El 18 de abril de 2021 llegó al aeródromo militar de Zaragoza un avión de Estado de Argelia que transportaba al secretario general del Frente Polisario (FP) y presidente de la República Saharaui Democrática, Brahim Ghali, gravemente enfermo de Covid-19, quien fue transportado en una ambulancia a Logroño e internado en el hospital de San Pedro bajo el nombre de Mohamed ben Batouche, titular de un pasaporte diplomático argelino. El abogado malagueño Antonio Urdiales –casado con una marroquí- y el valenciano Juan Carlos Navarro –contratado por un empresario marroquí de Valencia- recurrieron a la acción popular para presentar una denuncia contra el diplomático Camilo Villarino, jefe de Gabinete de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, acusándolo de la comisión de delitos de prevaricación, falsificación de documento y encubrimiento, por haber autorizado la entrada de Ghali en España de la forma en que lo hizo. El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, admitió a trámite estas denuncias e imputó a Villarino y –según informan los medios de comunicación- también ha imputado a González Laya, aunque parece ser que la ex-ministra no ha recibido todavía notificación oficial alguna del magistrado y se ha enterado de su investigación por la prensa.

Hospitalización de Ghali en España y reacción de Marruecos

El presidente argelino, Abdel Majid Tebboune, pidió al Gobierno español que aceptara tratar médicamente en España a Ghali -que se encontraba en un hospital de Argel gravemente enfermo de coronavirus- y Pedro Sánchez accedió a la petición por razones “estrictamente humanitarias”. El 15 de abril, la ministra recibió información de su colega argelino de que el avión que transportaba a Ghali llegaría a España el día 18 y González Laya le indicó que debería aterrizar en el aeródromo militar de Zaragoza. Acto seguido, encomendó a su jefe de Gabinete  que se ocupara de los aspectos técnicos y logísticos para facilitar su entrada, con el máximo nivel de discreción y sigilo, como así se hizo, y Ghali fue ingresado en un recóndito hospital de La Rioja.

La situación no hubiera transcendido si uno de los muchos confidentes que el eficiente Servicio de Inteligencia de Marruecos tiene en España –cuyos tentáculos se extienden por todo el país- no hubiera dado el chivatazo y levantado la liebre. El Servicio marroquí dio amplia difusión a la noticia a través de la prestigiosa revista tunecina “Jeune Afrique” y la presentó como una afrenta de España a un aliado y amigo como Marruecos. El Gobierno marroquí se rasgó las vestiduras de forma calculada y el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en el que deploraba la actitud de España por acoger  al líder de las milicias separatistas del FP, acusado de graves crímenes de guerra y de violaciones de los derechos humanos, y expresaba su decepción por semejante proceder, contrario al espíritu de asociación y buena vecindad, y  llamó a capítulo al embajador, Ricardo Díez Hochleitner, para protestar por esta actitud, e instarle a que el Gobierno contestara a una serie de impertinentes preguntas. 

El ministro del ramo, Nasser Bourita, hizo una declaraciones a EFE en las que insistió en las críticas, señaló que Marruecos no había recibido respuesta a las preguntas que había formulado y que la situación suponía un “test” sobre la fiabilidad de las relaciones hispano-marroquíes. Señaló que no se debía maniobrar por la espalda con una cuestión que era vital para Marruecos y planteó a España la opción de mantener unas relaciones cordiales con el Reino o alinearse con los criminales del FP. El Senado marroquí lanzó un comunicado que condenaba la hospitalización de Ghali en Logroño.

El Gobierno marroquí sobreactuó en sus críticas a España. Es cierto que –aunque no estaba jurídicamente obligado a ello- el Gobierno español cometió el error político de no informar de antemano al marroquí de su decisión de acoger al líder saharaui por motivos humanitarios, pero si el Gobierno español hubiera querido “apuñalar por la espalda” al marroquí, habría autorizado el aterrizaje del avión argelino en el aeropuerto Adolfo Suárez y Ghali habría sido recibido a pie de avión por u alto cargo y por el jefe de Protocolo de la Moncloa, e ingresado en el hospital de La Paz. González Laya trató de salir al paso de este sunami crítico, para lo que insistió en el carácter humanitario de la admisión de Ghali y declaró que Marruecos era un socio preferente de España y que el incidente no debería perturbar las buenas relaciones existentes entre los dos países, pero era demasiado tarde y Marruecos no se dio por satisfecho con las explicaciones.

Con populismo demagógico y alto grado de hipocresía, las autoridades marroquíes lanzaron un ataque implacable contra Ghali, acusándole de ser un vulgar terrorista, violador de los derechos humanos y responsable del genocidio de sus propios compatriotas, lo cual era una desmedida exageración. Era obvio que Ghali era un enemigo de Marruecos, al que había combatido con las armas por ocupar ilegalmente el Sáhara Occidental, pero había sido fundador del FP y su primer secretario general, jefe del Ejército saharaui, ministro de Defensa, representante de la RASD en España y en Argelia, y era a la sazón secretario general del FP y presidente de una República, que ha sido reconocida como Estado por 83 países y es miembro de pleno derecho de la Unión Africana en pie de igualdad con Marruecos, quien ha negociado durante años con ella.  España no ha reconocido a la RASD, pero sí al FP como representante legítimo del pueblo saharaui y le permite que tenga en Madrid una representación oficiosa. 

Ghali merecía un mínimo grado de respeto, especialmente cuando se encontraba gravemente enfermo. Había sido además ciudadano español y –aunque luchó contra España por la independencia de su país- siempre mantuvo una actitud de respeto hacia su antigua patria. Aún más, según ha revelado Miguel González en “El País” y demostrado con la exhibición del certificado correspondiente, Ghali sigue ostentando la nacionalidad española, que nunca perdió, según ha testimoniado la juez responsable del Registro Civil de Valencia en un documento expedido en 2004. En cualquier caso, que Ghali fuera o no español era irrelevante a los efectos de su entrada en España, que es un Estado soberano que puede decidir que entre en su territorio a quien estime conveniente y en la forma que considere procedente, sin tener que pedir la venia de Marruecos.

Actuación de Villarino

Resulta curioso que conozcamos con todo detalle la actuación de Villarino gracias a la información de los medios de comunicación, que les ha sido filtrada sistemáticamente por los abogados denunciantes, en contra de la ética profesional. El 16 de abril, González Laya le dijo a su jefe de Gabinete que “se había tomado la decisión” de que Ghali fuera admitido en España el día 18 y le encomendó que adoptara las medidas necesarias, a cuyos efectos debería ponerse en contacto con el segundo jefe del Estado Mayor del Aire, el teniente general Javier Fernández, al que telefoneó para informarle de la llegada del avión argelino el día 18, sin indicarle quién era la personalidad transportada en el mismo debido al mandato de absoluta discreción recibido, y –al preguntarle el general si era necesario que pasara los controles ordinarios de pasaportes, le contestó que no, de acuerdo con las instrucciones de la ministra.

Cuando Lasala interrogó exhaustivamente a Villarino en su comparecencia como imputado, le preguntó que quién había tomado la decisión y el diplomático le contestó que no lo sabía, porque la ministra no se lo había dicho, ni él lo había preguntado. Insistió el magistrado en la suerte y le preguntó si la ministra había tomado ella sola la decisión. Villarino repitió que no lo sabía, pero que no creía que eso fuera sí, “porque el Gobierno no era un reino de taifas”. Las reflexiones sobre quién era el responsable último iban en una obvia dirección. Como se ha preguntado el embajador Inocencio Arias –con su franco y desgarrado lenguaje indaliano- “¿es de recibo que la ministra Laya se impusiera sobre Marlaska para conseguir la llegada de Ghali sin contar con el señorito de ambos? ¿es realista pensar que la ministra pudiera animarse a irritar por sí sola profundamente a Marruecos si el asuntos transcendía?, y se ha respondido que “no es serio pensar que los aviones se posaron sin el beneplácito de las alturas. La mano que meció la cuna está en la Moncloa”. Elemental, querido Chencho. Si fuera coherente dentro de su incoherencia, Lasala debería haber imputado ya al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Examinemos ahora la absurda asunción por parte de Lasala de que Villarino había cometido nada menos que tres delitos.

a) Prevaricación por haber facilitado la entrada de Ghali en España sin control de su pasaporte. Según el artículo 404 del Código Penal, prevarica el funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria. Pues bien, la decisión de Villarino no fue injusta ni arbitraria, sino razonable, razonada y conforme a derecho, y fue adoptada siguiendo las instrucciones de su superiora, la ministra de Asuntos Exteriores.

b) Falsedad documental por inscripción de Ghali en el hospital de San Pedro con documento falso. De conformidad con el artículo 390, cometerá falsedad documental el funcionario que, en el ejercicio de sus funciones, altere un documento en alguno de sus elementos esenciales o simule un documento en todo o en parte. Villarino no realizó ninguno de estos actos en el ejercicio de sus funciones. Si se incluyeron datos falsos en el pasaporte diplomático argelino a nombre de Mohamed ben Batouche, no lo hizo el diplomático español, sino el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia. No se trataba de un pasaporte falsificado, puesto que lo expidió la autoridad competente, sino falso porque contenía datos contrarios a la verdad, un hecho que –desde un punto de vista político- resultaba comprensible. Los altos cargos de la RASD y del FP suelen disponer de pasaportes diplomáticos argelinos y, en muchas ocasiones –para garantizar su seguridad- se expiden con nombres supuestos. Hay que tener en cuenta que Ghali había sido objeto de un atentado por parte de los servicios secretos marroquíes del que escapó vivo de milagro y en el que murió el jefe de la Gendarmería de la RASD, Adah el Bandir. Pero, ¿qué tiene que ver Villarino con todo esto, Sr. Lasala? Aparte de que no intervino para nada en la expedición del documento en cuestión, ni sabía que el pasaporte que portaba Ghali contuviera datos falsos, ni entregó el pasaporte del líder saharaui en el hospital de Logroño en el que fue ingresado.

c) Encubrimiento personal por eludir la acción de la justicia española: Según el  artículo 451, comete encubrimiento quien, con conocimiento de la comisión de un delito, interviniera con posterioridad a su ejecución ayudando a los presuntos responsables a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes. El magistrado tendrá que explicar tendrá que explicar cómo ha podido cometer Villarino semejante delito. En cuanto a la eventual comisión por parte del Estado, el Gobierno actual deja mucho que desear, pero no creo que llegara hasta el extremo de estulticia de retener durante 44 días a un presunto delincuente en España para que eludiera a la justicia española. Es cierto que había dos causas pendientes en los tribunales españoles, pero ambas habían sido provisionalmente archivadas. La más importante de ellas era la querella presentada en 2012 por la pro-marroquí Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra 28 dirigentes del FP –entre los que se encontraba Ghali- por genocidio, asesinato, lesiones, secuestros y terrorismo. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la admitió a trámite pese a que los hechos habían ocurrido en Argelia, en  base a los principios de la jurisdicción universal, pero la causa fue archivada en dos ocasiones, la última en 2019. Al tener conocimiento de la estancia de Ghali en España, la Asociación pidió que se reabriera el caso, y el líder saharaui declaró ante la Audiencia Nacional por teleconferencia, pero el responsable del caso, Santiago Pedraz –un juez estrella que había tenido el cuajo de procesar al embajador de España en Afganistán, Emilio Pérez de Agreda, y al secretario de la embajada, Oriol Solá, por homicidio imprudente por la muerte de unos policías españoles asesinados en un asalto de los talibanes- estimó que los delitos ya habían prescrito y que, para el único de ellos que era imprescriptible -el de genocidio- no se cumplían las condiciones requeridas para que se hubiera producido, ya que no se existía la intención de destruir total o parcialmente el grupo nacional al que pertenecían, y sobreseyó la causa en consecuencia.

Así pues, no había la menor base jurídica para imputar a Villarino o a González Laya. Como ha observado Victoria Prego, no se trata de un caso judicial, sino político. ¿Qué interés puede tener Lasala en continuar con este procesos insostenible jurídicamente, sino es por permanecer en las páginas de la prensa y en los espacios televisivos para lograr notoriedad? Los abogados denunciantes conscientemente, y el magistrado inconscientemente –al menos eso espero- están haciéndole el juego a Marruecos y a sus servicios secretos, y desprestigiando al Estado español. Además, Lasala ha aceptado tramitar unas acciones populares que no han sido correctamente presentadas. De conformidad con los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos los ciudadanos españoles podrán querellarse ejerciendo la acción popular. Urdiales y Navarro no han presentado una querella, sino una denuncia, y no han depositado la fianza requerida en estos casos. Por ello, la defensora de Villarino –la abogada del Estado, María del Mar González Bella- ha solicitado que se sobreseyera el sumario por falta de legitimación de la acción popular, así como que se pusiera término a las continuas filtraciones y se depositara la requerida fianza. El magistrado –erre que erre- ha respondido que lo mismo daba una denuncia que una querella, y que el depósito de la fianza era un mero formalismo y podía ser subsanado a posteriori. No obstante, tanto la Fiscalía –hasta ahora inédita-, como el juez tendrán que pronunciarse sobre el fondo y es de esperar que Lasala exponga argumentos jurídicos para justificar su actuación, pues hasta ahora sólo ha utilizado argumentos políticos de dudosa validez.

Reacciones varias

Al ver el tratamiento injusto de que estaba siendo objeto Villarino por el juez del caso y por los medios de comunicación, la Junta Directiva de la Asociación de Diplomáticos Españoles publicó una declaración en la que manifestaba que aquél había actuado en el marco de sus funciones, de acuerdo con las instrucciones recibidas y los procedimientos establecidos, y señalaba su meritoria y destacada trayectoria como diplomático, que le había hecho acreedor de una impecable reputación. También decía -aunque más bien como un deseo piadoso- que tenía la certeza de que el Ministerio de Asuntos Exteriores llevaría a cabo una defensa firme de la integridad profesional de Villarino y de su honorabilidad. Sin embargo, se notó en los medios diplomáticos malestar el por el silencio ominoso del Gobierno, que se amparaba –como es habitual en él- en una “exquisita equidistancia”, sin ser consciente de que la Administración no  puede equidistar de sí misma. La Fiscalía ha brillado por su ausencia, y sólo intervino fugazmente durante la comparecencia de Villarino un fiscal, que hizo un par de preguntas intrascendentes y luego se ausentó del interrogatorio. Sólo cuando la lava del volcán judicial se ha aproximado al perímetro de seguridad del presidente del Gobierno, ha salido Sánchez a la palestra  para respaldar la decisión de González Laya de permitir la entrada de Ghali en España y afirmar que “el Gobierno de España hizo lo que debía, que fue dar respuesta a una situación humanitaria –atender a una petición para salvar la vida de una persona que estaba a punto de morir- y lo hizo como debía, es decir, conforme a la ley”. Sánchez estuvo acertado y habló bien, pero lo hizo tarde. Debería haber pronunciados estas mismas palabras al día siguiente a la imputación de Villarino, y no dejarlo a los pies de los caballos para recibir todo tipo de críticas. 

Algunos medios de comunicación conservadores como “La Razón” y “ABC” han aprovechado la ocasión para dar un puntapié a Sánchez en las posaderas de Villarino, y ofrecido versiones sesgadas de lo ocurrido. Especialmente beligerante ha estado el corresponsal de “ABC” en Zaragoza, Roberto Pérez, que ha afirmado, por ejemplo, que Villarino había “confesado” ante juez que él había autorizado la entrada de Ghali –como si hubiera cometido un delito-. o que había “culpado” a González Laya de lo ocurrido, cuando –antes al contrario- le había echado un capote cuando dijo a Lasala que no creía que hubiera tomado su decisión en solitario. 

Esta actitud hostil ha contagiado incluso al normalmente equilibrado “El Mundo“, que ha afirmado en un editorial que el Gobierno había provocado un profundo conflicto con Marruecos que derivó en la crisis migratoria en Ceuta, que González Laya podría haber cometido un grave delito, que Ghali había sido acusado internacionalmente de genocidio contra la población saharaui, y que el ejecutivo podría haber cometido el doble delito de haber facilitado la entrada de Ghali con nacionalidad e identidad falsas y de no haberlo detenido, pese a encontrase en busca y captura y tener una causa pendiente en la Audiencia Nacional. Todas estas afirmaciones son inexactas: a) La acogida de Ghali había irritado obviamente al Gobierno marroquí, pero no provocó una crisis que ya existía de antemano, a causa de la negativa del Gobierno español a seguir la postura de Donald Trump de reconocer la legalidad de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. La hospitalización de Ghali fue una excusa para la invasión migratoria de Ceuta, pero ya con anterioridad, cientos de marroquíes debidamente documentados habían invadido Canarias. Si no se hubiera producido el incidente del líder saharaui, el Gobierno marroquí habría buscado otro pretexto para el asalto a Ceuta, porque lo que quería era enseñar los dientes para mostrar su desagrado por la actitud española. Seguramente le habrá molestado más las palabras de Sánchez en la Asamblea General de la ONU  de que era necesario lograr una solución mutuamente aceptable sobre el Sáhara Occidental, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad. b) González Laya no cometió ningún delito, ni grave, ni leve. c) Ghali no estaba acusado internacionalmente de genocidio, sino sólo en España por una Asociación pro-marroquí y el caso ha sido sobreseído por el juez Pedraz. d) El periódico se ha alineado sorprendentemente con las tesis de los abogados denunciantes, pero el ejecutivo no ha cometido ninguno de los dos delitos mencionados, como creo haber demostrado con anterioridad. Ghali no estaba en busca y captura, dado que la causa estaba archivada y el Gobierno no tenía por qué detenerlo. Reactivada la causa, Ghali compareció ante la Audiencia Nacional y fue exonerado de cualquier responsabilidad.

También el PP se ha dejado llevar por esta tendencia oportunista y errónea, como ha puesto de manifiesto cuando su portavoz, Cuca Gamarra, ha presentado  en el Congreso una propuesta de crear una Comisión de Investigación para esclarecer quién fue el máximo responsable de permitir la entrada de Ghali en España sin pasar los controles de fronteras. Es curiosa la volatilidad de las tesis del PP según esté en el Gobierno o en la oposición. Cuando el Congreso creó indebidamente una Comisión de Investigación en el caso “Gürtel”, el partido se quejó con razón de que no procedía por estar el asunto bajo examen de los tribunales, pero ahora mantiene el criterio contrario en el caso “Ghali”. Debería actuar con mayor coherencia para no perder credibilidad, como le ha ocurrido con la reforma en la elección de los miembros judiciales del CGPJ. Gamarra afirmó que “este grave caso puede tener responsabilidades penales, pero nadie puede poner en duda que hay responsabilidades política”. Creo que el caso –que no es tan grave como  ha dicho- no va a generar responsabilidad penal alguna, porque acabará por  imponerse la justicia. Podrá sin duda generar responsabilidades políticas pero, antes de exigirlas, debería el partido ser consecuentes con sus propias tesis y esperar a que se sustanciara el proceso legal.

Villarino es un excelente profesional, sin significación política, que ha cumplido con eficacia las funciones de jefe de Gabinete de tres ministros de Asuntos Exteriores de distintas ideologías y procedencias -Alfonso Dastis, Josep Borrell y Arancha Gonzalez Laya-, pero -por la irresponsabilidad de unos y el oportunismo de otros-  ha sido ya condenado por una parte de la opinión pública y sufrido la “pena de telediario”, sin haberse podido defender. No sólo ha visto afectada su reputación, sino que ha sido moral y materialmente perjudicado,  porque -por su injusta imputación- ha perdido la ocasión de ser designado, con todos los merecimientos, embajador de España en Rusia -a cuyos efectos ya se había solicitado el correspondiente “placet”a Moscú-, y se ha quedado descompuesto y sin embajada.

No tengo el gusto de conocer al juez Lasala, pero si es cierto lo que dice el Evangelio de que “por sus obras los conoceréis”, las obras judiciales del magistrado rebelan su talante justiciero frívolo y exhibicionista. Confío en que, una vez sosegadas sus ansias de notoriedad tras haber conseguido momentos de efímera gloría periodística, reflexione, reconsidere su decisión, decida seguir el ejemplo de su admirado Pedraz y sobresea el caso de una vez, sin más absurdas elucubraciones y decisiones.