“Pareciera que Sánchez, en lugar de ácido hialurónico, administrara semanalmente a sus ministros (y ministras) un  jeringazo de pedernal”

El de la Calle Fuencarral, el del Huerto del Francés, el de Cuenca, el del Expreso de Andalucía, el de Las Estanqueras (en nuestra capital), el de los Galindos (en nuestra provincia), el de los Marqueses de Urquijo, el de Puerto Hurraco… crímenes de la historia patria más negra. El Sacamantecas, el Jarabo, el Sastre, el Arropiero, el Mataviejas, los Hermanos Izquierdo, la Viuda Negra… criminales que han ensombrecido el alma de la España de los últimos dos siglos.

Si bien, en opinión de una minoría entre la que me incluyo, lo ocurrido hace poco más de un mes en Valencia se hubiera producido de similar forma estuviera quien estuviera al mando de la Generalitat o del Gobierno del Estado -aún habiéndose tomado las medidas excepcionales ahora pregonadas por todos-, sigue habiendo interesados en buscar responsables de la catástrofe y/o ejecutores del que podría llamarse en un futuro no muy lejano “El Crimen del Barranco del Poyo”.

Baste echar un vistazo a los medios audiovisuales -y no digamos a las redes sociales- para interiorizar que la única responsabilidad ha recaído sobre el presidente del gobierno valenciano y no seré yo quien se la reste, mas la búsqueda de tales culpabilidades no puede quedar al albur del dictamen más o menos sesgado del opinante. ¿Imaginan que el jurado que tuviera que dictaminar la culpabilidad o inocencia de Mazón saliera de la jauría fanática, intolerante y extremista que se ha apacentado este fin de semana en FIBES, a mayor gloria del caudillo Sánchez? Por cierto, ¡vaya papelón otra vez el de Juanito Puñales, al que, apestando a cadaverina, le han mandado aclamar a todos los delincuentes de la trama de los ERE a la espera de una nueva sentencia que será cándidamente descafeinada pero igualmente señaladora de su corrupción!

Demos, pues, un repaso a las normas que establecen competencias, modos y maneras de actuación ante situaciones de catástrofe, y cada cual que saque sus conclusiones y las defienda, pero al menos que las formule con cierto sonrojo a la vista de la ley:

• Bajo la presidencia de Camps, se aprobó la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, que regula (artículo 1) las actuaciones de protección civil y gestión de emergencias en el ámbito de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal para las emergencias declaradas de interés nacional, una ley pretenciosa como tantas que ha mostrado toda su ineficacia cuando de una catástrofe de esta naturaleza se trata.

Entre sus objetivos están (artículo 2.2) prevenir las situaciones de riesgo y disminuir sus consecuencias; (2.4) planificar las respuestas frente a siniestros producidos o previsibles mediante planes de protección civil y (2.7) intervenir para paliar y corregir las causas y minimizar los efectos de las situaciones de emergencias, así como (2.10) coordinar los servicios. Todo ello (artículo 3.2) bajo los principios de cooperación, coordinación, colaboración, solidaridad territorial, lealtad institucional, asistencia recíproca y mutuo auxilio, adecuando sus procedimientos (3.3), junto a las entidades públicas o privadas, al sistema integrado de gestión de emergencias.

Por su parte, el artículo 4 establece que los ciudadanos, entidades, instituciones y organizaciones tienen derecho a ser informados sobre los riesgos colectivos graves que puedan afectarles, a recibir información e instrucciones sobre las medidas de seguridad a adoptar, o a colaborar en las tareas de protección civil.

El Consejo de Gobierno (artículo 10) es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias y, como tal, le corresponde, además de aprobar disposiciones, (10.5) solicitar al Ministro del Interior la declaración de una situación de emergencia como de interés nacional y (10.6) establecer las líneas de cooperación en materia de protección civil y gestión de emergencias con la Administración General del Estado, las administraciones locales y las de otras comunidades autónomas.

Por su parte, (artículo 12) a la consejería competente en materia de protección civil y gestión de emergencias, entre otros asuntos, le corresponde la gestión del Centro de Coordinación de Emergencias y la coordinación con otras administraciones públicas en materia de protección civil y gestión de emergencias. También será la encargada (12.2) de proponer al consejo de gobierno que eleve solicitud al ministro del Interior de la declaración de una situación de emergencia como de interés nacional cuando se consideren como cumplidos los supuestos contemplados en la Norma básica de protección civil, a la que me referiré más adelante (*).

También tiene encomendado el ejercicio del Mando Único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil, declarando, cuando le corresponda, los niveles, fases o situaciones de emergencia establecidos en los planes y procedimientos de protección civil; la coordinación de la información a la población durante la situación de la emergencia, así como la decisión de constituir el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), cuando la evolución de la situación de emergencia así lo aconseje.

Considérese que, según el artículo 40, la Generalidad solo podrá promover la participación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Valenciana y que las Fuerzas Armadas (artículo 44.1) solo serán consideradas como servicios complementarios de intervención. Por su parte, (44.3) la solicitud de intervención de las Fuerzas Armadas por parte de la Generalidad se efectuará de conformidad con lo indicado en el artículo 16.f de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, que veremos después.

Hasta aquí la “incompetencia de Mazón”. El papel -en este caso la sede electrónica del BOE- lo aguanta todo y esta ley de Protección Civil valenciana, semejante a cualquiera del resto de comunidades autónomas, establece una serie de medidas que, adoptadas en tiempo y forma -y con la fiel y leal colaboración del Estado sobre la que, como a continuación veremos, surgen muchas dudas- nada o casi nada habría contribuido a paliar los daños producido por la furia desatada de la Naturaleza.

Pero, no todo acaba aquí. En la España de las autonomías, en la España de las competencias duplicadas y en ocasiones multiplicadas, ¿qué dice ese mismo BOE en otras disposiciones?:

• En la cúspide, el artículo 149.1.29ª de la Constitución Española, establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!).
• La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, dice en su artículo 1 que procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!).

El Gobierno (artículo 2.a) podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca, entre otras alteraciones graves de la normalidad, catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!). La autoridad competente (artículo 7) será el Gobierno (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!) o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma.

• Conforme a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (artículo 1), éste tiene por objeto establecer dicho sistema como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil.

Entre sus actuaciones (artículo 3) están: prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente y evitar que se produzcan o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan derivarse, o llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia. (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!).

Se crea (artículo 12.1) la Red de Alerta Nacional de Protección Civil como sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, a fin de que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de emergencia. (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!).

La gestión de la Red (12.2) corresponderá al Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!).

Son emergencias de interés nacional (artículo 28) -y aquí viene el recordatorio que anuncié al principio (*)-, en referencia al artículo 12 de la Ley de Protección Civil valenciana:

1. Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!)
2. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico. (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!)
3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!)

¿No entendió en ningún momento el Ministro del Interior que se estaba ante alguna de las tres circunstancias reseñadas? ¿Ni siquiera la segunda cuando, previamente, ya habían sufrido los embates de la gota fría Andalucía y Castilla-La Mancha?

Y a todo esto, ¿a quién corresponde la declaración de interés nacional? Desde el principio se hizo correr la especie de que debía solicitarla el gobierno autonómico. Verdad a medias, porque el artículo 29 establece que la declaración corresponde al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas. Si Mazón no la instó, ¿qué ocurrió con la Delegada del Gobierno -a la que ayer premió Sánchez colocándola al frente de Igualdad en su ejecutiva- y, en todo caso, dónde queda la propia iniciativa de Marlasca que, además, según el artículo 30, debería asumir su dirección? (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!).

Por si no quedara claro, el artículo 34.2.c establece como competencia del Ministerio del Interior la declaración de la emergencia de interés nacional y su finalización, así como asumir las funciones de dirección y coordinación que le correspondan en esta situación y (34.2.f) disponer con carácter general, la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y solicitar del titular del Ministerio de Defensa la colaboración de las Fuerzas Armadas. (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!).

Además (artículo 37), la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, valoradas las circunstancias, se solicitará por el Ministro del Interior y será ordenada por el titular del Ministerio de Defensa. (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!).

• ¿Y qué decir del tan referido Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil? Baste indicar que (disposición final segunda) éste se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública. Su artículo 3.1 establece que el Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente mediante, entre otras actuaciones, llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia. (¡Si necesitan ayuda, que la pidan!).

No se olvide que dentro del terreno de la previsión, no de la situación de emergencia ya generada, el artículo 22.1 prescribe que los órganos de protección civil están obligados a facilitar a los de otras Administraciones Públicas información relevante para el ejercicio de sus competencias. ¿Se cumplió esta orden imperativa?

• Ya, rizando el rizo, si queremos más sangre, porque la derramada nos parezca poca, recurramos al artículo 142.1 del Código Penal: “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”.

Elijan a su homicida preferido, multipliquen los años de prisión por 225 -cifra aproximada entre fallecidos y desaparecidos- y obtengan la pena. Sin duda, sería la mejor forma de añadir este lamentable suceso a la historia negra del crimen en España.

P.S.-

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL para quien fue la primera en anunciar responsabilidades judiciales por la catástrofe, Marixu Montero (¡25.000 eeuroooos!  – jefe de su gabinete  – Aldama dixit):

Tu compi, Teresa Ribera, ahora en Bruselas -igual que el día de la tragedia y las dos semanas posteriores- sin pisar Valencia aún, firmó como Secretaria de Estado, en diciembre de 2011, cuatro días antes del cese del gobierno socialista, la resolución de declaración de impacto ambiental favorable para conectar el Barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia, cuya ejecución muy probablemente hubiera evitado la muerte de dos centenares largos de personas. Ribera echa en cara a Rajoy que no rescatara del cajón la resolución para llevarla a cabo, sin recapacitar en los más de seis años que se ha tirado ella como Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pareciera que Sánchez, en lugar de ácido hialurónico, administrara semanalmente a sus ministros (y ministras) un  jeringazo de pedernal.

Parece ya reconocido que la única información recibida por la Comunidad Valenciana sobre la crecida provenía de los correos automáticos que lanzaban los detectores de caudal instalados en el barranco. ¿Ningún responsable de la confederación advirtió con tiempo de la peligrosidad que esos datos entrañaban para la población aguas abajo? Me viene a la memoria la muerte de Bin Laden en la foto de cabecera.