Desde la más remota antigüedad, existe una inquietante tendencia a “empoderar” a ciertos individuos a base de atribuirles el supuesto derecho a dar muerte a otros seres humanos. En el Derecho romano arcaico, todo paterfamilias gozaba de un ius vitae necisque aparentemente ilimitado con respecto a sus propios hijos. La enormidad que supone esta terrible arbitrariedad venía a realzar el absoluto señorío del antiguo ciudadano, cuya voluntad no estaba sujeta a restricciones que hoy vemos elementales, como la de respetar la vida del prójimo, por muy pequeñito que este sea. Probablemente, nuestras feministas de hoy se horrorizarían ante esta norma (si la conocieran), pero por desgracia no a causa de su contenido sustancial, sino por el machismo que desprende. 

Por otro lado, todavía recordamos cómo una banda terrorista muy activa en España se creía en su derecho a dar muerte a personas que pensaban diferente o que no se plegaban a lo que exigían sus planteamientos políticos. Arrogarse de forma arbitraria la facultad de asesinar a los “otros” le proporcionó a esa cuadrilla de malhechores un empoderamiento social extraordinario, hasta el punto de que tal organización mafiosa cogobierna hoy en nuestro país de la mano de una legión de cómplices y colaboradores verdaderamente nutrida. Lo más triste de todo es que indignarse por la asquerosa inmoralidad que supone este “empoderamiento” criminal parece hoy un planteamiento de ultraderecha. Así nos va.

Ahora bien, en la España residual que nos va quedando, la España de la corrupción endémica, de la insostenibilidad social, del invierno demográfico y del déficit estructural, el PSOE de nuestros pecados no encuentra medida más necesaria para nuestro progreso que la de empoderar aún más a sus clientas, concediéndoles el ilusorio “derecho” constitucional a dar muerte al fruto de sus entrañas. Un derecho constitucional que no añade nada sustancial a la enormidad que ya tienen a su disposición: la omnipotente e irrestricta capacidad de eliminar al ser humano más indefenso que cabe concebir, precisamente en el lugar generado por la naturaleza como el más seguro de todos: el seno materno. El progreso consiste en que ya no es el pater, sino la mater la titular de esta verdadera licencia para matar; aunque en ambos casos la excusa es la misma “lo maté porque era mío”. ¡Pero al menos vamos mejorando!

Atribuir a la mujer el derecho de privar de vida a sus hijos a voluntad, sencillamente porque “ella lo vale”, parece generar unas expectativas extraordinarias de empoderamiento a su clientela. En caso contrario, no lo harían. Pero la pregunta sería, ¿qué clase de sociedad enferma estamos creando en que tales aberraciones “constitucionales” tienen rédito político?

El tufo masónico, satánico, irracional y siniestro de esta medida, ya tomada en la perdida Francia, muestra una vez más el seguidismo de nuestra progresía a todo disparate siempre que provenga de tal lugar. Y aunque nos parezca que hemos tocado fondo en cuanto a la perversidad de este auténtico culto a la muerte, recordemos que apenas estamos iniciando ahora el camino de la eutanasia. ¿Abrirá los ojos a tiempo la sociedad española?