El 29 de abril de 1984, pese a haber sido imputado por fraude en el caso de la Banca Catalana, Jordi Pujol ganó las elecciones autonómicas en Cataluña y aprovechó su discurso con este motivo para afirmar solemnemente que, “a partir de ahora, cuando alguien hable de ética, de moral o de juego limpio, hablaremos nosotros, no ellos”. 36 años más tarde, el juez José de la Mata propuso procesar al presidente de la Generalitat, a su esposa y a sus 7 hijos por los delitos de fraude fiscal, alzamiento de bienes, blanqueo de dinero, falsedad documental y asociación criminal. No está mal para la “sagrada familia”. Parafraseando al Padre Peyton, cabría decir que “familia que roba unida, permanece unida”. La Audiencia Nacional acordó el  procesamiento y el Fiscal solicito 9 años de cárcel para el patriarca, 29 para su hijo Jordi y 54 para el resto. En el ínterin, la ” madre superiora” -Marta Ferrusola- ha sido exonerada por padecer de Alzheimer y es más que probable que el patriarca -a punto de cumplir 94 años- nunca llegue a sentarse en el banquillo de los acusados “Sic transit gloria mundi”.

Otros 38 años después, Salvador Illa, presidente del PSC ha emulado al ex-Honorable y -en un alarde de desvergüenza- proclamad que, “a partir de ahora, las lecciones de constitucionalismo y de patriotismo las vamos a dar los socialistas”. Esto lo dice el líder de un partido que ha apoyado el derecho a decidir, la celebración de un referéndum de autodeterminación, el plurinacionalismo, una reforma de un Estatuto de tipo confederal, la creación de un Consejo del Poder Judicial propio, la recuperación de los artículos del Estatuto de 2005 declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, la alianza con partidos separatistas para gobernar en ayuntamientos y diputaciones, la alegal mesa negociadora  entre el Estado y la Generalitat al margen de las instituciones constitucionales, los indultos a los sediciosos, y la ley para incumplir la sentencia del TSJC sobre la obligación de impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Ha avalado la normativa catalana discriminatoria del español, respalda el Gobierno en minoría de Pere Aragonés – al que ha tirado los tejos para formar un nuevo tripartito- y apoya las propuestas para derogar el delito de sedición y descafeinar el de malversación ¡Menudo patriotismo constitucional!  

También advertió Illa de que había que tener cuidado de no jugar con la Constitución. Lleva más razón que un santo, pero “no hay que ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el nuestro”. Si ha habido alguien que no pare de jugar con el espíritu e incluso con la letra de la Constitución, ha sido Pedro Sánchez, cuyas propuestas arbitrarias serán aprobadas en breve por las Cortes merced a un injustificado procedimiento de urgencia y sin que se hayan recabados los informes preceptivos el Consejo de Estado y del CGPJ. Como ha señalado la Comisión Europea, antes de que un Estado modifique su Código Penal, debería solicitar el dictamen de sus más altos órganos consultivos. Convendría recordarle a Sánchez y a su Rasputín de bolsillo, Félix Bolaños, que hay que tener también mucho cuidado con jugar con el Código Penal, una norma básica para la convivencia entre los ciudadanos.

Durante el debate el pasado 22 de noviembre en el Senado, Sánchez se negó a contestar en dos ocasiones a la pregunta que le hizo Alberto Nuñez Feijóo sobre cuál la era la intención del Gobierno y, en vez de contestarle, se salió por la tangente y optó por ningunear al líder de la oposición. Como ha observado Jorge Rodríguez Zapata, el presidente del Gobierno debe responder de forma coherente y precisa a las preguntas e interpelaciones sobre cuestiones de interés general que se le formulen de conformidad con el artículo 111-1 de la Constitución, tales como la presentada por Feijóo. La pregunta era pertinente porque no es en modo alguno trivial desproteger la Constitución de las garantías penales que la deben salvaguardar. Las piezas van encajando en el rompecabezas. El Gobierno está ejecutando un plan minucosamente preparado en el que se ha seguido la “táctica del salami” de ir paso a paso para no alarmar en demasía. Se deniega la intención, se miente y se rectifica, y de ahí al siguiente paso, como ocurrió con las solemnes promesas de Sánchez de no pactar nunca con el partido que le impedía conciliar el sueño, de reforzar las normas del Código Penal sobre la rebelión y la sedición, de reintroducir el delito de convocatoria ilegal de referéndums, de traer a Puigdemont a España para que fuera juzgado por sus Tribunales, o de prometer que jamás  negociaría con Bildu . La política de Sánchez está basada en la mentira y -salvo en el caso de sus compromisos con los nacionalistas y los filoetarras- siempre hace lo contrario de lo que promete.

En relación con la sedición cabe señalar que no solo no se ha homologado la legislación española con los países europeos, sino que tampoco lo ha hecho con la de los iberoamericanos, como prueba el caso del Perú, en el que sus instituciones han logrado neutralizar el intento de golpe de Estado incruento del presidente Pedro Castillo, que decidió clausurar el Parlamento y declarar el estado de emergencia. Fue censurado por el Congreso. Tras el triunfo de la moción de censura, fue detenido y se encuentra provisionalmente  en prisión. 

Volviendo a Europa, se ha producido asimismo últimamente un caso que muestra la falta de homologación con Alemania, cuya Audiencia Provincial Schleswig-Holstein rechazó la entrega de Puigdemont a los Tribunales españoles, por estimar que no había realizado actos comparables al delito de alta traición, ya que no se había producido la violencia requerida. Estoy seguro de que los jueces germanos no serán tan tolerantes con quienes jueguen con la Ley Fundamental Alemana. La situación no es modo alguno comparable con lo que ocurrió en Cataluña, porque los detenidos son unos fantasmagóricos conspiradores que no disponen de poder alguno, carecen de fuerzas de seguridad y de estructura financiera, y no llegaron a realizar ningún acto delictivo. Los dirigentes de la Asociación “Ciudadanos del Reich” son el príncipe Heinrich XIII Reus -un aristócrata pirado- y Birgit Malsack-Winkermann, una juez y antigua diputada del partido ultraderechista AfD, que han sido acusados de terrorismo ¿Qué habría ocurrido si sucesos similares se produjeran en España tras la supresión del delito de sedición? Pues bien poca cosa, porque habrían cometido a lo sumo un delito de desórdenes públicos. Habrá que esperar a ver la decisión que adopten los tribunales alemanes, que fueron tan condescendientes con los sediciosos catalanes. 

El grupo parlamentario de ERC ha presentado una enmienda a la proposición de ley sobre sedición en la que han propuesto reducir las penas a los delitos de malversación de entre 2 y 6 años de prisión y 6 y 10 años de inhabilitación -aumentados a entre 8 y 12 años de cárcel y entre 15 y 30 años de inhabilitación en los casos de malversación agravada-, a penas de entre 6 meses y 3 años de prisión y entre 6 y 10 años de inhabilitación, cuando no haya ánimo de lucro personal. De esta esta manera, tipifican dos supuestos de malversación: una mala cuando los malversadores se meten el dinero en el bolsillo, en la que se mantienen condenas elevadas, y otra buena -que Emilia Landaluce ha calificado de “bienversación”-, cuando los frutos del latrocinio se dedican a buenas causas, como declarar la independencia de un territorio o llenar la caja del partido “bienversador”.. A los juristas de ERC solo le ha faltado poner los nombres y apellidos de los bienversadores, todos de estirpe catalana, aunque puede que se cuele algún converso charnego que se llame Sánchez.

El PSOE y ERC han llegado a un acuerdo  sobre una “cláusula ERC” -llamada ahora “desvío de patrimonio y fondos públicos para un fin diferente previsto”-, por la que se suaviza aún más el delito de malversación, al no preverse la existencia de agravantes y al exigirse que con el desvío presupuestario se hubiera causado daño o entorpecimiento grave al servicio público afectado. Al corresponder a la acusación la carga de la prueba y al ser la formulación excesivamente vaga, la disposición se presta a múltiples interpretaciones. Con este traje hecho a la medida de ERC, sus dirigentes serán plenamente rehabilitados y saldrán limpios como patenas.

Una muestra más en las inconsistencias del Gobierno han sido las críticas vertidas por las ministras Inés Montero y Ione Belarrra contra los jueces argentinos por la condena a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua por fraudes de millones de euros, y a la que han mostrado su apoy. Asimismo, la vicepresidenta española, Yolanda Díaz, se ha desplazado a Buenos Aires para solidarizarse con ella, no sé sabe bien sin nombre del Gobierno o en el suyo propio. Joaquín Leguina ha comentado que la Generalitat se gastó el dinero de los españoles en acciones absolutamente ilegales, pero que, si los aliados de Sánchez atracaran un Banco, el delito de atraco sería sacado del Código Penal.

Para los cerebros jurídicos del PSOE, abrir el melón del Código Penal no es tarea fácil que se haga todos los días y, por ello,  había que aprovechar No ocasionpara realizar todas las reformas requeridas, aunque no tuvieran nada que ver con el Código Penal. De ahí las enmiendas-sorpresa de los partidos del Gobierno para modificar la LOPJ y la Ley Orgánica del TC, para así redondear el control absoluto de estos dos órganos y convertirlos en una prolongación del Consejo de Ministros. El orgullo luciferino de Sánchez no le permitía consentir que unos fachas con toga lo pusieran continuamente en evidencia, y ha reaccionado con presteza. Si una ministra de Justicia podía ser Fiscal General del Estado ¿por qué otro ministro del ramo y una alta funcionaria de la Presidencia del Gobierno no podían ser nombrados miembros del TC? Dicho y hecho, pues nada se opone a la omnímoda  voluntad del César. Se suprime la exigencia de que el Tribunal se renueve por tercios y se permitirá que los magistrados nombrados por el Gobierno se incorporen al TC aunque el CGPJ no haya designado aún los suyos, y se privará a los miembros del Tribunal de la Facultad deevaluar la idoneidad de los candidatos, concediéndosela al Gobierno, que se convierte así en juez y parte. Esta modificación casa mal con lo dispuesto en el artículo 159 de la Constitución, de que los miembros del Tribunal serán nombrados por tercios.

Respecto al CGPJ, reduce el quórum para nombrar a sus miembros de una mayoría cualificada de 3/5 a la mayoría simple, se establecen plazos perentorios para la toma de decisiones y se amenaza a sus miembros con condenas penales si no los cumplieran. Este cambio entra en contradicción con -si no la letra- el espíritu del artículo 122-3 de la Constitución, que prevé que los candidatos que propongan las Cortes sean elegidos por los diputados y senadores por mayoría de 3/5. Según la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, las mayorías cualificadas se establecieron para evitar que se rompiera el equilibrio de pesos y contrapesos que garantizaban la estabilidad del sistema democrático, que ahora rompe el Gobierno. Con esta cuádruple reforma, el Gobierno pretende dominar por completo el Poder Judicial y se carga el principio básico de la democracia de la separación y la independencia de los poderes del Estado. 

Vidas paralelas de Roma y de la Hispania actual

Sánchez aspira a pasar la Historia por el motivo necrófago de violar tumbas. Según José Luis Corcuera, los españoles deberían evitar con su voto que también pase a la posteridad como un duplicado de Fernando VII. El presidente debería leer el excelente artículo sobre “República y tiranía en Salustio”, publicado en “Araucaria” por el profesor Antonio Hermosa, en el que, basándose en los relatos del historiador, senador y tribuno de las plebe Cayo Salustio, y de Marco Lépido, miembro del triunvirato junto con Marco Antonio y Octavio Augusto. En él narra las arbitrariedades cometidas por el Cónsul y Tirano, Lucio Sila, y compara la situación de Roma de finales de la República con la de la España actual.

La guerra civil había cuarteado el alma y la potencia de la antaño ejemplar República Romana y la tiranía amenazaba su supervivencia. Se perdió el amor a la justicia y los romanos poblaron la paz con los monstruos habituales en el cortejo de la discordia, la codicia y la ambición. Las pasiones convocaron a la guerra civil y la Republica se hallaba fragmentada en dos mitades irreconciliables. No solo se nutría ésta con las pasiones, sino también con el enconamiento extremo de la sociedad, y su división entre pobres y ricos, fuertes y débiles, izquierdas y derechas. Había que elegir una de ellas y llevarla hasta el fondo, creando incluso una nueva cuando no existiera.

¿Cómo se refrena al futuro tirano? ¿Cómo se defiende la República? Repasando las acciones de Sila, salta a la vista su desmedida inhumanidad, al haber arrebatado a los romanos su celebrado tesoro ético. Exhibía crueldad y mostraba su saña donde se requería compasión, y era el único que había ejercido tormentos con los que aún no habían nacido y que tenían asegurada la injusticia antes que la vida. “Vosotros; por miedo a una servidumbre más grave, renunciáis asustados para recuperar la libertad. La patología del tirano debería incitar a quienes lo sufren a la rebelión, en vez de a la apatía. Según Lépido, la barbarie de Sila no terminaba allí, ya que en sus manos estaban las leyes, los juicios, el erario y las provincias; en fin, la vida y la muerte de los ciudadanos romanos.

El éxito sirve a las mil maravillas para ocultar los defectos, pues cuando aquél se resquebraja, en la medida en que había sido temido, sería despreciado. La paz solo llegará para quien detente el derecho y la jurisdicción sobre  los asuntos antaño en poder del pueblo romano, y -bajo el jefe- los secuaces completaban la cadena del poder. El tirano aseguraba su dominio con “tiranitos” de segunda mano, ansiosos de esclavitud a fin de llegar también a ser amos. Quien ansía llegar a monopolizar la tiranía frente a los demás parece, sin embargo, tener los días contados. En una sociedad tan polarizada, solo cabe ser esclavo o ejercer el poder, tener miedo o inspirarlo. Si los esclavos querían recuperar el miedo que les inspiraba ser libres, deberían desprenderse de los vulnerables ideales de su tiempo y no obedecer a nadie salvo a las leyes, lo que suponía el mundo opuesto al encarnado por el tirano. El cómo exigía firmeza y valor. No se derrota al tirano defendiéndose, sino vengándose de él y recompensándolo con la suerte que él infligía a los demás. “Vale más la libertad en peligro, que la esclavitud en paz”. “El mismo sueño, enredado en los delirios de tantos falsos profetas de hoy, legítima sus tiránicos deseos de usurpar el trono ajeno, en tanto velan cobardemente por mantener oculta su intención criminal”. Y una recomendación final: “Aprovechemos la ocasión para recordar al estado llano de este país que -en tiempo de aguda crisis social- el precio de la ignorancia, la indiferencia, la desidia y la cobardía -esos escuderos magníficos de la inacción- es la libertad de todos”.

No hace falta tener mucha imaginación para llenar los huecos en este paralelismo tipo Plutarco, pese a las diferencias en el tiempo y en las peculiaridades de los dos mundos que se comparaban. Bastará con sustituir al “tirano romano” por el “autócrata español” e incluir entre los “tiranitos” a los Bolaños, López, Batet, Iceta y Cia. Hay tres ideas en el mensaje que me parecen claves: no basta con defenderse sino que hay que atacar -ante un gánster o un tahúr no se puede actuar como una dama de la caridad-; solo se puede ser esclavo o libre, y no existen medias tintas; y hay que huir de la indiferencia, la desidia y la cobardía, lo que no es tarea fácil, ya que requiere firmeza y valor. No cabe la apatía, sino la rebelión frente al tirano.

La situación es hoy incluso más grave que en 2017. Entonces, la Generalitat y el Parlament hicieron una declaración de independencia interrupta y dieron un golpe de Estado contra Nación española. Ahora, es el Gobierno de esa Nación el que, con la eliminación de la sedición, exculpa los sediciosos y, con la rebaja de la malversación, blanquea por completo su conducta delictiva, reduce los plazos de las inhabilitaciones y abre el camino a que Junqueras sea el próximo presidente de la Generalitat. Por si fuera poco,  Sánchez “ha ido a por todas” con descaro, y se ha lanzado a domeñar al Poder Judicial por las bravas y a ciscarse en la separación e independencia de los poderes del Estado. Pedro Sánchez ha ido mucho más allá que Alfonso Guerra, pues no solo ha enterrado a Montesquieu, sino que ha incinerado sus restos y esparcido sus cenizas sobre Barcelona desde la montaña del Tibidabo.

Como nos exhorta a San Pablo en este tiempo de Adviento, “hora est de somno surgere” –“ya es hora despertarse del sueño”- y de pasar a la acción. como ha señalado Luis del Val en “ABC”, todas estas indecencias de Sánchez son legales, pero seremos cómplices de ellas con nuestro silencio egoista, mientras contemplamos cómo se destroza el armazón de 1978. Una cuestión que actualmente se debate es si se debería presentar o no una moción de censura contra Sánchez, como Ciudadanos y Vox están pidiendo que haga el PP. Hay argumentos legítimos a favor y en contra, que deben sopesarse con urgencia, pues el tiempo corre en favor del Gobierno. Feijóo se ha negado en redondo a dar este paso, alegando que no hay posibilidad alguna de que se gane la moción de censura, porque la mayoría Frankenstein cierra filas ante el peligro de que su mentor tenga que abandonar el poder, y que el fracaso de la moción fortalecería el Gobierno, que podría presumir ante la UE de contar con la mayoría de las Cortes. Curiosamente, ese verso suelto y principal ariete de la oposición contra Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado en esta ocasión de acuerdo con Feijóo, a diferencia de su predecesora Esperanza Aguirre.  

El primer argumento me parece poco convincente porque nada se gana con el dontancredismo galaico. El PP debe tener en cuenta el aforismo marinero de que “quien no se arriesga, no cruza la mar”. La oposición tiene que arriesgarse y hostigar incesantemente al Gobierno, porque este le está dando a diario razones más que sobradas para ello con su política entreguista ante los enemigos internos de la soberanía y de la integridad territorial de España, y hurgar con insistencia en los puntos flacos que presenta el caudillo. Es obvio que no hay posibilidad alguna de que prospere la moción, pero -como ha señalado atinadamente Abascal-, no es cuestión de números, sino de combatir al Gobierno  y de presentar una alternativa razonable al mismo. Feijó se encuentra en una situación de inferioridad al no ser diputado y no poder oponerse al presidente a diario en el Congreso. En los dos debates que ha mantenido en el Senado ha estado en manifiesta desventaja ante el privilegiado “status” del presidente del Gobierno, de su prepotencia y de su agresividad. La moción de censura le permitiría tener un mano a mano con Sánchez en pie de igualdad y mostrar sus dotes de estadista y su liderazgo, si es que lo tiene. Según Arcadi Espada, la moción sería el único instrumento que le permitiría confrontar a fondo con el presidente y de mostrar ante la opinión pública las múltiples carencias del Gobierno y la deriva catastrófica que tanto ha denunciado. Lo de menos es el resultado porque lo qué importa es poder comprobar si Feijóo y el PP ofrecen una alternativa política y moral al actual Gobierno. No creo que la inevitable derrota de la moción fuera necesariamente un plus para el Gobierno Frankenstein, si Feijóo es capaz demostrar que el monstruo es un tigre de hojalata compuesto de piezas incompatibles que no pueden producir un resultado armónico y que debería terminar la chatarrería de la Historia.

Item más, la presentación de la moción paralizaría momentáneamente la alocada hiperactividad de las Cortes, que hasta ahora Sánchez había tenido hibernadas y durmiendo el sueño de los justos, al gobernar a golpe de decretos- leyes. Espoleado por su par-dispar podemita, el presidente ha iniciado una carrera frenética para ultimar la aprobación de una serie de leyes divisorias y controvertidas, mal preparadas y peor redactadas, antes de que se inicie el ciclo electoral: Leyes “Trans”, sobre la familia, acerca del aborto, de maltrato animal, de la vivienda… La tramitación de la moción supondría la interrupción de la adopción de todos estos proyectos, que podrían ser felizmente olvidados si Sánchez y lo que queda del PSOE fueran derrotados en las distintas elecciones a las que estamos abocados.

Hay otro elemento fundamental que se podría describir con el dicho “A la UE rogando y con el mazo dando”. No basta con las rogativas, porque nadie va a sacar a España las castañas del fuego y los españoles somos los principales responsables de solucionar nuestro futuro, pero la Unión puede ser de grandísima ayuda, tanto en lo económico como en lo político y jurídico, y Sánchez bien lo sabe. Tras varios años de sanchismo no ilustrado, resulta evidente que los españoles hemos sido incapaces de poner coto a los desmanes de su Gobierno. Para poder salir del marasmo económico en el que nos encontramos, resultan indispensables los generosos fondos comunitarios y la Comisión Europea puede poner condiciones para su entrega. Sánchez no hará el menor caso a los partidos políticos y a las fuerzas sociales, pero no tendrá más remedio que prestar atención y atender los consejos de la UE y del BCE.

En el plano político-jurídico, la Comisión Europea es renuente a involucrarse en los asuntos domésticos de sus Estados miembros, hay unas rayas rojas que no puede permitir que se traspasen, como se ha puesto de manifiesto en los delicados conflictos con Hungría y con Polonia. Aunque haya obvias diferencias, en algunas cuestiones, el Gobierno español se está paulatinamente, no ya “hungarizando”, sino incluso “venezuelizando”, y la Unión no puede permitirse el lujo de que España se sume al grupo de las democracias iliberales. Pese a sus reticencias, la Comisión ya ha dado algunos avisos al Gobierno en lo relativo a la politización de la justicia -sumisión al Gobierno de la Fiscalía General, elección de los miembros del CGPJ por los políticos en vez de por los jueces, reducción del quórum requerido para la elección de los miembros del Consejo y del TC, incumplimiento de las sentencias de los tribunales…-, la discriminación del castellano y el trato a las menores tuteladas.

La situación ha empeorado de forma considerable tras increíble decisión del Gobierno de modificar por la puerta de atrás el Código Penal y las leyes orgánicas relativas a la Justicia para exonerar a los golpistas catalanes de su responsabilidad por los graves delitos de sedición y malversación cometidos en 2017. El Comisario de Justicia Reynders ha visitado España y mantiene estrechos contactos con sus líderes políticos -tanto en el Gobierno como en la oposición- y las altas esferas judiciales. Consiguió que el Gobierno retirara su propuesta de bajar del quórum en las elecciones judiciales, pero ahora éste ha ignorado su consejo y vuelto a proponer dicha reducción. Tampoco ha prestado atención a la recomendación de la UE y del Consejo de Europa de que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por sus pares. La Comisión no puede entrometerse en los asuntos judiciales internos de los Estados, pero sí tiene el derecho y el deber de intervenir para impedir que se incumpla el Estado de Derecho, y una situación de este tipo se está produciendo en España con el incumplimiento sistemático por parte de la Generalitat de las sentencias de los tribunales. 

En su delirio de autocomplacencia, Patxi López ha afirmado que Europa no tiene nada que decir sobre el tema y debe limitarse a aplaudir, pero -bien al contrario-es imperativo que la UE actúe con urgencia ante la tentación totalitaria de uno de sus Estados miembros. Es justa y necesaria una intervención mediadora de la Comisión y del Parlamento Europeo y -a este respecto-es digna de alabanza la actuación de los eurodiputados de Ciudadanos y del PP en Bruselas y en Estrasburgo -especialmente de Maite Pagazaurtundúa- para concienciar a la UE sobre los incumplimientos del Estado de Derecho y de los principios de separación de poderes y la independencia judicial, tanto por parte de las autoridades autonómicas independentistas, como del el propio Gobierno de España.

Conclusiones

Las conclusiones de este artículo pueden encontrarse en el “Manifiesto contra la reforma de los delitos de sedición y malversación: en defensa del orden constitucional”, firmado por numerosos profesores y políticos -incluidos cinco antiguos ministros socialistas- y que yo también he suscrito. Los firmantes mantienen que, con la reforma, el Gobierno pretende que un intento de ruptura el orden constitucional se llame ahora desórdenes públicos agravados, que se produzca una rebaja máxima de las penas que deberían cumplir los fugados y que dejan la puerta abierta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas. Con su enmienda sobre la malversación, ERC consigue la exoneración de responsabilidad penal, o su reducción al mínimo, para los autores de los episodios gravemente delictivos de 2017, y que para el futuro se deje penalmente atípica la desviación de los caudales públicos de todos los españoles con el fin de

realizar actos contra el Estado y contra su integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal. Es una burla hablar de desinflamación del conflicto catalán cuando los condenados no han renunciado a la unilateralidad y declarado que volverán a intentarlo. Pacta la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido, lo que es un hecho insólito que carece de homologación alguna en Europa. Por ello, esta perversión del Derecho Penal mediante una ley particular para unas pocas personas y una sumisión a las pretensiones independentistas, que obedecen a la necesidad de contar con los votos de ERC y de Bildu Para la adopción de los presupuestos generales -y quién sabe para qué más- no puede contar con nuestro silencio.

En consecuencia, los signatarios rechazan las actuaciones del Gobierno, cuyo propósito no es otro que el de obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos independentistas y anticonstitucionalistas, que en esta ocasión han exigido la supresión del delito de sedición y la desactivación para unos cuantos del delito de malversación. La finalidad de esta imposición es la de eximir de las penas de sedición y de malversación, y de la inhabilitación, a aquellos que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial de España y la convivencia democrática, al declarar unilateralmente -y al margen de las propias leyes de la Generalitat- la independencia de Cataluña. Advierten a la opinión pública que, con la actual tipificación del delito contra la integridad territorial como un simple desorden público supondrá un estímulo para impulsar comportamientos atentatorios contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente. Reclaman la retirada inmediata de las propuestas relativas a la sedición y a la malversación, y requieren la urgente tipificación de un delito contra la Constitución, con las penas incluidas en los Códigos penales de las naciones europeas más avanzadas, para evitar un vacío legal que divida aún más la convivencia democrática entre los españoles.