Antes de quince días hábiles desde el 30 de junio vence el plazo que ha dado el Tribunal de Cuentas a los golpistas indultados para hacer frente al pago de 5,4 millones de euros por responsabilidad civil. De no efectuarse la devolución del dinero malversado se procederá al embargo de bienes de los condenados. Nada que no pueda arreglarse, piensan ellos, acudiendo a los cajones del presupuesto, aunque el problema es que la Generalitat, como parte perjudicada dentro de la estructura institucional, se encuentra en el lado de los reclamantes, junto a la Fiscalía, la Abogacía del Estado o Sociedad Civil Catalana.

Simpática la situación a la que han llevado esos muchachos el proceso, pues pretenden que la parte perjudicada (la Generalitat) se haga cargo del daño (económico) que ellos mismos han causado a la propia institución. De hacerse de ese modo, como pretende JxCat, habríamos entrado en la espiral de la malversación eterna, donde las instituciones, colocadas al servicio de la delincuencia, pagarían siempre los daños ocasionados por quienes las manejan, redoblando el delito al redimir la pena con nuevos fondos malversados de la propia entidad perjudicada…, motivo por el cual podrían ser juzgados de nuevo sus responsables por un delito de remalversación (si es que esto existe) que ascendería al doble del dinero defraudado. Y así sucesivamente, hasta el infinito y más allá.

Por esa vía del crecimiento geométrico o exponencial de la deuda y del delito, en poco tiempo los golpistas habrían absorbido el presupuesto completo de la Generalitat y hasta del Estado en una situación de canibalismo verdaderamente maravilloso que casi permitiría pensar que los nueve responsables condenados financian al completo el aparato del Estado con el dinero malversado al propio Estado: delito-multa-pago-delito al cuadrado… O sea, un sindiós.

Nunca en la Historia habría quedado más clara la usurpación del tuétano institucional por parte de quienes ocupan las tramas del poder ni habrá ocasión más rotunda que demuestre cómo se pasa del objetivismo de una estructura administrativa al subjetivismo de un grupo de tiranuelos por la vía de la caricatura de la democracia. O sea, el delito financiando al delito y los delincuentes alimentando la rueda de la delincuencia con el dinero robado, hasta sus últimas consecuencias.

Lo de contar los plazos de días hábiles para el pago de esa deuda es algo que debemos suponer corresponde al gremio de los Procuradores, que es otra profesión que el sanchicomunismo ha tramado hacerla desaparecer sin venir a cuento al otorgar esa capacidad de representación de las partes a los abogados. Sólo Vox ha defendido en las Cortes con uñas y dientes la pervivencia sustancial de una profesión que facilita la tramitación formal de los asuntos judiciales, sin cuyo cumplimiento escrupuloso de la representación, de los plazos y las formas abocará a miles de procedimientos a la vía muerta o al olvido.

No se entiende este afán de la Administración por exterminar a un colectivo de miles de procuradores amarrados al banco de remo de las galeras de plazos judiciales que contribuyen de manera decisiva con sus tasas e impuestos a sostener el aparato y tal vez estemos a tiempo todavía de que dicho colectivo presente una demanda por daños y perjuicios contra la propia Administración siquiera sólo sea por la abrumadora inoperancia inexplicada y los berrinches originados en los últimos años por la puesta en marcha de la red informática conocida como lexnet.

En el embudo del sanchicomunismo siempre hay una tormenta que va dejando fuera a un colectivo, a un gremio o a un grupo social. Ni salimos más fuertes ni era cierto que «no dejamos a nadie atrás», porque ahora nos toca también a los futuros jubilados. Casi 11 millones de españoles, los que nacimos en el período de bonanza del franquismo, padeceremos una jubilación recortada para que Irene Montero continúe alimentando su extravagante caprichosería pre adolescente con este atraco a mano armada.

Aquellos tecnócratas del Opus Dei, con Laureano López Rodó a la cabeza, lograron convencer a Franco de que la mejor manera de garantizar la unidad indisoluble de la Nación sería cuando se lograra una clase media tan amplia que permitiera a todo el mundo tener un Seat 600, pero toda esta morralla pseudo socialista nos está queriendo convencer de que rebajemos nuestras pretensiones a tener un patinete o una bicicleta de alquiler y que apretemos los dientes, porque la llamada «nueva normalidad» consistirá en que ellos seguirán instalados en el nepotismo y financiando sus propios delitos con nuestros impuestos y convirtiendo todo el presupuesto en una pasta para rellenar salchichones, morcillas y chorizos.

Embutidos Sánchez Pérez-Castejón, Guijuelo, Expaña.

He dicho.