“¡Consumatum est¡“. En 1993. Luis García Berlanga realizó la divertida película “Todos a la cárcel” y el 22 de junio de 2021, se estrenó el no tan divertido film de Producciones Redondo “Todos fuera de la cárcel”. Con él se ha materializado la crónica de unos indultos a los presos del “procés” anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han sido rechazados por el 62% de la población española por indignos y por la práctica totalidad de los nacionalistas catalanes por insuficientes. Sánchez y su Gobierno se han quedado solos ante el mundo, aunque con el invaluable respaldo de la prestigiosa Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y del diputado letón Boriss Cilevics, La presentación había sido cuidadosamente preparada por la sección de prensa y propaganda de la productora sita en la Moncloa, que ha obtenido el apoyo desinteresado de dos de los poderes fácticos de Cataluña: el capital representado por el empresariado y la Iglesia, con la que el Gobierno no sólo no ha topado, sino que ha coincidido pese a su radical laicismo.

Apoyo a los indultos del empresariado catalán

La burguesía empresarial catalana –a la que cabe aplicar las cínicas palabras de Pío Cabanilla “¿Quiénes hemos ganado?”- es como el corcho que flota aún en las más procelosas tempestades y siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar con el que mande -monarquía, república, franquismo, democracia, el independentismo o los anti-sistema de la CUP-. La gran ceremonia había sido preparada por el Círculo de Economía con ocasión de su Congreso, al que asistió Sánchez en olor de santidad, pues, aunque se diga que “l´argent n´a pas d´odeur”, los fondos comunitarios de recuperación -que Sánchez pretende administrar a su desleal saber y entender para distribuirlos libérrimamente entre sus paniaguados- sueltan un tufillo que apesta. Como ha comentado con ironía Pedro Gómez Carrizo, los empresarios catalanes aplaudían al presidente del Gobierno con las orejas, porque se estaban frotando las manos. Los muchachos de Javier Faus, apoyados por la patronal catalana Fomento del Trabajo presidida por Josep Sánchez Llibre, aprovecharon para tender una celada a Pablo Casado, con el fin de chantajearlo por su oposición a los providenciales indultos.

Lo peor es que la onda expansiva del entusiasmo empresarial catalán por los indultos y la autodeterminación ha alcanzado a la cúspide de la CEOE, cuyo presidente Antonio Garamendi –casualmente un vasco-, sin contar con la directiva de la patronal, dio imprudentemente la bienvenida a los indultos si aportaban la normalidad a Cataluña y permitía el regreso a ella de las empresas dirigidas por los empresarios alentadores de la inmerecida gracia, que huyeron de la quema tras la declaración unilateral de independencia por eso de que “la pela es la pela”. El presidente de la Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuevas, ha afirmado, sin embargo, que los empresarios mantenían la neutralidad política, pero no podían restar indiferentes al quebrantamiento de la seguridad jurídica. “No se trata de opinar sobre un indulto, sino de rechazar cualquier decisión contraria a la norma jurídica”. Todas las acciones del Gobierno deberían ampararse siempre en la legalidad y “desprestigiar poderes del Estado como la justicia, trivializar autoridades independientes como el Banco de España o socavar instituciones constitucionales como la Corona suponen unos ataques al sistema democrático en los que el Gobierno nunca va a encontrar a las organizaciones empresariales”. Los empresarios siempre estarán del lado de la Constitución y defenderán la unidad de España, la legitimidad de los poderes del Estado y la legalidad de sus decisiones. “En ningún caso apoyaremos acciones que no sean avaladas por esa legalidad, ya que conduciría a un grave deterioro de la justicia”. Ejemplar declaración y adecuado aviso a navegantes.

El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez Sala, ha afirmado que conceder ahora los indultos ofende la dignidad de muchos españoles. “Está la cuestión moral de indultar a los que no se arrepienten y tienen firme propósito de reincidir”. Se ha preguntado qué utilidad pública puede haber cuando una mayoría de los españoles está en contra. El presidente de la CEIM madrileña, Miguel Garrido, ha dicho que estaba harto de que se pusieran en tela de juicio las decisiones judiciales y de que el Gobierno hablara sólo con Cataluña de temas como la armonización fiscal o los fondos europeos, que interesaban a todas las Comunidades. Ante este cúmulo de críticas, Garamendi ha tenido que plegar velas y desdecirse, alegando que sus declaraciones habían sido “malinterpretadas”. Puntualizó que la CEOE era neutral en el terreno político y que “queremos estabilidad política y normalidad, estamos con la Constitución y con que todo funcione bajo el imperio de la ley y a través del Estado de Derecho”. Sin embargo, el mal ya estaba hecho y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado de forma falaz y torticera que había “un clamor general en el conjunto de los empresarios, no sólo catalanes sino también españoles –del propio Antonio Garammendi- apoyando la decisión que está tomando el Gobierno”.

Apoyo a los indultos de la Iglesia catalana

La Iglesia catalana –heredera del carlismo “trabucaire” y xenófobo, contrario al carácter ecuménico y abierto de la “Eclesia”- siempre ha apoyado, de forma más o menos descarada, al independentismo catalán, e ignorado a la mayoría de sus fieles de origen charnego a los que no acomoda en su selecto redil, La Conferencia Episcopal Tarraconense ha reconocido la “realidad nacional” de Cataluña y la conveniencia que se valore su “singularidad nacional”. Tras los eventos de 2017, la Conferencia –influida por la santa Sede- mantuvo una actitud conciliadora y pidió que se avanzara en el camino del diálogo, si bien defendió que las diversas opciones eran la legítimas y que la independencia era un bien tan moral como la unidad de España. Su posición se separaba de la Conferencia Episcopal Española, que mantuvo que no era aceptable que “una parte de los ciudadanos de una parte del Estado legítimamente constituido quiera romper unilateralmente la unidad de la comunidad política”, y que “había que salvaguardar los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que forman el Estado”. Cuatrocientos ochenta sacerdotes y religiosos –mucho más radicalizados que la mayoría de sus pastores- hicieron un llamamiento a los ciudadanos para que votaran a favor de la independencia y pidieron al Papa que mediara ante el Gobierno español para que permitieran la celebración de un referéndum.

Tras el encarcelamiento provisional de los presuntos sediciosos por el Tribunal Supremo, la Conferencia Tarraconense volvió a defender la legitimidad de las opciones sobre la estructura política de Cataluña, siempre que se basaran “en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos”. Pidió una reflexión sincera sobre los encarcelamientos “en vistas de propiciar un clima de diálogo que tanto necesitamos y en la que no se deje de considerar las circunstancias perdónales de los afectados”. Varios Obispos condenaron los encarcelamientos y visitaron a los presos en las cárceles en muestra de solidaridad. Doscientos sacerdotes escribieron una carta abierta a los católicos españoles para pedirles que instaran la liberación inmediata de los encarcelados y la retirada de las querellas presentadas contra ellos.

Ahora, la Conferencia se ha pronunciados a favor de la concesión de indulto a los sediciosos alegando la virtud evangélica del perdón. Es cierto que Jesús dijo a sus discípulos que había que perdonar hasta setenta veces siete, pero resulta sumamente difícil perdonar a quienes se niegan a ser perdonados e insisten en que seguirán pecando, incluso con más intensidad. Los pastores catalanes dan una lamentable muestra de parcialidad al preocuparse únicamente por sus ovejas independentistas e ignorar a las constitucionalistas, que son la mayoría. Han dicho Vds que había que hacer algo más que cumplir con la ley y no sé a qué re refieren, pero no han dicho que había que cumplir la Constitución y las leyes –cosa que los independentista no hacen-, porque, sin ley, no puede haber ni democracia ni justicia.

El gran teatro del mundo sanchista

Como ha señalado Gómez Carrizo en su excelente artículo sobre “Cadena perpetua para el constitucionalismo”, Sánchez y su gurú Iván Redondo –ese poeta del “marketing”- decidieron presentar el acto final de su farsa sobre los indultos en un lugar tan adecuado y simbólico como el Liceo de Barcelona, ante a un selecto y reducido público entregado y costosamente adquirido con el dinero de todos los españoles, entre los que estaban los único aludidos por la obra, los auto-indultados, y los que esperan obtener del Gobierno los favores derivados de los fondos europeos de recuperación. Se quedaron fuera de la escena los beneficiarios de los indultos –porque el nacionalismo está a otra cosa- y las víctimas del nacionalismo -la sociedad civil constitucionalista-, a la que –lejos de indultar- el Gobierno ha condenado a cadena perpetua.

Sánchez/Redondo inflaron su argumentación con palabras altisonante, pero huecas y carentes de contenido real, como humanismo, magnanimidad, concordia, convivencia, diálogo, distensión o reencuentro. Ante esta acumulación de “buenismos”, ¿qué papel le queda la Justicia? Bien escaso, porque se la presenta como contraria a la paz social, a la convivencia y a la utilidad pública. Es una dádiva a cambio de nada, una gracia gratuita, que desdeñan sus beneficiarios, por lo que –al beneficiar sólo al Gobierno y a Sánchez- es en definitiva un auto-indulto que permite mantenerse en el poder a quien lo otorga. Decir que los indultos son de utilidad pública porque traerán la paz social y la concordia es una mentira dolosa. Son la primera dádiva de una cadena de cesiones, El Gobierno aspira a establecer un sistema sedicentemente federalizante, de simetría variable, que es en realidad más bien confederal. Afirmar –como ha hecho Miquel Iceta- que los indultos proyectan su efecto beneficioso sobre el conjunto de la sociedad catalana y española es una falacia. El independentismo mantiene las espadas en alto y no ha renunciado a uno sólo de sus objetivos y sus métodos, a la par que conserva intacto todo su poder y hegemonía.

Sánchez está dispuesto a conceder a los separatistas el fuero y el huevo, con la promesa de una nueva relación entre España y Cataluña. Los indultos están muy lejos de tener utilidad pública, a menos que entendamos que los intereses de los españoles que creen en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos es algo que carece de interés. Combate la concesión de la independencia a corto plazo mediante una concesión a medio plazo, acordada “a la escocesa” y por etapas. Transmite el mensaje de que, para combatir el separatismo hay que resignarse al nacionalismo y la sociedad civil catalana no va a aceptar –a juicio de Gómez Carrizo- que el Gobierno de España le imponga una cadena perpetua bajo el nacionalismo,

Decretos de concesión de indultos

Ayer se dieron a conocer los informes sobre los indultos, que no he podido aún leer, pero que –de lo que informa la prensa- parece ser que están jurídicamente bien construidos, porque su autor, el juez Juan Carlos Campo, es un buen jurista, si bien no tanto política y éticamente. Los indultos son concedidos y motivados individualmente a cada uno los nueve condenados. Son parciales –remisión de la pena que les queda por cumplir- y no anulan la rehabilitación. El decreto indica que son reversibles y que si los indultados reincidieran dentro de un período de determinado de tiempo -entre tres y seis años, en función de la duración de las condenas impuestas- los beneficios serían anulados y los reincidentes tendrían que cumplir los años de condena que les hubiera sido condonada, amén de los que se les impusiera por la comisión del nuevo delito. Aquí me surgen algunas dudas jurídicas, porque –según la Ley reguladora de 1870- los indultos son irrevocables y no de quita y pon, como afirma la ministra portavoz, María Jesús Montero-, por lo que, si los indultados volvieran a cometer otro delito, serían condenados por dicho delito con penas agravada por la reincidencia, pero no porque se le hubiera anulado los indultos. Por esta contumaz actitud, estima el Gobierno que los interesados no serían acreedores al indulto por razones e justicia o equidad, pero que ello no sería óbice para que se les concediera por motivos de interés público.

El argumento del temor de los beneficiados a la anulación del indulto es –a juicio del Gobierno- una garantía suficiente de que los interesados no reincidirán, pese a las afirmaciones de todos ellos en sentido contrario, porque el Código Penal sigue vigente –no menciona su intención de rebajar las penas a los delitos de sedición- y chocarían de nuevo con lo la ley, por lo que el miedo guardaría la viña. Otra insuficiencia jurídica es que el Gobierno mantiene –erróneamente a mi juicio- que la prohibición de que el Gobierno indulte a los miembros del ejecutivo no se extienda a los miembros de los Gobiernos autonómicos. El paralelismo en los dos casos es tan grande que –basándose el el principio de “mutatis mutandis”-debería aplicarse tanto en el Gobierno central como en los Gobiernos autonómicos.

En el plano político la argumentación deja mucho que desear. Así, en las motivaciones para la concesión de los indultos, se destaca de Oriol Junqueras su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña, y el amplio respaldo electoral de que goza; de Jordi Sánchez se alega que es una persona clave para la restauración de la convivencia, un referente social dentro del ámbito independentista y uno de los principales actores políticos de la escena catalana, por lo que es una persona fundamental en la búsqueda de una solución acordada; en el caso de Jordi Cuixart, se justifica el indulto por el interés general del país. Estos argumentos son sumamente pobres y llevaría a la conclusión de que, al dar el pueblo sus votos a un delincuente, se vería exonerado de sus responsabilidades penales. En consecuencia, al haber sido Carles Puigdemont elegido como miembro del Parlamento Europeo, la querella que pesa sobre él debería levantarse y podría regresar a España limpio de polvo y paja.

El Gobierno afirma que el castigo penal ofrece una utilidad penal limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto con las que vive la sociedad catalana y que incluso podría llegar a “reforzar lógicas de desafección, generando una falsa percepción de injusticia”. Pero –como ha señalado “El Mundo” en un editorial-“¿desde cuándo se le retira la venda de los ojos a la diosa Justicia y se mella el filo de su espada a gusto del poderosos?, ¿desde cuándo se exige al Derecho que vele por la utilidad política del delincuente? Asimismo señala que sus informes sobre los indultos partían del respeto a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, pero no es tal el caso, porque contienen numerosas críticas al TS y a la Fiscalía. Así, afirma que la motivación y la perspectiva política y social ha estado ausente de la valoración realizada por éstos, y los critica porque ninguno de los informes trate los motivos de utilidad pública que concurren en el caso. Aquí, el juez Campo invierte la carga de la prueba. Será el Gobierno que alega la existencia de razones de utilidad pública el que tendrá que probar su existencia, y no al Tribunal, que además la niega con contundente motivación jurídica, pero no ha sido así.

Según Teresa Freixes, en el decreto se dice que se conceden los indultos por razones de utilidad pública, pero no se concreta ni explicita este vago concepto jurídico. Se insinúa que viene determinado por la intención de iniciar un nuevo ciclo político y de pacificar las relaciones entre Cataluña y España. Se trata de simples “desiderata”, un deseo piadoso, ya que la intención no basta para producir efectos jurídicos. No deja de ser paradójico que, tras las reiteradas críticas gubernamentales a judicializar la política, pretenda ahora el Gobierno politizar la justicia.

Consecuencias de la concesión de los indultos

El Gobierno es consciente de que su gesto de concesión de unos indultos inmerecidos es sólo un primer paso y que no producirán resultado alguno si la parte independentista no colabora, y no parece estar por la labor. Las reacciones tanto de la Generalitat, como de los indultados a su pesar no pueden ser más decepcionantes. Lo máximo a lo que ha llegado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, es que la concesión -que supone. En su opinión, el reconocimiento por parte del Gobierno de que las condenas fueron injustas- es un primer paso en la buena dirección, pero del todo insuficiente. Los presos han salido de la cárcel con la voluntad reforzada de construir una república catalana, y ahora habrá que negociar con el Gobierno la aprobación de una amnistía y la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación. ¡Menudo reencuentro! Para Jordi Turull, la consigna es amnistía, autodeterminación e independencia; según ha manifestado Joaquim Forn, seguirá luchando contra la represión, por el retorno de los refugiados y por la independencia de Cataluña; Raul Romeva ha afirmado que no cederán y exigirán la amnistía y la autodeterminación…

Desde la órbita del Gobierno, el ex-ministro Salvador Illa ha afirmado que “uno y otro dolor requieren reconocimiento y perdón mutuos” (¿?). Deberán pedir perdón no sólo los que subvirtieron el orden constitucional, sino también los que lucharon para impedirlo, con lo que se iguala moralmente a agresores y agredidos. El presidente del Grupo Confederal de Podemos, Jaume Asens, ya ha dado ese primer paso y pedido perdón y disculpas a los presos del “procés” por el retraso con que le han llegado los indultos. El profesor Andres Betancor se ha preguntado en qué benéficia a los ciudadanos que se extinga la pena de quienes cometieron unos delitos y han manifestado que “lo volverán a hacer”. No lo parece, ni tampoco que las instituciones del Estado –desde el Rey a la policía, pasando por los Tribunales y la Fiscalía- que se enfrentaron a la subversión los convierta el Gobierno en parte del problema, al asumir que fueron instrumentos de la represión sufrida por los independentistas ¿Por qué defender la ley es igual que atacarla? ¿Por qué cumplir y hacer cumplir la ley es motivo de culpa y contrición, pero no se le exige a los que subvirtieron el orden constitucional? “Al cumplimiento de la ley no hay alternativas: se cumple o no se cumple, pero el incumplimiento supone consecuencias”. Por si no fuera suficiente, la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que los indultos implican retirar las querellas contra los prófugos y permitirles regresar a España En su osadía paralela con su ignaro desconocimiento del derecho, la secretaria general de Podemos ha inventado una la figura jurídica del “indulto precautorio” que ignora el principio de que sólo se puede indultar a quienes hayan sido condenados por una sentencia firme.

En el área de los aliados “frankensteinianos” se han apoyado los indultos, pero se les ha considerado insuficientes, porque lo que se requiere es la amnistía. El repipi Ïñigo Errejón ha dicho que hay que volver a enamorar a Cataluña, pero el amor es un sentimiento que requiere reciprocidad e interrelación entre dos partes. Para guardar la necesaria simetría sería necesario que también Cataluña se enamorara de España. He oído a muchos españoles decir que España no sería España sin Cataluña, pero no he oído a ningún líder nacionalista reconocer que Catalunya no es Catalunya sin España. Antes al contrario, he oído a todos los dirigentes nacionalistas que España les roba, les oprime, les explota y –últimamente- hasta les contagia. Podrían empezar el reencuentro dando alguna ligera muestra de consideración hacia España como –en palabras de Emilia Landaluce- permitir que los alumnos hispano-parlantes se puedan examinar en castellano, que las fuerzas nacionales de seguridad sean vacunadas o que no se paguen ensayos para demostrar que Santa Teresa de Ávila y Miguel de Cervantes eran catalanes, o –añado yo- que no quemen un día sí y otro también alguna bandera española, como hicieron ayer en Vich..

Según Sánchez, lo único que se les pide a los independentistas para fomentar la convivencia es que unos y otros respeten el pacto constitucional. “Fuera de la lealtad y de la legalidad democrática no hay espacio para la política”. Eso es demasiado pedir a los independentistas y además nula credibilidad tiene para invocar en vano el santo nombre de la Constitución quien se alía para poder gobernar con los enemigos jurados de la misma. Vox, PP y Ciudadanos han declarado que recurrirían la decisión del indulto ante el TS. ¿Tienen legitimidad para hacerlo? Vox lo tiene más fácil porque fue acusación popular en el proceso, pero los otros dos no tanto, aunque podrían justificar su legitimidad por verse perjudicados por la decisión. Hay delitos, como la sedición, que no que no causan víctimas directas ya que –como ha afirmado el Supremo-, desde que se subvirtió el orden constitucional, todos los ciudadanos se convirtieron en víctimas. Para el profesor Julio Banacloche, dado que el Gobierno ha justificado su decisión en la preservación de la convivencia y del espíritu de concordia que emanan de la Constitución, se abre la posibilidad de recurrir a quien no comparta esas razones, en base a la defensa del interés general. Una interpretación rigurosa sobre quiénes están legitimados para recurrir podría –a juicio del profesor AndrésBetancor- conducir a la impunidad. “Sería terrible que uno de los actos más importantes del Gobierno en la historia de la democracia –que demoniza a todos los poderes del Estado que protegieron el orden constitucional- no merezca control porque no se admita que nadie lo pueda promover”.

Día triste para España

Según ha afirmado “El Mundo”, sería difícil encontrar en la reciente historia europea un antecedente de infamia política similar a la perpetrada por Sánchez en el Liceo. ”Que un Gobierno esté dispuesto a favorecer los intereses de un grupo de golpistas condenados por sedición, que han declarado desvergonzadamente su intención de volver en repetir la afrenta en cuanto abandonen la cárcel, no sólo atenta contra la dignidad de los ciudadanos que aspiran a la seguridad y la estabilidad políticas, sino que despeja el camino a quienes han hipotecado toda su actividad política a la destrucción del Estado-nación y a la ruptura del orden constitucional y el marco de convivencia”. El recurso a la palabra “concordia” –divisa durante la transición- no hace más que añadir un plus de humillación a los españoles, que asisten atónitos e impotentes a estos juegos de manipulación retórica, mediante los cuales quiere Sánchez ocultar su alianza con quienes aprovechan su debilidad para tratar de provocar un cambio de régimen. Que, al hacerlo, sea boicoteado, insultado y abucheado por los secesionistas favorecidos por los indultos supone una desalentadora prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente para mantenerse en el poder. Para Santiago González, Sánchez es el gobernante más infame que haya tenido España nunca en un régimen de libertades y el día 22 fue el más largo y más negro que haya conocido nunca nuestra democracia.

Sánchez ha cometido múltiples actos de deshonestidad política, pero el de los indultos ha alcanzado su punto culminante hasta ahora, pues siempre puede sorprendernos batiendo sus propios records. Ha calificado a los jueces de vengativos y revanchistas, desautorizado a los tribunales compartiendo las críticas nacionalistas a las puertas de una decisión del TJUE sobre la entrega de Puigdemont, descartado los informes fundados del TS y de su Fiscalía, menospreciado a la opinión pública española y a los catalanes constitucionalistas, concedido unos indultos pese a la falta de arrepentimiento de los infractores, sin que existan razones de justicia, equidad o utilidad pública, y habiendo rechazado los afectados sus beneficios por exigir una amnistía, y ensalzado una supuesta concordia -que no es más que discordia- para encontrarse con quienes no quieren ser encontrados y se burlan de él en sus narices.

El presidente ha afirmado que su Gobierno no concederá una amnistía, ni autorizará un referéndum de autodeterminación, pero ¿qué crédito se puede dar a la palabra de Sánchez, que es un mentiros compulsivo? Dijo que Iglesias le quitaba el sueño y nunca pactaría con él, y luego lo nombró vicepresidente de su Gobierno; dijo que los acusados en el “procés” habían cometido un delito de rebelión y cumplirían integra su condena, y luego degradó el delito a sedición y ha concedido indultos a los condenados cuando no habían cumplido la mitad de su pena; dijo que había que endurecer las penas en los delitos de rebelón y sedición y ahora pretende reducirlas…

Es el paradigma de “donde dije digo, digo diego”. Realizará sin el menor pudor lo que juró por sus ancestros que nunca haría, si con ello cree asegurar su continuidad en el poder. Mas –como le ha advertido “El Mundo”, “eligió el deshonor para retener el poder. Cuando los separatistas quieran, perderá el segundo sin haber recuperado el primero”.