De la convocatoria de la sesión del Congreso del pasado día 19 cabía deducir que Pedro Sánchez abordaría el tema de las relaciones con Marruecos, pero tal no fue el caso, ya que el presidente del Gobierno dio un mitin electoral centrado en el milagro de la multiplicación de los panes y de los pisos, y apenas le dedicó unos minutos hablar de Marruecos. No contestó ni a una sola de las preguntas que le plantearon nueve grupos parlamentarios -incluidos algunos de sus aliados- y dio la callada por respuesta, como ha señalado Luis Portillo en su artículo “El silencio sobre Marruecos y el Sáhara Occidental delata al presidente Sánchez”. Éste se ha negado a explicar a las Cortes y a la sociedad española en general las razones que motivaron el radical giro en la tradicional postura de España sobre el Sáhara Occidental decido por él, por sí y ante sí, sin contar con su Gobierno, las Cortes y -por supuesto- la oposición.

Antecedentes del giro copernicano sobre el Sáhara Occidental decidido por Sánchez

Todo se remonta a la inexplicable e inexplicada carta secreta enviada por Sánchez el 14 de marzo de 2022 al rey de Marruecos, Mohamed VI, de la que los españoles nos enteramos por filtración a los medios de comunicación realizada por la corte al alauita. Halagado el Sultán por el sorprendente regalo que le ofrecía Sánchez, al reconocer la importancia que para Marruecos tenía la cuestión del Sáhara occidental y los serios esfuerzos por él realizados en el marco de la ONU para encontrar una solución mutuamente aceptable, y que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 era “la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”, lo invitó a la fiesta del Iftar -ruptura del ayuno en el Ramadán- de la que saldría la declaración conjunta de 7 de abril de 2022, en la que se afirmaba que la carta de marras había abierto un nuevo régimen en las relaciones entre España y Marruecos, y que comenzaban “la construcción de una nueva etapa en la relación bilateral, basada en los principios de transparencia, de diálogo permanente,  de respeto mutuo, y de respeto e implementación de los compromisos y acuerdos suscritos por ambas partes”.

Aunque la Declaración contenía 16 puntos, el primero y principal era el del reconocimiento por parte del Gobierno español de que la iniciativa de autonomía marroquí era la base más seria, realista y creíble resolver el conflicto. En realidad, ninguno de estos calificativos era adecuado. No era seria, porque no se trataba de una propuesta de autonomía, sino de una vaga e imprecisa oferta de descentralización; no era realista, porque partía de una situación ilegal de ocupación militar del territorio sahariano por parte de Marruecos; y no era creíble, porque eludía el ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo saharaui, consagrado en las resoluciones de los órganos principales de las Naciones Unidas.

Se afirmaba asimismo que la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecería de forma ordenada, incluidos los dispositivos apropiados de control aduanero a nivel terrestre y marítimo. En opinión del Gobierno español, esto suponía un reconocimiento implícito de la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla, porque solo se ponía una aduana en la frontera con un país extranjero soberano. En cualquier caso, solo se ha abierto la frontera en Ceuta en dos ocasiones y no se han dado fechas sobre cuándo se abrirá de forma permanente, así como sobre la apertura de la aduana en Melilla.

Se ha establecido que se reactivaría el Grupo de Trabajo para la delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica. Aquí cabe distinguir la delimitación entre Canarias y la costa marroquí, y la delimitación de las islas y el Sahara Occidental. Las primeras están estancadas por la diferencia de criterio existente, al defender la parte española el principio de la equidistancia y la parte marroquí el de los principios equitativos. Las segundas no deberían producirse, porque -aunque el Gobierno marroquí haya extendido al Sáhara Occidental la aplicación de sus normas en materia de delimitación y establecido en sus costas una zona económica exclusiva de 200 millas, esta decisión es ilegal, porque Marruecos no ejerce soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental.

También se ha previsto -y esto es una novedad- que se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos. Se trata de una propuesta marroquí que tiene por objetivo que se traspase a Marruecos las competencias que actualmente tiene España para el control del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental. El Gobierno español parece sensible a hacer concesiones al respecto, lo que sería un disparate, porque la ocupación ilegal del territorio terrestre sahariano por parte de Marruecos no le da derecho alguno a controlar el espacio aéreo suprayacente

XII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos

La mejora de las relaciones entre los dos países vecinos permitió que, ocho años más tarde, se celebrará en Rabat la XII Reunión de Alto Nivel en la que participaron los presidentes de Gobierno de los dos Estados, 11 ministros españoles y 13 marroquíes, pero se produjo la notoria ausencia de Mohamed VI -única fuente de poder en Marruecos-, quien se limitó a tener un anodino intercambio telefónico con Sánchez desde Gabón. El 2 de febrero de 2023 se adoptó una nueva declaración conjunta hispano-marroquí, cuyo primer punto fue la confirmación del cambio de posición  de España sobre el Sáhara Occidental asumido en la declaración de 2022. Ambos países reiteraron su compromiso con la protección y la garantía de derechos humanos como medio imprescindible para la convivencia democrática, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, lo que -por parte de Marruecos- era mucho afirmar, si se tienen en cuenta las continuas condenas de este país por parte del Consejo de Europa, la UE e incluso la Unión Africana, por la violación  de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en Marruecos.

Se firmaron 19 memorandos, ambiguos e imprecisos, con más retórica que contenido práctico, que suponían una mera declaración de voluntad para actuar con un objetivo común, pero sin llevar aparejado compromiso jurídico alguno. Pese a la referencia explícita de apoyo a Marruecos en el tema del Sáhara, en la declaración ni siquiera se menciona a Ceuta y Melilla, cuya soberanía mantiene en entredicho. El primer ministro marroquí, Aziz Ajamuch, elogió hasta en tres ocasiones del cambio de postura española e instó a Sánchez a que redoblara los esfuerzos conjuntos para luchar contra los grupos separatistas y las milicias armadas -léase Frente Polisario-, mientras que éste solo consiguió que se dejara constancia de que se había adquirido el compromiso de que, en nuestro discurso y en la práctica “vamos a evitar todo aquello que sabemos  que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía”. Esa afirmación, aparte de ser insuficiente, establecía un injustificado paralelismo entre la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla, y la ausencia de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. 

Muestra de cómo interpretaba a Marruecos este supuesto compromiso fueron las declaraciones realizadas el 10 de abril por el tercer personaje en importancia de Marruecos, Enaan Mayara -presidente del Senado-, quien afirmó que continuaba la colonización española en Ceuta en Melilla, y que su partido -el Istiqlal, socio del actual Gobierno- “no ha cesado ni cesará de hablar de la colonización en las dos ciudades y de las posibles soluciones para recuperarlas. Marruecos las recuperará algún día mediante la negociación, sin recurrir a las armas”. Aunque la prensa oficialista marroquí haya señalado que Mayara se había extralimitado y puesto en apuros las relaciones con España, el presidente de la Cámara alta -un saharaui pasado a la causa marroquí-, que expresaba en alta voz la opinión del Rey y de su Gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reaccionó afirmando con contundencia que Ceuta y Melilla eran tan españolas como Zamora o Palencia y que no había nada que discutir.

Un año más tarde, el Gobierno se ha mostrado satisfecho del  estado en que se encuentran las relaciones entre los dos países y Sánchez ha presumido de que

se han normalizado dichas relaciones y que ha disminuido de forma dramática la emigración ilegal procedente del África subsahariana. Sánchez ha seguido con su política de concesiones a Marruecos, cuando obligó a los eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo a votar en contra de la resolución que reprobaba a Marruecos por su política represiva de la libertad de expresión y de prensa. El país ha quedado igualmente en evidencia con el “Maroc-gate”, al demostrarse las actuaciones de algunos diplomáticos marroquíes tendentes a sobornar eurodiputados para que dieran un trato privilegiado a Marruecos.

Críticas al cambio de postura sobre el Sáhara Occidental impuesto por Sánchez 

Todos los partidos del arco parlamentario -incluidos su socio Podemos y sus aliados nacionalistas y con la única excepción del PSOE- han criticado el cambio de posición decidido unilateralmente por Sánchez, tanto por el fondo como por la forma de llevarlo a cabo, y han mostrado su reprobación, pero el presidente ni se ha inmutado, porque cree que el Estado es él y puede actuar a su antojo.

El tema se ha debatido en el III Congreso Nacional de la Sociedad Civil, celebrado en Madrid el pasado día 27. El ponente, Aldo Olcese -presidente de la Asociación Civil Ahora y consejero del Attijariwafa Bank- adoptó una posición abiertamente pro-marroquí. Mantuvo que 1) había sido acertado el cambio de posición del Gobierno español; 2) Marruecos era el único aliado de España en África contra el terrorismo; 3) se había reducido considerablemente el flujo migratorio ilegal procedente de las costas marroquíes; 4) la única solución viable al conflicto del Sáhara Occidental era la autonomía ofrecida por Marruecos al territorio; 5) la situación económica del Sáhara había mejorado de forma considerable a causa de la inversión de las empresas marroquíes; y 6) con Marruecos se hacía en España política interior.

No estoy de acuerdo con estas apreciaciones por las siguientes razones: 1) El cambio de posición no ha sido una decisión del Gobierno de España, sino de su presidente, que la ha adoptado sin consultar con su Gobierno, ni con la oposición, y sin haberlo plantearlo ante las Cortes. 2) España colabora con varios países africanos en la lucha contra el terrorismo yihadista, y Marruecos no presta todo el apoyo deseable en función de su posición geográfica y de la potencia de su Ejército, porque tiene a éste ocupado con la represión de los saharauis en el Sáhara Occidental y en la defensa preventiva frente a un eventual ataque de Argelia, su rival por el liderazgo en el Magreb. 3) Es cierto que se ha reducido últimamente el flujo migratorio, pero sin garantía de que continúe el control de los emigrantes subsaharianos, ya que Marruecos utiliza su posición estratégica como un medio de chantaje frente a España, que utiliza según le interese, por lo  que sigue pendiendo como la espada de Damocles. 4) La fórmula de la autonomía es una posible opción para resolver el conflicto sahariano, pero no la única, tanto más cuando se trata de una autonomía de chichinabo, de una reducida descentralización, y se prescinde además de la opinión del pueblo saharaui, que tiene derecho a la libre determinación, como ha reconocido reiteradamente las Naciones Unidas, que tienen “in situ” una Misión para un Referéndum en el Sáhara Occidental. 5) Puede que la situación económica haya mejorado en el Sáhara ocupado militarmente por Marruecos, pero no ha beneficiado a los saharauis, sino a los miles de ciudadanos marroquíes que han sido enviados desde las cuatro esquinas del país y que ya exceden en número a los nativos -uno de los motivos por los que Marruecos se ha opuesto a la celebración de un referéndum es porque la ONU no aceptó que pudieran participar en él los marroquíes inmigrados; por otra parte, no se trata solo de un problema de economía, sino de dignidad y del ejercicio de un derecho inalienable por parte del pueblo saharaui. 6) No creo que España haga política interior con Marruecos, pero estoy convencido de que éste hace política interior con el Sáhara en sus relaciones con  nuestro país. Desde que accedió a la independencia en 1956, la Corona marroquí trazó un cuidadoso plan para establecer de forma paulatina el gran Marruecos que había sido propugnado por el líder del Istiqlal, Alal el-Fassi. Como declaró en 1961 Hassan II en la Cumbre de Países no Alineados celebrada en Belgrado en1961, los colonialistas españoles continuaban ocupando regiones enteras de la parte sur del territorio de Marruecos y mantenían los enclaves de Ceuta y Melilla en el norte. “Nos comprometemos a liberar los territorios del norte -Ceuta, Melilla y los peñones- y del sur -Ifni, el Sáhara Occidental, la zona de Tinduf y Mauritania”. Esta misma línea política ha sido seguida por su hijo Mohamed VI. Según el anterior primer ministro, Saddedine al-Othmani, la cuestión de Ceuta y Melilla será tratada a su debido tiempo, una vez consumada la integración del Sáhara Occidental, porque “dichas ciudades son tan marroquíes como el Sáhara”.

Lleva razón Olcese cuando dice que es imperativo llevarse bien con el vecino del sur. Según afirmó José María Álvarez de Sotomayor en su libro “El relato de Belén Camino”, “debemos ser amigos de Marruecos porque es el país que más daño nos puede hacer. España deberá ceder en los temas en que sus títulos sean menos defendibles y no admitir, en cambio, ninguna clase de diálogo en aquéllos -como los de Ceuta, Melilla o Canarias- en los que sus derechos no hayan sido nunca puestos en tela de juicio por ninguna potencia, ni por ningún organismo de Naciones Unidas”. Resulta, sin embargo, difícil que España mantenga buenas relaciones con un país que reivindica su soberanía sobre una parte del territorio nacional. Mientras Marruecos mantenga su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, España podrá ser socio de Marruecos, cuando se produzca una coincidencia de intereses, pero nunca amigo.

¿Forzó Marruecos la destitución de la ministra González Laya?

Según un artículo publícado por José Bautista e Ignacio Cembrero el pasado 19 de abril en “El Confidencial”, el 2 de julio de 2021 se reunieron en secreto el embajador español en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, y la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, y ésta le transmitió el mensaje de que, para la normalización de las relaciones, su Gobierno requería la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Ocho días más tarde, Sánchez llevó a cabo una amplia remodelación de su Gobierno en la que González Laya fue sustituida por José Manuel Albares, para sorpresa de la ministra que no estaba al tanto del cambio. El Gobierno español negó que se hubiera celebrado semejante reunión y el marroquí rechazó que hubiera tratado de intervenir los asuntos internos de España. Los hados no pueden ser más imprevisibles.

En la sesión del Congreso celebrada el 19 de abril, en la que Sánchez debía informar -entre otros temas- de las relaciones con Marruecos, hasta nueve diputados  pidieron al presidente que confirmara o denegara si era cierta la noticia, pero a éste le entró la petición por un oído y le salió por el otro, y no se dignó contestar, en una muestra más de su menosprecio por el Parlamento y de su desprecio por los diputados. Ésta es una situación que se ha venido repitiendo con demasiada frecuencia, con la convivencia pasiva de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que no ha cumplido con sus funciones. Según el artículo 111 de la Constitución, el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras, y tanto el presidente del Gobierno como los ministros están obligados a dar una respuesta coherente. El ninguneo de Sánchez con los diputados es, por tanto,  totalmente inaceptable y la presidenta del Congreso debería obligar a los cuestionados a responder a las interpelaciones y a las preguntas que legítimamente le formulen los diputados, en vez de ponerse de perfil.

Los jefes de los grupos parlamentarios -tanto de la oposición como de los socios del Gobierno- le pidieron una y otra vez que diera una explicación, pero Sánchez, como si oyera llover. Ni Sí ni No, sino todo lo contrario: el silencio administrativo. La portavoz del PP -Cuca Gamarra- afirmó que el hecho de que Marruecos forzara el cese de un miembro del Gobierno era una afrenta a la soberanía española, el de Vox -Santiago Abascal- le pidió que aclarara si el régimen de Rabat podía quitar y poner ministros en España, la de Ciudadanos -Inés Arrimadas- le conminó a que contestara si era cierta o no la noticia, la de ERC -Marta Rosique- señaló que Rabat estaba sometiendo al Gobierno español a un permanente chantaje, el del PNV -Aitor Esteban- comentó que, pese a que Sánchez se negara a contestar, la verdad se conocería tarde o temprano; el de Bildu -Jon Irrañitu- se sumó a los que cuestionaban al presidente …, pero éste, impertérrito, no hizo el menor caso y abandonó la sala. “Fuese y no hubo nada”. Bueno, algo sí hubo, porque -según el principio de que “quien calla, otorga”- el silencio de Sánchez podía ser interpretado como anuencia.

Como ha observado Federico Jiménez Losantos, pocas veces había visto un político tan atrapado por las respuestas que no podía dar a las preguntas que debía oír, como Sánchez a propósito de Marruecos. No contestaba porque la verdad era tan vergonzosa que le obligaría a dimitir por decoro o a ser destituido por no dar razones convincentes. Según ha señalado “El Mundo” en un editorial, Marruecos está consolidando paso a paso un estatus internacional reforzado, al tiempo que España va perdiendo peso en una región clave para su seguridad.  A ello se suma el fortalecimiento de la alianza entre Rabat y Washington, como muestra la reciente entrega de 112 misiles y 18 lanzamisiles Himars-lo que pone a su disposición el sistema de artillería más avanzado del mundo con un alcance de 300 kms-, así como 40 bombas planeadoras a lanzar  desde aviones JSOW –“Joint Standoff Weapon” o “armas conjuntas a distancia”-, sofisticado armamento del que carece España. Mohamed VI ha relanzado su política de defensa, a la que dedica un 4.2% de su PIB -frente al 1.4% de España-, un dato inquietante si se tiene en cuenta la volatilidad existente en la región, en la que Marruecos mantiene un estado latente de guerra con el Sáhara Occidental y un peligroso enfrentamiento con Argelia -que dedica a gastos militares el 5.6% de su PIB-.

Marruecos ha recibido asimismo de Israel una potente dotación de drones y medios electrónicos para obtener inteligencia, que lo sitúa muy por delante de España en estas capacidades. Y lo es más preocupante es que Estados Unidos ha hecho de Marruecos su aliado de referencia en el norte de África y el guardián del Estrecho de Gibraltar, en detrimento de España.

El Reino alauita, por otra parte, conserva intactas sus históricas reivindicaciones soberanistas sobre Ceuta y Melilla, y a ello se suma un liderazgo inquietante como el de Mohamed VI, caracterizado por la represión interna y los pulsos a España, mientras el Gobierno de Sánchez mantiene una cuestionable política de cesiones a Rabat que sigue sin ser explicada. El pasado día 19, Sánchez mostró en el Congreso una resistencia numantina a aclarar si Marruecos forzó la salida de la ministra González Laya, evitando responder a lo largo de dos horas a las preguntas sobre una cuestión de Estado que elevaron tanto los partidos de la oposición como sus aliados. ” No es aceptable que Sánchez postergue por más tiempo el ejercicio de transparencia debido sobre el precio que España está pagando por satisfacer a Mohamed VI”.

El sultán se ha caracterizado por su animosidad contra España, especialmente desde que lo puso en ridículo José María Aznar con motivo del incidente en el islote de Perejil. En compensación a sus muchos atropellos a España y a los españoles, me atrevo a pedirle que nos haga un pequeño favor en nombre de Alá, el compasivo y misericordioso, del que es el representante en Marruecos y cercanías en su calidad de Comendador de los Creyentes. Ya que tiene tanta influencia sobre su colega Sánchez, le ruego que le solicite la jubilación anticipada de la ministra de Igualdad y su devolución a la Caja del supermercado del que nunca debería haber salido.