El pleno del Parlamento aprobó el documento con los votos favorables de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Podemos e IULV-CA y el voto en contra del Grupo Ciudadanos. Será defendido en el consejo de política fiscal que se celebrará próximamente en Madrid.

En este dictamen en el que han participado la totalidad de los grupos parlamentarios, pero del que se ha desmarcado Cs, cuyo contenido tiene una extensión de 30 folios, se analiza el actual modelo de financiación aprobado el 15 de julio de 2009, se llega a la conclusión de que una de las principales limitaciones del actual modelo de financiación, ha sido la insuficiencia de recursos, para atender las necesidades del gasto, tanto en servicios públicos fundamentales, como en el resto de las competencias, lo que ha provocado serias dificultades para mantener un nivel de prestación mínimo, en pilares básicos del estado de bienestar, así como en la acumulación de un importante volumen de endeudamiento. En este sentido, el dictamen señala que existe un desequilibrio vertical de recursos en favor del estado, especialmente en los recursos de consolidación fiscal entre administraciones. Por ello, la determinación de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, debe ser uno de los primeros temas a resolver, valorando las responsabilidades del gasto, que estas tienen asumidas, así como el coste de prestación de las mismas, en virtud de las competencias que tienen encomendadas en el estatuto.

También, el dictamen de financiación refleja que los destinatarios de los servicios públicos son las personas, por lo que el principal indicador de las necesidades de gasto, debería encontrarse lo más cerca posible a la población de derecho de cada comunidad autónoma, especialmente, cuando la cuantificación de la población ajustada de Andalucía, deja fuera de la contabilización a 220 mil andaluces en la liquidación del sistema de financiación. Como consecuencia de estas circunstancias que se dan en el actual modelo, el Parlamento de Andalucía apuesta por una nivelación total de los servicios derivados de las competencias autonómicas, puesto que, de lo contrario, descuidar gastos no considerados como fundamentales, puede deteriorar la calidad de vida de los ciudadanos a medio y largo plazo. Ante estas circunstancias, el modelo de la reforma de la financiación, según el dictamen, debe estar dirigido a las personas y no a los territorios, puesto que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir los mismos servicios, sea cual sea su lugar de residencia, apelando al principio de equidad, junto con la necesidad de que los recursos sean los suficientes en el año base y en los ejercicios siguientes, mediante una reasignación de los recursos disponibles entre los distintos niveles de gobierno. En este sentido, se debe de evitar según el dictamen que se tengan que compensar las deficiencias de financiación, a costa de gastos no considerados como fundamentales, como la cultura, el desarrollo económico o la inversión pública, que afectaría al modo de vida de los andaluces.

Finalmente, han de plantearse como vitales el fortalecimiento de los mecanismos de convergencia, a través de la reforma paralela de los Fondos de Compensación Interterritorial, incrementando su dotación para fortalecer la convergencia entre las comunidades autónomas