María José Rofa, la ex asesora técnica de la Dirección General de Trabajo entre julio de 2008 y marzo de 2011, ha asegurado que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves tenían conocimiento de la gestión de la Dirección General de Trabajo del programa presupuestario 31L por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis
Rofa ha seguido declarando este martes como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Chaves y Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían dichas ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo y que eran abonadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con fondos del 31L que la Dirección General enviaba a este ente a través de transferencias de financiación.
Rofa, a preguntas de la acusación del PP-A, ha afirmado que Chaves y Griñán tenían conocimiento porque el gabinete de Presidencia pedía «suficiente información» de pagos, protestas y conflictos «cada vez que surgía un conflicto o una queja».
En este sentido, la testigo, que declara con asistencia letrada al encontrarse aún investigada en la pieza separada de los ERE que investiga la ayuda de A Novo, ha añadido que «antes de visitar territorios era normal que el gabinete de Presidencia preguntara si había alguna conflictividad en ese lugar».
Rofa, quien «contribuyó» en la investigación según la juez instructora Mercedes Alaya y que hizo entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta 1.627 archivos electrónicos que ella guardaba de su labor en la Dirección General de Trabajo, ha manifestado que cuando este lunes hacía referencia a que el pago de algunas ayudas venían ordenadas «desde arriba» y que el último que se enteraba era el director general de Trabajo –ella coincidió con Juan Márquez y Daniel Rivera–, se refería a alguien «superior» al director general, ya sea viceconsejero o consejero, quien «tuviera interés».
Así, ha precisado que en el Consejo de Gobierno cada consejero «representa a un territorio» y ha apuntado que el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, procesado en esta causa, «impulsó» las ayudas a Primayor o las de Delphi «venían de Presidencia, de hecho el único que no salió en la foto fue el exconsejero de Empleo Antonio Fernández –procesado en esta causa– y sí el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Zarrías y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo», otro de los ex altos cargos procesado en este juicio.
Sobre Delphi, ha señalado que fue una decisión «política más allá de las consejerías de Innovación y de Empleo, era un tema muy grande, incluso del Gobierno central».
«El 31L lo conocía todo el mundo, incluso el Parlamento», ha afirmado, apuntando que «el impulso» del programa «no viene de la Dirección General, sino de miembros del Gobierno, según el territorio».
La acusación del PP-A ha preguntado a Rofa a quién se refiere cuando habla de Presidencia. «Me refiero a ambos con las que yo he trabajado», añadiendo que Griñán solicitó información sobre el ERE de Mercasevilla, cuyas irregularidades saltó a la prensa en noviembre de 2010 y motivó una revisión por parte de la Dirección General de Trabajo durante el fin de semana del 20 y 21 de ese mes de todos los ERE que aún se estaban pagando.
Ha explicado con detalles lo que sucedió desde el día 17 y al domingo 21. Cuando se publicó en prensa la existencia de ‘intrusos’ en el ERE de Mercasevilla «saltaron las alarmas y tensiones» en el gabinete del consejero Manuel Recio, quien ordenó que el equipo de la Dirección General revisará los expedientes.
Con la presencia de la por entonces delegada provincial Aurora Cosano y el propio Rivera, comenzamos el sábado a buscar «incongruencias» entre listados de los expedientes. «Buscamos sindicalistas o nombres conocidos», ha añadido.
