Manuel tiene mi edad, 37 años y tan solo una decena menos de detenciones anteriores, alguna de las cuales le llevó a pasar cierta temporada en prisión.

Lejos de surtir el efecto disuasorio que se le supone a la condena, un lunes Manuel decidió salir a la calle con un cuchillo y agredir a una funcionaria de correos, según su propia declaración inmediata tras ser detenido, con el único objetivo de regresar a la cárcel.

Este hecho me ha dado pie a dos reflexiones acerca del propio sistema judicial y penitenciario español: por una parte, la dureza de la agresión con la que Manuel pretendía asegurarse de ingresar en una instalación penal revela la benevolencia jurídica, de forma que a mí (con la misma edad de Manuel) me suscite la idea de estudiar derecho, ya que parece ser que evitar una condena es más sencillo que eludirla, con lo que tener a un cliente contento y bien cobrado se antoja bastante asequible. Complementariamente, lo cual ya no se presta a broma ninguna, esto supone que en la calle haya multitud de individuos que, bajo cualquier lógica, deberían estar en prisión, con el consecuente riesgo general. Pero voy a la otra parte: precisamente, a los que sí están en la cárcel.

Debe ser, al final, un sitio de lo más cómodo. Comida diaria, agua caliente y alojamiento bajo la condición de cierta disciplina que —me consta— no es mucho más exigente de lo que fue en algunas épocas la administrada en los cuarteles de instrucción para las tropas de reemplazo (aquello que llamaban hacer la mili) hacen que para una incierta cantidad de personas sin mayor ambición que vivir un día más se convierta en una forma viable de conseguirlo.

No es leyenda urbana, y un incidente tan brutal como el ocurrido demuestra que más allá de la figura del “delincuente habitual” existen los “presos profesionales” que alternan estancias en prisión con periodos de libertad hasta que se agota el plazo máximo de 18 meses de percepción del subsidio por excarcelación, momento en el que buscan la forma de volver a la rutina carcelaria.

La identificación de estos otrora denominados “vagos y maleantes” —término acuñado durante la II República y popularizado por la ley vulgarmente llamada La Gandula— no es un hecho nuevo ni exclusivo de nuestro país, pero deja al aire las costuras de un sistema destartalado e incapaz de conseguir que la cárcel sea un destino a evitar, y que más bien parece tan apetecible que incluso cuesta entrar en ella, hasta el punto de despreciar su propia libertad y la vida de un semejante con tal de disfrutar de la plácida estabilidad otorgada por la vida carcelaria.

La víctima, que en algún momento de su vida pensó que para obtener un puesto de trabajo seguro y una vida cómoda debería esforzarse en superar una oposición para obtener una plaza, sufrirá muy probablemente secuelas psicológicas graves, además del daño físico infligido que pudo ser fatal. El aspirante a preso no llevaba un cortauñas, sino un cuchillo de cocina de 17 centímetros perfectamente capaz de perforar un tórax hasta la cavidad coronaria. Ahora está de nuevo en prisión, alcanzado su objetivo, y no puede uno evitar pensar si en esta sociedad al criminal se le castiga o se le ha otorgado un ansiado premio.