Artículo relacionado: Elucubraciones de un juez con ansias de notoriedad

Inasequible al desaliento, el magistrado titular del Juzgado nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, sigue con su quijotesca tarea de desfacer entuertos y de alancear, cuan molinos de viento, a diplomáticos y a ministros. Está por ver si su furor justiciero alcanza a la cúspide del molino en el no-caso “Ghali”. Tras haber citado a declarar el 4 de octubre a la ex-ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya, como imputada a instancias de los abogados Antonio Urdiales y Juan Carlos Navarro –que ejercen la acción popular como denunciantes, pero no en cuanto querellantes, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, Lasala ha citado asimismo -en este caso como testigos- al que fue secretario general técnico de Asuntos Exteriores, José María Muriel, y a las antiguas jefas de Gabinete de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y del ministro del Interior, Susana Crisóstomo. Así, tirando del hilo, podrá el magistrado desenredar el ovillo judicial  e imputar en orden ascendente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la ex-vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y –“last but not least”- al mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supuesta “X” en la cumbre de la operación “Ghali”, que suponía una terrible conspiración en la que todos ellos participaron de una u otra forma.  ¿Se atreverá a tanto el osado magistrado?

Insistencia de Lasala en engordar el no-caso Ghali

Con reiterada insistencia en su errónea valoración del caso, “El Mundo” ha afirmado en un desacertado editorial que , con la orden a la abogacía del Estado de que  asumiera la defensa de González Laya, el Gobierno delataba hasta qué punto estaba preocupado por un asunto tan delicado, ya que ésta podría haber cometido hasta tres delitos por haber permitido entrar en España al secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Ibrahim Ghali, sin pasar el control de pasaportes y con documentación falsa, “con el fin de sustraerlo a la acción de la Justicia”. Los indicios del caso – según el diario- apuntaban a la implicación de Interior, con Marlaska a la cabeza, y de la vicepresidencia que dirigía Calvo, “pero, sobre todo, no es creíble que una operación así se hiciera sin el consentimiento del presidente, máxime cuando podía desatar una grave crisis diplomática con Marruecos, como ocurrió”. El Gobierno debía dar explicaciones, pues hasta ahora sólo ha incurrido en falsedades tales como presentarlo todo como cuestión humanitaria contra reloj, cuando el hospital de Logroño que trató a Ghali fue informado dos días antes de su ingreso, lo que evidenciaba una clara planificación. “Moncloa da dimensión de Estado al asunto involucrando a la Abogacía. La responsabilidad deberá, pues, ser asumida al máximo nivel si la Justicia certifica la ilegalidad” (¿?).

La opinión no puede ser más disparatada, empezando por el aspecto formal de la intervención de la abogacía del Estado en la defensa de González Laya, que es lo más normal del mundo, pues ésta suele intervenir para defender a los funcionarios públicos –como ha hecho con Camilo Villarino- cuando son imputados por actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones. La abogada del Estado a la que se ha encomendado la defensa de la ex-ministra, María del Mar González Bella, es la misma que está defendiendo a su antiguo jefe de Gabinete. ¿Qué insinúa “El Mundo”, que el Gobierno no acogió a Ghali por razones humanitarias para salvarlo de la muerte, sino para provocar una grave crisis diplomática con Marruecos? Me parece un poco fuerte y carente de sentido. 

Es cierto que en el proceso de llegada de Ghali a España tuvieron que intervenir distintos sectores del Gobierno, como los Ministerios del Interior y –en menor medida- de Defensa, la vicepresidencia y la propia presidencia. Resultó significativo que  el día 15, Valdecabres telefoneara a Villarino para preguntarle si sabía algo sobre la llegada a España de Ghali, lo que revelaba que algo se estaba cociendo al respecto en el seno del Gobierno. Los periódicos han destacado como noticia de gran relevancia que el Gobierno de la Rioja comenzó a preparar la llegada del líder saharaui dos días antes de producirse. Es probable que fuera antes, porque quienes tomaron esa decisión –las altas esferas del Gobierno- necesitaron algún tiempo para negociar con el Gobierno argelino el transporte, la llegada y la hospitalización de Ghali y las condiciones de los mismos  El día 16, González Laya le dijo a su jefe de Gabinete que “se había tomado la decisión” de recibir a un Ghali gravemente enfermo de coronavirus el día 18 y le encargó que adoptara las medidas necesarias para facilitar su llegada con la máxima discreción y sigilo posibles. 

La ministra dio a Villarino dos contactos claves para realizar la labor encomendada: el primero era el teniente general Javier Fernández, segundo jefe del Estado Mayor del Aire –Defensa-, al que telefoneó ese mismo día para informarle de que el avión de Estado argelino llegaría a Zaragoza el día 18. El segundo era el jefe del Gabinete de Presidencia de la Comunidad riojana, Eliseo Pérez Sastre –Interior-, para informarle asimismo de la fecha y lugar de llegada del avión. Pérez Sastre -que debió recibir las corresponidientes instrucciones de Interior y no de Exteriores- ordenó al gerente del hospital de San Pedro de Logroño, Alberto Lafuente, que reservara una habitación en la UCI  para un paciente de coronavirus que venía del extranjero. Lafuente se coordinó con el Servicio de Salud de La Rioja para que enviara una ambulancia medicalizada al aeródromo militar de Zaragoza. La participación de Interior en la operación se pondría de manifiesto con la presencia de policías en el aeródromo, en el traslado en ambulancia a Logroño y en el hospital. Fue un gesto pueril del entorno de Ghali registrarlo con el nombre falso –que no falsificado- de Mohamed Batouche y entregar al mismo tiempo los datos médicos de un tal Ghali. Si lo que pretendían era engañar a los servicios secretos marroquíes –que campan por España como Mohamed por su casa-, no lo consiguieron. El único engañado fue el gerente Lafuente, que se enteró por los medios de comunicación de quién era realmente su ilustre enfermo cinco días después de su ingreso.

Circunstancias de la llegada de Ghali a España

He podido seguir los avatares de las peripecias de Ghali en España gracias a los amplios y detallados artículos publicados en “El Heraldo de Aragón” por Ramón J. Campo, que revelaban que el periodista tenía hilo directo con el magistrado Lasala y/o con los abogados denunciantes. Los artículos son muy completos e informativos, aunque contienen algunos errores, como de que el secretario general técnico de Exteriores, José María Muriel había firmado la autorización de aterrizaje del avión argelino -cuando el que lo hizo fue Villarino, por orden de García Laya- o que Ghali abandonó España por el aeropuerto de Pamplona sin mostrar su documentación a su salida –la presentó su hijo, que le acompañaba-.

El Gobierno no ha dado muestras de excesiva preocupación por estimar que la investigación prepotente de Lasala tiene poco recorrido, ya que nadie en la Administración cometió ningún delito. Sánchez declaró desde Nueva York –donde estaba participando en las sesiones de la Asamblea General de la ONU- que su Gobierno había hecho lo que debía, al dar respuesta a una situación humanitaria para salvar la vida de una persona, y que lo había hecho de conformidad con la ley. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, manifestó a la Sexta TV que desconocía quién concedió la autorización, pero que estaba absolutamente convencido de que González Laya y su equipo actuaron en todo momento conforme a derecho. La ministra-portavoz, Isabel Rodríguez, afirmó en rueda de prensa que el Gobierno, tenía un respeto absoluto por la Justicia, con la que estaba dispuesto a colaborar plenamente, y expresó su deseo de que el caso quedara resuelto cuanto antes.

Petición de la defensa de que se sobresea el caso

La defensora de García Laya y de Villarino ha pedido al magistrado instructor que anule la imputación de los dos encausados y sobresea el caso, por estimar que la investigación no era pertinente por cuanto los resultados de la misma no iban a aportar mayor aclaración sobre los hechos investigados que la que ya obraba en las actuaciones, con las declaraciones uy demás diligencias practicadas. La decisión de permitir la entrada de Ghali en España por razones humanitarias sin control de pasaporte era conforme a derecho, porque el Reglamento de Schengen permite a los Estados a autorizar a personas el acceso a su territorio por cualquier sitio, “siendo indiferente quién o quiénes tomaran la decisión, o quién o quiénes estuvieran al corriente del mismo”. La gravísima situación en que se encontraba el líder saharaui no permitía la menor dilación para su ingreso en un hospital y no existía ninguna decisión judicial en su contra que pudiera eludirse, ya que las querellas presentadas en su día contra él habían sido archivadas.

Concurrían razones justificadas y legítimas para que –al menos por el momento- el menor número posible de personas conocieran la presencia de Ghali en España y probablemente el Gobierno decidió informar más tarde a Marruecos, pero aquí  cometió un craso error político, pues no tuvo en cuenta la eficacia de los servicios secretos  del país vecino, que detectaron dicha presencia y le dieron, el máximo de publicidad a través de la revista “Jeune Afrique”, lo que permitió al Gobierno cherifiano rasgarse hipócritamente las vestiduras, sentirse apuñalado por la espalda por su socio español y tomar desmesuradas represalias con la invasión migratoria de Ceuta con mujeres y niños, maniobra que la salió mal porque, por una vez, la UE se solidarizó con España y condenó a Marruecos por asaltar una frontera exterior de la Unión. 

Según ha señalado la abogada González Bella, la citación de la ex-ministra obedecía a “una investigación prospectiva vetada en nuestro ordenamiento jurídico”, en una búsqueda de nuevos indicios. “No se están investigando indicios aportados al procedimiento, sino que se están buscando esos indicios”. La instrucción “tiene una extensión sin límites, dirigida a una indagación genérica sobre la posible comisión por los investigados de cualquier ilícito penal”. La dura crítica al magistrado estaba plenamente justificada, porque no existe indicio delictivo alguno, ni en la actuación de González Laya, ni en la de Villarino. Como creo haber demostrado en mi anterior artículo sobre “Elucubraciones de un juez con ansias de notoriedad”,  no existía la menor prueba o indicio de que cualquiera de los dos imputados hubiera cometido los delitos de prevaricación, falsificación de documento y encubrimiento para eludir la Justicia, de los que han sido acusados por los denunciantes y que el magistrado ha dado por buenas y considerado que debían ser investigados, pese a los defectos formales de la denuncia, que no se realizó mediante una querella, como debería haberse hecho. Sin embargo, Lasala sigue dilatando la investigación y ha citado a González Laya como imputada y  a Muriel como testigo para el 4 de octubre, y a Valldecabres y a Crisóstomo –asimismo como testigos- para el día 18, con objeto de seguir disfrutando frívolamente de un juguete que le permite aparecer a diario en los medios de comunicación regionales, a menudo en los nacionales y en algunas ocasiones en los internacionales. 

El ”Heraldo de Aragón” ha especulado –ignoro con qué fundamento- con la idea de que González Laya está valorando la posibilidad de declarar ante el magistrado que fue Pedro Sánchez el que tomo la decisión de aceptar a Ghali, con la oposición de Margarita Robles. Con independencia de lo que declare o deje de declarar González Laya, creo que ni ella ni Villarino vayan a ser condenados por los delitos por los que han sido procesados y, en el caso de la ex-ministra, podrá  alegar que –de acuerdo con la normativa española vigente- la política exterior del Gobierno queda al margen del control judicial ordinario. Más pronto que tarde, Lasala se verá obligado a sobreseer el caso por carecer de la más mínima prueba de la comisión por parte de los investigados de los delitos  por los que han sido denunciados y, si no lo hace e insiste en su farsa judicial, su sentencia será casada por la Audiencia Provincial tras la formulación del correspondiente recurso de apelación.