Para combatir los delitos y restablecer la justicia y la paz social, la humanidad fue generando leyes e instituciones que, en atención a las víctimas y para evitar las venganzas, castigaba a los delincuentes con diferentes penas según el daño causado. Penas que podían llegar hasta la muerte del culpable y que servían como instrumento de pedagogía y prevención para mostrar las fatales consecuencias del delito en sus autores.

Este sistema rigió hasta que -avanzando en humanidad- se dieron nuevos pasos buscando corregir excesos y errores causados por un desmedido celo en impartir justicia. Y así fue implementando el proceso de garantías judiciales para que ningún inocente acabara siendo injustamente condenado y dulcificando el rigor de los castigos en aras de la rehabilitación del delincuente.

Y como suele suceder, lo que se inició con un loabilísimo fin fue torciéndose hasta convertir el sistema penal en un conjunto de beneficios a favor del acusado y del reo, llegando a cuestionar su responsabilidad personal, para diluirla en una supuesta responsabilidad social que incluso vaciaría de significado el sentido punitivo de las penas.

Pero con todo ello perdimos tanta atención y humanidad respecto a las víctimas, que ahora corremos el riesgo de que regresen ancestrales episodios de venganza personal.