Nadie que yo sepa hasta la fecha puede afirmar que alguna vez se haya cometido un fraude electoral en la España de la democracia. Lo que sí sabemos es que en los últimos 20 años se ha incumplido de forma sistemática la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) de manera tan flagrante, nítida y rotunda que, en caso de haberse perpetrado, quedó impune.
Tampoco tengo la seguridad de que fuese posible a día de hoy someter a verificación cada uno de los procesos electorales registrados (por ejemplo, si alguien deseara realizar una tesis doctoral o un trabajo académico sobre la reciente historia), pues no tenemos la certeza de que las actas se hayan conservado ni dónde yacen.
Caso de haberse conservado en algún oscuro almacén de cada circunscripción electoral, la primera y mejor prueba de que la Ley se ha incumplido desde dos décadas atrás es que la inmensa mayoría de los sobres que contienen esas actas permanecen aún cerrados porque nadie en su día los abrió. Y esa es tarea taxativa e inexcusable encomendada a las Juntas Electorales Provinciales, que la obviaron en cada ocasión.
Después de muchos años de pelea con este asunto y de haber logrado el reconocimiento expreso de la Junta Electoral Central de que los sobres han de abrirse uno por uno, en las últimas elecciones generales asistí a un escrutinio general donde la burla alcanzó cotas difíciles de igualar, pues sí se desgarraron todos los sobres delante de los presentes, pero acto seguido se volvían a guardar, obviando la segunda parte del mandato legal, que consiste en proceder al recuento y suma de los datos que figuran en esas actas de papel y no en los ordenadores, cuyos datos, transmitidos mediante tablets digitales, pertenecen a un proceso electrónico de una empresa al servicio del organizador de las elecciones (o sea, los gobiernos) sobre el que las Juntas Electorales carecen de cualquier control.
Para algo, al menos, ha servido nuestra insistencia, yo creo, pues ha advertido a muchos (también a los sospechosos) de la existencia de tan obvia irregularidad, lo cual a su vez ha tenido un efecto disuasorio en la medida en que ahora existe el riesgo de que alguna vez haya quien se empeñe en exigir el cumplimiento de la ley y eso haría zozobrar la nave de todo lo actuado.
Lo peor de todo esto no es que incluso los partidos te traten de conspiranoico (y cosas aún peores) o el desdén con que nos han tratado durante años cuando denunciábamos lo que era evidente y que terminó por reconocer hasta la autoridad electoral. Lo peor, digo, es que nos obligan a ubicarnos en la mente de los posibles delincuentes para tratar de adivinar de qué manera podrían actuar si quisiera alguien perpetrar un pucherazo, así que estoy cansado de que me coloquen, o nos coloquen, en una situación perversa e indeseada para la que no estamos completamente preparados ni disponemos de los medios ni de la legitimidad necesaria para penetrar a fondo.
Mientras nos mantienen así, cualquier cosa que digamos sonará a especulación o a mera hipótesis, a la vez que nos exigen pruebas de algo que ni siquiera aseveramos, sino que consideramos posible porque la ley se incumple. Y esto es lo que afirmo: la ley se ha incumplido con casi absoluta impunidad.
Al menos, repito, la presión ejercida ha servido para obligarles a considerar otros modos de actuar. La herida del incumplimiento de la ley en la manera exacta de realizar los escrutinios de las actas ha dejado a la intemperie muchos riesgos y quizás en las pasadas elecciones de EE.UU. hubo que ensayar una combinación de fórmulas nuevas y otras ya sabidas para producir un nivel de confusión suficiente que dejase como poco en el alero el resultado final, a sabiendas de que hasta para un poderoso presidente americano es muy difícil revertir un resultado aparente ofrecido a primera hora.
El conflicto en las presidenciales procedió de una combinación de polémicas actuaciones en dos elementos claves del proceso: la digitalización de datos (cosa que ocurría y ocurre aquí y de ahí nuestra insistencia en que la autoridad electoral recuente y sume los datos de las actas de papel, como nuestra ley exige) y, ¡oh, Dios mío!, el voto por correo, que en España no había representado hasta la fecha mayor problema.
Ocurre que Correos ya no es el Estado y ni siquiera sus empleados son funcionarios facultados y obligados a cumplir con una obligación superior, sino que se trata de una empresa participada por el Estado y sus trabajadores no están sujetos al riguroso estatuto y responsabilidades que les eran exigibles cuando la LOREG se elaboró.
La cadena de custodia, pues, está ahora en manos de votantes indistinguibles de usted o de mí y ni siquiera si le añadieran que la cadena de traslado estuviese custodiada por la Policía o la Guardia Civil quedarían a salvo de posibles acrobacias cientos de sacas o de cajas con los votos emitidos, razón por la que la Ley ordena que los votos se destruyan tras ser recontados por los miembros de cada mesa electoral, dejando como único testimonial de validez las actas firmadas por los miembros de la misma. Piensen, por ejemplo, lo ocurrido con las famosas mochilas y bolsas de deportes que aparecían allí o acullá en distintas Comisarías tras los atentados de Atocha.
La cuestión no es baladí, porque ahora no te exigen ni el DNI para votar por correo y esos votos (¿por qué no otros muchos también?) viajarán (o no) hasta cada colegio electoral y serán introducidos en cada urna apenas se abran los colegios y, a partir de entonces, se habrán incorporado a una suma que también quedará fuera del alcance de la autoridad electoral cuando tres días más tarde inaugure el procedimiento de escrutinio general, el cual, como se ha dicho, de todos modos se incumple.
La confusión, pues, aviso, está casi garantizada y de poco o nada servirán todos los agentes electorales y apoderados de que dispongan los partidos acechantes, porque cuando éstos pretendan intervenir, la operación ya habrá sido consumada y esos votos se habrán incorporado no sólo al río electrónico de datos de la empresa en cuestión, sino que esta vez también figurarán en las actas de papel, único soporte de contraste que hasta ahora existía, aunque no se utilizara por mera dejación o irresponsabilidad.
Las discordancias que pudiera haber las tendría que explicar el maestro armero. A mí, que me registren, pero el juego de la confusión queda inaugurado y mañana sábado termina el plazo para votar por correo.
Si de mí dependiera, me gustaría saber mañana mismo el número de votos emitidos, porque a partir de ahí y hasta el día 4 de mayo van diez días con las cajas y las sacas de miles de votos almacenadas en oficinas bajo el control de un amigo personal de Sánchez con la misma acreditación para ocupar ese cargo que el fantasma del Louvre.
He dicho.
PD: A la hora de entregar este artículo para su edición y publicación aún no se conocía que la Junta Electoral Central ha ampliado esta misma mañana el plazo para votar por correo hasta el día 1 de mayo, lo cual representa un elemento similar al introducido en algunos estados durante el proceso de las presidenciales norteamericanas que contribuyó decisivamente a la inmensa confusión desatada en relación a los resultados.
