Mientras el campo se vacía y los montes acumulan combustible, el Gobierno responde con Agenda 2030, burocracia y propaganda.
Cada vez que España arde, Pedro Sánchez mira al cielo y pronuncia las dos palabras que parecen absolverlo de cualquier responsabilidad: cambio climático. El calor extremo, la sequía y el viento agravan los incendios, naturalmente. Pero el clima no limpia los montes, no mantiene los cortafuegos, no abre las pistas forestales y tampoco obliga a un propietario a recorrer un laberinto administrativo para podar, desbrozar o aprovechar la leña de su propia finca.
Durante años se ha ido expulsando al hombre del campo. Actividades tradicionales que mantenían el territorio se han convertido en expedientes, autorizaciones, comunicaciones, planes técnicos, tasas y riesgo de sanción. Cuando recoger leña cuesta más en papeles que lo que vale, el vecino abandona la chimenea. Cuando aprovechar el monte deja de ser rentable, el propietario deja de cuidarlo. Y cuando desaparecen agricultores, pastores y ganaderos, el combustible vegetal se acumula hasta convertir cualquier chispa en una tragedia.
Jorge Buxadé lo ha resumido con una frase que debería presidir cualquier política forestal sensata: los incendios se apagan en invierno, con ganado, limpieza de bosques y desbroce. No se apagan en agosto con fotografías delante de un puesto de mando, declaraciones solemnes y promesas de reconstrucción. La extinción comienza meses antes, manteniendo vivo el sector primario y permitiendo que quien vive del territorio pueda gestionarlo.
La ganadería extensiva es una herramienta de prevención. El pastoreo reduce matorral, mantiene zonas de discontinuidad y ayuda a conservar los cortafuegos. Sin embargo, muchas explotaciones sólo consiguen equilibrar sus cuentas mediante las ayudas de la Política Agraria Común. No porque sus titulares sean privilegiados, sino porque se les obliga a producir con costes y exigencias crecientes mientras cobran precios que no garantizan la continuidad de la actividad.
A esa fragilidad se añade ahora el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, aplicado provisionalmente desde mayo de 2026. El pacto abre una cuota de 99.000 toneladas de carne de vacuno con un arancel reducido del 7,5 %. Bruselas sostiene que existen salvaguardas, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo puede competir el ganadero europeo, sometido a mayores costes ambientales, laborales, sanitarios y administrativos, con productos procedentes de economías mucho más baratas? Europa asfixia al productor, facilita la entrada de competencia exterior y después intenta mantenerlo con subvenciones. Es el círculo perfecto de la dependencia.
La desaparición de la ganadería extensiva no sería únicamente un problema económico. Significaría más despoblación, menos vigilancia del territorio, más matorral y más combustible en nuestros montes. Sin rentabilidad no hay relevo generacional. El joven que ve a su familia trabajar los 365 días del año, endeudarse y pedir permiso para casi todo termina marchándose. Después, desde un despacho urbano, alguien se sorprende de que la España vaciada también sea la España que arde.
Mientras tanto, Pedro Sánchez ha sido nombrado copresidente del grupo de defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La imagen es difícil de mejorar: España contempla sus montes calcinados y su presidente asciende en el organigrama internacional de la Agenda 2030. Más cargo, más fotografía y más discurso global. Pero los pueblos necesitan algo mucho menos vistoso: rentabilidad, servicios, infraestructuras, seguridad jurídica y libertad para trabajar el campo.
Tampoco basta con presumir de una flota estatal de catorce aviones anfibios. La cifra escrita en una nota de prensa no apaga un incendio. Lo decisivo es cuántos aparatos están realmente disponibles, cómo se mantiene una flota envejecida, cuándo se culmina su renovación y si existen medios suficientes para responder a varios grandes fuegos simultáneos. Los hidroaviones son esenciales, pero llegan cuando la prevención ya ha fracasado.
Y cuando se habla de prioridades, conviene recordar que el Gobierno movilizó más de 750 millones de euros de financiación pública FIEM para que Marruecos adquiriera cuarenta trenes fabricados por una empresa española. Es un crédito con garantía soberana, no una donación, y puede generar empleo en España. Pero demuestra que, cuando existe voluntad política, aparecen instrumentos financieros de enorme dimensión. El campo español merece al menos la misma ambición que los grandes proyectos internacionales.
España necesita menos propaganda climática y más gestión forestal; menos burocracia y más propietarios cuidando sus montes; menos dependencia y más rentabilidad para agricultores y ganaderos; menos inventarios y más medios aéreos plenamente operativos. El cambio climático puede agravar el fuego. Lo que no puede hacer es firmar expedientes, abandonar pueblos ni aprobar políticas que expulsan a quienes mantenían limpio el territorio.
El incendio del verano se combate durante el invierno. Y un monte trabajado, pastoreado y aprovechado es un monte con futuro.
