Se ha iniciado la semana con dos hechos de trascendental importancia: la entrevista en Bruselas de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, con el prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, y la rueda de prensa de éste en la que ha expuesto sus condiciones para iniciar las negociaciones con el PSOE con vistas a conseguir que JxC vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

Antecedentes

Tras la celebración en Cataluña del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el Parlament anuló la Constitución española mediante una ley autonómica y adoptó sendas leyes  sobre “Referéndum” y sobre “Transitoriedad jurídica y fundacional de la República”, y no sabe muy bien quién proclamó la independencia de Cataluña, que fue suspendida unos minutos más tarde. A instancias del presidente del Gobierno, Rajoy, y con el apoyo del PSOE, el Senado acordó la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se suspendió la autonomía catalana, se disolvieron el Parlament  y el Govern, y el Tribunal Supremo (TS) procesó a los políticos responsables de semejante golpe. El presidente de la Generalitat, Puigdemont, huyó escondido en el maletero de un coche y se refugió en Bélgica, creando en Waterloo una corte republicana de los milagros. El TS dictó una Orden europea de detención y entrega del prófugo por los delitos de rebelión y de malversación, pero la Audiencia Provincial de Schleswig-Holstein denegó la entrega por el primer delito y, aunque la concedió por el segundo, el TS lo considero insuficiente y no aceptó la entrega. El magistrado instructor, Pablo Llarena, dictó una nueva OEDE, pero los tribunales belgas rechazaron la entrega. 

Puigdemont fue elegido diputado al Parlamento Europeo y, aunque no cumplió los requisitos exigidos por la legislación española para adquirir tal condición,  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió -en una desafortunada sentencia- que  la había adquirido desde el momento de su elección, en contra de la normativa comunitaria. El TS pidió el levantamiento de su inmunidad y el Parlamento la concedió. Puigdemont recurrió esta decisión ante el TJUE , que rechazó el recurso en primera instancia y el caso está pendiente de resolución tras la apelación del interesado.

En el ámbito político, la situación fue favorable al fugado al encontrar simpatía en la opinión pública mundial, si bien ningún Estado reconoció la independencia de Cataluña, ni la legitimidad del presidente de la Generalitat en el exilio belga. Tras el acceso al Govern de ERC y la salida del mismo de JxC, Puigdemont fue perdiendo protagonismo y se convirtió en un zombi político, cuya entrega a la justicia española se esperaba más pronto que tarde. La Fortuna, sin embargo, fue propicia al fugitivo de Waterloo por mor de la aritmética parlamentaria, ya que -tras las elecciones generales del 23-J- los 7 diputados que consiguió se convirtieron en fundamentales para decidir quién debería gobernar en España ante la igualdad numérica entre los bloques de la derecha -172 escaños- y de la izquierda más los independentistas -171-. Se ha llegado al caso único en la Historia de que la gobernabilidad del país depende de la decisión de un prófugo de la justicia. De ahí, que el candidato Sánchez esté cortejando a Puigdemont y se muestre dispuesto a concederle lo que solicite a cambio de los votos de JxC.

Es pública y notoria la insólita capacidad de Sánchez de cambiar de opinión en cuestión de minutos en función de sus necesidades. Cuando estaba en la oposición, dijo que Puigdemont había cometido un delito de rebelión, por el que debería ser juzgado por los tribunales españoles, y que él lo traería a España con ese objetivo. También dijo que había que endurecer las penas de los delitos de rebelión, sedición y malversación, lograr que los condenados por tales delitos cumplieran toda su condena, e introducir el delito de convocatoria ilegal de referéndums. Ya en el Gobierno, Sánchez ha hecho justamente lo contrario pues, no solo no endureció el Código Penal, sino que suprimió el delito de sedición y redujo las penas para el de malversación, indultó a los políticos condenados por sedición, y está dispuesto conceder un “alivio penal” -eufemismo para la amnistía- a los sediciosos, a los malversadores y a los prófugos. De sabios es rectificar y el Dr. Sánchez es más sabio que Salomón.

Humillante visita a Bruselas de la vicepresidenta Díaz para ver a Puigdemont 

Pese a los resultados poco lucidos de Sumar, su omnipresente lideresa no quiere perder los focos y mueve el rabo “ad oportuniter ac importuniter”. Influida por su “En Común Podemos”, Díaz se ha erigido en adalid de la amnistía a los sediciosos catalanes y se ha dado un garbeo cuasi secreto por Bruselas para flirtear con el forajido Puigdemont y suplicarle -entre sonrisas y “biquiños”- que apoye la investidura de Sánchez como presidente de un Gobierno Frankenstein-2. Según ha comentado Emilia Landaluce, la obsequiosa vicepresidenta ha abusado de su sonrisa servil y del toqueteo en su “pas à deux” con Puigdemont y solo le faltó arrodillarse ante él. Quienes veían en ella cierto talante tendrán que reconocer que actúa bien cuando es necesario para seguir pastando. “Es fácil dialogar cuando solo hay sí-sí, emperador”.

Según un editorial de “El Debate”, este viaje semiclandestino para implorar el apoyo del prófugo le dio una legitimidad personal y política incompatible con su currículo y sus intenciones, y es uno de los episodios más bochornosos vistos en 45 años de democracia. La mera disposición a reunirse con el líder de JxC fuera de España  ha sido una victoria simbólica para él, porque le otorgó una legitimidad personal y política incompatible con su currículo y sus intenciones. Si el simple encuentro era un acto de sumisión, su previsible contenido ahondaba en la vergüenza. Pese a insistir en que había viajado solo en su calidad de presidenta de Sumar, es harto evidente que lo ha hecho como vicepresidenta del Gobierno, y en nombre de Sánchez, para rogar al  fugitivo que apoyara su investidura. “Todo ello muestra la falta de valores y escrúpulos de Sánchez, empeñado en mantener el poder a toda costa, aunque en su codicia política se incluya un deterioro de la España constitucional irreversible”. Solo las necesidades personalísimas de Sánchez explican la obscena subasta anticonstitucional que sus potenciales aliados han abierto, con la displicencia del aspirante a repetir en el cargo, algo que nunca podría lograr si no se dejara intervenir por esas fuerzas y se sometiera a ellas. Si a la pinza populista-separatista se suma el chantaje político de un prófugo, el resultado no puede ser más desastroso para España, ya que todos los socios de Sánchez buscan romper sus costuras constitucionales y se ven con fuerza para lograrlo, por la sumisión desesperada de un dirigente insolvente que pretende convertir una burda extorsión en un “bloque de progreso” inexistente.

Desmintiendo su pretendido talante dialogante, Díaz dejó plantado al candidato propuesto por el Rey para la investidura para dialogar en su lugar con un prófugo de la justicia. En opinión de Alfonso Ussía, Díaz es una consumada farsante que actúa muy bien cuando lo exige el guion, pero el principal responsable está en las bambalinas.  Acudió a Bruselas para facilitar la labor sucia de Sánchez de blanquear a Puigdemont y darle credibilidad. La reunión ha sido considerada fructífera por ambas partes, ya que ha servido para abrir el camino hacia una relación normalizada entre la vicepresidenta del Gobierno de España y un huido de la justicia española acusado de malversación. Para el cínico de Puigdemont -que no sabe lo que es ni la democracia ni el diálogo-, el encuentro “es parte de la normalidad democrática en la Unión Europea”. En el comunicado conjunto que ha oficializado la reunión, se dice: ”Compartimos la profunda convicción de que la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democrático. En este sentido, estamos de acuerdo en explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político”. El plan consiste el devolver el conflicto a la política y desjudicializarlo, mediante una  amnistía u “olvido penal” a los sediciosos patriotas catalanes ¿Cumplir  con las leyes y la justicia?  Eso es una perversión de los fascistas, ajena al progresismo de Sumar y de JxC, y a la feliz coyunda entre el marxismo de Yoli y “lepenismo” de Puchi.

Cómo ha señalado “El Mundo”, la reunión entre Díaz y Puigdemont es uno de los hechos políticos más graves de los últimos años en España. “La vicepresidenta en funciones desacredita al Estado representando al Estado mismo y se coloca en una posición que sería insostenible si España no estuviera instalada en una situación de excepcionalidad y degradación institucional como la actual”. Que una autoridad de tan alto nivel se desplace a donde Puigdemont se encuentra huido confiere una legitimidad moral a su figura y a todo lo que representa, que vulnera el más mínimo respeto al proceso judicial que, legítima y legalmente, trata de que el prófugo sea juzgado en España. Díaz ha quebrado de forma ostentosa el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y humillado a las instituciones españolas y El Gobierno asesta un duro golpe a la dignidad de la Justicia española. Las cesiones a JxC no tienen por objetivo la normalización de Cataluña, sino que Sánchez conserve el poder. 

Por mucho que insista el Gobierno en desentenderse de la visita de su vicepresidenta, parece escasamente creíble que la ignorara. Solo hay dos posibilidades:

O estaba al corriente de la misma o no lo estaba. En el primer caso, Díaz habría actuado en nombre de Sánchez y siguiendo sus instrucciones. En el segundo, sería una grave deslealtad de la vicepresidenta, al tomar sin el consentimiento del presidente del Gobierno una decisión sumamente grave, que comprometería no solo a Sumar sino también al propio Gobierno del que formaba parte. Si tal fuera el caso, Sánchez debería haberla cesado al instante. El presidente, sin embargo, no ha hecho comentario alguno, lo que supone un reconocimiento implícito de que la intervención de Díaz ha sido inspirada por el Gobierno. Por muy osada que sea, la vicepresidenta nunca se atrevería a enfrentarse abiertamente con el amado líder. Lo que pasa es que ambos siguen tomando a los españoles por tontos. La extraña visita ha sido calificada acertadamente por  Alfonso Guerra de “infamia”.

Condiciones de Puigdemont para negociar la investidura a Sánchez

El 5 de septiembre se produjo la esperada rueda de prensa, en la que – Puigdemont -recuperado el perdido protagonismo gracias a la gentileza del Gobierno en funciones- expuso las exigencias de JxC, no ya para dar su apoyo a Sánchez en la investidura, sino simplemente para sentarse a una mesa a negociar. Tras años de oscuridad y nadería, Puigdemont se ha convertido en un “kingmaker”, no tanto por los resultados de las elecciones generales, como por la voluntad de Sánchez, que -con su radical oposición a cualquier pacto de Estado con el partido ganador de las mismas, siguiendo su divisa de “No es no”- no ha dejado más opciones que la celebración de nuevos comicios o un Gobierno Frankenstein-2 con todos los componentes de Frankenstein-1 y la guinda de Puigdemont, que -crecido por las ansias de Sánchez- ha expuesto unas condiciones maximalistas claramente anticonstitucionales, que resultan de imposible aceptación, pero que el PSOE parece dispuesto a aceptar.

Puigdemont vive en un mundo virtual creado por los sedicentes historiadores nacionalistas, que se han manipulado la Historia inventándose la existencia de un imaginario reino de Cataluña que se remontaba al paleolítico, ocultando que el Condado de Barcelona y otros condados menores habían formado parte de los reinos de Francia o de Aragón. Según Alsina, ha doblado el pulso no ya a Felipe  VI -que también, por su discurso del 3 de octubre de 2017-, sino a Felipe V. Como ha observado Rafa Latorre,   nos hemos apresurado a hablar del futuro cuando Puigdemont quiere resolver antes el pasado  y, de ahí, que arrancase en 1714 el memorial de agravios, que España deberá enmendar para que JxC se apreste a negociar una investidura. Sigue con el mantra de que la guerra de sucesión entre los pretendientes francés y austriaco al vacante trono español fue una guerra de secesión entre catalanes y castellanos, y que el Decreto de Nueva Planta de 1716 supuso el fin a de la independencia de Cataluña y el inicio de la dominación de Castilla. Antes de cualquier referéndum de futuro, Puigdemont quiere que el Gobierno legitime el referéndum de 2017 y que lo dé por legal. “Si hay un acuerdo sería un compromiso histórico, dado que cada régimen y Gobierno español no ha sido capaz de hacer realidad desde el 11 de septiembre de 1714”, pero, en la actualidad, no hay condiciones para ese acuerdo.

La primera condición es identificar adecuadamente los elementos del conflicto,  tales como la criminalización del 1-O, la respuesta legítima del pueblo, la consulta de 2014, el pacto fiscal, el referendo o la aplicación salvaje del 155 para intervenir el autogobierno. ”Cataluña es una nación europea que ha visto atacada su condición nacional desde 1714, por lo que su independencia política es la única forma de seguir existiendo como nación. ¿Existe algo alternativo para garantizarlas? Todas las evidencias durante décadas demuestran que no, pero en todo caso correspondería a los responsables políticos españoles desmentirlo, pero no con palabras y promesas -que siempre ha habido- sino con hechos”. 

Las exigencias concretas para sentarse a negociar son las siguientes: 1) Reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo. “Nos atacan, nos persiguen, le han pedido a Europol que se nos trate como terroristas… nos espían, infiltran, y fabrican montajes para hacer detenciones sin fundamento.2) Abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas, lo que es una exigencia ética. El 1-O no fue ilegal, como no lo fue la declaración de independencia. “Esto está al alcance del Parlamento español a través de una Ley de Amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014, pero también es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado”. Esta amnistía debería ser inmediata -en cuestión de días más que de semanas-, porque el plazo para un acuerdo sobre la investidura termina a finales de noviembre. “Exige esa amnistía antes de sentarse en la mesa o, al menos, el inicio del proceso. 3) Creación de un mecanismo de mediación y verificación que aporte las garantías de cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que los dos grandes partidos políticos españoles no están en condiciones de dar. La total falta de confianza entre las partes hace que este mecanismo sea imprescindible y debe operar desde el inicio de las negociaciones. 4) Fijación como únicos límites de los tratados internacionales sobre derechos humanos. “Quiere el referéndum de independencia y su promesa será una línea roja, pero solo una vez que empiece formalmente la negociación de investidura. La amnistía es condición previa; la consulta legal futura debe quedar pactada antes de que termine noviembre, aunque la ejecución pueda hacerse más adelante en el tiempo”.

Puigdemont nos ha advertido que debemos estar preparados para nuevas elecciones, pero también para una negociación que puede culminar en un acuerdo histórico: “O se repiten elecciones, con riesgo de que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora, o pactan con un partido que mantienen la legitimidad del 1 de octubre y la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos, y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”. Al escuchar estas exorbitantes y provocadoras declaraciones, Sánchez -si hubiera tenido un mínimo de dignidad- debería haber dicho ”!Res!”, ya está bien. ¡No hay negociaciones que valgan! Sin embargo, se  ha mostrado satisfecho porque, cediendo un poquito, tiene asegurada su estancia en la Moncloa.

Reacciones ante las exigencias de Puigdemont

Pese a sus categóricas aseveraciones -la última de 10 de noviembre de 2022- de que la concesión de una amnistía era incompatible con la Constitución, Sánchez ya había preparado de antemano el terreno para mantener justamente lo contrario, en una solemne declaración en el Ateneo, en la que afirmó que había que resolver la situación de fractura existente en Cataluña, evitando los errores cometidos en 2017 y apostando por el diálogo y la concordia. Era la hora de la política: aprender de esos errores y pasar página. Las conclusiones que cabe deducir de estas palabras son que los sediciosos catalanes no hicieron nada grave, que el Gobierno de la Nación sobreactuó al aplicar el artículo 155 de la Constitución, y que la justicia se pasó en las condena de los sediciosos, por lo que había que aprender de esos errores para evitarlos. Tras indultar a los políticos  condenados, suprimido el delito de sedición, y devaluado el de malversación, ha dado legitimidad a un prófugo y decidido que había llegado la hora de conceder una amnistía a todos los involucrados en el procès, para que reinara la concordia en Cataluña. 

Para ello -según la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez- el Gobierno tiene como marco la Constitución, como herramienta el diálogo y como objetivo la convivencia. Se trata de bonitas palabras que no responden en absoluto a la realidad. Según ha declarado Felipe González, si Sánchez ha asegurado que todo se haría en el marco de la Constitución, “entonces dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe la amnistía ni la autodeterminación”.  Para Guerra, la amnistía supondría la condena de la Transición y sería contraria a la letra y al espíritu de la Constitución  ¿Qué diálogo hay con los discriminados catalanes no nacionalistas, que ni siquiera pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna que es la de la Nación, en una Cataluña en la que los poderes político, económico, social, cultural y mediático están monopolizado por el nacionalismo independentista? González también ha dicho que la democracia y la convivencia están siendo atacadas en Cataluña. Si las continuas concesiones del Gobierno de coalición a los separatistas ha logrado “pacificar” Cataluña y restablecer la “concordia” entre catalanes y españoles, y de catalanes entre sí ¿qué necesidad hay de conceder una amnistía a unos irredentos golpistas que se han jactado de que volverán a reincidir, y que -gracias al desmantelamiento de las defensas del Estado de Derecho realizada mediante la reforma del Código Penal- podían atentar contra el Estado con total impunidad? Según Nicolás Redondo, la aprobación de una amnistía será la liquidación del abrazo de la nación del que nació el sistema del 78. “Esta amnistía -que con gran sentido de humor negro han dado en calificar como ‘alivio judicial’- no saldrá adelante con la determinación de buscar la reconciliación entre españoles sino para obtener unos cuántos votos en el Parlamento e ir tirando. ¡Un Gobierno bien vale una amnistía!”

Consciente de la antijuridicidad  del proceder de su Gobierno, Sánchez ha creado una red de seguridad conformando un Tribunal Constituciona, totalmente entregado a la causa sanchista bajo el liderazgo de Cándido Conde Pumpido, quien ha dado sobradas  muestras de cómo se puede retorcer el derecho y ensuciar las togas de los magistrados. Sánchez ha dicho que el TC era el único competente para determinar si una Ley de Amnistía era o no constitucional, pero juega con ventaja porque no se trata de un Tribunal compuesto por prestigiosos juristas, al margen de su ideología, sino que está formado en su mayoría por antiguos empleados del Gobierno. Prueba de ello han sido sus dos últimas resoluciones. De un lado, el TC ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra la decisión del TS de que no procedía volver a contar los votos nulos que se habían emitido en las elecciones generales en la Comunidad de Madrid, de conformidad con la opinión expresada por la Junta Electoral Madrileña y Central. La ponente, Laura Díez -antigua directora general en la Presidencia de Gobierno y empleada de la Generalitat- rechazo el dictamen negativo de la letrada Gemma Díez-Picazo y forzó otro positivo del letrado Fernando de la Peña, con quien trabajó en Moncloa. El rodillo progresista respaldó la admisión del recurso. De otro, el TC ha admitido a trámite la apelación contra la decisión de su Sala de Vacaciones de rechazar el recurso de Puigdemont contra la orden de detención nacional. Estos precedentes vaticinan cuál será la opinión del Tribunal  ante un más que previsible recurso contra una eventual Ley de Amnistía. 

Aunque pocos, cada día son más los auténticos socialistas -Guerra, Redondo, García-Paje, Lambán, Leguina, Molina, Jáuregui, Sevilla, V. Zapatero, Almunia, Benlloch…-, que se oponen a la concesión de una amnistía, que consideran contraria a la Constitución y a los principios del PSOE. La exvicepresidenta el Gobierno y profesora de Derecho Constitucional, Carmen Calvo, ya dijo en su día que una amnistía era incompatible con la Carta Magna. La expresidenta del Congreso y también profesora de Derecho Constitucional, Meritxell Batet, rechazó tramitar la propuesta de Ley de Amnistía presentada en la anterior legislatura por considerarla inconstitucional -como así lo estimaron los letrados del Congreso-. El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también expresó esta misma opinión. Habrá que ver si en su actuación como magistrado del TC prevalecen sus convicciones jurídicas o su adscripción política. Los profesores afines al PSOE -Xiol, Martín Pallín, de la Quadra-Salcedo, Pérez-Royo Urías- han estimado que la amnistía es plenamente constitucional, con el peregrino argumento de que lo que no está prohibido está permitido. En consecuencia, si la Constitución no dice nada sobre la esclavitud, supone que ésta está permitida. La mayoría de los expertos en Derecho Constitucional -Aragón, Vidal, Tajadura, Arbós, Flores, Vera…- se han pronunciado por la inconstitucionalidad de la amnistía. La tesis de la inconstitucionalidad ha sido magistralmente defendida en por Aragón en su artículo “La Constitución no permite la amnistía”, con el que concuerdo plenamente. Es de temer que Conde-Pumpido y su cuadrilla se alineen con los primeros. Sánchez no debe preocuparse, porque Conde cumple con su patrón. Según Santiago González, es un seguro a todo riesgo para el sanchísmo. Y va a satisfacer las exigencias de amnistía de los golpistas catalanes, entre el alivio penal y la desjudicialización.

 Para Sociedad Civil Catalana, el futuro de España se juega en el tablero catalán y el constitucionalismo secuestrado por estrategias cortoplacistas no parece capaz de ponerse de acuerdo para impedir un despropósito absoluto. Quienes huyeron de la justicia o fueron condenados por sedición y malversación deciden sobre la gobernabilidad de España e imponen sus condiciones para negociar la investidura. El separatismo no puede conseguir por la puerta de atrás lo que no consiguió en 2017: abrir un proceso constituyente ajeno a la voluntad mayoritaria del pueblo español sobre quien recae la soberanía nacional. La Ley de Amnistía exigida por el prófugo Puigdemont es  incompatible con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. SCC ha interpuesto una denuncia ante el TS contra Yolanda Díaz por negociar asuntos de Estado con un prófugo de la justicia. 

Ahora, hasta el líder de la oposición, Fijóo, ha declarado que hay que buscar el encaje de Cataluña en España, cuando lo que en realidad se trata es de encontrar el encaje de España en Cataluña. La parte se ha impuesto al todo. Sánchez podrá decirle a su nuevo socio: “Venciste, galileo”. Como ha observado José Ignacio Benavides,  nunca un Gobierno español -salvo quizás en la época de Fernando VII- había caído en tales abismos de indignidad y de falta de ética, de moral, de vergüenza, de honradez y de respeto. “El presidente en funciones y sus secuaces quieren destruir la Transición, la Constitución, la Monarquía y la Paz, para reemplazarlas por una ‘cosa gaseosa’ que ya no sería España. Hay que elevar la voz e impedir que salgan adelante estos planes”.

Según Feijó, en el programa electoral del PSOE no se mencionaba la amnistía y Sánchez negó rotundamente que fuera a concederla, con los que mintió una vez más a todos los españoles. El Estado de Derecho no puede aceptar una amnistía por delitos cometidos en una democracia. Para Aznar, no cabe mayor expresión de degradación política y de descomposición institucional. En opinión de Carlos Herrera, la amnistía socava el Estado de Derecho, desprestigia a la justicia y pone en evidencia a los jueces, policías y funcionarios que cumplieron con su deber, y hasta el propio Felipe VI. Puigdemont va tan sobrado con los arrumacos de Díaz y las mercedes de Sánchez, que no le basta con que le perdonen, sino que pretende que le pidan perdón y lo feliciten por su patriótico y democrático golpe de Estado. Una buena parte del pueblo español tiene tales tragaderas que acepta y condona las barbaridades de Sánchez y se ha resignado a admitir que la única forma de solucionar el conflicto catalán pasa por el apaciguamiento y la rendición. La justicia europea alucina ante el hecho de que el TS pida la entrega de Puigdemont y la vicepresidenta del Gobierno acuda solicita a su encuentro para rogarle que apoye la investidura del presidente en funciones, a cambio de que se haga borrón y cuenta nueva. El grado de descomposición ética y moral al que han llegado Sánchez  y su vicepresidenta Díaz es inconmensurable, constituye motivo de vergüenza ajena y supone una gran deslealtad para España y para los españoles.