Parece obvio que lo que pretende el gobierno de Sánchez no es conceder un indulto, sino impugnar la labor de un tribunal por uno de los delitos más graves contemplados en nuestro Código Penal, como es el de intentar dar un golpe de Estado.

A tal efecto, en lo que afecta al indulto, no resulta demasiado relevante si la condena fue por sedición o por rebelión, ya que el objetivo en ambos persiste y es el mismo, el de acabar con el sistema de libertades y derechos protegido por la Constitución y al que se comprometen los cargos públicos al tomar posesión del mismo.

Ocurre, además, que la posibilidad de indulto sólo se contempla con una serie de requisitos, que incluye la necesidad de no persistir en la intención y voluntad de repetir el delito que les condujo a la condena, cuestión que no sólo está clara, sino que es manifiesta la persistencia en la querencia y la actitud de repetir parecidos actos con idéntico objetivo, lo cual anula por completo la pretendida discrecionalidad gubernamental.

Es de sobras conocido en la Historia que siempre que la condescendencia y el perdón recayó sobre crímenes tan graves, a menudo sus protagonistas terminaron ocasionando el despelote y el desparrame, porque los golpes de Estado no triunfan siempre en la primera intentona, sino que con frecuencia precisan ser revisitados para lograrlo.

Este fue el caso de la satrapía instaurada por Fidel Castro, quien obtuvo el perdón de una severa condena por su intentona golpista del 26 de julio de 1953 tras el asalto al Cuartel Moncada, y continuó conspirando hasta obtener el fruto de su esfuerzo en 1959 tras una guerra de guerrillas que ha arruinado la vida de millones de personas durante 61 años.

Parecida situación le tocó vivir a Venezuela, cuando el sargentucho patatero llamado Hugo Chávez abandonó la prisión que le hubiera tocado cumplir durante largos años para reincidir en el mismo delito sedicioso e implantar ese régimen gorila que anoche en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recibió la condena por crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de «San Chez» y el Marqués de la Pandereta Etarra constituye ya un atentado permanente al Estado y son ellos los que no merecen ser indultados en el juicio político que a diario se ha de hacer por su constante contubernio, sus afanes declarados de conspiración hacia las instituciones, entre ellas la figura del Rey, y por su utilización y manejo de las instituciones no en favor del interés general, sino de los propios intereses de ambos personajes.

Ni siquiera el PSOE es el beneficiario de toda esta acción de desgobierno, pues es fácil sospechar que algún día no muy lejano, otros dirigentes sucederán a los actuales y renegarán de los dictados de Sánchez y su cuadrilla ocasional.

Por lo pronto, los anteriores dirigentes del partido, como Felipe González y Alfonso Guerra, no cesan de proclamar y denunciar los disparatados manejos de la cúpula actual, ciega de soberbia y necesitada de cualquier cosa para mantenerse en el Falcon.

Personajes como Ábalos, Marlaska o el propio ministro de Justicia, este enamoradizo Campo, son un verdadero oprobio para la democracia y para la limpieza de las instituciones, comprometidos todos ellos con un proyecto sin rumbo cuyo único fin no es la mejor gobernabilidad de España sino el mero mantenimiento de las poltronas a cualquier precio.

En tiempos de Zapatero sostuve que el PSOE no levantaría cabeza hasta que no renunciara a sus pompas y a sus obras del anterior dirigente. Las carambolas, la atomización del voto y la infausta deslealtad de Sánchez a su propia palabra y con sus votantes condujo de nuevo al PSOE al poder, pero no ha logrado legitimarse sino a través del engaño, la estafa y la mentira, que es la deslegitimación más absoluta.

No, ni el PSOÉ merecía el indulto tras el zapaterismo, ni los condenados por golpismo lo merecen ahora tampoco. Y en ambos casos por idéntico motivo: porque no han renunciado a sus alardes de quebrar a España ni a la voluntad golpista que les alumbra. Las segundas oportunidades en estos casos las carga el diablo.

He dicho.