Unos 9.000  ciudadanos –marroquíes en su inmensa mayoría- entraron anteayer de forma ilegal en Ceuta con la connivencia de la gendarmería de Marruecos, en una operación planificada por el Gobierno como represalia contra España por la admisión del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño. La causa del conflicto se encuentra en la situación del Sáhara Occidental, territorio no autónomo cuya potencia administradora “de iure” sigue siendo España, aunque “de facto” esté ocupada por Marruecos. Hasta el 10 de diciembre de 2020,  ningún Estado había reconocido la legalidad de esta ocupación, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump –con un pie en el estribo para abandonar la Casa Blanca- la reconoció a cambio de que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel. 

La dinastía alauita planeó cuidadosamente la independencia de Marruecos y su ampliación territorial a costa de España en un proceso de varias fases, tras la independencia del Protectorado español y su fusión con el francés para crear un Marruecos independiente. Pese a que la actuación de España había sido decisiva al oponerse a la destitución de Mohamed V y no reconocer a Ben Arafa, impuesto por el Gobierno francés, el monarca marroquí ninguneó a España y optó por el patronazgo de Francia. La primera fase se inició con la cesión a Marruecos por el Tratado de Cintra (1958) de los territorios de Tarfaya que, de forma absurda, el Gobierno español había desgajado del Sáhara Occidental e incluido en el Protectorado. La segunda fase se materializó con la devolución a Marruecos de Ifni  en 1969, tras el “drôle de guerre” provocada por el Ejército de Liberación Nacional con la cobertura do Marruecos.

La tercera fase –en la que aún estamos envueltos- ha sido la de la entrega del Sáhara Occidental. Por los Acuerdos de Madrid de 1975, España cedió a Marruecos y a Mauritania la administración temporal del territorio y se retiró de él en 1976. Tas el levantamiento en armas del Frente Polisario y la retirada de Mauritania en 1979, Marruecos ocupó la mayor parte del Sáhara y continuó el conflicto armado con el FP hasta 1991, cuando se firmó un arreglo de cese el fuego,  que preveía la celebración de un referéndum para que el pueblo saharaui pudiera ejercer su derecho a la libre determinación. El Gobierno marroquí se opuso por todos los medios a la celebración del referéndum bajo los auspicios de la ONU –que envió a la MINURSO para que lo llevara a cabo- y consolidó la ocupación del territorio por la fuerza de las armas, construyó un muro fortificado que recorre el Sáhara Occidental de norte a sur, expulsó a los saharauis de su país y reprimió a los que se quedaron en él. El único responsable del conflicto es, por tanto, Marruecos, que viene ocupando militarmente el territorio desde 1976 sin título jurídico alguno, ya que –según el Derecho Internacional- de la injusticia no puede nacer el derecho y la ocupación del Sáhara Occidental  por Marruecos es injusta, ilegal y contraria a derecho.

La cuarta fase será la anexión de las ciudades de Melilla y Ceuta, que fueron españolas desde 1497 y 1580 respectivamente, siglos antes de que se constituyera el Reino marroquí o, logarar su independencia. Según Hassan II, había que resolver primero la cuestión del Sáhara Occidental y los presidios vendrían después. El tiempo haría su obra. Lo ha reiterado el primer ministro marroquí, Saddedine  al-Othmani, al afirmar que la cuestión de Ceuta y Melilla seria tratada a su debido tiempo, una vez consumada la integración del Sáhara Occidental, pero que  llegaría el día  en que se reabriría el tema, porque dichas ciudades eran territorios  marroquíes como el Sáhara.

Marruecos, único culpable del conflicto de Ceuta

La habilidad diplomática de Marruecos ha conseguido que la opinión pública pasara por alto la causa del conflicto –su ocupación ilegal del Sáhara Occidental- y centrara su atención en cuestiones accesorias, como el envío por Mohamed VI de miles de jóvenes, niños y hasta bebés a invadir Ceuta, utilizándolos como carne de cañón para cubrir sus frustraciones. Esta nube de humo ha envuelto incluso a los políticos y medios de comunicación españoles. Así, en un editorial de “El Mundo” se culpa a Pablo Iglesias de haber atizado el conflicto sahariano con su demanda de celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, que ha irritado sobremanera a la monarquía alauita, y que el colmo de la negligencia había sido ingresar a Ghali en un hospital español. José Alejandro Vara ha señalado en “Voz Pópuli” que Iglesias había reclamado este referéndum en base a “unas disposiciones de la ONU ya superadas” (¿?). Hasta mi admirado Melitón Cardona ha comentado que Iglesias se alineó con el FP cuando reiteró su empeño en que se celebrara un referéndum libre limpio e imparcial para la autodeterminación del pueblo saharaui.

Ahora resulta que Podemos e Iglesias se han inventado el principio de libre determinación de los pueblos, que constituye una norma básica del Derecho Internacional, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en numerosas resoluciones de sus órganos principales. Son decenas las resoluciones de la Asamblea General que han reiterado el principio de libre determinación y exigido la celebración bajo sus auspicios de un referéndum al efecto. Aunque las resoluciones de la Asamblea no sean jurídicamente vinculantes, sí lo son en este caso porque reconocen un principio básico del Derecho Internacional. También son numerosas las resoluciones del Consejo de Seguridad –que en este caso sí son vinculantes- que instan a la celebración de un referéndum de libre determinación para que el pueblo saharaui pueda expresar su voluntad acerca de su futuro. Por último, en su opinión consultiva de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia afirmó que no existía vínculo alguno de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos o el conjunto mauritano, y que era de aplicación “el principio de autodeterminación en virtud de la libre y auténtica expresión de la voluntad de los pueblos del territorio”.

Periodistas, políticos y politólogos han culpado al Gobierno español de la responsabilidad por la crisis con Marruecos. El embajador Cardona ha afirmado que lo ocurrido en Ceuta es el resultado de la degradación de la posición internacional de España, provocada por una política exterior absurda y contraproducente, que se produce cuando se priorizan los eslóganes de partido sobre los intereses generales de España. El Estado no puede tolerar que su soberanía se ponga en duda por individuos que son conscientes de que, al impugnarla, conseguirían su objetivo espurio de afincarse en país ajeno  por su santa voluntad. El reconocimiento de Trump de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental ha planteado un desafío para la seguridad nacional y para la integridad territoria de Españal, lo que debería haber encendido las luces de alarma. “Lo menos que cabe esperar de un país serio es haber diseñado un plan capaz de contrarrestar las iniciativas marroquíes”.

Para Vara, la inexperiencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y su falta de tacto, olfato y vista han abierto la puerta a este episodio, que hace tambalear los cimientos de un Gobierno de coalición inestable. El rey Juan Carlos I solía actuar de apagafuegos en los conflictos con su “hermano” Hassan II y su “sobrino” Mohamed VI, pero a, Felipe VI, los talibanes de la Moncloa no le permiten  realizar papel alguno en este ámbito. El Gobierno ha reaccionado de forma brusca y atolondrada, y adoptado una serie de medidas –despliegue del ejército en Ceuta, devoluciones en caliente, visitas apresuradas de Sánchez y Grande-Marlaska a Ceuta y Melilla o invocaciones a Bruselas para recordar a la UE que Ceuta era europea-, que constituían un “sortilegio de gestos tardíos y a trompicones para enmendar la pifia”.

Todos estos criticados gestos han sido, sin embargo, adecuados y pertinentes 

Estimo que el maestro de periodistas, Luis María Ansón –con el que suelo coincidir en sus apreciaciones-, se ha equivocado en esta ocasión cuando afirma que la fragilidad  del Gobierno de Frente Popular de Pedro Sánchez y la fragilidad de su Ministerio de Asuntos Exteriores, “definen una tórpida política distante, cuando no hostil a Marruecos”, y habrá que desmenuzar por qué se ha producido el desencuentro con una nación vecina. “Meter las manos en el avispero  Polisario sin tomar máximas cautelas es una ligereza impropia de una política seria”. Al Gobierno español le ha faltado cintura para evitar que estallara la crisis. Sánchez y sus cómplices se han solidarizado con la extrema izquierda que representa Ghali, al que los analistas marroquíes impregnan de terrorismo. Marruecos ha reaccionado ante una cuestión de fondo: el amparo del Gobierno español a Ghali.

Esta misma tesis ha sido mantenida por Cardona, cuando estima que, para acabar de arreglar el desaguisado, Ghali había sido internado en un hospital de Logroño, o Vara, al señalar que el Gobierno había incurrido en el palmario error de dar cobijo al enemigo público nº 1 de Marruecos, al que se ha atendido en un hospital logroñés por dolencias sin explicar (¿?).  El Gobierno español no ha acogido políticamente a Ghali, sino que lo ha ingresado en un hospital por razones humanitarias, a petición del Presidente de Argelia, por estar gravemente aquejado de las dolencias de covid-19 y cáncer. Aunque España no haya reconocido a la RASD, si ha aceptado al FP como representante del pueblo saharaui y permitido que abriera en Madrid una oficina sin estatuto diplomático. Ghali fue además ciudadano español y estaría bueno que España no pudiera recibirlo y hablar con él sin tener que dar explicaciones a Marruecos. El recurso a la indignación por la puñalada por la espalda dada a Marruecos al hospitalizar a Ghali ha sido el pretexto alegado para provocar un incidente con España.

El Gobierno marroquí convocó al embajador español en Rabat para pedirle explicaciones, publicó varios comunicados criticando acerbamente el proceder del Gobierno español y le instó a contestar a una serie de preguntas impertinentes, lo que el Gobierno –con buen criterio- no ha hecho. Su ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, le espetó si estaba dispuesto a sacrificar por el terrorista Ghali las buenas relaciones con Marruecos, y el ministro de Derechos Humanos –un oximorón-, Mustafá Ramid, señaló que el Gobierno español era consciente de que el precio de subestimar a Marruecos sería muy alto ¿Qué esperaba España de Marruecos cundo vio a su vecino albergando a un responsable que tomó las armas contra el Reino? ¿Qué hubiera pasado si Marruecos hubiese actuado de la misma manera que hizo España”. Dijo que su país había sacrificado mucho en aras de la buena vecindad y, por ello, se encontraba en pleno derecho de trasladar a España “la magnitud de su sufrimiento”. Toda una exhibición de hipocresía porque, de un lado, Marruecos llevaba años negociando con el FP y sus “criminales” dirigentes y, de otro, está continuamente ultrajando a España cuando cierra las fronteras de Ceuta y Melilla, trata de asfixiarlas económicamente, abre de forma planificada el flujo de emigrantes desde el Sáhara a Canarias o desde el norte de Marruecos a Ceuta, retiene a 3.000 turistas españoles con la excusa de la epidemia de covid-19  o controla el tráfico de hachís hacia la península.

Marruecos se indignó con España porque no siguió el camino de Estados Unidos y mantuvo que el conflicto debería ser resuelto en el marco de la ONU mediante el  ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. Mohamed VI ha seguido el modelo de su padre Hassan II con la “Marcha Verde”, al organizar una invasión, que –, al cruzar ilegalmente la frontera de Ceuta- ha violado la soberanía nacional y la integridad territorial de España, pero también la integridad territorial de la UE, porque –como ha destacado el presidente del Consejo Europeo, Charle Michel- las fronteras de España son las fronteras de la UE. Las autoridades de la Unión han reaccionado de forma unánime en favor de España y han lanzado una advertencia a Marruecos para que no siga por la vía de la confrontación. El más explícito ha sido el vicepresidente, Margaritis  Schinas, que ha afirmado tajantemente que “Europa es solidaria con España. Ceuta es Europa”. Ha advertido a los países vecinos de origen y tránsito de inmigrantes ilegales, que la inmigración formaba parte de la agenda europea en sus acuerdos de partenariado y que tenían que “trabajar con y no contra nosotros”. 

La excusa última alegada para invadir  Ceuta ha sido hospitalización de Ghali en España y Marruecos reaccionó de forma vehemente ante lo que consideraba un ultraje y amenazó veladamente al Gobierno español con tomar las medidas que estimara pertinentes. Un comunicado de “Maroc Diplomatie”, ha señalado que las razones humanitarias invocadas por España no justificaban las maniobras urdidas a sus espaldas, no debían  ser aplicadas al jefe del Polisario cuando “miles de personas viven en condiciones infrahumanas en los campamentos de Tinduf”, no explicaban la inacción de los tribunales españoles, ni la complicidad con una usurpación de identidad, y no debían anular las demandas legítimas de las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por Ghali.

A estos alegatos cabe responder lo siguiente: 1) España no ha urdido ninguna maniobra contra Marruecos, sino que ha acogido por razones humanitarias al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, país que ha sido reconocido por 73 Estados y es miembro de la Unidad Africana, en pie de igualdad con Marruecos. Si los saharauis viven de forma infrahumana en Tinduf es  porque Marruecos los ha expulsado de su país, los ha bombardeado, ha ocupado la mayor parte de su territorio y no les permite regresar a sus hogares. 2) El juez Santiago Pedraz  ha reabierto el caso de la querella presentada en 2008 por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derecho Humanos –una institución pro-marroquí- contra 28 líderes del Frente Polisario, pero no ha adoptado medidas cautelares, porque “no hay indicios claros de participación en las conductas recogidas en la querella”. 3) Si el Gobierno marroquí tuviera tanto interés en que se hiciera justicia, debería colaborar con los tribunales españoles y permitir la extradición de las personas reclamadas por la Audiencia Nacional, que aceptó en 2014 una querella contra los ex-ministros de Defensa, Interior y Negocios Extranjeros y altos mandos militares marroquíes por genocidio y otros graves de1itos, y otra en 2015 de la Asociación de Familiares y Desaparecidos Saharauis contra 32 altos cargos marroquíes destinados en el Sáhara Occidental.  4) Mientras a Ghali cabe aplicársele la presunción de inocencia, Marruecos ha sido condenado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Europeo y la Comisión  Africana  de los Derechos del Hombre y de los Pueblos por su continua violación de los derechos humanos. 5) Ghali llegó a España con un pasaporte diplomático no falsificado, sino expedido por el Ministerio argelino de Asuntos Exteriores. Es cierto que iba a nombre de Mohamed ben Batouch, pero era razonable que se ocultara su identidad porque había escapado unos días antes a un ataque marroquí con drones israelitas, que causó la muerte del jefe de la Gendarmería de la RASD,  Adah el-Bandir.

Quizás la única acusación con algún peso sería la de que el Gobierno español no hubiera informado al marroquí de la hospitalización de Ghali, que no era una obligación jurídica, sino –a lo sumo- una conveniencia política. Para Marruecos la decisión de no advertir a sus homólogos de la presencia en España del líder del FP no era una simple omisión, sino un acto premeditado y una elección voluntaria de la que tomaba nota y de la que sacaría todas sus consecuencias. El Gobierno español, sin embargo,  había tratado de mantener la máxima discreción en torno a la llegada del presidente de la RASD, que fue ingresado en un discreto hospital provinciano. Los Servicios de Información marroquíes lo descubrieron y filtraron la noticia a la revista “Jeune Afrique”, que le dio amplia difusión. España es una nación soberana que puede recibir en su territorio a quien estime conveniente, sin necesidad de pedir la venia de un país vecino, tanto más cuanto que se trataba de una personalidad saharaui que había sido en su día ciudadano español y que su cogida había obedecido a razones humanitarias.

Pese a que Sánchez no informara de los acontecimientos en Ceuta al líder de la oposición, Pablo Casado le telefoneó para expresarle el apoyo del PP, señalando que su partido había sido más leal que sus aliados en el Gobierno, pues Podemos criticó el despliegue del ejército en las playas de Ceuta adoptado por su Gobierno. Vox censuró al Gobierno, pidió la expulsión en caliente de todos los inmigrantes ilegales, se opuso a la acogida de menores y rechazó la implicación de la UE. Los nacionalistas socios del Gobierno se sumaron a las críticas. Gabriel Rufián acusó a los Gobiernos de Marruecos y de España de usar a los inmigrantes como armas arrojadizas, y condenó  la actuación tanto del sultán de Marruecos como del rey de España (¿?), por tratarse de dos monarquías corruptas e incapaces de respetar los derechos humanos. Más mezquina aún ha sido la reacción del prófugo de Waterloo, Carles Puigdemont, quien ha pedido a la UE que no se deje arrastrar por una inflamación nacionalista española, pues Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes que forman parte de la Unión por su pasado colonial, que no defienda la integridad territorial de España en África y que fuerce al Gobierno español a negociar con el marroquí la entrega de las dos ciudades.

Una muestra de la falta de sensibilidad del Gobierno es que, en medio de la crisis ceutí, el Consejo de Ministro aprobó una consignación a Marruecos por valor de €30 millones para evitar las emigraciones irregulares. En ellos se incluye la entrega de 130 todoterrenos, 18 camiones especiales, 24 coches Volkswagen de lujo, 384 coches de patrulla, 90 “quads” y 10 millones de materia policial de alta gama. Por más que Grande-Marlaska alegue que se trataba de una decisión tomada con anterioridad al inicio de la crisis, lo lógico habría sido que su hubiera aplazado la adopción del acuerdo.

Marruecos se ha crecido con el reconocimiento de Estados Unidos de su soberanía sobre el Sáhara Occidental y estima que ya no necesita a España, a la que puede chantajear a su gusto. Se ha enfrentado asimismo a Alemania y ha adoptado una actitud prepotente por creer que cuenta con la cobertura incondicional del primo de Zumasol. La camarilla que rodea a Mohamed VI y la clase política creen que las ganancias obtenidas en el Sáhara Occidental gracias al reconocimiento de Trump compensan los puntos que pueda perder en el mundo árabe por su reconocimiento de Israel y el abandono de la causa palestina que se puede volver en su contra.

Una prueba de este envalentonamiento ha sido la actitud de la prudente embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, que -tras ser convocada de urgencia por la ministra González Laya para expresarle el malestar del Gobierno español por la actuación marroquí en Ceuta- calificó ante los medios de comunicación de “inusual” la celeridad con la que había sido convocada y la posibilidad de que fuera reclamada por su Gobierno para evacuar consultas, como así sucedió y su Gobierno ha advertido que no regresará hasta que no salga Ghali del país. Afirmó que había actitudes que no se podían aceptar y que tenían consecuencia que tendrían que ser asumidas. En las circunstancias en que se pronunciaron, lo menos que cabe decir de estas palabras es que eran imprudentes y poco diplomáticas, y podrían justificar su declaración como “persona no grata”. González Laya, sin embargo, está empeñada en quitar importancia al asunto y ha afirmado que no iba a entrar en un ejercicio de aumentar la escalada y prefería “tender puentes”, aunque mateniéndose firme en la defensa de la integridad territorial de España y de sus fronteras. 

¿Es Marruecos un país amigo de España?

González Laya ha dicho también que Marruecos es socio y amigo de España  ¿Es esto cierto o se trata de una diplomática mentira piadosa? Según el profesor Carlos Ruiz Miguel, director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental de la Universidad de Santiago, Marruecos es el enemigo por antonomasia de España. Como ha señalado José María Álvarez de Sotomayor, “debemos ser amigos de este país que es el que más daño nos puede hacer”. España debería ceder en los temas en que en los que nuestros títulos sean menos defendibles y no admitir, en cambio, ninguna clase de diálogo en aquellos –como los de Ceuta, Melilla o Canarias en los que nuestros derechos no han sido puesto en tela de juicio. Para Marcelino Oreja, España y Marruecos están llamados a entenderse en un contraste entre amistad y conflicto, y en un constante esfuerzo para superar esa relación agridulce de amor-odio.

Si -como se ha demostrado históricamente- España puede ser socia de Gran Bretaña, no podrá ser su amiga mientras el Gobierno británico continúe con la posesión de Gibraltar. Igualmente, España y Marruecos no podrán ser amigos mientras éste mantenga sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, porque aprovechará cualquier oportunidad para apoderarse de ellas. Marruecos puede además hacerle mucho daño a España con el terrorismo, la inmigración irregular, el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y armas, o la criminalidad transnacional, pero España también puede hacerle mucho daño a Marruecos por su situación geográfica, por sus intercambios económicos y –sobre todo- por su pertenencia a la UE, pero no hará, salvo que sea estrictamente necesario. Según Ansón, hay que mantener sosiego, calma, prudencia y moderación para que las aguas desbordadas de las relaciones con Marruecos vuelvan a su cauce. Sí, pero siempre que haya reciprocidad y, en cualquier caso, conviene hacer gala de firmeza. Ante las continuas provocaciones de Marruecos, hay que ser firmes y no bailar siempre al son que toque el monarca alauita. Es conveniente de vez en cuanto sacar los dientes y mandar mensajes de advertencia, sobre todo si se cuenta con el respaldo de la UE. España podrá ser socio de Marruecos por compartir intereses, pero no será amigo mientras este mantenga sus reivindicaciones.