La descolonización del antiguo Sáhara Español se halla en punto muerto porque –después de la retirada unilateral de España en 1976 y del conflicto armado de Marruecos y Mauritania con el Frente Polisario (FP)- Marruecos ocupó militarmente la mayor parte del territorio. Tras la firma en 1991 de un armisticio entre éste y Marruecos supeditado a la celebración de un referéndum de libre determinación del pueblo saharaui, dicho referéndum no se ha llegado a celebrar por la oposición de Marruecos.

Descolonización bajo control de España

En la resolución 3162(XXVIII), de 14 de diciembre de 1973, la Asamblea General de la ONU reafirmó su adhesión al principio de libre determinación que garantizaba a los habitantes del Sáhara bajo dominación española la expresión libre y auténtica de su voluntad, invitó a la potencia administradora a determinar -en consulta con Marruecos y Mauritania, y de cualquier otra parte interesada, léase Argelia- los procedimientos para la celebración de un referéndum bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que permitiera al pueblo autóctono del Sáhara ejercer sin trabas su derecho a la libre determinación. Asimismo le instó a que recibiera a una Misión de la ONU y le diera las facilidades necesarias para que pudiera participar en la aplicación de las medidas que permitieran poner fin a la situación colonial en el territorio.

El 20 de agosto de 1974, el representante permanente de España ante la ONU, Jaime de Piniés, comunicó al secretario general, Kurt Waldheim que el Gobierno de España celebraría en el Sáhara Occidental un referéndum de libre determinación en el primer semestre de 1975 y que aceptaba el envío de una misión visitadora. Alarmado Marruecos, pidió a la Asamblea General que solicitara al Tribunal Internacional de Justicia una opinión consultiva en la que determinara los derechos de su país y de Mauritania sobre al territorio en el momento de la colonización española y, sorprendentemente, recibió el apoyo de Argelia y de Mauritania que hasta entonces habían criticado a España por no celebrar un referéndum, lo que agravaba la situación en la región. La Asamblea accedió a la petición marroquí y pidió al Gobierno español que suspendiera la celebración de la consulta.

En su informe de 10 de mayo de 1975, la Misión de Visita consideró que la Asamblea debería adoptar medidas para que el pueblo saharaui pudiera decidir su porvenir en completa libertad y en un ambiente de paz y seguridad. de conformidad con la resolución 1514(XV). Por su parte, el TIJ dictaminó el 16 de octubre de ese año que, aunque en el momento de la colonización española existían vínculos jurídicos de vasallaje entre el Sultán y ciertas tribus que habitaban el Sáhara Occidental, y derechos que implicaban vínculos jurídicos entre el conjunto mauritano y dicho territorio, “no demostraban la existencia de vínculo alguno de soberanía territorial entre el territorio de Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos, de un lado, o el conjunto mauritano, de otro”. El Tribunal estimó que debería aplicarse el principio de auto- determinación previsto en la resolución citada para a la descolonización del Sáhara.

Pese a la contundencia de la opinión del TIJ, el rey Hassan II alegó que el Tribunal le había dado la razón y lanzó la oprobiosa “Marcha Verde” -planificada por la CIA- para exigir a España la entrega a Marruecos del territorio. La grave situación existente en unos momentos críticos en que agonizaba Franco y se restauraba la monarquía en la figura del rey Juan Carlos I, llevó a la firma el 14 de noviembre de los Acuerdos de Madrid, por los que España ratificaba su intención de poner término en 1976 a sus responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental, y de instituir una administración temporal del territorio en la que participarían Marruecos y Mauritania, en colaboración con la Yemáa, a la que serían transmitidas tales responsabilidades y poderes, y a través de la cual se expresaría la opinión de la población saharaui. Con independencia de la presunta ilegalidad de estos Acuerdos y de su incumplimiento, resulta evidente que no llegaron a tener vigencia en España al no haber sido publicados en el BOE, como prevé el Código Civil.

La Asamblea General adoptó en diciembre la Resolución 3458(XXX), que suponía una “contraditio in terminis”, pues –mientras en su parte A) reafirmaba el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación y señalaba la responsabilidad de España y de la ONU en su aplicación-, en la parte B) tomaba nota de los Acuerdos de en Madrid, si bien pedía a la Administración provisional que permitiera a los saharauis ejercer su derecho de autodeterminación mediante una consulta libre organizada por la ONU. El 26 de febrero de 1976, el embajador Piniés informó a Waldheim que el Gobierno español daba definitivamente término a su presencia en el Sahara Occidental y se consideraba desligada de cualquier responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración del territorio, al cesar en su participación en la administración temporal. No obstante, añadió la importante coletilla de que la descolonización no culminaría hasta que la opinión de la población saharaui se hubiera expresado válidamente.

Descolonización bajo control de la ONU

Tras la retirada de las Administración y el Ejército de España se produjo la ocupación del Sáhara Occidental por las tropas marroquíes y mauritanas, y el FP se alzó en armas contra los ocupantes. En 1979 se firmó una Acuerdo de paz entre éste y Mauritania, y Marruecos ocupó la práctica totalidad del Sáhara. En su resolución 34/37, la Asamblea General deploró la agravación de la situación como consecuencia de la persistente ocupación por Marruecos y por de la ampliación de la misma al territorio evacuado por Mauritania, e instó a Marruecos que pusiera fin a la ocupación del territorio. Un año más tarde, en su resolución 35/19, la Asamblea General reiteró el llamamiento a Marruecos para que pusiera fin a la ocupación y pidió a éste y al FP que entablaran negociaciones directas, con miras a “llegar a una solución definitiva de la cuestión del Sáhara Occidental”. Esta adición introdujo un cambio fundamental en la situación, al pasarse de un llamamiento a Marruecos y al FP a que pusieran fin al conflicto bélico, a encomendar a ambos encontrar una solución al conflicto político, con lo que se otorgaba a Marruecos una legitimidad de la que hasta entonces careció.

En 1991 se llegó a un alto el fuego entre Marruecos y el FP, en el entendimiento de que –una vez superado el enfrentamiento militar- el conflicto político se resolvería mediante la expresión de la voluntad del pueblo saharaui a través de un referéndum. En su resolución 690(1991), el Consejo de Seguridad expresó su apoyo total a los esfuerzos del secretario general en relación con la organización y supervisión por la ONU -en cooperación con la OUA- de un referéndum de libre determinación del pueblo saharaui, y decidió, a tal efecto, establecer bajo su autoridad una Misión para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Marruecos puso todos los obstáculos posibles para impedir la celebración del citado referéndum –especialmente mediante su negativa a aceptar el excelente censo elaborado por la Administración española-, expulsó del territorios a muchos saharauis y facilitó la inmigración de miles de marroquíes procedentes de otras parte del reino, dificultó la actuación de la MINURSO y rechazó la razonable propuesta presentada por el representante especial del secretario general, Henry Baker. Aceptó de mala gana las conversaciones para buscar una solución al conflicto –aunque sin reconocer la legitimidad del FP- y negocio de mala fe, ofreciendo como solución única la concesión a los saharauis de una reducida autonomía dentro del reino alauita. Reforzó su control sobre la mayor parte del territorio gracias especialmente a la construcción de un muro de la vergüenza que atraviesa todo el país de norte a sur, y era consciente de que el tiempo transcurría a su favor. Así se llegó a la situación de punto muerto en la que nos encontramos en la actualidad.

Responsabilidad de la protagonistas

No hay un responsable único de la malhadada situación, sino muchos co-responsables. Los principales son España, Marruecos, el FP y la ONU, aunque también comparten considerable cuota de la culpa los países vecinos –Mauritania y Argelia-, potencias extra-africanas como Estados Unidos y Francia, y la UA.

Los Gobiernos españoles de distinto signo han mantenido que, desde su retirada del Sáhara Occidental en 1976, España no tenía responsabilidad alguna sobre su antigua colonia/provincia. Esta tesis quedó totalmente desarbolada por el Informe realizado en 2002 por el Subsecretario para Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell, quien mantuvo que los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España por sí sola no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la administración del territorio a Marruecos y a Mauritania en 1975 no había afectado la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo (TNA) y Marruecos no figuraba como potencia administradora en la Listas de TNA de Naciones. Unidas. Por tanto, al no haber sido transferida la soberanía del Sáhara ni a Marruecos ni a Mauritania, España seguía siendo “de iure” la potencia administradora y el territorio continuaba pendiente de descolonización hasta que su población hubiera expresado libremente su decisión a través de un referéndum organizado por la ONU.

Marruecos ha defendido que el Sáhara Occidental había formado parte del reino alauita a lo largo de la Historia, pero el TIJ puso de manifiesto la falacia de esta tesis y, si los Acuerdos de Madrid no le transfirieron la soberanía sobre el territorio, Marruecos no puede ser considerado parte del proceso de su descolonización, porque carece de cualesquier título jurídico, ya que la ocupación militar del territorio no puede ser considerada como tal, ya que de la injusticia no nace el derecho -“ex injuria nec oritur ius”-. Las partes son España y el pueblo saharaui, representado por el FP. Marruecos es la potencia ocupante del territorio, que administra “de facto”, pero no tiene derecho alguno a apoderarse de él sin contar con la autorización del pueblo saharaui libremente expresada mediante referéndum.

Esta tesis ha sido corroborada por los dictámenes del Asesor Jurídico de la UA, quien -en sendos informes de 2015 y 2017- ha sostenido que el Sáhara Occidental es un TNA con arreglo al artículo 73 de la Carta de la ONU y conserva su condición independiente y distinta de la metrópoli, hasta que el derecho de libre determinación de su pueblo haya sido ejercido plenamente a través de un referéndum. Marruecos nunca ha adquirido la condición de potencia administradora y su presencia en el Sáhara es considerada –tanto por la ONU como por la UA- como una ocupación. El Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de TNA y, como tal, conserva su status distinto y separado hasta el momento en que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la libre determinación.

Los saharauis han sido la principal víctima del conflicto. Su representante, el FP, ha cometido numerosos errores, como cuando atacó a España, incluso militarmente, pese a que el Gobierno español ya hubiera declarado su intención de celebrar un referéndum de autodeterminación. Con la ayuda militar, logística, política, económica y humanitaria de Argelia, el FP consiguió derrotar a Mauritania y soportar la presión del poderoso ejército marroquí, pero su potencial militar se fue reduciendo gradualmente y su posición política siempre ha sido débil, pues -aunque la República Árabe Saharaui Democrática haya sido reconocida por 82 Estados y sea miembro de la UA- no la ha reconocido ninguno de los miembros permanente del Consejo de Seguridad, ni ningún país occidental. La situación de los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf es lamentable y los saharauis no pro-marroquíes residentes en el Sáhara ocupado son oprimidos y discriminados por la autoridades de ocupación.

La ONU ha tenido una actuación vacilante y contradictoria. Pese a que todas sus instituciones hayan afirmado de forma reiterada el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación -expresado a través de un referéndum a celebrar bajo los auspicios de la Organización- y denunciado la ocupación ilegal del territorio por Marruecos, ha ido progresivamente matizando su posición y mostrando su simpatía por la oferta marroquí de autonomía limitada, tras el fiasco de la MINURSO. En sus resoluciones se ha ido difuminando la exigencia del derecho a la libre determinación y desaparecido la mención a la celebración de un referéndum, que ha sido substituida por la referencia una vaga solución política justa, duradera y aceptable por todas las partes. Muestra de su desinterés por el conflicto es que su secretario general, Antonio Guterres –antaño defensor a ultranza del derecho a la libre determinación de Timor Oriental- ha mostrado su simpatía por la postura de Marruecos y lleva más de año y medio sin nombrar un representante para el Sáhara Occidental desde la dimisión de Horst Köhler.

Entre las potencias no directamente implicadas destaca Estados Unidos, que –aunque siempre apoyaba a Marruecos –su principal aliado militar y político en África- había mantenido una aparente neutralidad, facilitando las conversaciones entre las partes, promoviendo el “Grupo de Amigos del Sáhara Occidental” y redactando los proyectos anuales de resolución sobre la cuestión sahariana. Sin embargo, cuando estaba ya con un pie en el estribo para abandonar la Casa Blanca, Donald Trump, hizo una irresponsable declaración que alteró el delicado equilibrio existente en la región, ya que reconoció la legalidad de la ocupación marroquí como contrapartida al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Afirmó que se había alcanzado un logro histórico, porque sus dos grandes amigos habían acordado establecer relaciones diplomáticas plenas. Con una lógica poco convincente, afirmó que, dado que Marruecos había reconocido a Estados Unidos en 1777, era apropiado que la nación estadounidense reconociera su soberanía sobre el Sáhara Occidental, y que “la propuesta de autonomía sería, creíble y realista” de Marruecos era “la única base para una solución justa/duradera para una paz y prosperidad perdurables”. Este mal ejemplo ha constituido un precedente que ha sido seguido por otros 22 Estados, incluidos tres países árabes -Jordania, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos-. Marruecos tenía una débil posición jurídica porque ningún Estado había reconocido la ocupación marroquí del territorio, pero el regalo navideño de Papa Noel Trump ha fortalecido su posición y provocado un endurecimiento de su intratable actitud.

Posible solución

La situación es sumamente complicada y la solución del conflicto tremendamente difícil, pero no imposible. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado que España no debe impulsar ninguna solución concreta en la cuestión del Sáhara Occidental, sino tan sólo apoyar a la ONU en la búsqueda de una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable por las partes”. España se sitúa así al margen como si el tema sólo le afectara tangencialmente. Sin embargo –como tuve ocasión de afirmar en 2011 y me excuso por la auto-cita-, España era algo más que un “amigo del Sahara”, ya que era la madre de un hijo discapacitado al que abandonó en manos del vecino, quien ocupó la casa materna e instaló en ella a parte de su familia. La desnaturalizada madre podía abandonar al menor, pero –por el hecho de informar de ello a la Policía- no quedaba exonerada de sus responsabilidades ante la Justicia. “España sigue figurando como potencia administradora y tiene en la actualidad una responsabilidad histórica, jurídica y –sobre todo- moral”. La antigua ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, ha afirmado, a su vez, que España no puede adoptar una postura pasiva y parapetarse tras las resoluciones del Consejo de Seguridad. “Tenemos una responsabilidad cualificada y corresponde implicarnos –el Gobierno, pero asimismo la sociedad- en la maduración de una salida al laberinto”.

Estamos, pues, obligados a buscar una salida y ésta sólo se puede conseguir mediante una negociación de buena fe. En su libro sobre “El arte de negociar”, el embajador Raimundo Bassols ha afirmado que, en toda negociación, hay unos “puntos de resistencia” o “líneas rojas”, que, si no se respetan, lleva a que los mismos negociadores prefieran que no se llegue a un acuerdo. El axioma básico en toda negociación es que “el acuerdo debe ser aceptable para todos los negociadores, porque consigan algo que les beneficie”. Todos tienen que ganar algo y todos tienen que ceder algo. En el presente caso hay dos líneas rojas, una jurídica y otra política. De un lado, es ineludible que se permita al pueblo saharaui ejercer su derecho inalienable a la libre determinación; de otro, Marruecos, Estados Unidos, Francia y los países de la OTAN nunca aceptarán la constitución de un Estado sahariano independiente.

De ahí que la única fórmula políticamente viable sea -a mi juicio- la integración del Sáhara Occidental en el Reino de Marruecos mediante la concesión al pueblo saharaui de la máxima autonomía posible en el marco de un Estado federal o de las Autonomías, como es el caso de España. El Gobierno marroquí conservaría las competencias en materia de Asuntos Exteriores, Defensa y Hacienda, y el Gobierno autonómico sahariano disfrutaría de las competencias de tipo económico, social y administrativo, y tendría un parlamento regional y sus propios tribunales. Habría que modificar la Constitución marroquí para articular jurídicamente el régimen autonómico y, a este respecto, España podría ayudar a Marruecos aportándole su experiencia. Esta decisión política seria corroborada jurídicamente por el pueblo saharaui cuando –en un referéndum de libre determinación celebrado bajo los auspicios de la ONU- aceptara su integración en un renovado Marruecos, con las consiguientes garantías internacionales.

Siguiendo el axioma enunciado por Bassols, todas las partes ganarían bastante, pero también tendrían que ceder bastante. Marruecos conseguiría el reconocimiento por la comunidad internacional de la incorporación del Sáhara Occidental al reino alauita, a cambio de conceder a los saharauis un amplia autonomía, y podría desarrollarse como un Estado de Derecho y fomentar su desarrollo económico, con la consolidación de la estabilidad en el Magreb y la ayuda de sus aliados internacionales. Los saharauis sacrificarían su derecho a la independencia, pero obtendrían en contrapartida un amplio autogobierno y la solución del problema humanitario de los refugiados y de los exilados en su propio territorio. España redimiría su culpa de incumplir su responsabilidad como potencia administradora y el compromiso asumido con el pueblo saharaui, y consumaría de forma satisfactoria el proceso de descolonización de su antigua colonia. La ONU preservaría el sagrado principio de la libre determinación de los pueblos y daría cumplimiento a su misión en el territorio. Mauritania y Argelia podrían colaborar con Marruecos en la fijación de las fronteras, en el relanzamiento de Unión Árabe del Magreb y en la consecución de la estabilidad y la cooperación en la región. Estados Unidos y Francia lograrían su objetivo de impedir la creación de un Estado artificial al sur de Marruecos y conseguirían la consolidación de la monarquía alauita y el establecimiento de una situación de estabilidad en una zona de gran importancia estratégica. La UA quedaría desbloqueada al resolverse el conflicto entre dos de sus principales miembros y podría concentrarse en su labor de fomento de la cooperación inter-africana.

Una solución justa del conflicto es enormemente difícil, pero resultaría realizable si hubiera voluntad política. Según el aforismo inglés,“where there is a will, there is a way” –“donde hay voluntad, se encuentra un camino”-. Si existiera voluntad política, se podrían encontrar vías jurídicas para solucionar un conflicto que dura más de lo tolerable. Es además una cuestión de justicia y todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y la posibilidad de aportar nuestro modesto granito de arena a al logro de una solución justa. Por eso, dediqué mi libro “El Sáhara Español: un conflicto aún por resolver” al “noble pueblo saharaui, en demanda de perdón a título personal, por los daños que España le haya podido infligir, y a la espera de que pronto se encuentre una solución satisfactoria al conflicto”.