Todos sabemos que, en cualquier otra circunstancia, si un medio de comunicación ofreciera en estos meses, día por día y como sección fija, los datos de ingresos y altas hospitalarias, así como las cifras de diagnósticos practicados sobre neumonías, bronqueolitis, asma y otras enfermedades respiratorias, serían acusados de alarmistas, de irresponsables y casi que pondrían a la Fiscalía a trabajar para frenar tal despliegue.

Ahora es al contrario y son las autoridades las que ofrecen datos pormenorizados, aunque al bulto y a menudo sospechosos, en un ejercicio de pretendida claridad que nada aporta a nadie, salvo a la confusión y a la normalización del pánico. Y además, por si fuera poco, cuando se refieren al inminente colapso posible de algún servicio, lo hacen sin deslindar cuánto de ese riesgo corresponde al acumulado de unas u otras enfermedades respiratorias, de modo que el miedo se extiende como una mancha de aceite con la anuencia y complicidad perversa de las autoridades y los medios de información.

En un país adulto (y digo adulto por no decir «más serio»), las cifras estarían disponibles para la información general sólo en su versión más rigurosa y los responsables pedirían mesura en el empleo de las mismas para no alarmar innecesariamente a la población, pues al fin y al cabo nadie podría negar que, llegado el invierno, todos los años las urgencias y demás servicios de asistencia se ven desbordados por el colosal aumento de cierta clase de enfermedades estacionales.

Que aún se debata sobre el carácter ilegal del ‘pasaportito’ es un síntoma más de la desconfianza que los políticos han logrado generar a lo largo de año y medio en toda Europa con su manejo de la situación.

La Ciencia carece aún de respuestas, esto es cierto, para muchas de las preguntas que cualquier ciudadano normal puede legítimamente plantearse al respecto, pero eso no invalida ni de lejos la recomendación sanitaria de seguir las pautas que todos conocemos.

Entre la recomendación y la obligatoriedad impuesta hay un largo trecho que desborda cualquier Constitución en un Estado de derecho mínimamente homologable y que impide la discriminación general y por tiempo ilimitado de la población por más que se invoque la extrema confianza en un experimento que de todos modos no las tiene todas consigo porque ni siquiera conoce hasta cuándo va a durar.

Se entiende mal, por tanto, que gobiernos y gobiernitos de toda Europa insistan en consultar a los tribunales superiores de cada jurisdicción si resulta dentro de la ley homologable la discriminación de la población en relación a derechos fundamentales si no cumplen con el requisito de una inyección, cosa que de todos modos aplican por las bravas en países que hasta ahora eran considerados formalmente democracias avanzadas.

Si me apuran, yo casi les diría de manera general que en aquellos casos en los que algunos de esos tribunales han concedido el placet para imponer tal exigencia sin limitaciones implica que dichos jueces han incurrido en un fallo contra legem y que se han situado al margen de su Constitución, lo cual constituye un escándalo histórico para el desarrollo de nuestra civilización.

No hay argumento, en su extremo, capaz de vencer esto que digo porque la Ciencia, hoy por hoy, no es ni siquiera capaz de pronunciarse de manera tan tajante y sólo parcialmente es capaz de defender la conveniencia a tenor de los resultados, aunque se lava las manos cuando se la somete a un juicio de contradicciones algo más meticuloso.

Se entiende mal entonces que la Junta de Andalucía haya sometido a consulta todavía del TSJA su pretensión de implantar un cúmulo de restricciones discriminatorias en función de aceptar o no las órdenes, porque supone tanto como otorgar un privilegio o un premio por una falsa heroicidad martirial a quienes han decidido aceptar la inyección y a su vez una condena discriminatoria a quienes desconfían y prefieren esperar una respuesta decididamente científica a determinadas cuestiones por ahora sin respuesta.

El efecto de lo que digo ha podido comprobarse de inmediato en el debate público, pues los defensores/creyentes enseguida han apelado a un supuesto ‘sacrificio’ realizado que debiera merecer, opinan ellos, un premio frente a los presuntos irresponsables que se plantean otras dudas que nadie les sabe resolver.

Como en tantos otros casos, si el convencimiento en la ausencia de ciertos riesgos elevados es total o muy alta, lo que deberían hacer las autoridades es emprender campañas muy serias y rigurosas de información, descartando los alarmismos pedestres, para tratar de convencer a la muy inmensa mayoría, pero mientras dure este juego de amenazas y extorsiones que rozan el «fuera de la ley», mucho me temo que seguirá creciendo el desparpajo para no someterse a sus dictados, tantas veces maleados y adaptados en estos meses a los intereses oportunistas de un Gobierno tan embustero como el de Pedro Sánchez.

A quienes manejan todo esto con evidente falta de rigor y emplean el trazo grueso del alarmismo y las amenazas les podría provocar idéntica histeria al menos la científica (esta sí) previsión del desplome de la natalidad por debajo de la tasa misma de supervivencia de nuestra sociedad. En cambio, nada de esto parece alarmarles ni mucho ni poco, ni a nadie se le ha ocurrido exigir un libro de familia que acredite haber tenido hijos ya por encima de los 19 años para entrar a un restaurante. Y mira que es urgente y grave la situación…

Antes, estas cosas sólo pasaban en países comunistas, como China, Cuba y demás excrecencias de la civilización.

He dicho.