Cuando la Audiencia Provincial de Andalucía condenó a los ex-presidentes de la Junta DE Andalucía -Manuel Chaves y José Antonio Griñán-,a  seis antiguos Consejeros, a tres Vice-consejeros y a tres Directores Generales, los dirigentes del PSOE alegaron que el caso había estado muy politizado y que el Tribunal Supremo (TS) pondría las cosas en su sitio. Sin embargo, en su reciente sentencia, el Tribunal ha confirmado el fallo de la Audiencia.

Como ha observado José Manuel Romero en “El País”- el TS ha dado la puntilla a una era de hegemonía socialista en Andalucía al haber confirmado las condenas de la Audiencia. Todos los condenados formaban parte de la cúpula del Ejecutivo andaluz que gestionó entre 2001 y2010 un programa de prejubilaciones pagadas con dinero público, que afectó a más de 77 empresas y  6.000 trabajadores, algunos de los cuales ni siquiera habían trabajado en las empresas agraciadas. El instrumento que ideó el Gobierno de Chave para repartir estas ilegales subvenciones era tan ágil y flexible como opaco, pues no había publicidad ni concurrencia, y no existía control alguno sobre el gastos, por lo que, hasta 2010, resultaron beneficiados “miles de trabajadores y cientos de empresas en una gigantesca oportunidad para el robo de dinero público”.

Antecedentes del caso

En 2010 “El Mundo”, tirando informativamente de los hilos del “caso Mercasevilla”, sacó a la luz pública los indicios de una trama de corrupción institucional generalizada en la Junta de Andalucía, que era la punta del iceberg de lo que devendría el “caso de los ERE”, el mayor caso de corrupción en la historia de la España democrática. Como observó el director del periódico en Andalucía, Francisco Rosell- la Junta “era un patio de Monipodio en el que la corrupción no era una malformación del sistema, sino el sistema mismo”. La principal protagonista en la instrucción del caso fue la titular del Juzgado nº 6 de Sevilla – Mercedes Alaya-,  quien, contra vientos y mareas, consiguió imputar al Consejero de Empleo, Antonio Fernández, en un demoledor auto en el que acusaba a la Junta de haber ideado un “fondo de reptiles” para “institucionalizar la arbitrariedad  y la discrecionalidad  en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de fondos públicos  y poder regalar fraudulentamente ayudas  a un extensísimo grupo de personas  físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”.

La Junta hizo cuanto estuvo en su mano para obstaculizar a la actuación judicial: negativa a entregar documentos, expurgo de los mismos, acusación de retraso en la instrucción, alegación de indefensión de los acusados…-. Se personó en la causa como acusación particular, pero, en vez acusar a  Fernández, asumió su defensa e inició una campaña calumniadora de desprestigio de Alaya, dirigida  por el Consejero de Justicia, Emilio de Llera –fiscal de profesión para mayor oprobio-, en complicidad con las más altas instancias judiciales, regionales y nacionales. La juez sufrió una depresión que le hizo apartarse temporalmente de la causa que, finalmente, pasó a la Audiencia Provincial. Su sustituta,  María Núñez Bolaños, deshizo buens parte de la instrucción realizada por su antecesora, troceó la macro-causa y llegó a crear  270 mini-causas, archivó algunos casos, permitió que otros prescribieran, negó la realización de pruebas y ralentizó la investigación, por lo que fue denunciada por la Fiscalía Anticorrupción ante el Consejo General del Poder Judicial.

Finalmente, tras el nombramiento de un juez de apoyo, pudo cerrarse la causa principal y la Audiencia Provincial dictó una ejemplar sentencia que condenó a 18 de los 20 imputados –dos ex-presidentes de la Junta y varios altos cargos de la misma- por los delitos de prevaricación y malversación. Según la sentencia, la Junta  había instaurado un sistema para  burlar los controles de la Administración autonómica y repartir a su antojo ayudas por valor de €679.432.180 a trabajadores y a empresas, prescindiendo de los procedimientos de control legales establecidos con la complicidad de todos los condenados, que eran conscientes de la ilegalidad de las ayudas. Para ello se basaron en el Acuerdo-marco  concertado en 2001 entre el Consejero de Empleo y el Presidente del Instituto de Fomento de Andalucía, que se celebró sin haber recibido el preceptivo informe de los Servicios Jurídicos de la Junta, no fue trasladado al Interventor General, y nunca fue publicado. Este Acuerdo permitió la creación de un incontrolado “fondo de reptiles”, con el que se financiaban las ilegales ayudas socio-laborales concedidas al margen de la ley

El PSOE alegó que no se había producido una financiación del partido, porque éste no se había beneficiados de tales subvenciones, y ni Chaves ni Griñán, se habían enriquecido personalmente, pero –como señaló Carlos Mármol en “El Mundo”- no fueron juzgados por ninguno de estos motivos, sino por amparar desde el Gobierno un sistema perverso que hurtaba cualquier mecanismo de control y permitía el reparto discrecional de dinero público a sabiendas de su ilegalidad. Fueron culpables de  facilitar una estafa mayúscula que hizo posible que empresarios y intermediarios afines al partido y ajenos a cualquier interés social o público, se lucraran sin freno. Con el contentamiento de su red clientelar, el PSOE se beneficiaba indirectamente de esta reserva de votos conservada a buen recaudo, lo que le permitió a mantenerse en el poder en Andalucía durante casi cuarenta años. Los condenados recurrieron en casación al TS, que ha confirmado en lo esencial la sentencia de la Audiencia Provincial.

Sentencia del Tribunal Supremo

Al igual que la Audiencia Provincial, el TS ha estimado que todos los acusados habían cometido un delito de prevaricación, por lo que fueron condenados a varias penas de inhabilitación, y algunos de ellos –incluido Griñán- un delito de malversación de caudales públicos, por lo que recibieron condenas de prisión. Según el Tribunal, la necesidad política de dar respuesta a graves conflictos socio-laborales llevó a los dirigentes de la Junta a arbitrar un sistema ágil y veloz para la tramitación de ayudas a las empresas en crisis, eliminando los mecanismos de control establecidos. No se daba publicidad a las subvenciones al no celebrarse convocatorias, no pudo haber concurrencia, y no se exigió el cumplimiento de requisito alguno  para acceder a las subvenciones.

La prevaricación consistió en aprobar anteproyectos de ley que incluían las partidas para las subvenciones a las empresas mediante transferencias de financiación, un instrumento expresamente prohibido por la ley para este tipo de ayudas. Además, se aprobaban “a posteriori” modificaciones presupuestarias, cuando se precisaba mayor cantidad de dinero, actuando las autoridades a sabiendas de que el citado importe se destinaba a abonar ayudas y subvenciones que habían sido concedidas siguiendo un procedimiento ilegal. El Gobierno andaluz llevaba cada año su norma prevaricadora al Parlamento para que la condonara mediante la adopción de una ley.

La sentencia destaca numerosas irregularidades en la concesión de subvenciones incluso a empresas que resultaron favorecidas pese a que no habían aprobado ningún ERE. Se abonaron con cargo al erario público nóminas, deudas, gastos de establecimiento, minutas por asesoramiento, mejoras laborales, cursos de alta dirección, indemnizaciones por despidos improcedentes, devoluciones de préstamos y pagos de importes avalados. Se concedieron ayudas con cargo a empresas subvencionadas a personas que nunca habían trabajado en ellas, como en el caso del propio Consejero de Empleo, Antonio Fernández, que recibió una injustificada indemnización de €380.000. El Director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero concedía ayudas a su libre albedrío, como en el caso de su chófer, al que concedió €1,4 millones para financiar juergas y francachelas, y para comprar cocaína. 

El TS ha concluido que desde la Consejería de Empleo se acordaron pagos multimillonarios a empresas, sindicatos y trabajadores sin sujeción a procedimiento alguno y durante un período de diez años. La descripción más gráfica de la kafkiana situación de arbitrariedad reinante la dio la madre de “conseguidor” Juan Lanzas, al afirma con maternal orgullo que su hijo tenía dinero para asar una vaca. Creo que la buena señora se quedó corta, pues, con las sumas derrochadas, se podría asar hasta a un elefante.

El Tribunal ha confirmado la condena por malversación de Griñán y de otros siete antiguos altos cargos de la Junta. Con dicho delito se castiga a quienes sustraigan ilegalmente fondos públicos para sí o para terceros, o consientan dichas sustracciones. Por ello, el TS ha considerados culpables a los máximos responsables de las Consejerías de Empleo, de Economía y Hacienda, y de Innovación, que conocieron desde 2005 los informes del Interventor General en los que advertía de la ilegalidad de los `procedimientos adoptados, siguieron aplicándolos y financiaron las ayudas mediante procedimientos irregulares. El Gobierno se ha agarrado como a un clavo ardiendo al hecho de que dos jueces miembros de la Asociación “Juezas y Jueces para la Democracia” –Susana Polo y Ana Ferrer- hubieran presentado sendos votos particulares por no compartir con sus colegas de la mayoría la culpabilidad de Griñán. Es un magro consuelo en un caso puntual del veredicto, ya que todos los miembros de la Sala han reconocido por unanimidad que los acusados cometieron delitos de prevaricación.

La sentencia del TS es clave dentro de la macro-causa de corrupción  de los ERE, porque sea pronunciado sobre el conjunto del sistema irregular denominado “procedimiento específico”, articulado por la Junta para repartir de form opaca y sin control alguno, las ayudas financiadas con el “fondo de reptiles”. Al mismo tiempo, ha abierto la vía a una rápida resolución de las 133 mini-causas pendientes, que habían sido desgajadas por la juez Núñez Bolaños y que estaban en situación de espera hasta que se conociera el pronunciamiento del Tribunal sobre el fondo del asunto.

Reacción del Gobierno y del PSOE a la sentencia

Como reza el proverbio, no hay nada nuevo bajo el sol. El PSOE y su Gobierno han  mantenido su línea discursiva justificadora cuando les afectabva negativamente una sentencia, fuera en el caso de los GAL o en el de los ERE. Tras el “Caso Marey” –en el que resultaron condenados el ministro del Interior, José Barrionuevo, y su secretario de Estado, Rafael Vera- el presidente Felipe González afirmó que se había condenado sin pruebas a dos personas inocentes, y el Gobierno se solidarizó con los condenados y sus miembros se manifestaron ante las puertas de la prisión.. El PSOE reprochó que el juicio había estado contaminado políticamente y acusó al Gobierno de José María Aznar de romper los valores de la Transición. Se aferró como tabla de salvación a los votos discrepantes de cuatro de los nueve magistrados que habían compuesto la Sala..

Un cuarto de siglo después, el PSOE y su Gobierno siguen con su mantra, inasequibles al desaliento. El partido acata la sentencia, pero discrepa radicalmente de ella. Pedro Sánchez ha afirmado que ni Chávez ni Griñán se habían llevado un solo céntimo, por lo que no se había producido enriquecimiento personal, que ninguno de los dos “han tenido  nada que ver” (¿?), y que iban a pagar justos por pecadores. El pobre argumentario socialista ha sido amplia y reiteradamente expuesto por los portavoces del Gobierno -Isabel Rodríguez-, del Congreso –Pachi López- y del PSOE –Pilar Alegría-

Como ha observado José María Asencio en su artículo “Condenados y culpables”, Sánchez ha hecho una crítica de la sentencia impropia de su posición institucional, devaluando la condena al considerar que los condenados no se habían beneficiado personalmente del uso ilícito del dinero defraudado, aún cuando se hubieran beneficiado el partido y personas próximas al mismo. Como atinadamente señaló la juez Alaya en su auto inicial de apertura del proceso, los beneficiados por el fraude eran “personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz”. Además –ha señalado Asencio-, el PSOE accedió durante años a las elecciones andaluzas con la ventaja que le proporcionaba la red clientelar que había establecido con fondos públicos. Según Carlos Herrera, el PSOE estableció  en Andalucía un régimen corrupto de compra de voluntades con cargo al erario público.

Para Raúl del Pozo, el PSOE defiende la hipócrita y aberrante idea de que robar para sus siglas no es corrupción, sino virtud y patriotismo de partido, cuando se desbarata más la democracia y se falsea el resultado electoral. Sus portavoces han triturado la jerga de Orwell al resaltar la honestidad de los mnáximos dirigentes del partido en Andalucía, pasando por alto que perpetraron el mayor saqueo del país en la historia de la democracia, no para ayudar a nadie, sino para seguir cerca del polvo de ángel y de la mordida. Y ha concluido afirmando que le parecía grotesco que los defendieran alegando que “no robaban para ellos mismos y no hubo enriquecimiento personal, como si estar 40 años esa jarca en el Palacio de San Telmo no les hubiera traído jalancia, mando y guinde”. 

En efecto, el mayor beneficio que ha obtenido el PSOE de sus continuadas prácticas fraudulentas en su cortijo andaluz ha sido su monopolio del poder durante cuarenta años, gracias fundamentalmente al voto cautivo que conseguía con su política de dádivas interesadas para fidelizar el apoyo de los “estómagos agradecidos”. Como ha señala Mármol, el partido  impulsó el clientelismo “al amparo de un abominable paternalismo que presentaba como solidaridad progresista lo que no era más que un comercio de voluntades disfrazado bajo el pretexto de sensibilidad social”. Con el contentamiento de su red clientelar, el PSOE se beneficiaba indirectamente de esta reserva de votos conservada a buen recaudo, lo que le permitió a mantenerse en el poder en Andalucía durante casi cuarenta años. 

Es curioso constatar que los abusos de los ERE apenas afectaron negativamente la fuerza electoral del PSOE en Andalucía. Las elecciones autonómicas de 2018 fueron ganadas una vez más por el PSOE, pero –al no lograr una mayoría absoluta, ni contar con suficiente apoyo de ls izquierda para conseguirla-, permitió que accediera al gobierno una coalición del PP –que obtuvo sus peores resultados de su historia andaluza- y Ciudadanos, gracias s la abstención de Vox. Las elecciones de 2022 han sido ganadas por el PP con mayoría absoluta y –una vez más- el fraude de los ERE no supuso un elemento decisivo, aunque el PSOE contara con la excesiva benevolencia del TS, que se abstuvo de hacer pública su sentencia condenatoria de la Junta, de Chaves y de Griñán hasta después de celebradas las elecciones. Los motivos fundamentales para el fracaso del PSOE en su tierra de promisión han sido –amén del buen hacer del Gobierno de coalición de la Junta, del que el PP ha sido beneficiario único- el hartazgo del pueblo andaluz por la política suicida de Sánchez de aliarse con los enemigos e España para su supervivencia en la Moncloa, y la pésima gestión de su Gobierno ante la grave crisis económica.

Aparte del argumento esencial de que tanto Chaves como Griñán –y los dirigentes del PSOE en general- no se habían lucrado de su estancia continuada en el poder durante cuarenta años, la conducta de los presidentes andaluces no ha sido precisamente ejemplar. Baste recordar –a título de ejemplos- que Chaves ha estado veraneando “gratis et amore” durante veinte años en un chalet propiedad de una persona que recibió fraudulentamente €3.6 millones a través de los ERE, y que fue protagonista de un acto notorio de nepotismo, cuando la Junta concedió –con su voto a favor- una subvención de €10,1 millones a la empresa MATSA, de la que era apoderada su hija Paula.  

Respecto al argumento de la defensa de que Griñán no estaba al tanto de las ayudas concedidas, el TS –al igual que la Audiencia Provincial-  no lo ha considerado creíble. Lo lógico era que la modificación del procedimiento por el que se concedían las ayudas no sólo lo conociera el Presidente del Gobierno andaluz, sino que lo tuviera que aprobar.  LeS parecía impensable que un cambio en las normas de tal calado pudiera ser decidido por los Consejeros de Empleo y de Hacienda sin su consentimiento. Griñán –que además había sido Consejero de Economía y Hacienda con anterioridad- ha sido condenado por su participación en la elaboración de los presupuestos en los que se incluía la financiación de las ayudas, pese al conocimiento de la irregularidad del procedimiento y por el caso omiso que hizo a las reiteradas advertencias del Interventor General sobre tales irregularidades.

Ante la condena incontestable por el TS de los ex-presidentes y altos cargos de la Junta y el eventual ingreso en prisión de Griñán, Sánchez ya está preparando una solución mediante su habitual recurso al abuso de poder: el indulto a lo condenados. El Gobierno insiste en que Chaves y Griñán no se han beneficiado económicamente de los ERE, y que políticamente ya asumieron sus responsabilidades al dimitir de sus puestos y abandonar el poder. Sánchez no ha querido revelar sus cartas cuando los periodistas le han preguntado sobre la posibilidad de indultar a los condenados –o, al menos, a algunos de ellos, como Griñán y Chaves- y lo ha calificado de “mera hipótesis”. El presidente del Gobierno volvió a criticar al TS, porque, po su fallo, iban a pagar justos por pecadores, pero no ha identificado quienes son unos y otros, aunque quepa suponer que entre los justos figuren Chaves y Griñán, así como algunos antiguos Consejeros como Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez.

Es más que obvio que Sánchez –siguiendo la pauta marcada con los sediciosos políticos catalanes- tiene intención de indultar a sus correligionarios, especialmente a Griñán, para evitar que vaya a la cárcel. Ya ha preparado el camino al afirmar que su Gobierno actuará en el marco de la ley, una vez que acceda al contenido de la sentencia, estudie su contenido y fundamentos jurídicos, y analice los dos votos particulares discrepantes del fallo del Tribunal, además de atender los pasos que den las defensas de los condenados. El abogado de Griñán ya ha anunciado que va a recurrir en amparo al Tribunal Constitucional y que es probable que solicite el indulto de su defendido. El presidente del Gobierno  y su equipo asesor aprovecharán el margen que les da la no publicación de la sentencia hasta septiembre para calibrar los pasos más oportunos a adoptar y los argumentos políticos a esgrimir para justificar la eventual conexión de indultos.

La historia se repite y –como en su día Barrionuevo y Vera- los condenados en el caso de los ERE tienen la posibilidad de recibir la gracia del Gobierno. Existe, sin embargo, una diferencia importante. Barrionuevo y Vera fueron indultados por un Gobierno distinto al del PSOE –el del PP de Aznar, que actuó con sentido de Estado y con ecuanimidad-, mientras que en el caso de los condenados por los ERE, serán indultados por l Gobierno del partido al que pertenecen. Ello significa que el Gobierno del PSOE será juez y `parte en el asunto, lo que no parece que esté muy de acuerdo con las normas básicas de la justicia y de la equidad,