Hoy es el día grande para la democracia en Catalumnia, la fecha en que ha de celebrarse, según lo dispuestos taxativamente en la Ley, el escrutinio general de las actas de papel emitidas por cada mesa electoral.

De forma ineludible, sin excusas, cada una de las cuatro juntas electorales provinciales ha de reunirse para proceder a la apertura de los sobres, uno a uno, que contienen esas actas y luego sumar los resultados que allí aparecen reflejados.

En total, algo más de 9.100 sobres, uno por cada mesa, que han de ser repasadas, contabilizadas y sumadas después de haberle añadido los votos llegados por correo y después también de descartar y atender los votos nulos que se acompañen en el interior del mismo o cualquier otra reclamación de los partidos allí presentes.

Puede asistir todo ciudadano que lo desee, pues se trata de un acto público, aunque sólo los apoderados de los partidos debidamente acreditados están legitimados para presentar reclamaciones ante la junta electoral correspondiente. Cualquier otra persona, esto sí, podrá dirigirse a los juzgados ordinarios o a la fiscalía si entendiera que se está incurriendo en alguna clase de ilícito penal o que se ha cometido un presunto delito electoral o un grave incumplimiento de la ley.

Una de las plataformas y observatorios independientes que acuden regularmente desde hace un par de años a estas sesiones realizó un cómputo de tiempo que revela que la junta electoral provincial de Barcelona dedicó en la última ocasión a esta tarea aproximadamente dos horas y media de su valiosa jornada, alrededor de 3 horas para recontar los votos llegados por correo, abrir todos los sobres, resolver las dudas y polémicas en su caso y anotar y sumar los resultados de las actas correspondientes. Inclúyase también aquí el tiempo destinado a recesos, cafelito matutino o lo que haga falta. O sea, dicha junta electoral dedicó algo así como un segundo de tiempo por sobre, no más.

Luego de eso, se proclaman los resultados oficiales y al fin podremos saber si cabe presentar recurso y cuál es el verdadero reparto de escaños en el Parlamento…, salvo que nada de esto se hace porque el recuento y suma de los votos se hizo la noche electoral en cada mesa y esos resultados fueron comunicados por empleados del gobierno de turno a una empresa que depende del que convocó las elecciones. Y es dicha empresa la que realiza todas las operaciones de recuento y suma de los datos que les han suministrado sus agentes.

¿Cómo se garantiza que esos datos, recopilados en los colegios electorales por los empleados del gobierno, se corresponden con los que figuran en las actas de papel firmadas y selladas por los ciudadanos más o menos anónimos que formaron parte de cada mesa electoral en la jornada de voto? Muy fácil: no se garantiza, aunque la ley lo exige, porque, sencillamente, las juntas electorales provinciales se niegan a ejercer la tarea encomendada rotundamente por la norma a pesar de que la Junta Electoral Central les recuerda una y otra vez que dicha tarea es inexcusable.

Los alados biempensantes opinan que para qué perder el tiempo contando lo que pone en las actas si ya se encarga el gobierno convocante y organizador de las elecciones de hacer esa tarea a través de una empresa tan fiable como cualquiera de las que han participado en el proceso de gestión y recuento de las elecciones norteamericanas, sobre las cuales, por cierto, algunos de los alados han denunciado toda clase de manejos y manipulaciones.

La otra lánguida teoría es que cualquier partido podría disponer de copia de todas las actas y realizar sus propios recuentos de contraste antes de llegar al escrutinio general…, salvo que no todos los partidos, apenas ni los de mayor tamaño, logran, por lo general, reunir el número de apoderados suficientes para obtener copia de todas las actas y, si no las tienes todas, los desvíos que pudieras detectar siempre podrían ser achacables a esas actas de las que no dispones, así que todo intento de denunciar a ciegas queda invalidado, pues la ley impone que las reclamaciones sólo pueden referirse a actas concretas y a hechos específicos de controversia.

Por lo demás, no hay apenas razón alguna para que un partido de los mayoritarios denuncie un resultado si de todos modos ya obtienen suficientes diputados como para satisfacer sus necesidades.

En el caso catalán, por ejemplo, ERC y PSOE han obtenido, según el recuento gubernamental, el mismo número de escaños (33) y JxCat (32). Si las variaciones pudiesen ser significativas en caso de reclamaciones concretas y minuciosas, todos, incluso los minoritarios, se arriesgarían a perder o a ganar diputados en una especie de ruleta rusa, porque lo que está en juego en la ley es la limpieza del proceso democrático, pero en el caso de los partidos, lo que está en juego son sus propios resultados. Y si C’s o el PP, por ejemplo, que han obtenido, pésimos resultados, se atreviesen a reclamar, se verían expuestos a una situación similar, sólo que a la inversa, en comicios de otros lugares.

Así que, en connivencia con todo esto, las juntas electorales provinciales han renunciado por sistema a llevar a cabo la encomienda de la Ley y desoyen a la Junta Electoral Central a pesar de la insistencia.

Así pues, de facto, el recuento electoral que conocemos lo ha efectuado la misma administración y los mismos partidos cuyos dirigentes fueron condenados por sedición y por golpismo. Y a nadie parece importarle un comino lo que los ordenadores hayan recontado, lo que equivale a encargarle al Dioni o al ex director de Isofotón que lleve las cuentas de Inditex.

He dicho.