“¿Sabes lo que se podría hacer solamente con los intereses que nos ahorraríamos anualmente por esa deuda?: 30.000 médicos, o 42.000 enfermeras, o 300.000 operaciones, o 15 millones de consultas o 10.000 docentes más al año…”

Entre 2010 y 2022, tras la crisis económica negada groseramente por Zapatero, la mayor parte de las comunidades autónomas recurrieron para financiarse a mecanismos extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que supuso, en la práctica, un rescate por parte del Estado.

En diciembre del pasado año, la deuda andaluza alcanzaba los 40.529 millones de euros (39.842 actualizada), menos de la mitad de Cataluña (89.035), o dos tercios de la valenciana (60.332), todas muy lejos de la de Galicia (11.936) y de las Vacoscongadas (10.842). Por su parte, la madrileña se situaba en 37.260 millones, si bien Díaz Ayuso no recurrió al FLA.

El pasado 2 de septiembre al gobierno se le ocurrió que todos los españoles íbamos a pagar la pésima gestión de los independentistas catalanes. Para ello, pactando en exclusiva con ellos, el inquilino de La Moncloa aprobó un proyecto de ley de cancelación parcial de su deuda que quiere presentar a Las Cortes antes de fin de año para que se haga efectiva -cuán largo me lo fiáis- en abril de 2026. Para disfrazar la norma añadió la medida de gracia al resto de comunidades, ocultando al tiempo la financiación singular y privilegiada que dará a Cataluña el cien por cien de los tributos mientras el resto de comunidades seguirá recibiendo el 50  por ciento de la recaudación.

A ver, criaturitas: la quita de deuda a las regiones y en concreto a Andalucía que ha propuesto el Gobierno, no es una transferencia de libre disposición por ese importe de 18.791 millones de euros; no es dinero contante y sonante para nuevo gasto o inversión, sino que consiste en condonar parte de la deuda que mantenemos con el Estado a través del FLA y de otros mecanismos de financiación. Efectivamente, ese margen podría dedicarse a otros usos, como incrementar el gasto social (sanidad, educación, servicios sociales) o invertir en infraestructuras; pero, ojo, también puede servir para reducir el déficit o para bajar impuestos. Pero no olviden lo esencial: que la deuda no se esfuma, que es el gobierno central quien la asume y que, por tanto, son los españolitos de a pie los que la seguirán costeando. En definitiva, cambiamos nuestro banco por una financiera para seguir pagando nuestra deuda… más la catalana.

A ello súmenle que para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el esquema diseñado por el Ministerio de Hacienda no corrige la infrafinanciación histórica de algunas comunidades, sino que, por el contrario, agrava las diferencias. Así, las comunidades más perjudicadas por el modelo vigente desde 2009 -Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana- recibirán menos quita de la que les correspondería si se tuviera en cuenta su infrafinanciación acumulada: Valencia un 39,2% menos de lo justo; Murcia un 34,5% y Andalucía un 15,3%.

Sin embargo, amaestrado por sus satélites mediáticos convenientemente untados y tirando de ideología woke, viene el progretariado pregonando a los cuatro vientos que las comunidades autónomas fachas -las mismas que vienen tachando de trampantojo o bluf la cancelación parcial de la deuda con el Estado- en realidad, están rechazando una pella de millones de euros que podrían revertir en más y mejores servicios públicos.

En concreto, instalados en el monopolio de la verdad, no dejan de repetir como papagayos que Andalucía recibiría 18.791 millones de euros, aproximadamente el 22,57 % de la condonación total prevista (83.252).

Fueraparte de voceros del nivel de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda, parvulitos de Goebbels también campan -sobretodo- por las redes sociales en un intento desesperado de cebar la sesera ovina, abusando de esquemas que son dislates en sí mismos. Valga como ejemplo -entre decenas de miles- la soflama de Jesús Chacón, líder socialista de Cabra, reelegido por unanimidad hace cuatro meses y que osa dirigirse a los más de 20.000 egabrenses con la siguiente pregunta acompañada de sus “pertinentes y categóricas” respuestas:

“¿Sabes lo que se podría hacer solamente con los intereses que nos ahorraríamos anualmente por esa deuda?: 30.000 médicos, o 42.000 enfermeras, o 300.000 operaciones, o 15 millones de consultas o 10.000 docentes más al año… pero no, prefieren dárselo a las privadas [sic]. En cambio, se podría haber salvado la sanidad y la educación si la Junta aceptara esa quita”.

¿Será cierto? Vamos a verlo. Comparemos las actuales cuentas de Andalucía con las prometidas por Pedro y María Jesús:

• Deuda: 39.842 millones €
• Quita propuesta: 18.791 millones €
• Deuda tras la quita: 21.051 millones €

1. Antes de la quita:

• Amortización anual de deuda: 1.992,10 millones €
• Intereses anuales calculados al 2%: 796,66 millones €
• Total pagos financieros al año: 2.788,76 millones €

1. Después de la quita:

• Amortización anual de deuda: 1.593,68 millones €
• Intereses anuales al mismo interés del 2%: 421,02 millones €
• Total pagos financieros al año: 2.014,70 millones €

1. Resultado:

• Ahorro en intereses anuales: 375,64 millones €
• Ahorro anual en pagos financieros: 774,06 millones €

Importantes cuantías sin duda que la comunidad podría dedicar a sanidad, educación o servicios sociales, efectivamente, pero que -como se dijo- también puede emplear en  reducir impuestos a los andaluces o en seguir amortizando más deuda. Más aún cuando la UE y la AIReF recuerdan que el margen liberado debe usarse preferentemente para sanear cuentas públicas, no para aumentar gasto estructural que genere nuevos déficits.

Repartamos ahora ese ahorro anual en intereses entre las prestaciones que al principio nos proponía el concejal de Cabra cuyos ascendientes, felizmente, no se encontraban entre los 109 civiles muertos en el bombardeo republicano de la ciudad:

A cada uno de los 30.000 médicos se le asignaría un salario íntegro de 14 pagas, a razón de 894,38 euros mensuales.

Las 42.000 enfermeras -los enfermeros los dejamos para otro día- percibirían 14 nóminas al año por un importe de 638,84 euros brutos.

Cada una de las 300.000 operaciones, entiéndanse intervenciones quirúrgicas, tendrían un costo de 1.252,13 euros (la jeringa y el bisturí que lo pongan los pacientes).

Cada consulta, hasta los 15 millones previstos, supondría un gasto de 25,04 euros (incluidas las visitas domiciliarias).

Desconocemos los motivos y las necesidades pero “suerte” han tenido en el reparto los 10.000 docentes más al año que propone el paisano de doña Carmen Calvo: alcanzarían un salario mensual antes de deducciones de 2.683,14 euros.

Hablar no cuesta dinero. Menos mal, si no la Cuba ibérica ya brillaría en todo su “esplendor”.