, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska, Pilar Alegría, Óscar Puente, Francina Armengol, Pachi López, Santos Cerdán, José Luis Tezanos y “tutti quanti”. Imita a las reinas antiguas que se rodeaban en su corte de damas feas y negras- para que resaltara por contraste su belleza. Pero para que su Gobierno funcione, necesita de algunos peones inteligentes, como Félix Bolaños, Camilo Conde-Pumpido o Álvaro García Ortiz (AGO), que son los más peligrosos, porque -como decía mi padre- “las tonterías las dicen los tontos, pero las hacen los listos”. De todos ellos, el más impresentable es el fiscal general del Gobierno, quien -al igual que Sánchez- ha superado en incompetencia y sectarismo a su predecesor Rodríguez Zapatero- ha hecho lo propio con su benefactora, Dolores Delgado, a la que ha intentado subir al Olimpo de la Fiscalía. 

Para poder controlar el poder judicial Sánchez, está tratando de pasar del dicho al hecho y llevar a la práctica su sabia reflexión de “¿a quién pertenece la Fiscalía General del Estado?”. Para lograr “eso”, no ha podido encontrar mejor instrumento que AGO, quien -no solo se ha prestado con entusiasmo a realizar todas las labores sucias necesarias para conseguirlo-, sino que ha contaminado en buena medida la cúpula de la Carrera fiscal. Continuando la arbitraria política de nombramientos de Delgado, solo ha considerado dignos de ascender al generalato de la Carrera a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que fue presidente. De los 2.700 fiscales que hay en la actualidad, unos 245 son miembros de la Unión -el 9%-, pero, de 38 fiscales de Sala,18 son “progresistas” -el 47%,- la mayoría de los cuales fueron nombrados por los dos últimos fiscales generales. Huelga cualquier comentario. O los fiscales “progres” son unos juristas superdotados, o hay gato encerrado, y a mí el fiscal general me recuerda al felino de la película de Walt Disney “Alicia en el país de las maravillas”. Solo falta cambiar el nombre de “Alicia” por el de “Dolores”.

Repasemos la biografía de AGO, que no es precisamente ejemplar. Ingresó en la carrera en 1998 fue destinado a Mahón y a Santiago de Compostela, donde se especializó en medio ambiente y actuó como fiscal en esta materia el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde intervino en el caso del ”Prestige”. Sin llegar a los extremos de Delgado -diputada socialista y ministra de Justicia- AGO participó en actos de campaña del socialismo gallego, y fue muy crítico con el fiscal general, Manuel Maza. Entre 2013 y 2017 presidió la UPF, donde entabló amistad con Delgado, quien lo ascendió en 2020 a fiscal de Sala y lo nombró jefe de la Secretaría Técnica, y se convirtió en la eminencia gris de la fiscal general. Fue elegido miembro del Consejo Fiscal y -dicho sea en su honor- con más votos -956- que nadie.

Nombramientos arbitrarios de fiscales de la UPF

AGO tuvo algunos episodios poco edificantes durante su mandato en la sombra, como el mal trato que dio a Ignacio Stampa, fiscal del “Caso Villarejo” -persona que mantenía turbios contactos con Delgado-. Stampa fue falsamente acusado de filtrar datos sobre el asunto a una abogada de Podemos y fue expedientado. Aunque no se pudo probar nada, AGO prolongó el cierre del expediente e impidió que se le pudiera  confirmar en su puesto de fiscal Anticorrupción. La Secretaría Técnica se negó a  entregarle datos sobre su expediente y el fiscal recurrió al Tribunal Supremo (TS), que le ha dado razón. Stampa ha descrito su calvario en el libro “El complot”, en el que ha acusado a Delgado y a AGO de constante desviación de poder en la investigación.

Tras su dimisión, Delgado propuso a Sánchez que nombrara fiscal general a AGO y el presidente le hizo caso, a pesar de que solo tenía 24 años de antigüedad en la Carrera y no era un jurista de reconocido prestigio, y había ido subiendo peldaños en la Fiscalía por motivos ideológicos y no jurídicos. El flamante jefe siguió con la política  sectaria de su predecesora en los nombramientos e incluso la intensificó de una manera descarada. Entre los dos, ascendieron a altos puestos a 21 miembros de la UPF y nombraron 19 fiscales de Sala, 15 de ellos menores de 60 años. AGO inició la labor favoreciendo a su benefactora, por eso de que “es de bien nacidos ser agradecido”. Fracasado el intento de autopromoción de Delgado que propuso que los fiscales generales, al cesar en su puesto, accedieran a la categoría de fiscales de Sala, lo que no fue aceptado ni siquiera por los socios del Gobierno. AGO tomó el relevo y en 2023 ascendió a su predecesora a fiscal de Sala  y la nombró jefa de la Sección Militar del TS, pese a carecer de experiencia en la materia. El más cualificado de los candidatos al puesto, Luis Rueda, recurrió esta decisión y el nombramiento fue anulado por el Tribunal, que estimó que los méritos de éste eran muy superiores a los de aquélla. 

No se amilanó el fiscal general y en 2024 la nombró jefa de la sección de  Derechos Humanos y Memoria Democrática, pese a que el Consejo Fiscal se había opuesto porque -según el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio fiscal- no se permitía que las fiscalías que comprendieran dentro de su circunscripción territorial una población en la que el cónyuge del nombrado o una persona a quien se hallara ligado de forma estable ejerciera una actividad industrial o mercantil que pudiera obstaculizar el imparcial desempeño de su función. Era obvio que se podía producir un conflicto de intereses, porque la pareja de Delgado -que no era otro que Baltasar Garzón- era el administrador único de la Fundación FIGBA y director del bufete de Abogados Ilocad, especializadas  ambas entidades en cuestiones de Derechos Humanos, que entraban asimismo bajo la competencia de Delgado. AGO no permitió que el Consejo se pronunciara e hizo el nombramiento pese a no contar con su preceptivo informe. El candidato mejor posicionado -José Miguel de la Rosa- presentó un recurso y el Tribunal anuló el nombramiento.

Al mismo tiempo que este último, AGO hizo otros tres más: Miguel Ángel Aguilar como jefe de la Sección de delitos contra el odio, y Julio Cano y Pablo Varela como fiscales jefes de las Audiencias provinciales de Baleares y de Pontevedra, respectivamente. Los nombrados tenían en común pertenecer a la UPF y ser los candidatos más jóvenes de los presentados. AGO nombró fiscal de la Sala Penal del TS a Felipe Briones, el menos cualificado de los 25 candidatos presentados, entre los que se encontraba la exteniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez. También nombró fiscal de la Sala de lo Social del TS a María Elena Carrascoso, teniente fiscal Antidroga a María Dolores López -experta en tráfico- e Inspectora Fiscal a Carmen de la Fuente. Adivina adivinanza ¿A qué Asociación pertenecían estas jóvenes y destacadas fiscales? Renovó en su puesto al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, al super-progresista Jesús Alonso, pero no hizo lo mismo con su teniente Miguel Ángel Carballo -porque el pobre tuvo la mala ocurrencia de no afiliarse a la UPF-, y fue sustituido por la inexperta Marta Durántez. Supongo que en la Unión habrá fiscales experimentados dignos de ser promovidos,  pero AGO prefiere la sangre joven para renovar la cúpula de la Carrera con fiscales no del presente sino del futuro, en una actitud rayana con la prevaricación. 

Oposición de García Ortiz a la investigación de Puigdemont por terrorismo

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del asunto “Tsunami Democratic”, estimó que Carles Puigdemont podría haber cometido un delito de terrorismo y  propuso TS que asumiera la investigación de la causa, al estar aforado su principal responsable. Tras entrevistarse con AGO, el fiscal ponente, Alvaro Redondo, cambió radicalmente su informe que -en una primera versión- estimaba la comisión de actos de terrorismo por parte de los imputados, mientras que en la segunda concluía que nadie en Tsunami Democratic había cometido tal delito. 11 fiscales de la Sala de lo Penal del TS estimaron que los miembros de esta plataforma habían cometido un delito de terrorismo, y 10 de ellos que Puigdemont era su líder intelectual. Una minoría de 3 fiscales se expresó en sentido contrario, pero -como uno de ellos, Joaquín Sánchez Covisa- era fiscal jefe, AGO decidió someter a arbitraje la discrepancia entre 11 y 3 fiscales, y encomendó la labor de árbitro a su mano derecha -en este caso más bien izquierda-, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, quien se alineó con la minoría y exoneró a Puigdemont de cualquier responsabilidad.

La Sala segunda de lo Penal del TS, sin embargo, respaldó por unanimidad la postura de García-Castellón y estimó que los miembros de la plataforma habían cometido graves delitos contra la libertad e integridad física de las personas, atentados, falsedades documentales y daños al patrimonio, que entraban en el ámbito de los artículos 572 a 574 del Código Penal, que regulan el delito de terrorismo. El Tribunal criticó que el informe de Sánchez Conde cuestionaba uno a uno los indicios existentes mediante una interpretación subjetiva de los mismos, al valorarlos aisladamente, y destacó que la Fiscalía General human mantenía ahora justamente lo contrario a lo que mantuvo en 2020. Señaló en su auto que varios indicios acreditaban la participación de Puigdemont en los hechos investigados y , en consecuencia, asumió la competencia para realizar la investigación del caso. La decisión supuso una absoluta descalificación  de la cúpula de la Fiscalía General y de su máximo representante, totalmente entregado a los deseos del presidente Sánchez, quien hola también fue puesto en evidencia, ya que había afirmado que el independentismo no era terrorista y que -gracias a la política de concordia de su Gobierno- todos los independentistas catalanes serían amnistiados.

La Fiscalía General protege a ciertos delincuentes políticos en vez de perseguirlos

AGO parece desconocer lo esencial del artículo 124 de la Constitución que establece que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales. De él solo parece asumir los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, aunque pasando por alto su sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad. Ha abusado de su superioridad jerárquica para imponer su voluntad de forma autoritaria y al margen la legalidad. Como su maestro Sánchez, cree que la Fiscalía General es él y practica sin mesura el “ordeno y mando”.

Sigue el modelo de su predecesor Conde-Pumpido, que -en su período de fiscal general-mantenía que todas las leyes eran interpretables, que los Tribunales debían ser permeables al mando del Gobierno y adaptar los criterios jurídicos a la estrategia de los despachos, y que los jueces tenían que manchar sus togas con los polvos del camino para adaptar el derecho a la realidad. Adoptó una posición equivocada en el juicio contra Arnaldo Otegui, hasta el punto de que Maite Alcaraz afirmó en “El Debate” – que el defensor de la legalidad -encargado como fiscal general acusar los delincuentes- pisoteó su de deontología profesional para mirar hacia otro lado. AGO ha dado un paso más pues, no solo hace la vista gorda, sino que protege sin pudor a los delincuentes políticos aliados del Gobierno. 

Muestra de ello ha sido su rechazo a la petición del Senado de que la Fiscalía General hiciera un informe valorativo de la Ley de Amnistía -sobre la que tampoco se ha pronunciado a título personal, pese a la notable incidencia en el ámbito de la justicia- y ordenó a los fiscales del TS involucrados en el asunto del “procès” –Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena- que hicieran un informe favorable a la concesión incondicional de la amnistía a todos los involucrados en el proceso independentista, pero éstos se negaron por considerarla improcedente y contraria a las leyes, al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de las normas, y le pidieron que pusiera la orden por escrito. Así lo hizo AGO -¡para chulo él!- y dictó un decreto el que se mostraba favorable a la Ley de Amnistía, porque sería fundamental para la normalización institucional, política y social de Cataluña, como indicaba la Ley en su título. Acusó a los fiscales de utilizar argumentos que desbordaban el plano estrictamente jurídico y comprometían la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y, por ello, su informe resultaba del todo  improcedente. No eran admisibles críticas o valoraciones que trascendieran el plano de lo jurídico para adentrarse en la estrategia de la oportunidad política Los fiscales, sin embargo, se habían limitado a señalar que los delitos de malversación no eran amnistiables al entrar dentro de las excepciones previstas en la propia Ley, porque el ánimo de lucro requerido para la tipificación de este delito no se podía limitar a que existiera un enriquecimiento de carácter patrimonial de los malversadores. Añadieron   además que la actuación de los condenados perjudicaba los intereses financieros de la UE, lo que era asimismo motivo de exclusión de la aplicación de la Ley. 

Pidieron que se aplicara el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se solicitara la opinión de la Junta de Fiscales de Sala, que era preceptiva pero no vinculante y, en cualquier caso, prevalecería el criterio del jefe de la Fiscalía. Pese a contar con esa red de seguridad, AGO recurrió a todas las estratagemas posibles para obtener un dictamen favorable a su postura. Aportó su voto positivo -en contra de la práctica habitual de no votar para mantener una posición de neutralidad-, permitió el voto de Delgado -a pesar de haber sido anulado su nombramiento por el TS-, so pretexto de que aún no había sido ejecutada la sentencia, y logró que votaran telemáticamente una fiscal desde el hospital en el que estaba internada y otra desde el aeropuerto. El dictamen favorable a la amnistía obtuvo 19 votos a favor y 17 en contra, produciéndose una abstención. AGO relevó a los fiscales del caso y los sustituyó por el dúo de Sáncheces -Conde y Covisa-, quienes el día siguiente enviaron un informe al instructor Llarena y a la Sala de lo Penal del TS, en el que solicitaban que se aplicara la amnistía sin limitación alguna a todas las personas implicadas en el procès, se archivara la causa sobre el Tsunami Democratic -con la sorprendente justificación de que las principales víctimas fueron los miembros de Tsunami-, se levantara la orden de prisión contra Puigdemont, y se extinguiera las inhabilitaciones de los políticos independentistas condenados e indultados. Esta petición coincidía con la realizada por el abogado de Puigdemont, el delincuente condenado por terrorismo Gonzalo Boye. Dado que Sánchez está tan identificado política e ideológicamente con él, debería nombrarlo jefe de la Abogacía del Estado y ahorrarse así intermediarios internacionales, ya que -a tales efectos- tan bueno era un chileno como un salvadoreño. Ahora será el TS el que decida en última instancia si se aplica incondicionalmente la amnistía a Puigdemont y demás compañeros mártires. Como ha editorializado “El Mundo”, años de nombramientos sectarios realizados por los fiscales generales explicaban lo sucedido en la reunión de la Junta de fiscales de Sala, cuyo resultado ha sido “un dictamen sin fuerza ética, que supone una victoria moral para los fiscales del 1-O. El intachable compromiso como servidores públicos se acrecienta ante el menguante respeto que el servil fiscal general infunde dentro y fuera de su Carrera”.

Relevación de secretos por orden del Fiscal General del Estado

AGO se ha metido en demasiados charcos, pero del que le costará más trabajo salir será del que se encuentra será el producido por su orden de publicar datos  confidenciales de una persona particular -el empresario Alberto González Amador-  sobre las negociaciones habidas entre su abogado y la Fiscalía, en relación con un  fraude fiscal presuntamente cometido por quién era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Para perjudicarla, pidió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, el 13 de marzo, que le enviase grabaciones de esas conversaciones, para lo que el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, tuvo que abandonar un partido de fútbol con el fin de  mandárselas a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, quién -a su vez- la remitió al correo particular de AGO. Su gabinete elaboró una nota que reproducía frases textuales de la negociación y la remitió al jefe de Prensa de la Fiscalía Superior de Madrid para su publicación, a lo que éste se negó por considerarla contraria a derecho. AGO telefoneó a su jefa, Almudena Lastra, para pedirle que difundiera la nota, pero ésta se mostró contraria a airear datos confidenciales del pacto de conformidad que el abogado del empresario estaba negociando con la  Fiscalía y consideró que la nota era incorrecta. El fiscal general volvió a telefonear a Lastra, pero -al no tener contestación- le envío varios correos en los que alegaba que la nota era correcta y que “si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato (¿?). La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla”. 

Lastra pidió que se lo dijera por escrito y AGO así lo hizo, por lo que ésta acató la orden, de conformidad con el artículo 25 de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -que reconoce la competencia del fiscal general para impartir a sus subordinados órdenes e instrucciones convenientes para el servicio- y la nota fue publicada en los medios de comunicación, previa una filtración a la Cadena SER por parte de la Fiscalía General.

Tanto el afectado como el Colegio de Abogados de Madrid, presentaron una querella contra la Fiscalía de la Audiencia de Madrid por revelación de secretos. “El Mundo” había publicado que la Fiscalía de Madrid ofreció un pacto de conformidad a la defensa de González Amador y AGO estaba obsesionado con que se dijera que había sido al revés, como si el hecho de quien hubiera sido el primero en proponerlo tuviera alguna incidencia procesal, ya que lo esencial era que se estuvo a punto de llegar a un acuerdo, pero había intereses ocultos para que no se materializara dicho acuerdo. El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Goyena, admitió a trámite las querellas presentadas y ha escuchado las declaraciones como testigos de Lastra y del jefe de Prensa de la Audiencia, y ha citado el día 24 a declarar como imputados a los fiscales Rodríguez y Salto. Tras estas declaraciones, el instructor deberá decidir si remite la causa al TS, dónde se encuentra aforado el fiscal general. El cerco judicial se va cerrando en torno a AGO, quien -con su proverbial prepotencia- ha hecho saber que no piensa dimitir incluso si es imputado. Magistrados tiene la Justicia, pero para mi se trata de la comisión de un delito de revelación de secretos, con el agravante de haber sido realizado por el máximo responsable de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. No es que el fiscal general este bordeando la prevaricación, sino que se ha hundido en ella de hoz y coz, de conformidad con la definición incluida en el artículo 404 del Código Penal: “autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. Como reza el Eclesiastés (3, 26), “el que ama el peligro, en él perecerá”. Cabe esperar que  AGO no salga bien de ésta.

Conclusiones 

Podria mencionar muchas otras trapacerías de AGO -como la petición de la Fiscalía General de que se archivara la causa contra Begoña Gómez por tráfico de influencia-, pero creo que, con lo ya dicho es más que suficiente para mantener que debería haber dimitido o ser cesado tiempo ha, aunque -formado en la escuela resiliente de su jefe- no parece que ninguna de estas dos soluciones se vaya a producir a corto plazo. El caso de García Ortiz es de vergüenza propia y ajena, y es un arquetipo, un modelo de lo que nunca debería ser un fiscal general. A saber:

1.-Fue renovado en su puesto pese a haber sido considerado no idóneo por el Consejo General del Poder Judicial y declarado responsable de desviación de poder por el TS. 2.-Ha hecho multitud de nombramientos sectarios a miembros inexpertos de una  minoritaria UPF, dos de los cuales han sido anulados por el TS. 3.-Se ha negado a pronunciarse durante la tramitación de una Ley que tan adversamente afecta al Poder Judicial y, una vez adoptada, la ha avalado al estimar -contra toda evidencia- que contribuirá a establecer la paz y la concordia en Cataluña. 4.-Se ha pronunciado a favor de aplicar sin restricción alguna la amnistía prevista en una Ley inconstitucional, arbitraria, injusta e inmoral a cualquier independentista catalán que hubiese participado directa o indirectamente en el procès, incluidos los terroristas de Tsunami Democratic, que fueron -en su poco ilustrada opinión- víctimas de los abusos de las fuerzas de seguridad. 5.-No ha salido en defensa de los fiscales que han sido atacados por los independentistas. Solo da beligerancia a los que son socios de la UPF y discrimina a los que no lo son. Según la mayoritaria Asociación de Fiscales, AGO  ha introducido el frentismo y el servilismo en la Carrera fiscal, y normalizado la injerencia del Gobierno en el Poder Judicial. 6.-Ha impuesto su non-santa voluntad y dado a entender que no abandonará su poltrona aun cuando sea imputado, para lo que  -“Deo volentes”-ya falta menos.7.-Es un ministro más del Gobierno y éste se identifica con su labor. Como ha dicho la ministra portavoz, Pilar Alegría, “está haciendo un magnífico trabajo y, por consiguiente, confianza plena y absoluta a su profesionalidad”. Se trata de un regalo envenenado, pues pone de manifiesto su dependencia de un Gobierno que -por una vez- agradece los servicios prestados.