“¿Cómo de calamitosa ha de ser la situación y con cuántos minutos ha de conocerse para que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se celebre, se apruebe la solicitud, se levante acta, se envíe el burofax al ministro de las barbas blancas y que éste se ponga al mando?”

Los recientes aguaceros, generalizados en España, pero de nuevo muy acentuados en la zona levantina, nos hacen retroceder justo tres meses cuando me referí aquí a la operación, que por entonces comenzaba, de acoso, derribo y crucifixión de Carlos Mazón y que, llevada a cabo por la manada izquierdista, se veía venir de lejos ante la inoperancia de un gobierno autonómico en absoluto dispuesto a explicar que las efectivas carencias de su gestión fueron siempre de la mano y en paralelo de un comportamiento perverso de quienes tenían la información y dejaron de distribuirla durante dos horas y media en el momento más crítico de los efectos de la tormenta; y de los que, según la ley, poseyendo idénticas potestades a las del presidente valenciano, no movieron un dedo para tratar de cambiar el curso de los acontecimientos que condujeron al desastre.

Es, decir, un trimestre después, el PP se sigue dejando comer la tostá de la responsabilidad y no reclama siquiera la mitad del tentempié a un gobierno central corrupto hasta el tuétano y perennemente jaleado por sus alborozadas milicias… un desayuno enfangado que, si nunca se volverá apetitoso por la magnitud de la tragedia, pudiera servir de aperitivo político cuando no hay mejor bocado que llevarse a la boca.

Decía entonces y confirmo ahora que no seré yo quien le quite responsabilidad a la administración valenciana como parece que los dirigentes populares pretenden ahora y pocas son las concentraciones -ya multitudinarias, aprovechando los sábados falleros, con la suma de acreditadas excrecencias del zurderío patrio desembarcando en la Plaza del Ayuntamiento, antes del Caudillo, mediante bus de gañote y bocadillo de chope a punto de caducar- para pedir la marcha de su máximo dirigente. Pero, pregunto, ¿no existen más transgresores, en Mazón confluyen todas las culpabilidades?

Repasemos de nuevo una de las leyes de obligado cumplimiento para un asunto como aquél: 

Partimos de dar por aceptada la imposible aplicación de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, especialmente su artículo 10.5 que hace recaer en el Consejo de Gobierno la solicitud al Ministro del Interior de la declaración de una situación de emergencia como de interés nacional. Obsérvese -¡hay que hacer ruido, Iñaki!- que se continúa hablando de dejación de funciones -lo que está muy bien y, además es cierto- sin pararse siquiera un momento a repensar que, en virtud de la ley, tendría que reunirse previamente al Consejo de Gobierno para hacer la correspondiente petición al ministerio de Marlasca. Y necesariamente surge la pregunta: ¿Cómo de calamitosa ha de ser la situación y con cuántos minutos ha de conocerse para que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se celebre, se apruebe la solicitud, se levante acta, se envíe el burofax al ministro de las barbas blancas y que éste se ponga al mando? Lo dicho, una ley, esta 13/2010, estridente como tantas otras pero que demuestra la imposibilidad de llevar a la práctica, en los momentos cúlmenes para los que se diseñó, lo que de de manera tan rimbombante como fatua se puso en el papel desde el sosiego y el desconocimiento de los despachos de los legisladores.

Pero no es la única -¡será por leyes en España!-: otras disposiciones iguales o de superior rango reclaman la atención de otras instancias en las que hasta ahora nadie, ni el mismo PP, ha puesto la proa, en un alarde de lealtad “porque no todos somos iguales”:

Y es que el artículo 2.a de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece así de clarito que el Gobierno (autoridad competente según el artículo 7) podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca, entre otras alteraciones graves de la normalidad, catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

Sí, dice textualmente “inundaciones” y dice la RAE, señor Sánchez, para su número gramatical singular: “Acción y efecto de inundar. Dicho del agua: Cubrir un lugar determinado o un territorio”. Con esta herramienta en sus manos, ¿en qué estaban pensando la Delegada del Gobierno y el propio Ministro del Interior? Aquí no vale el “¡si necesitan ayuda, que la pidan!”, es una potestad única y directa del Gobierno de España de la que -presuntamente- se hizo una criminal dejación.

Pero hay más: la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil declara solemnemente que son emergencias de interés nacional (artículo 28), además de las que tienen su origen en la anterior ley 4/1981 y de las que afecten a varias Comunidades Autónomas (y recordemos que, aunque en menor grado, Andalucía y Castilla-La Mancha se vieron igualmente amenazadas por el temporal), ¡atención!:

3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. ¿Quiénes sabían a la hora del café de aquel día de lo que se venía encima? Estamos seguros, porque ellos mismos lo han dicho, que la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Por qué no actuaron en consecuencia?

Pero sigamos, ¿a quién corresponde la declaración de interés nacional? Resulta cristalino que, según el artículo 29, directamente al Ministerio del Interior, a través de tres procedimientos:

1. Por propia iniciativa (que, además, según el artículo 30, debería asumir su dirección).
2. A instancia de las Comunidades Autónomas.
3. A instancia de los Delegados del Gobierno en las mismas.

Todavía hoy, la campaña -repito, merecida- contra Mazón sigue bebiendo de aquella frase tan indigna como representativa del voceador: ¡Si necesitan ayuda, que la pidan!

¿A qué espera el Partido Popular para asumir responsabilidades, que las tiene, pero al mismo tiempo hacerlas compartir con quienes tenían la información, la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar; y con los que, según las leyes en vigor, debieron tomar el mando de las operaciones al tratarse, por sus dimensiones efectivas o previsibles, de una emergencia de interés nacional, el Gobierno y en primer término el Ministerio del Interior?

¡Que cada palo aguante su vela!