Todos los que somos o hemos sido padres de adolescentes sabemos de esa ansiedad que empieza a invadirnos cuando vemos que nuestro hijo (o hija, da igual) no llega a casa a la hora que tenía prevista y comienzan a pasar los cuartos y las horas sin tener noticias, y cómo esa sensación deriva en angustia cuando, tras mucho pensarlo, lo llamas y el móvil responde con el mensaje de que está apagado o fuera de cobertura. ¿Les suena, verdad?

Igual, no, pero al menos se habrán sentido identificados con la angustia que los padres de Marta del Castillo sintieron desde aquella fatídica noche de enero de 2009, en que su hija no volvió a casa y comenzó la pesadilla de la que todavía no han podido despertar, por poner un caso que nos coge de cerca a todos los sevillanos, o con la madre de los dos niños que hizo desaparecer José Bretón en octubre de 2011. 

En estas consideraciones me encontraba cuando leía en un reportaje reciente el drama de tantos ucranianos que han sido privados de sus hijos de distintos modos: los rusos mataron a los padres y deportaron a los hijos; los separaron de sus progenitores cuando estos cayeron prisioneros; los retiraron de los orfanatos o escuelas con internado, o, finalmente, les ofrecieron a los padres la posibilidad de sacar a sus hijos de un escenario de guerra y, con el engaño de su recuperación más adelante, los trasladaron al interior de Rusia.

La Corte Penal Internacional ha condenado la deportación ilegal de estos niños y adolescentes, cuya cifra supera con mucho los 20.000, y que han sido entregados a familias rusas en adopción, cuando no han sido insertados en uno de los 43 campos de “re-educación” que estima la Universidad de Yale que han sido construidos para este fin por toda la geografía rusa.

El Comisionado de Derechos Humanos, Save the children y UNICEF no han dudado en calificar estas atrocidades de crímenes de guerra, pues al desarraigo que están provocando en los niños, se le añade la creación de nuevas identidades para ellos y los traumas psicológicos que les provocan así como a sus familiares.

A todos nosotros, enfrascados en asuntos del día a día, esto nos resulta lejano, pero aquí en España, más de cuatrocientos niños fueron “secuestrados” por uno de sus progenitores en 2022.

En esta legislatura que ahora concluye parece haberse corrido un tupido velo sobre esta lacra social que es la sustracción de menores, sobre todo cuando son los progenitores quienes se los llevan como arma arrojadiza en un proceso de separación, guarda y custodia o regreso a los orígenes, sin pensar en la ex pareja. Al parecer, nadie se atreve a publicar que nueve de cada diez casos que llegan a la asociación Niños sin Derechos (Nisde) tienen a mujeres como sustractoras (no se las puede llamar “madres protectoras” como hace la actual ministra de Igualdad).

Ante la evidencia de un caso, ¿qué hacer? ¿Denunciar en Comisaría la desaparición o la sustracción (no se computan de igual modo las denuncias que interpone alguien por sustracción parental de un menor que por su desaparición)? ¿Es mejor ir directamente al juzgado a denunciar? El pasado año hubo 428 casos oficiales de desaparecidos – sustraídos en España (434 en 2021 y 294 en 2020) sobre los que no se sabe nada. El Centro Nacional de Desaparecidos (Cndes) del Ministerio del Interior no arroja luz sobre las anteriores cuestiones.

Es manifiesta la confusión que existe en este asunto: ¿en qué comunidades se da más este delito? ¿qué rango de edad tienen los menores? ¿cuál es su probable destino o lugar de procedencia del progenitor denunciado? ¿cui prodest esta opacidad? No todos los países son firmantes del convenio de La Haya de 1980, que, ratificado por España en 1987, tiene por objeto garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquiera de los Estados que lo suscribieron. Conocer la realidad del problema es clave para diagnosticarlo bien y prevenirlo.

En unas fechas en las que todos hablamos de las molestias ocasionadas por el  calor, de la subida de precios y de las inminentes elecciones, debería hacernos pensar que muchos de estos padres de hijos secuestrados, en cualquiera de los escenarios aquí descritos, daría lo que fuera por cambiarse con alguno de nosotros, que cerramos la puerta de la vivienda antes irnos a dormir con nuestros hijos en casa.

Alberto Amador Tobaja: aapic1956@gmail.com