Los franceses tienen que elegir de nuevo entre las mismas opciones de 2017, que representan dos modelos antagónicos de sociedad: liberalismo o proteccionismo, soberanismo o globalismo, identidad o multiculturalismo, ambos en su expresión extrema, sin término medio. 

Estos comicios son históricos, ya que si en 2017 se rompió el cordón sanitario del resto de partidos contra Le Pen, estos han supuesto de manera inédita la desintegración del “bloque republicano” contra el viejo Frente Nacional, y lo más curioso es que esa ruptura no ha venido de la mano de la derecha sino de la ultraizquierda de Mélenchon, el mismo que propagaba el miedo de la llegada de un nuevo Hitler y ahora se niega a elegir entre Le Pen y Macron, aumentando las opciones de la candidata nacionalista de llegar al Elíseo, sobre todo cuando ésta se presenta como la “candidata del pueblo” frente a un rival “elitista”. No deben olvidarse las abundantes semejanzas entre Le Pen y los chavistas de Podemos, ya que, si la formación morada generalizó en España el peyorativo término de “casta”, años antes de su aparición era Le Pen quien lo utilizaba como látigo dialéctico en Francia, en concreto, contra el socialista Strauss Khan en 2011. 

En línea con lo anterior, Le Pen propone en su programa reconocer a Palestina, algo que, desde luego, estaría de nuevo en consonancia con un Podemos que lidera boicots contra el Estado de Israel y no con VOX, un partido pro-israelí, ya que el país judío es el mayor contrapeso a unos Estados árabes fuertes que tendrían España como objetivo, así como la única democracia de Oriente Medio, refugio de las mujeres, cristianos y homosexuales perseguidos en los estados limítrofes como muy atinadamente señala Elentir. 

En la primera vuelta se vio que Zemmour tenía que ocupar un espacio diferenciado del liberalismo conservador de Los Republicanos y del populismo de Le Pen, siendo la inmigración el único caballo de batalla que podía utilizar para diferenciarse, apelando a la derecha de toda la vida que por el día a día al que se enfrenta se ha radicalizado y se ha hecho más identitaria, mientras que buena parte del liberalismo conservador se ha macronizado, deshuesándose desde un punto de vista ideológico. 

Es menester que los franceses ponderen de manera rigurosa las dos únicas opciones que van a tener en su mano durante la segunda vuelta, y en este sentido, la Agrupación Nacional de Le Pen es un Podemos nacionalista que quiere repartir chiringuitos y paguitas, pero sólo para los nacionales, aunque, al menos no es antiempresarial y además tiene alunas propuestas liberales pese a ser furibundamente antiliberal, ya que propone reducir el IVA de los combustibles del 20 al 5.5 %, exenciones en el Impuesto de Sociedades durante los cinco primeros años para aquellos jóvenes menores de 30 años que creen una empresa, exenciones en el IRPF a los jóvenes que permanezcan en Francia, exención total de las cotizaciones sociales para aquellos empresarios que suban los salarios y suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero estas medidas no se encuentran dentro de un conjunto sino que están inconexas y se añaden a otras muchas que van en la dirección contraria como gravar la riqueza financiera, aumentar las pensiones mínimas, construir 100.000 viviendas de protección oficial al año, incrementar el sueldo de los funcionarios públicos, aumentar el gasto público en seguridad y defensa, construir nuevos hospitales y contratar más médicos, aumentar la burocracia por medio de ministerios de nueva creación como el destinado a combatir el fraude fiscal y otro dedicado a los territorios de ultramar, lo cual no sirve más que para aumentar las posibilidades de enchufismo, junto a medidas de claro cariz comunista como que el Estado fije unilateralmente los precios por decreto. 

En definitiva, se puede ver que el programa económico de Le Pen es financieramente insostenible y utópico, de modo que llevado a la práctica daría la puntilla final a un Estado fuertemente endeudado como el francés, con una deuda del 115 % del PIB (muy similar a la de España) y en aras de justificar lo injustificable, la líder de la Agrupación Nacional se limita a tirar de demagogia barata y lanzar proclamas sin sentido, como cuando afirma que los mercados no crean empleo, de modo que no hay que legislar para ellos, cuando son esos demonizados mercados los que permiten que Francia financie su desequilibrio presupuestario pues, de lo contrario, entrarían en suspensión de pagos y tendrían que aplicar recortes tan brutales que ni siquiera se han visto en Grecia. 

Le Pen es consciente de que lo que le precipitó a la derrota en 2017 fue la sonada propuesta de salida del euro, que generó auténtico pánico entre los jubilados, pero aunque de manera formal haya renunciado a su postura de máximos, a efectos prácticos, la alternativa que propone supone abolir el espacio Schengen, acabando en Francia con la libre circulación de personas y mercancías, ya que pretende obligar a los bares y restaurantes a que el 80 % de los productos que utilicen sean de fabricación nacional, lo que ahuyenta la inversión extranjera y hace que pierdan competitividad como país. 

El megaestado que Le Pen pretende construir sobre la ya sobredimensionada Administración francesa sólo pretende financiarlo por medio de promesas genéricas cuando no directamente demagógicas como limitar la asistencia social únicamente a los franceses, que sería retirada a los inmigrantes legales pese a que éstos también aportan por medio de impuestos y cotizaciones sociales. 

El programa de Macron tiene medidas acertadas para aliviar la carga fiscal de los creadores de riqueza y empleo al proponer reducir las cotizaciones sociales de los autónomos y el Impuesto de Sucesiones y algunas medidas como retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 65 años, algo a lo que Le Pen (al igual que Mélenchon) se opone, y que va en la línea de la valiente decisión que tomó el propio Sarkozy al retrasarla de 60 a 62 años, ya que se trataba de una medida tan impopular como necesaria y que Hollande (pese a sus promesas) mantuvo, de modo que la audacia que demostró Sarkozy con dicha decisión contrasta con la cobardía de Macron, que a lo largo de la legislatura no ha hecho lo propio aterrado por las huelgas. 

El problema del programa de Macron radica en que no recoge apenas propuestas de racionalización del gasto público que permitan financiar sus promesas de reducción de impuestos, aunque en su ejecutoria gubernamental ha demostrado ser un pragmático con una gran capacidad de adaptación, pero es evidente que no se puede esperar a un liberal digno de tal nombre, ya que en el mejor de los casos tiene aspectos socioliberales (es decir, del ala izquierda del liberalismo), siendo por lo general, un socialdemócrata moderado que quiere mantener el hipertrofiado Estado francés, de modo que el único programa verdaderamente liberal fue el de Fillon en 2017, que para colmo carecía de credibilidad, ya que como primer ministro no movió un dedo para llevarlo a cabo. 

El otro gran problema que sufre Francia es el derivado de la inseguridad y la inmigración masiva, materia en las que Le Pen formula propuestas positivas como limitar al máximo la reagrupación familiar, eliminar el ius soli, expulsar a los MENAS, conceder la nacionalidad en base a criterios de mérito y asimilación, así como prohibir el velo islámico en el espacio público, algo que no es en absoluto descabellado, ya que Sarkozy hizo lo propio en 2011, del mismo modo que un ex primer ministro socialista como Valls (ahora partidario de Macron) también lo proponía o, ¿es que había un ultraderechista en las filas del Partido Socialista? ¿Hay fascistas en el partido del centrista Macron, que está dividido en torno a esta cuestión? 

En contraposición al elaborado programa que presenta Le Pen, Macron apenas presta atención a la cuestión migratoria, proponiendo de manera muy genérica e imprecisa controlar las fronteras y llevar a cabo las pertinentes reformas en el seno de la Unión Europea y no en el marco de la legislación francesa, a pesar de que por la vía comunitaria sería muy difícil de implementar y de alcanzar un consenso al estar en juego la voluntad de 28 estados. 

Francia (como dije en un artículo anterior) se está jugando su supervivencia como país y su forma de vida, enfrentándose a la tesitura de conservar el sistema de libertades emanado de la Ilustración al atajar tan serio problema de raíz o a volver al Medievo si decide mirar hacia otro lado con la amenaza existencial del islam político, algo de lo que es consciente el propio Macron, que en 2020 criticó abiertamente el separatismo islámico, pero prefiere seguir ocultando tan atroz realidad en aras de la letal corrección política, que ha llevado a que haya incluso cafeterías y bares en territorio francés donde las mujeres y hombres son segregados, donde las mujeres que no llevan velo o en su lugar llevan minifalda son insultadas cuando no directamente agredidas y con casos en los que incluso los fundamentalistas islámicos se niegan a llevar a sus hijas al colegio, algo que denuncia incluso alguien tan alejada de la ideología de Le Pen como Elisabeth Badinter (uno de los máximos exponentes del feminismo francés), que al denunciar una realidad tan aterradora como sistemáticamente silenciada, señala que la líder del viejo Frente Nacional es la única que defiende el laicismo de la República Francesa al que el resto ha renunciado. 

El país vecino se encuentra ante un dilema que afecta de lleno a la economía y la seguridad, cuestiones no menores que constituyen las preocupaciones comunes a cada época, de modo que si en el plano económico es siempre preferible el incoherente programa de Macron al infierno estatista que promete Le Pen (que ahogaría a Francia en la pobreza), no lo es menos que en materia de seguridad (aunque pueda pecar de radicalidad) la única alternativa que pondría solución al apocalíptico escenario al que está abocado el país galo es el de Le Pen, de modo que los franceses han vuelto en cierto modo al punto de partida de 2017, teniendo que evaluar una vez más el mal menor.