Dada la tozuda e inabarcable desfachatez del ególatra que preside el Consejo de Ministros, poco cabe esperar de su futuro comportamiento político.

En una lógica normal, uno puede imaginar que, según se vaya aproximando el final de la legislatura (pongamos que ocho o diez meses antes), tanto él como su socio comunista y resto de apoyos ocasionales de enemigos declarados de la Constitución y también de España, comenzarán a revelar impostadas diferencias y fracciones mutuas hasta ahora no afloradas y que al parecer les separan, aunque por el momento todo son subterfugios, cesiones y excusas para justificar la permanencia en el poder de ambos.

Cabe, no obstante, a tenor de cómo olfateen el panorama, que se planteen incluso acudir en una coalición electoral que les favorezca mediante la Ley D’Hondt, no lo descarten.

Pero cabe también, esto es más serio, que para entonces hayan desmontado todo el aparato de control de las instituciones, de forma que se haga imposible la revisión y vigilancia de los mecanismos electorales, abandonados ya a estas alturas a la suerte indecente e idiota de una autoridad electoral que desde hace veinte años no cumple con la misión que la Ley le encomienda simplemente porque no les sale de las narices.

Creo no haberme pronunciado nunca con tanta contundencia al respecto, pero es que ya les vale con tanto juego sucio y ocultación de sus enrevesadas maneras para evitar cumplir con la función que la ley les encarga rotunda y taxativamente. Da igual si se trata de un acuerdo de silencio logrado con los partidos mayoritarios o con todos a un tiempo, siempre con razones y argumentos torticeros que no lograrían salvar nunca el mandato expreso de la LOREG.

Pero lo cierto es que si hasta la fecha nadie ha conseguido, ni siquiera la Junta Electoral Central, que sus órganos inferiores acaten y cumplan con la norma de modo escrupuloso como la propia Ley exige, menos aún lo harán cuando les suelten todas las amarras y los dejen con una competencia absurda y disminuida flotando en mitad del temporal que previsiblemente se nos avecina.

La inconsciencia, la ingenuidad, la torpeza, la ciega y absurda confianza en el uso de la tecnología, la frívola irresponsabilidad, la voluntad de obtener los resultados cuanto antes, la vagancia, el compadreo o sea cual sea la excusa de fondo que les ha llevado todos estos años a esa continua dejación en la misión otorgada en exclusiva a las juntas electorales provinciales, con sus respectivos presidentes a la cabeza, sólo les concederá como premio, en el mejor de los casos, ser apartados de semejante tarea de garantes de la limpieza democrática y ser liberados de la fatigosa tarea de recuento y escrutinio acta por acta de los resultados.

Si las elecciones no son limpias, y hay motivos mucho más que abundantes para pensar que no lo vienen siendo en diverso grado desde hace años por interferencia política y financiera, todo lo demás nos sobra. Pero al menos no debiera haber ni un sólo presidente de una JEP en España que a estas alturas desconozca que el método empleado para el fraude en las elecciones presidenciales de México en 1988 ha variado muy poco, como estamos viendo ahora en el caso de EE.UU.

La aparición de la informática en los procesos de recaudación y conteo de votos pusieron de manifiesto tan pronto como en aquel lejano 6 de julio de 1988, que la posibilidad del fraude es tan obvia y abultada que no puede ser menospreciada por unos órganos que en España resultan ser el garante último infalible de todo el sistema electoral…, siempre y cuando cumplan con su labor. Y no lo hacen.

Al paso debe recordarse que lo sucedido en las elecciones mexicanas de aquel año fue posible gracias a los cambios legales necesarios que se habían introducido en los meses previos para adaptarlo al nuevo procedimiento. O lo que es lo mismo, para evitar que el candidato no oficialista, Cuauhtémoc Cárdenas, pudiera arrebatarle la presidencia al candidato del sempiterno PRI, Carlos Salinas de Gortari.

Años después, el hasta entonces presidente Miguel de la Madrid, así como el ex ministro de la Gobernación (Interior) Manuel Bartlett, reconocieron de cabo a rabo el pucherazo perpetrado por el aparato priísta, hasta entonces en el poder desde 1946 de forma ininterrumpida.

En el caso de España, ni siquiera sería necesario efectuar esos cambios en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General habida cuenta la voluntaria falta de disposición consolidada de las JEP para llevar a cabo su tarea, pero tengo el olfato lo suficientemente avisado para pronosticar que Sánchez y sus secuaces comunistas no querrán dejar abierta la puerta a que, llegada la ocasión, una JEP pueda hacer valer la ley en uso de sus facultades.

No les pretendo entretener aquí y ahora con los detalles de cómo se produce toda esta dejación tan grave que a mi limitado juicio incurre en varios ilícitos penales muy graves, pero sepan que la Ley electoral española es de 1985 y no está adaptada, por fortuna, a los términos de la tecnología informática, así que la autoridad electoral no puede encontrar refugio, al menos por ahora, en ningún rincón legal que les apadrine tanta inconsistencia irresponsable.

Si algún día nos anuncian que pretenden adaptar la ley a esa tecnología, tengan por seguro que estarán anunciando el funeral de la democracia. Trump está empeñado en demostrar que en EE.UU. están queriendo acelerar ese entierro y Biden es su Salinas de Gortari.

He dicho.