Recibida con polémica en su día, “El gatopardo”, única novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa y publicada tras su fallecimiento, es hoy un clásico indiscutible que narra a través de sus páginas la capacidad de la naturaleza humana para adaptarse a los cambios políticos. Una muestra de su trascendencia es que la propia RAE ha incluido la palabra  gatopardismo en su diccionario para reflejar la intención o actitud de cambiarlo todo de forma aparente, para que todo siga igual. Es sinónimo de “efecto Lampedusa”.

Viene esta referencia al caso, ante la respuesta dada por destacados dirigentes de la Junta de Andalucía a la vista del resultado de las auditorías realizadas sobre muchos entes públicos creados por el PSOE durante las últimas cuatro décadas (la mal llamada “Administración instrumental” que no dejaba de ser una “Administración paralela”), auditorías hechas públicas a regañadientes y cuyas conclusiones ya se intuían, pero que ahora están plasmadas en documentos rubricados por técnicos independientes, a saber: la mayoría de estos órganos están inflados de personal que se ha llevado “años de brazos cruzados” (Marín en Diario de Sevilla, 8 de agosto), y su gestión ha estado lejos de criterios de eficacia (conseguir los objetivos marcados) y de eficiencia (con el mínimo de recursos necesarios).

Cualquier empresa privada, a la vista de estos informes, hubiera tomado la decisión de aligerar el peso de la Administración en lo que se refiere a entes y personal, máxime cuando uno de los dos socios de gobierno, Ciudadanos, se acaba de proclamar el abanderado del liberalismo en España en su último congreso, y el otro, el Partido Popular, que llegó a pensar que no conocería lo que es gobernar la Junta de Andalucía, hizo de la crítica al enchufismo su principal argumento para alcanzar el poder.

Sin embargo, lejos de estas decisiones, incómodas e impopulares pero necesarias, se nos dice que “los empleados de estos entes no tienen culpa y que deben estar tranquilos” (Bendolo en ABC de Sevilla del 4 de agosto): ¿en qué quedamos?, ¿No había que efectuar una limpia de la administración autonómica, para lo cual se basarían en auditorías llevadas a cabo por personal independiente? Ya no se habla de “limpia”, sino de “reordenación”. Ya no resulta correcto hablar de “echar enchufados”, sino que se trata de fusionar entes y organismos para hacerlos funcionales, como la proyectada Agencia Trade.

¡Claro que despedir personal tiene un coste, o no lo sabían cuando hablaban de ello en la oposición! Al parecer, la opción de privatizar para algunos políticos es como “mentar la bicha”: exigencia de resultados, competencia con otras empresas, control de rendimientos… Uff, deja, deja. Ahí tienen el caso de CETURSA, por poner un ejemplo: empresa que gestiona la estación de nieve de Sierra Nevada, con sobrecontrataciones (tenía el mismo personal en temporada alta que en temporada baja); el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, creado en 2008, con una estructura onerosa y desproporcionada donde el 83 % de su presupuesto era para pagar sueldos, ¡y qué decir de la Fundación Andaluza para el Fondo de Formación y Empleo (Faffe)!, que “funcionó como una agencia de colocación para el PSOE andaluz” durante sus ocho años de vida, según la descripción que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogió en un informe policial en 2018.

En los momentos actuales, saber que hay miles de trabajadores que están mano sobre mano, muchos que ni siquiera acuden a sus puestos de trabajo, sin cualificación para desempeñar determinadas tareas, formando parte de un tinglado vergonzante en el que miles de empleados han vivido del cuento sólo por ser del PSOE o partidos afines, raya en la inmoralidad.

Gobernar no es agradar, o no debería serlo; es adoptar decisiones en aras del bien común del conjunto de los ciudadanos, los que pagamos los emolumentos del personal de la Junta de Andalucía y sus entes. Para eso nos manifestamos en la calle con las banderas verdiblancas aquel domingo 7 de diciembre de 1977 andaluces de todo el espectro político; no lo olviden, por favor.

Resulta ineludible la apertura de un amplio debate sobre las funciones de la Administración Pública, y sobre la esfera que debe mantenerse en el ámbito privado. Es imprescindible replantear por completo la entera visión del gasto y delimitar aquello a lo que el Estado, en general, no debe renunciar de lo que debe dejarse a la iniciativa y a la decisión de cada ciudadano.

Las promesas electorales son para cumplirlas en un plazo razonable. La gran encrucijada de todo dirigente es siempre una disyuntiva de tiempos: la espera o la prisa (¡fíjense lo que tarda el PSOE en cambiar normas cuando llega al poder!), el apremio o la paciencia, el ímpetu o el sosiego. También, aunque sea menos frecuente, el dilema ético entre el sentido de la responsabilidad y el provecho propio, o sea, mantenerse en el poder a toda costa: ¿les suena?

Alberto Amador Tobaja: aapic1956@gmail.com