La izquierda es propensa a formular abundantes juicios maniqueos, según los cuales ellos son los únicos que están dotados de buenas y nobles intenciones, mientras que los de la derecha son todos, sin excepción, unos malvados sin entrañas. Según esta torpe manera de pensar, si uno no vota, por ejemplo, a un partido “andalucista” es que está en contra de Andalucía; y si uno no acepta los dogmas del feminismo de izquierdas resulta que está en contra de las mujeres. Tal estrategia es una falacia ridícula que cada vez más ciudadanos rechazan, a pesar del machaque continuo de los medios de comunicación progresistas, empeñados en repartir etiquetas de buenos-progresistas y perversos-conservadores. Lo peor de todo es que la “derechita domesticada”, no sabemos si por convicción o por oportunismo, suele hacer suyos estos planteamientos de sus rivales izquierdistas. Se cree que así hace méritos para que la respeten sus adversarios, sin advertir que estos la llevan del ronzal (y a toda la sociedad con ella) hacia metas que cada vez menos tienen que ver con los valores que esa supuesta “derecha” aún dice defender.

El asunto viene a cuento por las negociaciones (¿) que se supone están abiertas para el cambio de gobierno en Andalucía. Sin entrar en el contenido de las mismas, llama sobre todo la atención la insolente postura de Ciudadanos que, a sabiendas de que necesita los votos de VOX para hacer efectiva la pregonada renovación política, ni siquiera se ha dignado hasta el momento a sentarse a negociar con los miembros de este partido. En efecto, Ciudadanos ha utilizado al PP como pantalla o correveidile, como si dialogar directamente con VOX les fuera a causar salpullido. Y aparte de eso, no ha parado de insultarle llamándole ultra y anti-constitucional, poniéndole a la altura de separatistas y podemitas. Tal postura, juzgada de manera objetiva, resulta tan poco elegante como imprudente para los fines que dicen defender, a no ser que estén haciendo maquiavélicos cálculos que tendrían que ver con sus expectativas de rebañar votos de aquí (PP) y de allá (PSOE). Son las miserias de la “vieja política” en la que tan bien se mueve un partido que supuestamente va de renovador y regenerador por la vida.

Frente a esta extraña actitud, VOX ha dicho por activa y por pasiva que nunca va a ser un obstáculo para el cambio de gobierno en la región. La salida del PSOE de la Junta es un objetivo deseable y asequible que comparten la mayoría de los votantes andaluces. En este sentido, iría contra tal intención que los dirigentes del partido de Ortega Lara plantearan unas exigencias desmesuradas y maximalistas (que están en su programa y de las que no tiene por qué desistir), pero sobre las que sería presuntuoso tratar de imponerlas con solo doce escaños. Ahora bien, la entronización de Moreno Bonilla como virrey de Andalucía tampoco parece ser una meta irrenunciable a la que haya que sacrificar cualquier otra consideración.

Una condición señalada por el nuevo partido para votar el acuerdo de investidura es la revisión del pacto de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos en lo que respecta a la imposición de la ideología de género. Y es que estas dos formaciones han llegado al acuerdo de profundizar (regándolas generosamente con fondos públicos) en unas políticas que provienen de la izquierda más radical y que, al parecer, la “derechita oficial” ha asumido como propia. La indignación de los adversarios de VOX no deja el menor resquicio a la discrepancia, y en ella rivalizan los socialistas, podemitas, dirigentes y contertulios “centristas”, insistiendo en que la revisión de esas medidas va “contra la mujer andaluza”.

Sin embargo, la realidad es que lo que piensan votantes y militantes del PP y Ciudadanos está mucho más cerca de lo que plantea VOX, sin duda porque es mucho más razonable y sensato. Si quieren hacer la prueba, hagan el favor de leerse la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley autonómica 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. El alcance de la ley es tan agresivo, sectario y maniqueo que bien puede decirse que es una ley totalitaria, en la medida en que trata de controlar todos los resortes de la vida pública y privada, ensayando una ingeniería social que abarca desde la escuela hasta el lenguaje, pasando por las empresas y las relaciones de pareja.

La ideología de género es una desviación marxista, desarrollada tardíamente a partir de ciertas ideas de Engels, que consiste en sustituir la lucha de clases (¿recuerdan? burguesía malísima y proletariado naturalmente bueno) por la lucha de sexos. Según esta simplista y maniquea concepción del mundo, la sociedad se divide en un 50% de machos opresores y un 50% de mujeres estructuralmente víctimas. Para combatir estos estereotipos basados en el prejuicio y en el odio, los secuaces de esta ideología no han dudado en quebrar la igualdad ante la ley, de tal manera que han establecido la presunción de que en todo conflicto interpersonal el varón es siempre culpable. E igualmente la supuesta “debilidad” histórica de la mujer se tiene que compensar a base de innumerable privilegios y sinecuras, que constituyen toda una “industria de género”, y que benefician a muchos “interesados e interesadas”, pero no al bien común.  

Muchas personas no parecen darse cuenta de hasta qué punto, y de forma paradójica, todas estas novedades suponen un paso atrás. Pues uno de los logros del sistema penal civilizado era el haber sustituido el “derecho penal de autor” por el “derecho penal de acto”. Según aquel, lo decisivo a la hora de enjuiciar es quién comete el delito: un plebeyo, un extranjero, un judío, un gitano… Las penas eran diferentes en función de si lo comete un individuo privilegiado o uno considerado sospechoso. Mientras que en el “derecho penal de actos” lo que se enjuicia es la conducta en la que ha incurrido el presunto delincuente de forma personal, pues la ley es igual para todos. Pero ahora, en el nuevo derecho progresista, la misma conducta tiene sanción más grave si la comete un varón que si la perpetra una mujer. ¿Es eso un progreso?

En VOX reconocemos que la violencia intrafamiliar existe. La familia es el núcleo de la sociedad, pero sabemos que, desde que el ser humano apareció sobre la tierra, han existido desgraciadamente casos patológicos de abuso entre sus componentes. Padres que maltratan a sus hijos, hijos que abusan de sus ancianos padres; maridos violentos contra su mujer o contra sus hijos; pero también mujeres agresivas que incluso han llegado a dar muerte a sus familiares. Todas esas víctimas merecen protección. Lo que propone VOX es una ley seria de violencia intrafamiliar, en la que aquellas personas concretas (sean machos, hembras o mediopensionistas) que maltraten a los otros sean castigados con justicia y rigor.

Por cierto, no está de más considerar que este partido reclama cadena perpetua para aquellos reos condenados por asesinato o violación. Y no vamos a cometer la incoherencia de decir que quienes se oponen a la cadena perpetua, en realidad son cómplices de tales asesinatos y violaciones.