El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra en la cuerda floja por la actuación del Gobierno en los luctuosos sucesos producidos el pasado 24 de junio en la valla fronteriza de Melilla. El ministro ha sido acusado por todos los partidos políticos -salvo el PSOE- de no decir la verdad sobre lo ocurrido, o al menos toda la verdad, al afirmar que los hechos se produjeron “fundamentalmente” en  territorio marroquí y que no hubo que lamentar ningún “hecho trágico” en territorio español, y señalar que “los hechos se produjeron en el territorio nacional de un país soberano y solo de forma tangencial se produjeron en España” ¿Qué quiere decir “fundamentalmente” o “de forma tangencial”? ¿ Se produjeron o no “hechos trágicos” -eufemismo para referirse a muertos y heridos- en territorio español? Según los datos oficiales, fallecieron 23 personas con motivo del  asalto, pero  según las ONG -incluida la Asociación Marroquí de Derechos Humanos- y los medios de comunicación, murieron al menos 70 personas. Es significativo que ascienda a 75 el número de los desaparecidos. Nadie cree a Marlaska, ni las Cortes -salvo los diputados socialistas-, ni el Defensor del Pueblo, y -en el mejor de los casos- caben dudas razonables sobre lo que realmente ocurrió en territorio español.

Descripción de los sucesos

Una periodista de acreditada profesionalidad -como Ángeles Escrivá- ha hecho en “El Mundo” la siguiente descripción de los hechos ocurridos: El 20 de junio, las fuerzas de seguridad marroquíes cercaron y dejaron sin comida a los migrantes que se habían ocultado en el Gurugú y en otros montes cercanos a la valla fronteriza, y les dieron un ultimátum para que en 24 horas cruzaran la frontera o regresaran a Nador. El día 24, la Guardia Civil advirtió que una multitud de unas 1.700 personas se estaba acercando a la frontera por el Barranco del Lobo. Iban armados de mazas, instrumentos cortantes y palos, y daban muestras de una extraordinaria agresividad, hostilidad y beligerancia. Actuaban conforme a un plan previamente elaborado y estaban perfectamente organizados Las fuerzas marroquíes no les impidieron el paso y, cuando estaban cerca de la valla, los atacaron por la espalda con gran violencia -porras, piedras, gases lacrimógenos y disparos- y los migrantes forzaron la puerta del puesto de control que daba acceso al Barrio Chino, treparon por las vallas -que se colapsaron por el peso de los asaltantes- y cayeron en territorio español, provocando una avalancha. Los que lograron llegar a territorio español atacaron con saña a los pocos guardias civiles que estaban de retén -unos 120-, que temieron por su vida y tuvieron que replegarse tras ser heridos varios de ellos.

Los gendarmes marroquíes acudieron en ayuda de sus colegas españoles que se habían visto desbordados por los asaltantes, y se produjeron devoluciones en caliente -un centenar según Interior, 470 según el Defensor del Pueblo-. Según el testimonio de un guardia civil presente, se llevaron a los hombres que iban expulsando y también trasladaron decenas de cuerpos de muertos y de heridos a un descampado adjunto a las instalaciones fronterizas, donde los dejaron al sol durante cuatro o cinco horas, sin proporcionarles ningún tipo de ayuda, pese a las numerosas ambulancias que había en la zona. Finalmente, los muertos fueron enterrados en fosas comunes sin haberles hecho previamente la autopsia, ni ser identificados, y los vivos fueron trasladados en autobuses y abandonados en un lugar situado a seis horas de recorrido de la valla fronteriza. Desde diversas fuentes, se ha dado por probado que al menos uno de los asaltantes -el sudanés Anwar Yaziz Yacoub- había muerto en suelo español. Según un comunicado conjunto publicado el 31 de octubre por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana y por el relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Morris Tiball-Minz, “al menos 37 africanos murieron y varias decenas más resultaron heridos, debido al uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las fuerzas del orden marroquíes y españolas”.

En opinión de José Ignacio Torreblanca, no se entiende bien el empeño de Marlaska en situar su línea de defensa en el hecho de que en el asalto no hubiera muertos en territorio español, pues -observando las imágenes de caos y violencia- la posibilidad de que fuera por caídas, por aplastamiento o por las acciones de la policía marroquí, no resultaba descabellado que se hubiera producido algún fallecimiento en territorio español, sin mediar por ello responsabilidad directa de nuestras fuerzas de seguridad. La línea de defensa ministerial parece pretender que, al haberse producido las muertes del lado marroquí, las autoridades españoles estarían exentas de cualquier responsabilidad, como si unos metros marcarán la diferencia acerca del aceptabilidad de unas muertes. Aunque hubieran fallecido del lado marroquí, el Ministerio del Interior tenía una gran responsabilidad, pues debía velar porque las personas que intentaran entrar en España tuvieran un trato humano y ajustado a Derecho. Habría que exigir responsabilidades a Marruecos por una muy desgraciada intervención policial, pero ello no exoneraría a España de parte de esa responsabilidad, porque “convalidamos sus acciones aceptándolas como imprevisibles, inevitables o incompetentes, confirmando un modelo de subcontratación de la gestión fronteriza sin derechos ni dignidad, lo que no es aceptable”.

Hay que distinguir, de un lado, entre el hecho de un asalto ilegal y violento  a una frontera española -que es también frontera de la Unión Europea- y el derecho y el deber de las fuerzas de seguridad españolas de repelerlo utilizando la fuerza legítima y, de otro, la responsabilidad que pudiera tener el Gobierno español por su insatisfactoria intervención en la defensa de Melilla. Con su proverbial chulería, el portavoz de Vox, Javier Ortega, preguntó durante el debate parlamentario “¿y si hubiera habido muertos, qué?”. Mejorando el lenguaje, la pregunta era pertinente. Llevaba razón Marlaska cuando dijo que ningún Estado podía permitir un asalto violento de sus fronteras. En semejante caso, tenía derecho a defenderse con todos los medios legales a su disposición y sí, como consecuencia de ello, se producían lamentablemente víctimas mortales, el Estado que ejerciera su legítima defensa no incurriría en responsabilidad. En una sentencia de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró la responsabilidad personal de los individuos que participaban de forma ilegal en los asaltos a las vallas de Melilla, recurriendo a la fuerza y al efecto de masa, y reconoció el derecho del Gobierno español a detener a los asaltantes y devolverlos a Marruecos de forma inmediata.

Responsabilidad del Gobierno por acción u omisión en la defensa de su territorio

Cuestión bien distinta es si un Gobierno pueden incurrir en responsabilidad por el modo en que ejerza la defensa de sus fronteras. Como ha observado Torreblanca, habría que dilucidar hasta qué punto la imprevisión, la falta de comunicación o la carencia de medios humanos, materiales y sanitarios que se produjeron en el lado español de la frontera merecerían algún tipo de acción y eventual sanción. Si examinamos la política migratoria del Gobierno de Sánchez y su proceder para defender la seguridad de sus fronteras en las ciudades de Ceuta y Melilla, cabe concluir que el “Debe” supera con creces al “Haber” y que el saldo es tremendamente deficitario. Veamos algunas de estas deficiencias.

1.-Errática política del Gobierno sobre los refugiados

Ya desde el principio, el Gobierno inició una política populista y demagógica en materia de migración con el “show” de la recepción por todo lo alto en 2018 en Valencia de los 629 náufragos salvados por el buque “Aquarius”. Sánchez presumió de ser el gran benefactor de los inmigrantes,  apoyado por políticos progresistas, como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que colgó en la fachada del Ayuntamiento un gran cartel con el lema de “Refugees Welcome”. Todo quedó, sin embargo, en pura escenificación y propaganda, y encima produjo un “efecto-llamada“. Pese a todas sus alharacas, el Gobierno solo concedió asilo a 18 inmigrantes sirios. La situación de los refugiados en España no puede ser más lamentable. Los procesos para la concesión de asilo o de protección se eternizan, y se conceden con cuentagotas. Aunque se permita su estancia en España, no se les facilita un permiso de trabajo, por lo que son carne de explotación laboral por parte de empresarios desaprensivos o están abocados a la delincuencia.

Un problema especial plantean los menores no acompañados (MENA), especialmente los que vienen de África vía Ceuta, Melilla o Canarias. Los estabulan en Centros de Internamiento mal dotados, que más parecen reformatorios. Cuando acceden a la mayoría de edad o se escapan de los Centros siendo aún menores, se ven libres en las calles sin una formación profesional adecuada, ni un permiso de trabajo, y a menudo con escaso conocimiento de la lengua española, por lo que se tienen que dedicar al trapicheo o a la pequeña delincuencia. De ahí que tengan mala fama y sean acusados de maleantes, en muchas ocasiones sin motivo, si bien es cierto que crean muchos problemas por su indisciplina, y a veces generan conflictos, como en el caso del Centro de la Casa de Campo en Madrid. El Gobierno y las Comunidades Autónomas se culpan mutuamente de la situación, pero hacen bien poco para resolver este delicado problema.

2.-Inexistencia de una política migratoria racional

Pese a ser España uno de los países con más baja tasa de natalidad del mundo, el Gobierno ha sido incapaz de establecer una política migratoria adecuada para compensar, mediante una inmigración reglada y controlada, las insuficiencias del crecimiento vegetativo natural. Lejos de fomentar la inmigración -especialmente la procedente de los países iberoamericanos y de Europa oriental-, el Gobierno pone pegas a la misma y la dificulta con una burocracia exacerbada. Amén de no existir una política migratoria acordada entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas, se produce también una falta de coordinación en el seno del propio Gobierno entre los distintos departamentos interesados: Presidencia, Interior, Migraciones, Trabajo, Educación y Asuntos Exteriores. 

Una muestra de esta descoordinación se produjo cuando Canarias se vio invadida por migrantes enviados por Marruecos desde el Sáhara Occidental para chantajear a España por su acogida por motivos humanitarios al secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali. Los ministros especialmente concernidos, Marlaska y Escrivá, dieron pruebas de su incompetencia e inoperatividad. Mientras aquél se oponía a que algunos de los inmigrantes ilegales fueran trasladados a la península ante la saturación de los centros canarios de acogida, aquél organizó vuelos secretos para enviarlos, sin avisar de antemano a las autoridades de las Comunidades en las que eran depositados al margen de cualquier control.

3.-Actuación poco eficaz ante las mafias traficantes

El Gobierno tampoco se ha esforzado por luchar contra las mafias que explotan el lucrativo negocio del tráfico ilegal de migrantes, cuyos responsables operan con impunidad desde sus lujosas mansiones en Marbella, Sotogrande o Algeciras. Los tradicionales contrabandistas de tabaco se han modernizado y utilizan sus bien engrasadas rutas para el tráfico de drogas y de migrantes. El Campo de Gibraltar se ha convertido en una réplica del “Far West” sin ley ni orden, en el que las fuerzas de seguridad actúan en franca situación de inferioridad ante los narcotraficantes reconvertidos, tanto por las insuficiencias en personal -escaso y mal equipado- como en material. 

Cabe preguntarse cómo es que, siendo el Peñón de Gibraltar la población más cercana a Marruecos, no llega a él ni una sola patera con inmigrantes. La respuesta podría encontrarse en que la “Royal Navy” del democrático Reino Unido no las deja acercarse ni a una milla de su costa y las espanta a cañonazos. España tiene que hacerse perdonar sus muchas culpas y en vez de librarse de los indeseados invasores, los recibe con carteles en los que les dice -con la boca chica- que son bienvenidos.

4.-Escasa presencia de fuerzas de seguridad e insuficiente equipamiento de las mismas

Si las insuficiencias policiales son notorias en la Bahía de Algeciras, aún lo son mucho más en las ciudades de Melilla y Ceuta, de lo que es especialmente responsable el ministro del Interior y su equipo. Lejos de reforzar las vallas fronterizas para dificultar los asaltos de los inmigrantes ilegales, y de aumentar la presencia de fuerzas de seguridad debidamente equipadas, ha hecho justamente lo contrario, a pesar de haberse producido miles de asaltos en las dos ciudades. Movido por su buenismo progresista, el Gobierno ha quitado de las vallas los elementos más disuasorios -como los alambres de espino, las concertinas y las cuchillas- para facilitar el asalto con menos riesgos para los intrusos, comprometiéndose en contrapartida el Ministerio del Interior a reforzar considerablemente las vallas, cosa que hasta ahora no ha hecho. 

Las fuerzas de seguridad son insuficientes y están pobremente equipadas, al no disponer de material antidisturbios de última generación. Se les ha negado chalecos antibalas, cascos antidisturbios, escudos protectores adecuados y cámaras de grabación individuales, e incluso se les restringe el uso del material del que disponen. Como ha observado el secretario de la Asociación de la Guardia Civil JUCIL, Agustin Leal, las promesas de Marlaska para reforzar las defensas de Melilla y de Ceuta, y de renovar los equipos de las fuerzas de seguridad, ni están ni se les espera. Carecen, por otra parte, de instrucciones claras y precisas, y se han visto desamparadas por el Gobierno cuando han sido llevados ante los tribunales por cumplir con su deber. De ahí, que los agentes estén poco motivados y tengan baja la moral.

5.-Escasa voluntad política para defender las plazas de soberanía 

Según Leal, el control de la migración no es una cuestión de dinero sino de voluntad política, y ésta es -a mi juicio- escasa en el actual Gobierno. Podemos y algunos sectores del PSOE son partidarios de la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos, como ha puesto claramente de manifiesto la ex-ministra socialista de la Vivienda, María Antonia Trujillo, e insinuado el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Según Trujillo, la presencia española en las dos ciudades es “una supervivencia anacrónica del colonialismo en África”, que supone “una afrenta a la integridad territorial de Marruecos”, por lo que su reivindicación está plenamente justificada.

Pero, lo que es aún mucho más grave, es la política de apaciguamiento y sumisión de Sánchez al sátrapa Mohamed VI, como se ha revelado con su misiva al monarca, en la que le informaba del giro copernicano de España en su posición sobre el Sáhara Occidental y sobre su apoyo a las tesis autonomistas de Marruecos, contrarias al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU. Ha cedido a su chantaje sin obtener nada positivo a cambio, pues al Sultán sigue negándose a reconocer la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla, y exige su entrega a Marruecos, cuyo delegado en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha llegado afirmar que su país no tenía límites terrestres con España. Sánchez no permite que el rey Felipe VI visite las dos ciudades de soberanía para no enojar al déspota marroquí.

La UE financiará con 500 millones de euros a Marruecos hasta 2027 para que proteja la frontera sur de la Unión. El Gobierno español le ha regalado otros 30 millones y le  facilitado material moderno para que mejore sus fuerzas de seguridad, mientras se lo niega a sus propias fuerzas estacionadas en las dos ciudades. Me recuerda la película de “La naranja mecánica” de Stanley Kubrick; en la que al final los delincuentes son nombrados policías. España y la Unión han externalizado en cierta medida la defensa de sus fronteras y, consecuencia de ello, ha sido la brutal intervención de los gendarmes marroquíes contra los asaltantes subsaharianos. El propio Sánchez declaró a bote pronto que los gendarmes marroquíes habían resuelto la situación de forma satisfactoria. El Gobierno no puede sorprenderse hipócritamente de lo ocurrido en Melilla, porque -como dice el refrán- “el que con niños se acuesta…”. Si dejas las defensas de tus fronteras en manos de las fuerzas de seguridad de un Estado autocrático, no es de extrañar que actúen de la forma como actuaron en Melilla. 

6.-Responsabilidad cualificada del ministro del Interior

Aunque el responsable último de la situación sea el presidente Sánchez, el principal culpable ha sido el ministro Marlaska, que ha dado un recital de actuaciones a cuales más lamentables, y ha mostrado como alguien que fue un juez digno y prestigioso, puede degenerar en un político indigno, que sigue bovinamente la trayectoria sectaria de su jefe de filas. No puede ahora lavarse las manos y está obligado a esclarecer la tragedia ocurrida en Melilla, pero -en vez de hacerlo- se ha caracterizado por su silencio inicial, su falta de colaboración con las Cortes y con el Defensor del Pueblo, y la sarta de mentiras proferidas, de las que no se mueve un ápice pese a las pruebas aportadas en los vídeos grabados por el helicóptero de la Guardia Civil y por las cámaras de seguridad, así como por un documental de la BBC y por las investigaciones del Consorcio de “Lighthouse Reports”. 

Marlaska se ha negado a colaborar, por lo que ha sido acusado por el PP de ocultación, obstruccionismo y falsedad. No facilitó los vídeos grabados y, cuando se vio forzado a hacerlo, los entregó incompletos y debidamente censurados. Ante la presión de los partidos políticos -incluidos Podemos y sus aliados nacionalistas y filoetarras- tuvo que permitir a algunos diputados el visionado de los mismos en la sede del Ministerio y aceptar la creación de una Comisión Parlamentaria, que viajó a Melilla para comprobar la situación y recabar testimonios “in situ”. Si bien afirmó que asumía toda la responsabilidad por lo sucedido,  ahora se escuda detrás de la Guardia Civil y repite como un papagayo que su actuación fue legal y proporcionada El representante de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha comentado que lo que les contó el ministro no tenía nada que ver con lo que vieron  en los vídeos, pues las imágenes corroboraban que efectivos marroquíes habían entrado en el perímetro español para auxiliar a la Guardia Civil, y que hubo heridos de gravedad en su suelo, causados por el desplome de la valla que provocó una avalancha. Lo realmente grave fue, no tanto que se hubieran producido heridos y eventualmente muertos, como la pertinaz negativa de Marlaska a reconocer los hechos, a pesar de la evidencia de los vídeos. Nadie de la Comisión  -aparte del diputado del PSOE- le ha creído, ni siquiera su socio de Gobierno, ni sus aliados Frankenstein, y el representante de Bildu ha pedido que se cree una Comisión de Investigación en el Congreso. No debe tener el ministro la conciencia muy tranquila, cuando se ha negado a comparecer en el Parlamento Europeo para dar explicaciones de lo ocurrido en Melilla. Como ha declarado el portavoz de Podemos, Jaume Asens, “Marlaska debe aceptar la dura realidad, o la dura realidad acabará con Marlaska”. 

Aunque al principio Sánchez avaló a Marlaska, del que dijo que en su trayectoria siempre había hecho gala de un cumplimiento estricto de la legalidad, con su habitual instinto de supervivencia, ha empezado a arrojar lastre. Dado que su principal objetivo es mantenerse en el poder, para conseguirlo está dispuesto a entregar a Marruecos, no solo Ceuta y Melilla, sino también el propio Madrid, “castillo famoso que del Moro alivia el miedo”, en palabras de Nicolás Fernández de Moratín. Fue patética la soledad del ministro en su comparecencia en el Congreso, en la que no se sentó en el Banco Azul ni uno solo de sus colegas en el Gobierno para arroparlo.

Según Eduardo Álvarez, a Marlaska a estas alturas parece no guiarle más motivación personal que la de la supervivencia política al coste que sea, por más que se haya pasado media legislatura como un muerto viviente. Por qué va a dimitir ahora por sus flagrantes mentiras en el nauseabundo drama migratorio de Melilla, si no ha hecho otra cosa que protegerse tras el bulo en casos precedentes como el de la destitución del jefe de la UCO, Pérez de los Cobos, o el del fabricado informe en el famoso Desfile del Orgullo Gay, que le tendrían que haber inhabilitado para la política hace años. “Que le consideren indigno, pero que al menos no quepa duda de su coherencia sobrevenida como gran converso que aceptó ser ministro de Pedro Sánchez”. A tal señor, tal honor.

Como ha comentado Javier Redondo, “Marlaska, abandonado por Sánchez, se apaga envuelto en la primera versión de Sánchez, aunque su espectro ocupe todavía su sitio en el Consejo de Ministros a la espera del veredicto de Bruselas. Marlaska, de alfil a peón”. Continuando con el lenguaje ajedrecístico, el ministro del Interior no es más que un peón, pero Sánchez sigue siendo el rey y, por tanto, es el principal responsable del terrible desaguisado que se ha producido en Melilla. Mientras no haya nadie que sea capaz darle un jaque-mate, el pueblo español se verá castigado con el terrible mal que últimamente padece. Ha hecho patente, una vez más, la falta de credibilidad de su Gobierno ante la opinión pública española, la UE y la comunidad internacional.