En fechas recientes hemos conocido varios casos de dimisión sonados por su trascendencia: el del primer ministro de Holanda, a raíz del escándalo en torno a los abusos administrativos en la gestión de unas prestaciones sociales, y el del Jefe del Estado Mayor del la Defensa (JEMAD) por haberse puesto la vacuna contra el COVID sin que le correspondiera hacerlo, y entiendo que el haber ocupado portadas de noticiarios y páginas nobles de diarios se debe a que lo noticiable es la dimisión, porque “lo habitual” en nuestro entorno hubiera sido no dimitir.

Dimitir es renunciar a un cargo por decisión personal, si bien este acto puede venir impelido por un superior o por los medios de comunicación. En mis años como auditor interno en una Caja de Ahorros sevillana, al descubrir la comisión de un fraude perpetrado por un empleado, era habitual que se le recomendara que pidiera la cuenta y se marchara de la empresa “de motu proprio”. Errar es humano, un mal momento lo tiene cualquiera, y era una forma de salir sin hacer ruido y de que pudiera rehacer su vida laboral en otras latitudes.

El caso de los políticos es distinto. Ha habido dimisiones por la puerta grande, como las de nuestros dos ministros sevillanos Manuel Clavero Arévalo con Adolfo Suárez de presidente, y Manuel Ramón Pimentel Siles con el primer gobierno de Aznar. Uno por el sesgo que estaba tomando la cuestión autonómica con autonomías de primera y de segunda clase, y el otro por negarse a seguir las líneas marcadas en cuestión de política laboral. El primero volvió a su cátedra de Derecho en la Universidad de Sevilla, y Pimentel se convirtió en empresario editorial y posteriormente en presentador de televisión en la 2.

Y es que detrás de una dimisión aparece siempre la Ética (con mayúsculas), por acción u omisión, es decir, por estar basada en unos principios y valores, o en el caso de no dimitir, porque lo que prima es la voluntad de seguir en el puesto, aguantar el chaparrón y esperar a que escampe, con lo que se crea una referencia negativa para todos los que en un futuro se planteen este dilema.

En la mente de todos está una tesis plagiada por la más alta instancia de nuestro ejecutivo, la tenencia de sociedades instrumentales por parte del ministro de Investigación para rebajar su factura fiscal, el mentir sobre la existencia de un comité de expertos sanitarios o la inutilidad de las mascarillas por parte del ministro de Sanidad, el recibir en el aeropuerto de Madrid a una ministra venezolana que tenía prohibido pisar suelo europeo por parte del ministro de Fomento, y otras causas más que justificadas para haber tomado la decisión de dimitir de forma inmediata por responsables políticos de primer nivel.

Quizás la clave esté en el término “responsable”, que viene de responder, pero ¿ante quién? Para ciertas personas, la dimisión es el momento de partir con la cabeza gacha por la vergüenza; para otros, es un acto desafiante; también hay quienes reconocen haberlo hecho mal y se van con tranquilidad, y de algunos se piensa que esperaron demasiado. Los medios pueden cebarse con aquellos altos cargos que se aferran a sus puestos como percebes a las rocas, pero también recordamos a los que eligieron el camino de la dimisión por principios.

Dimitir debería ser contemplado como una figura ética: implica seguir una serie de principios trazados a lo largo de la vida; evita ser cómplice de situaciones con las cuales no se está de acuerdo; abre puertas e invita a la comunidad a disentir; expone a quienes aprueban normas consideradas inadecuadas por quien dimite; en ocasiones, implica aceptar un fracaso. Consideraciones todas ellas que apoyan la dimisión como una figura ética.

Disentir es una forma de atenuar el poder y de exponer a quien se aprovecha de él; dimitir puede impedir, o al menos disminuir, el número de afectados (o de muertos) por el mal uso del poder; quien renuncia por no haber desempañado adecuadamente su papel, permite que otra persona ocupe su lugar y mejoren las condiciones por las cuales renuncia. Quien manifiesta su negativa a votar a favor de leyes infames, enaltece valores éticos.

Quiero vivir en una España donde la probidad y la ética sean una condición indispensable para representar a los ciudadanos, y más aún para gobernarlos, y no donde ocupen puestos de responsabilidad quienes hacen de la mentira parte sustancial de su gestión. La mentira probada tiene que provocar la dimisión del mentiroso, y abrir un proceso de posibles responsabilidades penales o civiles. En nuestro país, hasta ahora, ni siquiera se ruborizan. Seamos tenaces en denunciar esta situación.

Por todo ello, debemos considerar la dimisión como una figura ética. Quien dimite dignifica su historia y, paradójicamente, reconoce el valor de las personas que lo eligieron para ocupar su cargo, que, en última instancia, somos todos los que ejercemos nuestro derecho al voto.

Alberto Amador Tobaja: aapic1956@gmail.com