Las recientes comparecencias públicas de la Magistrada de la Audiencia de Sevilla donde denunció presiones «comprobables» de las Fiscalía a la que criticó por las investigaciones sobre asuntos relacionados con la corrupción cercan a la juez. Se enfrenta a una sanción disciplinaria

El promotor de Acción Disciplinaria Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa en relación con las manifestaciones realizadas por la magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla Mercedes Alaya, donde dijo que las presiones que había recibido eran «comprobables» y criticó otros aspectos como la elección del Fiscal General del Estado por parte del Gobierno.

Fuentes del CGPJ han indicado que la apertura de diligencias se produce después de que la Fiscalía General del Estado haya remitido una comunicación al CGPJ considerando que son «merecedoras de la apertura de expediente disciplinario». En la comunicación se daba traslado de los acuerdos adoptados el 5 de junio por el Pleno del Consejo Fiscal, que rechazó las declaraciones efectuadas el día anterior por Alaya por poner en entredicho, «con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes».

En un foro informativo, Alaya había dicho que atribuir a la Fiscalía la investigación de los procedimientos por corrupción sería «como tener al lobo metido dentro del gallinero». A este respecto, el Pleno del Consejo Fiscal decidió por unanimidad mostrar su rechazo a estas palabras, ya que considera que «suponen un absoluto desconocimiento» de la institución que es el Ministerio Público, además de un «menosprecio implícito».

En un almuerzo informativo en Madrid, Alaya aseguró que las «presiones» que dice haber sufrido son «absolutamente comprobables» en las hemerotecas y que son los políticos quienes «utilizan a los medios para presionar al poder judicial». También criticó la elección del fiscal general del Estado por parte del gobierno porque puede ser escogido «por afinidades políticas» y, por tanto, podría incurrir en «seguir directrices de partidos políticos».