El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no deja de sorprendernos, con sus muestras de su cinismo y su capacidad de mentir y de  manipular. En estos últimos días –según ha puesto de manifiesto el diario “El Mundo”- ha situado a Podemos dentro de la Constitución y al PP fuera de ella, arremetido contra Ciudadanos a pesar de su actitud colaborativa, cortejado de forma mendicante a ERC para sumar sus votos a su aún inexistente plan presupuestario, llamado a Joaquim Torra para reactivar la mesa bilateral de la infamia, y se ha puesto de rodillas ante los herederos de ETA con el fin de lograr el apoyo de los cinco diputados de Bildu a los presupuestos generales del Estado. “A tal objeto, no ha tenido rebozo en vincular los fondos europeos con la aprobación de los presupuestos, extremos que ha tenido que salir a desmentirle la misma Comisión Europea”.

Podemos dentro de la Constitución

Sánchez ha tenido el cuajo de afirmar en el Congreso que la diferencia entre Podemos y PP radicaba en que aquél estaba dentro y éste fuera de la Constitución. No creo que el PP se encuentre fuera de la Constitución, pero sí tengo la convicción de que Podemos se ha situado al margen de ella, por lo dicho por sus líderes y por lo hecho por el partido. Vemos algunos ejemplos para probar mi aserto.

Según la Carta Magna, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria (artículo 1-3) y el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia  (artículo 56-1). Pese a haber prometido solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución, Pablo Iglesias no ha tenido empacho en denigrar a la monarquía y al Rey Felipe VI, en pedir su abdicación y en propugnar la proclamación de la III República. Tanto a nivel nacional, como autonómico o municipal, Podemos ha apoyado resoluciones con este objetivo. Su campaña antimonárquica se ha intensificado a partir de la salida de España del rey emérito. Según la diputada Gloria Elizo, “la única manera de desvincular a Juan Carlos I de Felipe VI es un referéndum y la abdicación de Felipe VI”.

La soberanía nacional reside en el pueblo español (artículo 1-2) y la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (artículo 2), que tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (artículo 139-1). No obstante, Podemos ha defendido el derecho a la libre determinación de las comunidades autónomas –especialmente en el caso de Cataluña-, mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación decidido unilateralmente por los respectivos gobiernos y limitado a sus habitantes, pese a que la Constitución establezca que los referéndums serán convocados por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno previamente autorizada por el Congreso (artículo 92-2). Iglesias ha aceptado, por ejemplo, que la soberanía de Cataluña reside en el pueblo catalán, quien –en el ejercicio de su derecho a decidir- podrá optar por la independencia o por la adopción de un régimen confederal en el que los catalanes gocen de derechos y obligaciones distintos a los del resto de los españoles. 

La Carta Magna estable un sistema de separación de poderes y prevé que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9-1), y obligados a cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales (artículo 118). Podemos, sin embargo, es partidario de que el poder ejecutivo controle al judicial y los jueces sean nombrados conforme a criterios ideológicos. Pone en tela de juicio las resoluciones judiciales, sólo acepta las que le son favorables y critica acerbamente a los jueces cuando le son desfavorables. El pasado 4 de enero, cuando tomó posesión como vicepresidente del Gobierno, Iglesias afirmó que éste  tendría muchos enemigos, entre ellos los “togados de ideología reaccionaria”. Señaló que los tribunales europeos habían dejado en mal lugar a la justicia española en el caso Puigdemont. El 2 de abril, Iglesias cuestionó la actuación del Tribunal  Superior de Justicia de Madrid por haber condenado a la portavoz del partido, Isabel Serra, por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, y fue llamado al orden para el Consejo General del Poder Judicial. El 27 de julio, tras la retirada del tercer grado a los políticos catalanes encarcelados, Iglesias expresó su sospecha de que muchos ciudadanos tendrían la sensación de que la justicia no siempre era igual `para todos. El 11 de agosto, un juez imputó a Podemos por presunta financiación ilegal, y el portavoz, Pablo Echenique, aseguró que el objetivo de la investigación no era judicial, sino de difamación mediática y que el juez, Juan José Escalonilla, había abierto “una investigación prospectiva”, basada en una declaración,     

El Gobierno acudió  raudo en auxilio de su socio a través del domesticado Ministerio Fiscal. La  Fiscalía de Madrid tuvo que reconocer que no se trataba de una investigación prospectiva, dado que había una base en la denuncia del Tribunal de Cuentas sobre el contrato con la empresa chavista Neurona, pero pidió limitar la investigación a sólo este supuesto y descartar el examen de las denuncias del antiguo jefe de los servicios jurídicos de Podemos, José Manuel Calvente, sobre la caja B del partido, el pago de sobresueldos, el clonado del disco duro de la abogada Mar Flor, la adjudicación irregular de la sede del partido  o los abusos de la cooperativa Kinema. El fiscal criticó duramente al juez en apoyo del recursos de Podemos, porque “acordar toda esta base de diligencias sobre la base de rumores, sospechas y clara enemistad y animadversión del denunciante es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática”, Señaló que buena parte de los hechos denunciados podían ser discutibles desde el punto de vista ético, pero no eran delitos. Por la maléfica influencia de Dolores Delgado, el fiscal se trasmutó en abogado defensor del partido.

El nombramiento de Delgado como fiscal general inmediatamente después de haber sido diputada del PSOE y ministra de Justicia es una de las mayores cacicadas cometidas por Sánchez, no sólo por la forma de la designación, sino también por el “curriculum vitae” de la elegida, que ha sido reprobada en tres ocasiones por dos Congresos distintos y estado vinculada a las cloacas vaginales del ex-comisario estafador José Manuel Villarejo. Alumna dilecta e íntima del juez prevaricador Baltasar Garzón, sigue en su órbita, como demuestra su decisión de enmendar la plana a su predecesora, Consuelo Madrigal, y permitir a una locática juez argentina, María Servini, interrogar a Rodolfo Martín Villa por la comisión de supuestos delitos de lesa humanidad, abrir una causa general contra el franquismo y realizar un juicio contra la transición española. No hay nada más indigno profesionalmente para una fiscal que autorizar la realización en Argentina de un juicio contra españoles por actos realizados en España, que además fueron debidamente amnistiados. Según la Constitución, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés general, así como velar por las independencia de los tribunales, y debe actuar, en todo caso, con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad (artículo 124). No cabe esperar que la fiscal general cumpla con estos principios.

Sánchez se ha apoderado de todos los órganos institucionales del Estado  –CIS, TVE, Correos, CNI, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo de Seguridad Nuclear, Abogacía del Estado o Ministerio Fiscal- y los ha puesto a su servicio personal. Para dominar por completo la justicia le falta el CGPJ l, quwe no ha podido renovar a su gusto al requerirse una mayoría cualificada para el nombramiento de sus miembros, y en ello está. El PP –que ha participado hasta ahora en el intercambio de cromos interpartidario, en claro detrimento de la independencia y neutralidad de la justicia- se ha negado a permitir la renovación del Consejo, ante la pretensión del presidente de reservar dos puestos en el Consejo a personar elegidas por Podemos.

El PSOE –junto a los nacionalistas y la extrema izquierda- se ha opuesto a que se cree una Comisión en el Congreso para investigar la presunta financiación ilegal de Podemos, porque –según la simpar portavoz socialista, Adriana Lastra- las acusaciones contra el partido son una falsedad y una cortina de humo levantada por el PP para tapar las revelaciones del caso “Kitchen”, el espionaje parapolicial realizado contra Luis Bárcenas. Dando prueba de su doble vara de medir, el PSOE ha apoyado la creación de una Comisión investigadora sobre las actividades del PP, ya que se trata de dos asuntos que no tienen nada que ver. En efecto, así es; en el segundo caso, ya se creó una Comisión investigadora el pasado año, los hechos a investigar se produjeron hace varios años y los implicados han dejado de ejercer puesto en la política nacional o en el PP. En el primero, en cambio, no se ha constituido hasta ahora ninguna Comisión, los hechos se han producido recientemente y se siguen produciendo, y los implicados son un vicepresidente del Gobierno y altos cargos de Podemos. En un caso, es dudosa su justificación, pero se crea la comisión; en el otro, aunque esté sobradamente justificada, se rechaza la constitución de la comisión. ¡Todo sea por la transparencia!. 

Para cerrar el ciclo de la voluntad del Gobierno de controlar el poder judicial, el PSOE y Podemos han votado en el Congreso contra la propuesta del PP de que no pudiera ser nombrado fiscal general quien hubiera ocupado un cargo público o político en los últimos cuatro años, y en la que requería que su idoneidad fuera previamente refrendada por pos tercios del Congreso. Los objetores pusieron como excusa el oportunismo del PP, que no planteó la reforma cuando gozaba de mayoría absoluta. 

Ninguneo de Ciudadanos

Sánchez está jugando astutamente con Ciudadanos, recurre a él cuando lo necesita y lo ningunea cuando no, y lo malo es que el partido naranja se presta a la maniobra. Le ha sacado varias veces las castañas del fuego y, en contrapartida, el PSOE ha firmado a sus espaldas un pacto con Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral del PP o se ha negado a cumplir el compromiso de elaborar un marco jurídico que fortaleciera la acción del Gobierno y de las comunidades autónomas para hacer frente a los rebrotes de la pandemia del covid-19 sin necesidad de recurrir a la declaración del estado de alarma. La última afrenta se la acaba de propinar Sánchez en las Cortes cuando –pese a la reiterada colaboración de Ciudadanos a cambio de bien poco- ha afirmado despectivamente que el partido ya eligió gobernar con la derecha y no había salido de la foto de la plaza de Colón. 

El presidente está tratando de convencer a Cs a que rompa su alianza con el PP en diversas comunidades autónomas, especialmente en la de Madrid . Su representante en la Comunidad y secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, ha propuesto hasta en cuatro ocasiones la ruptura de la coalición y su apoyo a la candidatura de su actual vicepresidente, Ignacio Aguado. En mayo, Aguado fue categórico en su negativa: “Creo que hay que cortar de raíz toda la rumorología y mensajes interesados de los últimos días y lo voy a hacer hoy las veces que haga falta; no vamos a apoyar ninguna moción de censura”. En la última oferta socialista, sin embargo. Aguado no ha sido tan categórico, eludió contestar a la pregunta de si aceptaría la oferta del ^PSOE y se limitó a decir que la eventual moción de censura propugnada por el PSOE no era la principal preocupación de los madrileños.

Como ha observado Jorge Bustos, Cs debe sentarse a negociar los presupuestos generales con el PSOE, pues si se niega a ello –como el PP y Vox-, Sanchéz los adoptará con el apoyo de los múltiples partidos que lo llevaron al poder y, en tal caso, se le echaría la culpa a Cs por no negociar. Inés Arrimadas ha decidido explorar la utilidad racional de los diez escaños de Cs y cuenta con la baza de que el Gobierno lo tendrá más fácil para lograr la aprobación de la Comisión Europea si va de la mano de Cs, pero no tiene derecho a vender barato su apoyo a Sánchez. Sus dos condiciones sine qua non para su apoyo deberían ser oxígeno fiscal para familias y empresas, y asfixia institucional para el separatismo. Si quiere tener el sí de Cs, el Gobierno tendría que dejar de apoyarse en los supremacistas a los que debe el poder, “Si desea seguir con ellos, yo me bajo”. Arrimadas tiene ocasión de depurar un poco la atmósfera de la legislatura y de enrarecer el ambiente entre el PSOE y Podemos. Es evidente que unos presupuestos que sigan los criterios fijados en el pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos serían difícilmente aceptados por la UE y se da además el caso de que los dos partidos gubernamentales han sido hasta ahora incapaces siquiera de esbozar las líneas básicas de los presupuestos. Aún así, Sánchez pretende, por su cara la bella, que esos hasta ahora inexistentes presupuestos sean aceptados y apoyados por la oposición.

En su búsqueda por el centro-centrismo perdido, Cs trata de adoptar una postura equidistante entre el PSOE y el PP. Así, en relación con las comisiones de investigación, el portavoz naranja, Edmundo Bal, ha rechazado entrar en el juego en el que, a su juicio, están el PP, el PSOE y Podemos -una competición a ver quién de ellos es más corrupto- y preconizado investigar todo lo que haya que investigar, sea el caso “Kitchen” o la financiación ilegal de Podemos. En el caso de la propuesta de reforma para la designación del fiscal general, Bal ha acusado al PP de timidez en su propuesta, ya que, en opinión de Cs, el periodo de abstinencia de los cargos públicos y políticos para acceder a la fiscalía general  debería fijarse en diez años.

Concesiones a los partidos separatistas catalanes

Sánchez le ha tirado una vez más los tejos a su socio de investidura, ERC, y Gabriel Rufián se ha dejado querer, ha objetado la participación de Cs en la aprobación de los presupuestos por ser incompatible con Esquerra, y no ha excluido el apoyo de su partido para evitar que puedan ser aprobados con el respaldo de la derecha. Rufián se ha rasgado las vestiduras por la actuación del gobierno del PP en el caso “Kitchen” y ha pedido la ilegalización de dicho partido. Esto lo pide increíblemente el portavoz de un partido que ha protagonizado un golpe de Estado y respaldado la independencia de Cataluña y la desintegración de España, y que –en cualquier país serio de nuestro entorno, como Alemania o Francia- habría sido declarado ilegal tiempo ha.

También se ha humillado una vez más Sánchez y ha llamado a Torra para acordar una fecha para reanudar las reuniones de la mesa bilateral de negociación, con la inclusión en el programa de la posible celebración de un posible referéndum de autodeterminación. No ha llegado a aceptar que se debata el tema de la amnistía –todo se andará-, aunque sí el de los indultos, si bien éstos resultan difíciles de tramitar dado que Oriol Junqueras y otros políticos encarcelados se niegan a solicitarlo por estimar que no han cometido ningún delito. Para superar esta dificultad y conseguir la liberación de Junqueras y Cía, Sánchez se ha comprometido a modificar el Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición. Cs debería negarse a negociar con el Gobierno, si Sánchez sigue haciendo concesiones a un separatismo que, no sólo no se ha arrepentido de su actuación delictiva, sino que está dispuesto a repetirla en cuanto encuentre ocasión.

Prueba de ello es la actitud de Torra que se muestra contrario a aceptar la eventual decisión del Tribunal Supremo que confirme su inhabilitación. En contradicción con las medidas restrictivas de concentraciones adoptadas por la Generalitat, Torra ha autorizado y apoyado los actos masivos para la Diada de mañana -100 concentraciones de 48.000 personas, en la que la intención de su organizadora, la ANC, es reactivar la agitación callejera y la presión popular, con vistas a que los partidos nacionalistas obtengan más del 50% + 1 de los votos en las próximas elecciones autonómicas, tras lo cual, el Govern salido de las urnas volvería a declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña.

Concesiones a los separatistas vascos

A diferencia de su falta de empatía hacia el medio centenar de miles de víctimas del coronavirus, Sánchez ha expresado, compungido, su profundo pesar por la muerte del “preso vasco” Igor González, terrorista de ETA que se ha suicidado en la cárcel de Martutene. Según Arcadi Espada, el presidente ha usado el fallecimiento del terrorista como “captatio benevolentiae” de HB Bildu, cuyos votos necesita para la aprobación de los presupuestos. Esta hipócrita lamentación ha sido duramente criticada por los líderes de las asociaciones de víctima del terrorismo y de los partidos políticos de la oposición. La asociación Dignidad y Justicia ha mostrado su más absoluta repulsa y expresado su vergüenza porque Sánchez haya hecho semejante comentario como presidente de los españoles en el Senado, órgano constitucional que representa al pueblo español. Arrimadas ha pedido al Gobierno que muestre mayor empatía con las víctimas del terrorismo que con sus verdugos. Bildu, en cambio, se ha congratulado del paso simbólico de Sánchez y lo ha emplazado a que sea valiente, facilite el acercamiento de los presos vascos a Euskadi y ponga en libertad a los que hayan cumplidos tres cuartas partes de sus condenas o arrastren enfermedades incurables. Su portavoz en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha exigido al presidente a que ponga en marcha una hoja de ruta que permita la libertad de 220 presos que cumplen condena en cárceles situadas fuera del País Vasco. “Ha llegado el momento –ha afirmado Iriarte- de que cambie la política penitenciaria de excepción y de venganza del Estado y que se empiecen a dar pasos para que todos los presos estén en Eushal Herria”.

La vice-lehendakari socialista, Idoia Mendía –que se hizo famosa con la foto de confraternización gastronómica con el terrorista Arnaldo Otegui- ha abogado por el acercamiento de los presos de ETA a sus lugares de origen, como una decisión política que ayude a la reinserción de los miembros de la banda encarcelados. Siguiendo los criterios y la terminología del entorno etarra, Mendía ha vinculado la política penitenciara con la construcción de la convivencia en Euskadi. Desde que Sánchez esta en el gobierno, noventa presos de ETA han sido trasladados a cárceles vacas y han mejorado notablemente las condiciones de su estancia en prisión. El próximo paso será transferir las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, para que pueda aplicar una política de tolerancia hacia los presos etarras similar a la practicada por la Generalitat.

En el ínterin, hay unos 300 atentados etarras aun sin resolver y la administración de justicia no muestra demasiado interés en resolverlos y está permitiendo que vayan prescribiendo. Las autoridades vascas toleran, cuando no promueven o apoyan, los homenajes a los etarras que salen de prisión. La incitación al odio contra las fuerzas de seguridad sigue un curso ascendente, como se ha puesto de manifiesto en Alsasua con el ataque vandálico contra dos agentes de la guardia civil y sus parejas, y la campaña anual contra la guardia civil, a la que califican de “txacurras” –perros- y este año los han identificado con el coronavirus. Al PSE  y al PSN no parece importarles y han blanqueado plenamente a Bildu, pese a que sigue sin condenar la violencia etarra. Otegui es un hombre de paz, Bildu es un partido como cualquier otro y el PSOE pacta con él el gobierno de Navarra, el apoyo a la investidura de Sánchez o el respaldo a los presupuestos y a los decretos-leyes del Gobierno. Bildu, “normal as usual”.

Supuesto condicionamiento de la ayuda de la UE a la aprobación de los presupuestos

Con su habitual desparpajo y capacidad manipuladora, Sánchez ha echado en cara a la oposición que, si no aprueban sus presupuestos –aún ignotos- serán responsables de que la UE no facilite a España las ayudas previstas en el Fondo de Recuperación y Resistencia. Ha afirmado en el Senado que el Fondo no se podía abordar sin unos presupuestos en España con carácter inmediato. “Los presupuestos generales del Estado son el tronco que permite canalizar los recursos procedentes de la UE. Desvincularlos sería una grave irresponsabilidad y comprometería también la absorción y la ejecución de esos 140.000 millones de euros durante los próximos seis años”. La propia Comisión Europea ha tenido salir a la palestra para aclarar que la presentación de los presupuestos y la valoración de los planes nacionales de recuperación son dos procesos separados y distintos. No obstante, aunque no exista vinculación formal entre ambos, es importante que los objetivos de cada uno de ellos sean consistentes entre sí.  La Comisión aconseja que en los planes presupuestarios se fijen objetivos en línea con las prioridades de los fondos, como son la digitalización o la transición energética. Lo normal es que se aprueben nuevos presupuestos, pero la requerida coherencia también se puede conseguir haciendo variaciones sobre presupuestos prorrogados, adaptándolos a los nuevos fines perseguidos.

Sánchez ha insistido de forma dramática al afirmar que estamos en una situación inédita y extraordinaria que no había ocurrido antes en la Historia, por lo que todos los españoles tenían que hacer un esfuerzo para actuar de consuno. “Necesitamos unos presupuestos progresistas de país, que tengan el mayor acuerdo posible. Es lo que demanda la ciudadanía. Hagamos un esfuerzo por superar la dialéctica ideológica y centrémonos en lo que merece la sociedad: transformar, vehicular los €140.000 millones de la UE y no dejar a nadie atrás”. Estas razonables palabras –fruto del marketing propagandístico del “gurú” Iván Redondo- se compadecen poco con la conducta seguida por el presidente. Ha prescindido del diálogo con el PP y con Vox,  dado una de cal y otra de arena a Cs y mendigado el apoyo de los socios del proyecto Frankenstein. Se halla inmerso en una batalla “dialéctica ideológica” con Podemos para tratar de acordar un anteproyecto de presupuestos, a fin de negociarlo con las fuerzas políticas que estén dispuestas a apoyarlos. Por no hacer, el Gobierno ni siquiera ha decidido el techo de gasto para 2021, condición indispensable para elaborar los presupuestos. Pero –como ha señalado “El Mundo”,  Sánchez “es incapaz de distinguir entre el patriotismo y la táctica, entre el plan a largo plazo y el golpe de efecto de esta mañana, entre la elaboración de las cuentas para un país sumido en la recesión y el vanidoso juego sin límites de su ludopatía parlamentaria”.