Vuelve por sus fueros el «capitán a posteriori», pero esta vez con la capa de súper poderes del sanchicomunismo, que juega a confundir la inconstitucionalidad declarada del estado de alarma con la necesidad de adoptar medidas drásticas contra la pandemia.
Sí, había que hacer algo, pero ese «algo» habría tenido que incluir la limitación de concentraciones masivas previas, como las del 8-M y adyacentes, y emplear, además, la declaración del estado de excepción, porque suspendía sine die y de manera brutal los más elementales derechos constitucionales, privándonos incluso de la posibilidad de recurrir tan aparatosas y cruentas medidas. O sea, han violado hasta los derechos humanos.
Y como el comer y el rascar, todo es empezar, pues ya lanzados por esa pendiente de la tiranía, a los ministros (incluso los recién llegados que no tomaron parte en aquello) sólo les queda reafirmarse en el crimen e insistir en que ‘dispararon’ contra la población y contra el Estado de derecho porque de ese modo salvaron muchas vidas, que es una manera de adelantarse al futuro para justificar la violencia que ejercieron en el pasado. O sea, el más puro «capitán a posteriori» con el que Echenique se reía tanto.
«No se podía saber», dijeron sobre las consecuencias de la pandemia que un mes antes había declarado la estulta OMS, pero en cambio sí supieron de antemano que utilizar el estado de alarma para aplastar a 47 millones de personas y la economía entera de un país era un acto de barbarie contra la legalidad vigente. Y eso que aún no conocemos el informe previo de la Abogacía del Estado, que se niegan a entregar como si se tratase de un documento de propiedad particular.
Si el primer estado de alarma fue inconstitucional, permítanme que me derrumbe de la risa si atendemos a las renovaciones del mismo y, sobre todo, al momento cumbre en que decidieron que ya no se discutía más sobre el asunto hasta dentro de seis meses, porque les resultaba cansino y muy coñazo volver cada quince días al Congreso a justificar lo injustificable. O déjenme que vaya al baño para aliviar el apretón si me planteo para qué utilizaron aquellos decretos que llegaron a incluir el nombramiento de Pablo Igeishas en el CNI (también inconstitucional) o el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE (otra ilegalidad manifiesta)…, todo lo cual salvaba vidas a porrillo, como todo el mundo puede imaginar, sobre todo la vida de Pedro Sánchez en la Moncloa y en el Falcon.
Haría bien Ione Belarra en callarse un poco, habida cuenta que ella no participó en aquellas decisiones, no sea que por su osadía e ignorancia termine siendo empitonada defendiendo algo sobre lo que desconoce casi todo. Mejor que se limite a corregir los folios del Consejo de Ministros con una «A» si quiere seguir manteniendo la soldada que recibe de los españoles a final de mes por acreditar su inoperancia.
El magistrado emérito del TC Manuel Aragón fue uno de los muchos que advirtieron de la manifiesta inconstitucionalidad del mecanismo empleado, pero también el PP y sobre todo VOX, les alertaron de la barbaridad. Ellos se lo pasaron todo por el forro de su soberbia, como acostumbra esta coalición fasciocomunista asilvestrada, que se ha ganado a pulso las etiquetas más ignominiosas de la historia de nuestra democracia.
Es bastante más que probable que la laminación hace unos días de Carmen Calvo tenga que ver con las llamadas que realizó a la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca, con el objetivo de que cambiara el sentido de su voto en este asunto; del mismo modo que cepillarse a Ábalos y a Iván Redondo estará relacionado con algunas de las añagazas urdidas por uno y otro que aún traerán cola en los juzgados y la dimisión de Igeishas responde a las exigencias de la UE para aflojarnos la pasta del rescate. Ni lo duden.
Todas las multas impuestas, por un valor superior a lo esquilmado por el PSOE en la trama de los ERE (720 millones de euros), se le van a la ministra de Hacienda por el husillo de la irresponsable manera de actuar de este Gobierno, pero ahora millones de ciudadanos se preguntan dónde acudir para reclamar las indemnizaciones por daños y perjuicios, el lucro cesante y la ruina provocada por un manga de solipsistas empeñados en convertirnos en rehenes de su caprichosería.
Una cosa más les digo, sin necesidad de ponerme la capa del «a posteriori»: en la Ley de Eutanasia, en la de los Trans, en la de Seguridad Nacional y en todo lo aprobado hasta la fecha habrá, igualmente, suficientes elementos de inconstitucionalidad para declarar a este Gobierno fuera de la ley («Out of law»). Al tiempo.
He dicho.
