Pedro Sánchez se ha propuesto controlar el Poder Judicial y domeñar a los jueces y, como se le resisten, hace cuanto puede para desprestigiarlos con la eficaz colaboración de sus socios independentistas y, para complacerlos, ha abierto la veda para la caza de los jueces salvajes que no se dejan domesticar. No se trata de un ataque genérico contra los jueces que osan enjuiciar a sus aliados, sino que son señalados con nombres y apellidos desde la tribuna del Congreso. Como ha observado Joaquín Manso, nunca se habían concentrado tantos insultos y afirmaciones calumniosas contra los jueces en la sede del poder legislativo, bajo la plena tolerancia de su presidenta, Francina Armengol, y del ministro de Justicia Félix Bolaños.

Aquelarre de calumnias contra los jueces en el Congreso

La precursora de esta grosera injerencia del poder legislativo en el judicial ha sido la impresentable portavoz de del “Junts per Catalunya”, Miriam Noguera,  que -intoxicada con su odio a España y a la justicia- ha lanzado sus venenosas invectivas no solo contra los jueces en general, sino contra personas concretas “nominatim”. En la sesión en la que se crearon una serie de Comisiones parlamentarias para revisar la actuación de los jueces, llamó “indecentes” a Carlos Lesmes, Manuel Marchena, Francisco Pérez de los Cobos, Pablo Llarena, Concepción Espejel, Pablo Llarena, Manuel García Castellón y Carmen Lamela, y aseguró que deberían ser cesados y procesados por prevaricar al perseguir a independentistas por su ideología. Concluyó su disparatada intervención afirmando que, en pocos países, podían los jueces decir que lo que votaba la gente o se decidía en el Congreso no valía nada y que los representantes políticos no podían tomar decisiones contra los togados franquistas. El portavoz del PP,  Miguel Tellado, señaló que la diputada había vertido palabras ofensivas contra varios  magistrados y pidió a la presidenta que apercibiera a la diputada y retirara tales palabras de las actas de la sesión, pero Armengol se negó de plano.

No eran de extrañar estos exabruptos porque habían sido compartidos al más alto nivel. Sánchez había afirmado en el Parlamento Europeo que era evidente que en España se habían producido casos de ”lawfare”, y sabía de lo que hablaba, porque él mismo había llegado a la presidencia del Gobierno gracias a un ”ober dictum” o “morcilla” introducido en la sentencia del “caso Gürtel” por el magistrado Ricardo de Prada, como constataron los Tribunales. La manzana podrida contagia a las demás frutas en el cesto y Sánchez contamina cuanto toca, en el Gobierno o en el PSOE, a cuyos miembros se les llena la boca con sus críticas a los ”fachas togados”, incluida su vicepresidenta, Teresa Ribera, que acusó en sede parlamentaria a García-Castellón de querencia a pronunciarse en momentos políticos sensibles, y concluyó afirmando -sin demudársele la color- que era muy importante respetar la separación de poderes, lo que notoriamente no hacía su Gobierno. Para que no cupiera la menor duda, el PSOE y JxC acordaron poner fin a la represión de los jueces contra los independentistas.

El aquelarre antjudicial alcanzó su punto culminante en la sesión del 30 de enero en la que se produjeron hasta 12 ataques directos y nominales a los magistrados. Noguera -que hizo cuatro menciones de los jueces incriminados- y todos y cada uno de los socios del Gobierno pusieron como objetivos de sus diatribas a Marchena, García- Castellón y Joaquín Aguirre. Nogueras afirmó que su partido asumía las responsabilidades sobre lo que dijera la justicia europea, porque allí no había “Marchenas”. Gonzalo Pisarello (Sumar) criticó a García-Castellón por ver terroristas y traidores a la patria por doquier;  Martina Velarde (Podemos) señaló que las derechas habían lanzado una “ofensiva judicial salvaje” contra la Ley de Amnistía; Jon Iñarritu (Bildu) censuró los movimientos oscuros de la extrema derecha en el ámbito judicial, dentro de la actuación concordada con jueces prevaricadores; y Néstor Rego arremetió contra las derechas y el aparato judicial a su servicio. Armengol ni se inmutó ante semejante cascada de improperios y rechazó la petición de la portavoz de Vox, Pepa Millán, a que pusiera coto a semejante atropello. Dando muestras de su sectarismo y doble estándar, Armengol retiró de las actas de la sesión del 15 de noviembre las afirmaciones de Santiago Abascal de que Sánchez pretendía dar un golpe de Estado contra la democracia, porque había que mantener el decoro de la Cámara, que; al parecer, solo se ve afectado por las palabras de los diputados de la derecha. Armengol seguía el mal precedente de su predecesora, Meritxell Batet, cuando retiro de las actas el aserto de Cayetana Álvarez de Toledo de qué Pablo Iglesias era hijo de un terrorista. No se trataba de ningún insulto, sino de la constatación de un hecho público y notorio,  reconocido por el propio Iglesias, que se vanaglorió de ello. Su padre demandó a la diputada por calumnias, pero los tribunales rechazaron la demanda.

El Tribunal Supremo (TS) se ha pronunciado al respecto en un caso similar, aunque diferente, al revocar una condena a un abogado que acusó de prevaricación al juez de la causa que llevaba, por ampararle el derecho a la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa. Aunque el Tribunal reconoció que las expresiones del abogado no solo eran desafortunadas e impropias, sino objetivamente ofensivas -pudiendo rebasar los límites de la libertad de expresión- no justificaban una condena penal. Ella no excluía la necesidad de proteger a los jueces de los ataques verbales ofensivos que pudieran recibir en el ejercicio de sus funciones, pero se debía tener en cuenta la proporcionalidad de las acusaciones, la injerencia litigiosa, el tenor de las expresiones y el contexto en el que fueron formuladas.

No estoy de acuerdo con esta sentencia, porque condona el hecho de que calumniar, injuriar e insultar a los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales está amparado por la libertad de expresión. Según el artículo 105 del Código Penal, es calumnia “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, y esto es lo que han hecho algunos diputados, que no se han limitado a criticar una determinada la sentencia -lo que estaría en su derecho-, sino que han acusado a jueces concretos de haber cometido el peor de los delitos que pueda cometer un juez -la prevaricación-, y descalificado sus personas y sus actuaciones” in toto”, a sabiendas de la falsedad de sus acusaciones. Conforme al artículo 208, es injuria “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona,  menoscaban su fama o atentan contra su propia estimación”. Si cupiera alguna duda sobre la comisión por los diputados de un delito de calumnia, creo que no hay la menor duda de que han cometido un delito de injuria, con el agravante añadido de haber sido realizados al amparo de su inmunidad parlamentaria y desde el hemiciclo. Los diputados gozan de inmunidad por los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones y, entre éstas, no creo que figuren las de calumniar o injuriar a los jueces. El Ministerio fiscal -una de cuyas misiones es garantizar la independencia judicial- debería demandar de oficio a los diputados calumniadores.

Todas las Asociaciones de jueces y de fiscales han rechazado estás incalificables acusaciones, e igual ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, mediante una descafeinada declaración institucional, por mor de conseguir la unanimidad de sus miembros. El Consejo ha condenado con firmeza los ataques contra varios jueces por algunos diputados del Congreso y afirmado que debe asegurarse en las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia judicial y evitar descalificaciones que minen la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. En el proyecto elaborado por la mayoría de los consejeros se instaba a Armengol a que evitara críticas desmedidas a los jueces y hacía un llamamiento a la contención del Gobierno. Esta razonable demanda fue rechazada por los consejeros de la minoría, pese a ser evidente que la presidenta, no solo no era neutral en su puesto institucional, si no que bordeaba la prevaricación con sus decisiones. Era consecuencia normal y lógica de la colonización por el Gobierno de todos los puestos institucionales con personas totalmente entregadas al líder supremo, llámense Armengol, Conde-Pumpido, García Ortiz o Gabilondo.

¿De quién depende la Fiscalía General?: Del Gobierno, por supuesto

Hemos asistido a un episodio auténticamente vergonzoso, en el que se ha puesto de manifiesto la total sumisión al Gobierno del fiscal general, Álvaro García Ortiz y de sus corifeos. La Fiscalía General ha recurrido el auto de García-Castellón que elevaba al TS la investigación del “caso Tsunami”, al decidir que había indicios suficientes para estimar que se habían cometido actos de terrorismo por parte de aforados, como Carlos Puigdemont y Rubén Wagensberg. Semejante decisión fue sometida a la consideración de la Junta de Fiscales del TS. El ponente del caso, Álvaro Redondo, elaboró y firmó el 26 de enero un informe que entregó a su jefe, Fidel  Cadena, que lo encontró satisfactorio. El fiscal aseguraba hasta en cinco  ocasiones que las actuaciones de «Tsunami Democratic” (TD) tenían encaje como delitos de terrorismo. La participación de Puigdemont en actividades que afectaron a bienes jurídicos con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos, podía considerarse ”como ilícito penal y, concretamente, como directo de terrorismo”, que había afectado gravemente a los derechos humanos.

“De los hechos relatados resulta que la finalidad de todas las actuaciones de Tsunami Democratic orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices, apoyo público y privado, y patrocinio intelectual y ético de Puigdemont, no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras económicas de España, obligando a los poderes públicos a negociar la autodeterminación de Cataluña, alterando gravemente la paz pública al causar dicha desestabilización, y elegir públicamente tal negociación claramente inconstitucional, lesionando por ello gravemente la integridad física y moral de los ciudadanos y afectando gravemente a su libertad personal”. El asalto al aeropuerto del Prat no se debió a iniciativas espontáneas de un grupo, sino que fueron  planificadas y llevadas a cabo en el seno de una organización violenta, y no solo afectaron a la paz pública, sino que constituyeron atentados contra la misma. “No se constriñe a invadir instalaciones alterando su funcionamiento y poniendo en peligro la integridad física de las personas, sino que se proponen y consiguen paralizar totalmente y desmantelar nuclearmente instalaciones críticas, causando el cese total del funcionamiento de las infraestructuras esenciales para la convivencia pacífica y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos”.

El día 30, Redondo se reunió en privado con García Ortiz, y no sabemos lo que le diría, pero el veterano fiscal se cayó del caballo y comentó a algunos colegas que había cambiado de opinión, y no sólo no veía qué Puigdemont hubiera cometido actos de terrorismo, sino que tampoco los miembros de la CDR que habían sido encausados por la Fiscalía por terrorismo los habían realizado, cometiendo a lo sumo un delito de desórdenes públicos que no tenía encaje el artículo 573 del Código Penal. En consecuencia, firmó ese mismo día otro informe en el que mantenía justamente lo contrario, pues los indicios resultaban demasiado abiertos para poder afirmar que concurría la situación procesal que permitiría razonablemente que el TS asumiera la competencia de instruir el caso. Justificó su giro copernicano en horas 24 como fruto de un profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos relatados en la exposición razonada. Jorge Bustos le ha preguntado qué argumentos usó García Ortiz para que quebrara su conciencia hasta el punto defender lo contrario a lo que había mantenido la víspera, y le dijo que, con él en Berlín, el capricho del emperador Federico II no habría conocido límite. Según su compañero y amigo,  Salvador Viada,  Redondo había elaborado cautamente dos informes radicalmente diferentes, siguiendo la teoría “Groucho-marxista” de “éstos son mis principios, pero, si no le gustan, tengo otros”. El segundo informe fue debatido durante horas en la Junta y fue abrumadoramente rechazado por 11 de sus 15 miembros, que apoyaron la tesis de García-Castellón.

 Entre la minoría discrepante se encontraba el otro jefe de Redondo, Joaquín  Sánchez-Covisa, por lo que el fiscal general ha invocado el artículo 24 del Estatuto del Ministerio Fiscal, conforme al cual, en caso de discrepancia entre dos jefes, la cuestión debería ser resuelta por un tercero, y García Ortiz ha pasado la pelota a su sobresaliente de espadas, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde – progresista de pro- que tendrá que decidir pese a no ser miembro de la Junta, ni haber participado en los debates sobre el tema. No se trataba de una discrepancia entre dos jefes, sino de una diferencia de opinión entre 4 y 11 fiscales, y -como ha observado Viada- en casos semejantes, el fiscal jefe siempre se había plegado a la decisión de la mayoría, aunque no creo que esto vaya a ocurrir ahora, porque es mucho lo que está en tela de juicio y García Ortiz está totalmente entregado al Gobierno. Está por ver lo que decida su número, pero, me temo lo peor. Como ha observado el antiguo fiscal general socialista, Eligió Hernández, no hay precedentes de que en dos informes de un mismo fiscal se mantengan posiciones contradictorias, y menos si han sido inspiradas por el fiscal general. El auto de García Castellón es incuestionable, porque un atentado contra la integridad personal que afecte al orden constitucional y la tenencia de explosivos son sin duda actos de terrorismo. Estas desorbitadas diferencias de  opinión exigen una explicaciones por parte del fiscal general, que ha quedado totalmente desacreditado por sus pares, como también lo ha sido Sánchez -jurista de reconocido prestigio y vértice del nuevo Poder Judicial-, que afirmó estar convencido de que los jueces no condenarían a ningún independentista  por terrorismo, porque ningún independentista era terrorista ¿Es un deseo o una orden? 

Temor de Europa a los ataques de Sánchez al Estado de Derecho

El rechazo por JxC de la Ley de Amnistía ha dejado descolocado al Gobierno y al PSOE, cuyo principal objetivo en esta legislatura era salvar como fuera al soldado Ryan-Puigdemont, no por los méritos del amninistiable, si no por la supervivencia de Sánchez. De aquí que la prioridad máxima del Gobierno sea lograr que aquél se deje amnistiar, para lo que tiene al equipo de ingeniería política de la Moncloa rascándose el cerebelo para tratar de encontrar la fórmula salvadora. Pensó en modificar la definición de terrorismo para que en modo alguno pudiera afectarlo adversamente, pero -si bien no había problemas en modificar una vez más el Código Penal- resultaba más difícil cambiar la definición establecida en el Convenio Europeo de Terrorismo o en la Directivas de la UE sobre el tema. Exploró entonces la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para volver a poner un plazo máximo a la instrucción por los jueces de los casos a  investigar, para que éstos no tuvieran tiempo material de terminar la instrucción de los sumarios de los CDR y de TD, y debieran exonerar al imputado Puigdemont. Habituados a los continuos y súbitos cambios de opinión del amado líder, no les importaba caer en la contradicción de volver a la norma vigente durante el Gobierno del PP, que Sánchez había criticado porque limitar el tiempo de la instrucción era una incitación a la impunidad, ya que no concedía tiempo suficiente para investigar todos los casos de corrupción del PP. El problema era que la contrarreforma no parecía satisfacer al el sombrerero loco, quien ha mantenido un pertinaz silencio, si bien ha hecho saber que solo admitirá una amnistía que le exonere de cualquier tipo de delito.

En sus correrías contrarreloj como el conejo de Alicia, el Gobierno de Sánchez se está enfrentando con las autoridades de la UE y está desprestigiando cada vez más a España e incurriendo en toda clase de ridículos. Así, la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo ha aceptado una enmienda a la Directiva sobre la lucha contra la corrupción, por la que se prohíbe conceder indultos o amnistías a los autores de delitos de malversación de caudales públicos. Los socialistas trataron de colar una enmienda para exonerar de esta obligación a las autoridades autonómicas y municipales, pero no tuvieron éxito y votaron, sin vergüenza, en contra de la Directiva.

En Europa preocupa cada día más la deriva del Gobierno español en deterioro del Estado de Derecho, especialmente por su inacción ante los intentos de injerencia de Rusia para desestabilizar la UE. El Parlamento Europeo aprobó el día 8 una resolución sobre la injerencia rusa por 433 votos a favor, 56 en contra (partidos independentistas, Sumar, Podemos y demás fuerzas anticapitalistas) y 18 abstenciones. La Eurocámara se ha mostrado sumamente preocupada por la supuesta relaciones entre los secesionistas catalanes y la Administración rusa, así como por las campañas de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña y por los intensos contactos y reuniones entre los mismos y los agentes responsables de dichas injerencias. Ha pedido a las autoridades judiciales competentes que investiguen eficazmente las conexiones de los eurodiputados presuntamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la UE y en sus Estados miembros,  y a las autoridades del Parlamento que investiguen e informen sobre si los eurodiputados señalados violaron alguna de las cláusulas del Código de Conducta de la Eurocámara, a cuyos efectos han instado a los europarlamentarios catalanes a que envíen información sobre su conducta al Comité Consultivo Han señalado que secesionistas que han mantenido relaciones con personalidades cercanas al Kremlin exigen que se les conceda una amnistía. La Eurocámara ha deplorado los ataques que se están realizando al juez que está investigando  el “caso Voloh”.

Los eurodiputados españoles del PP y de Ciudadanos han conseguido que se introduzcan en la exposición de motivos referencias explícitas a Puigdemont, quien, en la  víspera de la declaración unilateral de independencia, se entrevistó en Barcelona con el emisario ruso Nicolai Sadobnikov. Los socialistas votaron en contra de las enmiendas en las que se mencionaba explícitamente a Puigdemont y las que solicitaban que los eurodiputados catalanes enviaran información al Comité Consultivo sobre el Código de Conducta. El PSOE no tuvo más remedio que votar a favor de la resolución, para no separarse de los partidos socialistas del Parlamento. Según el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, Puigdemont y la causa separatista catalana han quedado señalados ante  los ojos de toda Europa. “Es una vergüenza que el PSOE vote investigar aquí y amnistiarle en Madrid. Siete votos no valen tanta indignidad”.

Sánchez ha visto culminada su semana de pasión con la visita a Madrid de los representantes de la Comisión de Venecia, a la que el Senado ha solicitado un dictamen sobre si la proyectada Ley de Amnistía es conforme con el Derecho europeo. Los “venecianos” se están  entrevistando con las autoridades políticas y judiciales que se dejan, entre las que no figura el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que ha solicitado y recibido amparo de la Mesa del Congreso para eludir el encuentro,  alegando que no es un político. Aunque sí lo sea -ya que pasó sin solución de continuidad y a través de puertas giratorias de la Subsecretaría de Administración Territorial a la jefatura del servicio jurídico del Congreso-, precisamente porque es un supuesto técnico, no debería de tener reparo en facilitar información sobre las entretelas jurídicas de la Ley y por qué había estimado que no era contraria a la Constitución, en que la opinión de los demás letrados. Tres de las Asociaciones de Jueces formulado sus críticas a la Ley, mientras que la Asociación de Jueces para la Democracia -muy cautos ellos- han manifestado que es prematuro emitir una opinión sobre un texto que aún no ha sido aprobado. La Comisión espera tener su informe listo para el 15 de marzo.

La pelota ha pasado ahora de nuevo a la cancha de la Comisión de Justicia para “darle a la Montse otra oportunidad”. El Gobierno reafirma que la Ley es impecable y no tiene margen para hacer más concesiones, pero sí Puigdemont no cede, las hará, pues las infranqueables líneas rojas son meramente indicativas, y Sánchez es campeón olímpico de salto de vallas. Según Manso,  JxC no hará caer a Sánchez, pero esta semana, por primera vez, “comprobamos esperanzados lo difícil que es consagrar la impunidad y la arbitrariedad en el marco de valores del Estado de Derecho, que delinean nuestro sistema constitucional y la Unión Europea”. Para Lucía Méndez, el Gobierno pretende que los jueces que condenaron a los responsables del procès asuman que su actuación en aquellas causas fue política y que ahora todo aquello debe olvidarse porque es mejor para todos. Se les pide que asuman con entusiasmo una ley que conlleva amnesia y olvido para favorecer el mandato de un Gobierno progresista y la reconciliación en Cataluña. Las Cortes hacen las leyes y los jueces las cumplirán, pero siempre tendrán un margen de discrecionalidad y capacidad de decisión. Por utilizar los recursos que les da la propia ley, no pueden ser acusados de injerencia política. Son las reglas del Estado de Derecho, que nunca ha asumido Puigdemont. Sánchez no atendió el sabio Consejo de Fernando Vallespín de que no se  enfrentara al Poder Judicial y lo va pagar. Su plan para amnistiar a sus socios independentistas está topando con un estado de opinión crecientemente contrario en la UE, que está muy preocupada por las operaciones rusas destinadas a socavar la democracia en Europa y la batalla es crucial para la supervivencia de los valores europeos.  Según “El Mundo”,  mientras en España se ataca a los instructores de las causas del procès, la UE envía un mensaje inequívoco de apoyo a los mismos. A Sánchez le va a ser cada vez más difícil explicar ante Europa una amnistía que beneficiará a quienes colaboraron con Moscú para desestabilizar nuestro país en un impúdico intercambio de impunidad por poder.