España es un Estado Democrático y de Derecho, conformado por una  Monarquía parlamentaria, constituida por elección de los ciudadanos en 1978, mediante la ratificación de la Constitución que nos dimos  todos, consenso, diálogo y sobre todo por el convencimiento de que  el trabajo realizado por el Rey para traer a nuestro país un sistema  de libertades, era merecedor de ser ese elemento de conciliación e  icono en sí mismo de una España moderna. 

Desde entonces hasta la fecha, tanto nuestro país como la propia  monarquía, han sufrido una gran transformación y avance en el  campo de las libertades, siendo un modelo de gestión que se estudia  en las universidades extranjeras, no solo por la manera en la que el  Rey de España capitaneó la transición de un estado autoritario a una  democracia, sino por la manera ejemplar con la que ha desarrollado  su papel a lo largo de casi cuatro décadas. 

Pero de un tiempo a esta parte, parece que la monarquía en nuestra España, está siendo objeto de acoso y desgaste desde una parte de la  sociedad política, surgida de unas elecciones, en las que sin una  mayoría ni en escaños ni con legitimidad, puesto que quienes llevan  a cabo esta operación de manera solapada, son además del actual presidente del gobierno, miembros de la extrema izquierda que  están en el gobierno como socios, junto con una retahíla de partidos  nacionalistas e independentistas, que aprovechándose de la  situación de debilidad de la mayoría del gobierno, solo se caracterizan por un fin común, como es el romper España, dividirla,  separarla, aunque en su carta de presentación, sean o quienes son  herederos políticos de ETA, o como es el caso del independentismo  catalán, sean los protagonistas de un intento de sedición que provocaron hace tres años, con los acontecimientos conocidos como  el 1 de Octubre. 

La última de estas operaciones de desgaste de nuestro hilo  conductor de la democracia y de dañar a la monarquía, se ha  producido con el hecho de que el gobierno no haya dado el plácet para que el Rey Felipe, pueda entregar los despachos a los jueces  que han terminado su carrera en la escuela judicial, como se ha  venido haciendo desde hace 43 años, siendo elemento de  confirmación de que la justicia en España, está al servicio del Rey como elemento por sí mismo representativo de la democracia, de ser  el garante de una justicia en libertad y sobre todo de la representación de la Corona, como aglutinador de todos los valores que se transcriben en un estado de derecho. 

Resulta incomprensible que esto se produzca, pero además da una importante gravedad el hecho de que no se den explicaciones desde el gobierno ante esta decisión, la oposición no haya sido informada  de las causas de la misma, ni lo que es peor, que quienes rigen la  justicia, hayan tardado en reaccionar ante semejante dislate. 

Esta decisión del gobierno, no es un simple ataque a la Monarquía,  porque en sí misma, se debe únicamente a cubrir los intereses de partido del gobierno por el hecho de querer satisfacer a sus  independentistas socios de gobierno, que no quieren permitir la  presencia del rey Felipe en Cataluña, sino en la intención de dar una  imagen de sus verdaderas intenciones en lo que se refiere al tercer poder del estado, el poder judicial, el cual quieren controlar, cambiando el CGPJ para distribuir la representación política a su antojo y meter allí, elementos de esos partidos de la “anti España”,  que solo buscan usar la justicia para mantenerse en el poder con una  justicia y jueces regidos a su medida y sin controles democráticos preceptivos que precisa una democracia consolidada. 

Algo de esto ya se está viendo en la fiscalía, una de las piezas  importantes de la justicia, pero que está quedando degradada, por el  hecho que su titular, nombrada por el gobierno, no es nada más y nada menos que la anterior ministra de justicia, militante del partido  del gobierno y cuestionada por unas grabaciones realizadas por un  policía que se encuentra en estos momentos en prisión y que se complementan por una de sus últimas decisiones a la hora de pedir la retirada de las 20 querellas planteadas contra el gobierno, por la  gestión del Covid 19. 

Uno se pregunta si España está dejando de ser un Estado democrático de derecho, si el gobierno está empezando a erosionar el régimen democrático del 78, si el objetivo del gobierno, es llevar  las cosas al extremo en donde la democracia desaparezca, el rey  quede eliminado y las libertades cercenadas, tal y como por otra parte, se dice fuera de nuestro país, de manera cada vez más insistente, como me sucede a mí las madrugadas de los lunes, cuando la periodista Patricia Poleo, venezolana exiliada en Miami, cada vez que charlamos en su programa Agárrate de Factores de  Poder, me recuerda de manera cada vez más insistente, que todo lo que le cuento del día a día de nuestra España, se asemeja cada vez  más a lo que sucedió en Venezuela hace 20 años. La verdad es que, aunque uno no quiere reconocer que esto pueda suceder, lo cierto es que hecho tras hecho, el camino que estamos llevando parece que  cada vez se asemeja más a ese país que ha sido destruido por el Castro Chavismo.