Entre las diversas maravillas que nos dijeron que la Constitución traería a los españoles, estaba la institución del Defensor del Pueblo, copiada del Ombudsman sueco y cuyo objeto principal sería la defensa de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, pudiendo supervisar la actividad de la Administración y estando legitimado para interponer el recurso de amparo constitucional y el de inconstitucionalidad, además de gozar de inviolabilidad y plena autonomía.

Concebida tan relevante institución del Estado para recaer sobre personas de acreditado mérito y capacidad, probada solvencia intelectual y ética, el posterior deterioro de casi todo abriría sus puertas al tío Paco con las rebajas, y la institución se iría degradando hasta el punto que, en la actualidad, es tal la inoperancia del personaje que no es fácil recordar quién lo encarna. Y esta circunstancia produce verdadera extrañeza, dado que padecemos un momento político muy especial en que la progresiva colonización de las instituciones por Pedro Sánchez y sus allegados, nos está colocando en una situación de deriva donde peligran los controles y contrapoderes de una sana democracia. Y para colmo, como dicen que no hay peor cuña que la de la misma madera, el actual Defensor -que antes que cocinero fuera fraile- limita sus contados esfuerzos a investigar los abusos sexuales en la Iglesia (sin duda, muy deleznables), pese a que estos representen un 0,2% del total de los que se padecen en España.

Un Defensor que ha quedado para ayudar con su inanidad, más que al Gobierno, a Pedro Sánchez en sus obsesiones y necesidades por mantenerse junto a los suyos en el poder, aun a costa de la descomposición de un Estado entregado al chantaje separatista que pone en jaque los derechos fundamentales, comenzando por el de igualdad entre todos los españoles.