Con extrema irresponsabilidad algunos políticos hablan de nuevos derechos como si se tratara de vendernos boniatos.

Ahora, por ejemplo, para intentar convencernos de que estamos ante un derecho sagrado e incuestionable, el Gobierno pretende criminalizar a quienes osen informar a las gestantes sobre la trascendencia de interrumpir sus embarazos o recen por ellas y por sus hijos delante de los «abortorios».

Mas por mucho que el persistente activismo demagógico del feminismo más irracional pudiera inducirnos a creer otra cosa, no existe el derecho al aborto. No existe el inhumano derecho a matar a los hijos antes de nacer. La vida de los seres humanos dentro del seno materno sigue siendo un bien jurídico protegido, salvo en tres casos muy graves, por el «Todos tienen derecho a la vida» del art. 15 de la CE, según la fundamental STC 53/85. Y ello es así, pese a que la LO 2/2010 («Ley Aído») haya convertido prácticamente en papel mojado esa protección durante las primeras 14 semanas de gestación, una de las razones por la cual pende sobre ella desde hace once años un recurso de inconstitucionalidad.

Como tampoco existe un derecho a la maternidad o a la paternidad, con independencia de que los avances médicos y científicos sean capaces de resolver actualmente muchos de los problemas que antaño la dificultaban o impedían. Por eso mismo tampoco vale todo para quienes quieren ser padres y madres.