Tras las decisiones del Congreso de los Diputados y del Senado de España de que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, había sido el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, el Parlamento Europeo (PE) lo ha reconocido como “presidente legítimo y democráticamente elegido”.

Venezuela, una dictadura de libro

Según la adivinanza popular, “blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe, con pan se come y a la calle se tiran los cascarones”. ¿Qué es? Contrariamente a lo que estarán ustedes pensando, para el Gobierno de España no es un huevo. En el caso de Venezuela -como en el de la Cuba castrista- la dictadura que padecen desde hace años los pueblos cubano y venezolano no es tal para el Gobierno del Sánchez, sino una democracia popular, populista y progresista, y malhaya sea quien ose decir lo contrario. A la ministra de Defensa, Margarita Robles, le han llovido las críticas  por recordar a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país por la dictadura en que vivían. Los jerarcas venezolanos le han dicho a Margarita de todo menos bonita. El canciller venezolano, Yván Gil, ha llamado en consulta a su embajadora en Madrid y convocado al embajador español en Caracas para cantarle las 40 ante semejante afrenta. “No permitiremos ninguna acción injerencista por parte del Gobierno de España en asuntos que son competencia exclusiva de los venezolanos y las venezolanas”.

Preguntado por Radio Nacional sobre sobre qué régimen político había en Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores patrio, José Manuel Albares, fue extremadamente diplomático y se excusó de dar una respuesta alegando que no era politólogo ni catedrático, aunque creo recordar que en el programa para ingreso en la Escuela Diplomática figura un tema sobre los sistemas políticos y los modelos de Gobierno. Ministro, “blanco es, la gallina lo pone…” o, si prefiere la formulación de, “si anda como un pato y grazna como un pato ¿acaso no será un pato?”. El alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, no ha sido tan diplomático y ha afirmado que en Venezuela 2.000 personas habían sido detenidas arbitrariamente después de las elecciones, el líder de la oposición había tenido que exiliarse, los partidos políticos estaban sometidos a mil limitaciones, y mas de siete millones de venezolanos habían huido de su país, “Usted a todo eso ¿cómo lo llama? Naturalmente esto es un régimen dictatorial y autoritario, aunque por decirlo no arreglamos nada”. Borrell ha sido inmediatamente calificado por Caracas de “vocero del mal”.

Unas de las características básicas para la existencia de un Estado de Derecho son la separación de poderes y la independencia judicial. En Venezuela, todos los poderes están en manos del presidente Nicolás Maduro: El Ejecutivo -porque me llamo león-, el legislativo -tras una elecciones fraudulentas- el judicial -por su total sumisión al ejecutivo- y el electoral -que en Venezuela es un auténtico poder-. Otra de sus características es la realización periódica de elecciones, pero esta es una exigencia necesaria, aunque no es suficiente, ya que pueden no ser libres y democráticas y sus resultados pueden ser falsificados, como ocurre en Venezuela. Por otra parte, una vez elegidos -como lo fueron Hitler o Mussolini- los vencedores pueden descafeinar la democracia y dejarla como una cáscara vacía, como ha hecho Maduro.

En Venezuela no hay libertad de expresión, de prensa, ni de acción política. Los partidos están sometidos al yugo del Gobierno y sus dirigentes pueden ser inhabilitados, detenidos, encarcelados, expatriados o eliminados físicamente por los numerosos cuerpos de seguridad, especialmente por el implacable Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. No existe la menor garantía de seguridad personal. Los ciudadanos pueden ser arbitrariamente detenidos, torturados o violados en las siniestras cárceles venezolanas. Las desapariciones están a la orden del día y los arrestos se extienden a los familiares de los políticos y a extranjeros que son tomados como rehenes para luego ser canjeados por criminales venezolanos, como acaba de ocurrir con los españoles José María Basoa y Andrés Martínez. La Corte Penal Internacional está investigando a Maduro y otros dirigentes bolivarianos por estimar que, desde 2017, el Gobierno venezolano está cometiendo delitos de lesa humanidad.

Fraude masivo del régimen de Maduro en las elecciones presidenciales 

Maduro fue fraudulentamente reelegido en 2019 y los resultados de las elecciones no fueron reconocidos por la OEA, la UE, Estados Unidos y más de 50 Estados, que reconocieron en cambio como presidente a Juan Guaidó. Cometieron, sin embargo, el grave error de seguir reconociendo al Gobierno de Maduro, cuando es una norma elemental de Derecho Internacional que no se puede reconocer a dos Gobiernos en un mismo Estado. Maduro mantenía todos los elementos de poder -Ejército, Policía, instituciones y producción de petróleo-, mientras que Guaidó -pese al amplio apoyo internacional- carecía de las infraestructuras mínimas y tenía que estar vagando como alma en pena para eludir su detención. El Gobierno de Maduro aguantó el tirón, mientras el Gobierno fantasma de Guaidó se fue debilitando. El régimen practicó una represión feroz y encarceló a muchos de los opositores, como Leopoldo López o Antonio José Ledezma, que acabaron exiliados en España.

Las múltiples arbitrariedades cometidas por el régimen de Maduro trajeron como consecuencia la imposición de sanciones económicas a Venezuela por parte de la UE, Estados Unidos y otros países, que afectaron muy negativamente a la exportación de gas y petróleo, principales fuentes de financiación del país -oficialmente-, junto con el narcotráfico -extraoficialmente-. Ante la situación socioeconómica desastrosa -más del 50% de la población está por debajo del límite de pobreza-, Maduro decidió soltar lastre y llegó en Barbados a un acuerdo en octubre de 2023 con la Plataforma Unida formada por la oposición para celebrar unas elecciones presidenciales homologables, a cambio de que se levantaran o suavizaran las sanciones que le habían sido impuestas.

A medida que se acercaban las elecciones, Maduro incumplió sus promesas de liberalización. El TSJ inhabilitó a la candidata de la oposición, María Corina Machado, -que habría arrasado en las primarias- y a su sustituta, Corina Yoris. La Plataforma recurrió entonces al embajador Edmundo González, diplomático jubilado, que consiguió sorprendentemente pasar el corte de la inhabilitación, quizás porque Maduro no le diera demasiada beligerancia. El régimen manipuló los registros electorales, restringió la participación de los electores -de los más de ocho millones de exilados solo pudo votar el 10%-, abusó de los medios de comunicación para hacer propaganda pro Maduro, y puso todas las dificultades posibles a la oposición, deteniendo a muchos de sus dirigentes e incluso a ciudadanos por el grave delito de haber albergado a Corina durante su triunfal campaña electoral por todo el país. Maduro rechazó la presencia de observadores de la OEA, de la UE, de países iberoamericanos y de Estados Unidos, y solo aceptó los de la Unión Africana (¿?), del Centro Carter y de la ONG “Observación Electoral Educación”, y de un pequeño plantel de expertos electorales de la ONU. Pese a las dificultades, la participación de los venezolanos en las urnas fue muy elevada.

Dando muestras de prudencia ante la posible comisión de fraudes, la Plataforma encomendó a sus representantes en los Centros de votación que fotografiaran las actas electorales y consiguieron hacerse en el 83,5% de ellas, que fueron digitalizadas y subidas a una web. Sin mostrar acta alguna, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que Maduro había ganado las elecciones con un 51.2% de los votos, frente a los 44,2% de González. Las actas presentadas por la Plataforma demostraban  que éste había conseguido el 67,08% de los votos emitidos, distanciándolo en más de cuatro millones de votos. Solo aceptaron los resultados proclamados por el CNE Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Rusia, China e Irán, mientras que Argentina, Panamá y Ecuador dieron por vencedor a González, por lo que Venezuela rompió las relaciones diplomáticas con ellos. Otros Estados afines a Maduro -como Brasil, Colombia o México- y la mayoría de los países se abstuvieron de pronunciarse hasta que el CNE no publicara las actas, cosa que el Gobierno no ha hecho hasta ahora ni hará, porque la diferencia entre uno y otro es tan elevada que, pese a sus prácticas fraudulentas, difícilmente podría cuadrar las cifras. En su lugar, remitió el expediente al TSJ -que carece de competencias en materia electoral-, que revalidó la decisión del Consejo.

En el Grupo de Puebla no se alzó ni una sola voz -aparte de las mencionadas- para condonar el triunfo de Maduro. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se apartó de la pretendida equidistancia de sus colegas progresistas Lula da Silva y Gustavo Petro, reconoció el triunfo de González y afirmó que la dictadura de Maduro no era de izquierdas. El gran “lobbysta” del dictador venezolano y autor del Gerupo de Puebla, José Luis Rodríguez Zapatero (ZP), no ha dicho esta boca es mía. Como ha señalado José Manuel García Margallo, aunque el total del 16.95% de los votos no revelados fueran favorables a Maduro, González seguiría siendo el triunfador con gran diferencia.

Brasil, Colombia y Méjico -aún manteniendo su exigencia de que se hicieran públicas las actas electorales- se han ofrecido como mediadores entre las dos partes, y Lula y Petro han llegado a proponer que se repitieran las elecciones, absurda propuesta que fue rechazada tanto por Machado como por Maduro. El margen de maniobra es muy estrecho por el enquistamiento de un autoritarismo competitivo que no da opción a la alternancia democrática en el poder, y pretende perpetuarse en él por las buenas o por las malas. El pueblo venezolano se lanzó a las calles en todo el país para reclamar que se reconociera la victoria de González y el Gobierno bolivariano reprimió con saña las pacíficas manifestaciones y causó la muerte de 8 personas y la detención de 2.400. 

En esta posición equidistante se ha situado el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, quien ha comentado que, si el CNE no ha presentado las actas, tampoco lo ha hecho la Plataforma, como si la oposición tuviera alguna obligación al respecto. Aún así, la Plataforma ha sido la única que ha presentado copias del 83.5% de las actas, y el Grupo de Expertos NU, que ha examinado muestras de las mismas, ha concluido que ofrecen garantías de verosimilitud. El fiscal general, Tarik William Saab citó a declarar a González y, ante su negativa a comparecer, dictó contra él orden detención y encarcelamiento por “usurpación de funciones”, y el presidente electo se refugió en la residencia del embajador de Países Bajos y, más tarde, en la del embajador de España, desde donde marchó a Madrid, tras unas turbias negociaciones-chantaje con Delcy y Jorge Rodríguez, calificados por Carlos Herrera como “los Hermanos Mala Sombra”.

Participación del Gobierno español en la farsa venezolana

Sánchez no acaba de encontrar su sitio en la farsa fraudulenta del proceso electoral venezolano para situarse en el lado correcto de la Historia. Ha dicho que González es un héroe al que España no va a abandonar, pero -aunque le haya facilitado acogida durante un breve lapso de tiempo en la residencia de la Embajada en Caracas y el traslado a Madrid en un avión de Estado para concederle eventualmente asilo político en nuestro país, lo ha recibido de tapadillo en La Moncloa, como si se tratara, no del presidente electo de un país amigo, sino de un pariente pobre. Ello contrasta con la solemne recepción a Mahmud Abbas, presidente “in partibus infidelium” de Palestina, un supuesto Estado que carece de territorio, de población y de Gobierno. Resulta chocante que haya que ser un héroe para participar en la política en Venezuela y para desempeñar el puesto para el que se ha sido elegido por el soberano pueblo venezolano. Según Arcadi Espada, nadie está obligado a ser un héroe, pero cuando uno asume la representación de millones de héroes, que se ven dignamente encarnados en él, está obligado a serlo. No estoy de acuerdo en esta ocasión con el periodista. A González lo han convertido en político muy a pesar suyo, sacándolo de su entorno familiar y académico de diplomático jubilado, para que ofrezca una salida a las ansias de libertad del pueblo venezolano, al haber inhabilitado el régimen de Maduro a las dos candidatas a la presidencia. Bastante generosidad ha mostrado al luchar por un cargo para el que no estaba preparado a sus 75 años, y no tiene por qué asumir el martirio y dejarse devorar en la cueva de los leones “maduristas”. Su misión principal es jurar el cargo presidencial el próximo 10 de enero, cosa que habría sido difícil de realizar si hubiera permanecido en Venezuela entre las garras de un régimen asesino. Como ha señalado, “en esos momentos, consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas encomendadas por el pueblo soberano”.

Sánchez parece inclinarse por las tesis equidistantes y pasa por alto que no puede haber equidistancia entre la dictadura y la democracia. Al negarse a reconocer la realidad del triunfo electoral de González, está haciéndole el caldo gordo a Maduro, dando a entender que a González solo le apoyan la derecha y la ultraderecha, cuando aquí no hay un problema de derechas o de izquierdas, sino de dictadura o democracia, y él parece inclinarse por la dictadura. El Congreso y el Senado pidieron al Gobierno que reconociera el triunfo de González, y el PSOE se opuso y pidió a las Cortes que reconocieran la gran labor de mediación que está realizando ZP en Venezuela para liberar presos políticos y tender puentes entre el Gobierno y la oposición. Sánchez ha hecho caso omiso a las razonables peticiones de las Cámaras españolas y acusado al PP de servirse del pueblo venezolano para atacar a su Gobierno.  

El principal objetivo de Maduro era conseguir que González se marchara lo más lejos posible de Venezuela. Para ello inició una campaña de intimidación contra él profiriéndole toda clase de insultos -viejo decrépito, traidor, terrorista, asesino, agente de la CIA-, amenazándole a él y a su familia, y lanzando órdenes de detención y encarcelamiento. Cuando un agente del SEBIN le advirtió que iban contra él, se refugió en la residencia del embajador de Países Bajos. Allí estuvo algo más de un mes, hasta que se trasladó a la residencia del embajador de España a instancias de ZP -la funesta “sombra de Rebeca”-, siempre dispuesto a actuar como plenipotenciario y mamporrero de Maduro. Fue él quien -según “El Mundo”– montó la “performance” de presiones, coacciones, amenazas y chantajes sufridos por González en dicha residencia. El Gobierno de Sánchez está obligado a dar una explicación de lo sucedido, en las Cortes y ante la opinión pública española. Las escasas explicaciones ofrecidas por Albares son contradictorias, confusas e insuficientes, y habrá que reconstruir lo ocurrido en base a las declaraciones de los involucradas en los lamentables hechos que se produjeron, no en la residencia del Embajador de a Holanda, sino en la del de España.

Tras la decisión del Congreso de reconocer a González como presidente electo de Venezuela -y pese a que el Gobierno de Sánchez hizo cuanto pudo para evitarla-, el listo de los Rodríguez se desmelenó patrióticamente  en la TV oficial y afirmó que sí España quería pelea, la teoría. “Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del Reino de España y todo los cónsules, y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas”. Instó a la Asamblea que preside a romper de inmediato todas las relaciones con España, expulsar a las empresas españolas e interrumpir los vuelos entre los dos países. Fue precisamente a este personaje y a su hermanísima Delcy a quienes recurrió ZP para forzar el exilio supuestamente voluntario de González. A petición del expresidente español, se personaron en dos ocasiones en la residencia del embajador para “dialogar” con González e incitarle amistosamente a que reconociera su derrota y se exiliarse en España. No lo hicieron a petición de éste -como ha afirmado Albares-; sino de ZP. Según el chantajeado, los Rodríguez se presentaron en la residencia con un documento que debía refrendar para que el Gobierno permitiera su salida del país. “O firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de presión, chantajes y coacciones” y, en esos momentos, “consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas encomendadas por el pueblo soberano”.

En el documento que se vio obligado a firmar, en presencia del embajador de España, Ramón Santos, y del exdiputado de la oposición residente en España, Eudoro González Dellán,  acataba sentencia del TSJ que proclamaba la reelección de Maduro como presidente de Venezuela. Los visitantes introdujeron ilegalmente en la residencia aparatos electrónicos para grabar lo que allí ocurriría, sin autorización del embajador e hicieron fotos de la firma del documento sin contar con la anuencia de González, según ha manifestado su abogado José Vicente Haro. Jorge Rodríguez ha dado la máxima difusión a las fotos y a las grabaciones ilegales, sin que al parecer se haya producido protesta alguna por parte de la Embajada o del Ministerio de Asuntos Exteriores españoles. Se burló además públicamente del embajador, al decir que éste les abrió la puerta -no tuvieron que saltar la verja que rodeaba al edificio- y les sirvió whisky Chivas Regal, que hizo que Edmundo se pusiera algo piripi. Según Ricardo Colmenero, Santos no actuó de mediador -como le han acusado desde el PP-, sino de camarero. Rodríguez advirtió que contaba con otro documento en el que, al parecer, González suplicaba que se dieran garantías a su hija mayor y a su familia, a la que no se le permitió que abandonaran el país y siguen de rehenes del madurismo.

Terminada la ceremonia, Santos llevó a González hasta la escalerilla de un avión militar español, que lo trasladó a Madrid, donde el Gobierno le ha prometido la concesión de  asilo político. Albares ha afirmado que su Gobierno negoció nada con el venezolano, aunque supongo que algo tuvo que pactar para que éste permitiera que una persona tan vigilada pudiera trasladarse de la residencia del embajador holandés a la del español, y saliera del país, así para como conseguir la autorización para el aterrizaje y despegue de una aeronave militar. Ya en España, González declaró que la firma forzada del documento contra su voluntad carecía de cualquier valor, porque -de conformidad con una norma básica de Derecho- un documento firmado bajo coacción estaba viciado de nulidad absoluta por falta de consentimiento.

Ya en Madrid, González declaró que su compromiso era irrenunciable y su lucha con Machado contra el chavismo inquebrantable, y que asumiría la presidencia para la que había sido elegido por el pueblo venezolano. El PP, a través de González Pons, ha acusado al Gobierno español de ser cooperador necesario en el golpe de Estado de Venezuela para perpetuar a Maduro en el poder, al haber permitido que se realizara un chantaje contra González en la residencia del embajador, y pedido la destitución de éste y la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores. Albares ha replicado pidiendo la destitución del eurodiputado popular por calumniar a España y a su servicio exterior. Creo que uno y otro se han pasado de frenada. De un lado, no tiene demasiado sentido que el PP pida la cabeza de Santos, cuando -como solemos hacer los de diplomáticos- cumplió las instrucciones de la Superioridad, como ha reconocido Albares. El responsable ha sido, por tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la crítica de su actuación es legítima. No se calumniaba ni injuriaba por ello a España ni a sus diplomáticos, sino que ponía en evidencia las incongruencias de la política exterior del Gobierno. El propio González se sintió obligado a publicar un comunicado en el que afirmaba que no fue coaccionado por el Gobierno de España ni por su embajador -¡Faltaría más!- y que las gestiones por ellos realizadas tuvieron  como único propósito facilitar su salida del país.

Pese a las maquiavélicas maniobras de ZP como benefactor de Maduro -respaldadas por Sánchez- no es correcto afirmar que su Gobierno esté apoyando directamente la cacicada fraudulenta de Maduro para mantenerse en el poder, pero sí lo ha hecho de forma indirecta, al facilitar que en la sede de su Embajada se consumara el chantaje al presidente electo y, de forma pasiva, al negarse a cumplir la petición de las Cortes de que reconociera a González como presidente, y al hacer campaña en contra de que el PE adoptara una decisión similar y votar en contra, con lo que ha contribuido a debilitar la presión internacional para que Maduro acepte el resultado de los comicios.

Actitud de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se ha abstenido de pronunciarse sobre la cuestión de Venezuela y el vicepresidente Borrell ha hecho alguna declaración a título personal en las que manifestaba que, según las copias de las actas electorales, parecía ser que González había ganado las elecciones por amplia mayoría.

El mayoritario Partido Popular Europeo presentó en el PE una propuesta de resolución muy crítica con Maduro y su régimen. El vicepresidente del Grupo Socialista Europeo, Yanis Maniatis, afirmó que era el momento de que la UE elevara el tono frente a las arbitrariedades de Maduro, que los números reales decían que González había ganado las elecciones, y que había que intensificar las sanciones contra el régimen venezolano. Este posicionamiento chocaba frontalmente con la postura del PSOE -el partido con más eurodiputados dentro del Grupo- y tanto Sánchez -en su calidad de presidente de la Internacional Socialista-, como Iratxe García -en cuanto presidenta del Grupo- hicieron una campaña intensa en contra del reconocimiento de González, alegando que ni la UE ni ninguno de sus Estados miembros lo habían reconocido, que aún no se habían publicado las actas electorales, y que el reconocimiento de Guaidó tuvo consecuencias tóxicas para relaciones entre la Unión y Venezuela. Estos argumentos eran pobres y contradictorios. Pese a que la UE y la mayoría de sus miembros no habían reconocido al Estado de Palestina, Sánchez hizo campaña en favor de su reconocimiento y acabó por reconocerlo sin esperar a la decisión de la Unión. Las actas no se habían publicado, pero no se publicarán, porque son desfavorables para Maduro, y no se puede premiar el incumplimiento de las obligaciones del CNE. Además, las actas publicadas por la oposición han mostrado la contundente victoria de González. El reconocimiento de Guaidó resultó fallido porque la UE y los Estados que lo reconocieron cometieron el gran error de seguir reconociendo al fraudulento Gobierno de Maduro, en vez de romper con él y establecer relaciones exclusivas con el Gobierno ganador. La feroz propaganda del PSOE provocó una escisión en el Grupo, pues, si bien la mayoría aceptó la recomendación de votar en contra reconocimiento de González, algunos de ellos -como muchos alemanes- no participaron en las votaciones, y otros -como la mayoría de los portugueses- se pronunciaron a favor del Sí.

La resolución fue aprobada por 309 votos a favor -PPE, Patriotas por Europa, ERC y Europa de las Naciones Soberanas-, 201 en contra -Socialistas, Liberales, Verdes y Extrema izquierda-, y 12 abstenciones. Tras constatar que la oposición había recibido el 67,08%, de los votos y que las actas por ésta presentadas eran fidedignas, el PE reconoció a González como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela y a Machado como líder de las fuerzas democráticas de dicho país ( p° 2),  pidió a la UE y a sus Estados miembros hicieran todo lo posible para garantizar que González asumiera sus funciones de presidente el 10 de enero de 2025 (p° 3), e instó a la Comunidad Internacional a que ejerciera toda la presión posible sobre régimen de Maduro para que aceptara la voluntad democrática del pueblo venezolano y reconociera a González como presidente legítimo de Venezuela (p° 16). En el curso del debate desapareció del texto la petición a la UE y a sus miembros que procedieran a reconocer a González, y la resolución se ha limitado a instar a la Comunidad Internacional -entre las que figuran obviamente los Estados miembros de la Unión- a que presione todo lo que pueda para que el Gobierno venezolano reconozca a González como presidente de la nación. Resulta contradictorio que el PE no pida explícitamente a los miembros de la Unión que apliquen su resolución, y les haga un diluido llamamiento genérico. Es significativo que el p° 2 de la resolución fuera favorablemente votado por 58 euro- diputados del Grupo Socialista, el 40% de su composición. 

Aunque no sea jurídicamente vinculante, la resolución tiene una gran importancia política y moral, y hará aumentar la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro. La decisión del PE ha puesto, por otra parte, en evidencia las contradicciones  e incongruencias de la actitud del Gobierno de Sánchez hacia Venezuela. Como ha observado el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, Sánchez se debate entre reconocer la lucha democrática del pueblo venezolano o caer en el chantaje de Maduro por razones políticas y económicas, y por la presión de ZP. Maduro le puso una pistola en la cabeza a Edmundo para que abandonara Venezuela, y ZP se disfrazó de salvador y le ofreció el asilo en España. “Es muy grave que en la Embajada de España se haya permitido tal nivel de chantaje y extorsión”. Si, por la pasividad de España y de otros miembros de la UE, Maduro consigue mantenerse en el poder, será un trágico presagio para el futuro de la democracia en Iberoamérica.