Nunca estuvo cómodo el totalitarismo dentro de las instituciones democráticas, porque su finalidad ontológica es destruirlas, vaciándolas de contenido. El ADN totalitario se expresa mucho mejor en la oposición, en la destrucción, necesitan demoler todo orden de convivencia preexistente para instaurar su propio régimen. Pero para demoler los cimientos morales de una sociedad democrática requieren una excusa creíble -un enemigo poderoso- y su problema es que cuando están en el poder no la tienen: el poder son ellos. Por eso nos resulta tan chocante que sea un partido del gobierno quien legitime -y aliente- la violencia callejera por el caso Pablo Hasél contra del Estado de Derecho. Pero el totalitarismo -por definición- no tolera contrapoder alguno, ni ningún equilibrio entre poderes que garantice la democracia, e impida precisamente el totalitarismo. Por eso tiene ese doble juego, dentro y fuera: o yo controlo las instituciones, o las derribo. El colmo ha sido la Generalidad de Cataluña, que ha criticado duramente la actuación de la Policía Autonómica, que solo depende de la Generalidad de Cataluña.

Reconozco que no me ha sorprendido descubrir que en España también tenemos un gobierno “fascista”, como ha dicho Echenique con su defensa twittera de los “jóvenes antifascistas” que combaten contra la policía de Marlaska. Aunque lo correcto sería decir que tenemos un gobierno totalitario, lo de fascista o comunista son viejos apellidos que solo nos distraen de lo esencial: que el totalitario usa todo lo que tiene a mano en contra de la sociedad democrática. No solo usa a la propia democracia-la demagogia-, también a las instituciones. Y ahora la calle: la violencia. La desesperanza juvenil. Todo vale para sustituir al estado de Derecho por su santa arbitrariedad, máxima manifestación patológica del poder, y máxima aspiración totalitaria. Y hacerlo desde el gobierno es ya el colmo del cinismo. No hay nada más, ni siquiera ideología.

El fondo del asunto no resiste el mínimo análisis, un rapero violento y reincidente, que ha agredido a dos personas -que sepamos- y ha sido condenado por ello. Como no es “violencia de género”, esta violencia se legitima, y se utiliza la respuesta institucional para cuestionar a esas mismas instituciones -poder judicial- que no gustan a Podemos. Solo los partidos políticos -salvo Vox- son democracia, proclama Iglesias con unas dosis de cinismo inverosímil. Podemos ha actuado según la pauta de Stalin: acusar a un enemigo ficticio del crimen que él mismo estaba a punto de cometer. Echenique acusa al “fascismo” de atentar contra la libertad de expresión, e inmediatamente Pablo iglesias pide en el Congreso “elementos de control” sobre los medios de comunicación. Resulta obvio que la libertad de expresión que defienden es la suya; y que la de los demás debe ser abolida. Pero no caigamos en distracciones. Porque lo que ahora está en juego con el caso Pablo Hasél no es solo la libertad de expresión, sino algo más crucial: la legitimidad del Estado de Derecho. El pulso de Podemos incendiando la calle no es a Vox, sino al PSOE de Sánchez. Ahora se acusan mutuamente de fascistas, tendría gracia la cosa. Con su silencio de tres días ante la violencia callejera extrema Sánchez solo pretendía desmarcarse de esa velada acusación podemita de ser “fascista”. Luego ellos acusaron a Podemos, veladamente, de lo mismo. Lo malo es que ambos los son: totalitarios. Entre pillos anda el juego.

Las masas aturdidas de desesperación son la baza de un Podemos en caída libre en las encuestas, cuya salvación pasa por la urgente desactivación democrática, por el avance totalitario en España. Pero lo triste del asunto es que nos da igual que Sánchez se reparta el Poder Judicial con Iglesias, o lo haga con Casado. Los españoles no nos escaparemos, en ninguno de los dos supuestos, de un nuevo avance totalitario contra los cimientos de nuestra ya herida y postrada democracia. No, no es fascismo. Es totalitarismo. Y el apellido que lleve es lo que menos nos importa.