El pasado 31 de marzo, el magistrado titular del Juzgado central contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional, Celestino Salgado, dictó una sentencia por la que anulaba el cese ilegal  del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y condenaba  al Ministerio de Interior a que lo readmita en el puesto que ocupaba hasta el 25 de mayo de 2020 tras su destitución. La sentencia supone una descalificación sin paliativos del ministro Fernando Grande-Marlaska, del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez -ambos jueces, para mayor “inri”, y de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. La sentencia no es aún firme, porque cabe apelación ante la sala de los Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior ya ha anunciado su intención de  recurrir. 

Biografía de Grande-Marlaska

Fernando García-Marlaska nació en Bilbao en 1962, hijo de Avelino Grande, policía municipal, y su madre se apellidaba Marlasca. Unió con un guion los apellidos de sus padres y cambió la “c” por la “k” en un intento de “vasquización”. En 1987 ingresó en la carrera judicial y desempeñó sus funciones como juez en Santoña (1989) y en Bilbao (1990), y como magistrado en la Audiencia Provincial de Vizcaya y en la Audiencia Nacional (2003). Ha sido presidente de la sala de lo Penal de dicha Audiencia (2012-2017).miembro del Consejo Superior del Poder Judicial (2013-2018) y, desde el 18 de junio de 2018, Ministro de Interior del Gobierno de Pedro Sánchez. Durante su estancia, en Bilbao y en Madrid estuvo amenazado por ETA –que ordenó  al comando “Vizcaya” asesinarlo en 2008- y tuvo que vivir con escolta.

Está casado con Gorca Orotz desde 2005 y no tiene hijos. El mismo se ha calificado en su autobiografía “Ni pena ni miedo: Un juez, una vida y la lucha por ser quienes somos”: “Mi condición de vasco, residente en Bilbao en los terribles días de los asesinatos de ETA y de la lucha contra el terrorismo me llevó y me lleva a rechazar rotundamente la violencia para defender causas nacionales o de índole política, y a perseguir a aquéllos que la ejercen. Considero los nacionalismos un concepto trasnochado en una época en la que hay que tender a suprimir fronteras antes de crear otras nuevas. Soy ciudadano europeo y msc conciudadanos son igualmente europeos, ya se trate de escoceses, franceses, gallegos, italianos, bretones, vascos o alemanes. Mi condición de gay casado me impulsa a dar la cara por este colectivo, que sigue teniendo una vida difícil en ciertos ambientes y países. Esta condición me causó serios problemas en el ámbito familiar a la hora de descubrirla”

Tuvo una intensa y eficaz actividad en la lucha contra el terrorismo etarra. Ordenó la detención de Arnaldo Otegui y de los miembros de la plataforma “”Gazte Independentistak” e instruyó del caso “Faisán”. En un artículo que escribí en 2012 sobre “Cuando so pretexto de dignidad, se incurre en la indignidad” expresaba mi esperanza en que, con Grande-Marlaska -“un juez de probada integridad y competencia jurídica”-, la Audiencia nacional dictaría  una sentencia justa y no politizada en la apelación contra la decisión del juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis de Castro, relativa a la libertad condicional concedida al asesino etarra Josu Uribetxebarría. Por eso -como tantos españoles- me alegré al saber que Sánchez, al formar su primer Gobierno de “estrellas” tras la heterodoxa moción de censura contra Mariano Rajoy, había nombrado a Grande-Marlaska ministro de Interior. La lucha contra ETA y el terrorismo –pensé erróneamente- estaba asegurada, pero pronto sufrí una gran decepción. Como ha observado Javier Redondo,” nunca se entenderá del todo la arrobada entrega de Marlaska, la indiferente donación de su prestigio”, que atribuye a “sus aspiraciones, pretensiones y vanidad nunca colmada del todo”.

Y con él llegó el escándalo

Nada más llegar al Ministerio, Grande-Marlaska inició una política de limpieza en los mandos operativos de las fuerzas de seguridad. Destituyó al prestigioso coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbi, responsable de la Unidad Central Operativa, pieza esencial en la lucha contra el terrorismo y la corrupción y lo sustituyó por el comisario José Antonio Rodríguez a) “Lenin”, próximo  al PSOE, para el que ha creado un puesto especial para seguir en activo, pese a estar jubilado. Siguió la destitución de Pérez de los Cobos como director de de Coordinación en la Secretaría de Estado de Seguridad. Con el coronel se ha ensañado de forma especial con una inquina enfermiza, que le ha llevado a cesarlo también como jefe de la Comandancia de Madrid y a negarle el ascenso a general, pese a ser el número 1 de su promoción y figurar en primer lugar en el listado elaborado por los altos mandos del Cuerpo. Tras su destitución,  presentaron su dimisión los números 2 y 3 de la Guardia Civil, los tenientes generales Laurentino Ceña y Fernando Santafé. Esta purga en las altas esferas permitió al ministro constituir una cúpula de seguridad a su imagen y semejanza. El ministro encomendó a la Guardia Civil la misión de detectar y combatir cualquier crítica contra la política sanitaria del Gobierno, como reconoció cándidamente en TVE el general José Manuel Santiago, que fue posteriormente ascendido a jefe de Estado Mayor por su adhesión a la causa. La última purga ha sido la del jefe de la Benemérita en Cataluña, general Pedro Garrido –pieza angular en la lucha contra la “kale barroka” de los CDR  y en las investigaciones sobre la corrupción, para dar satisfacción a sus socios de ERC, que lo tenían en su punto de mira

La depuración también llegó a la Policía Nacional, con la destitución del jefe de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto, por la grave infracción de haber hecho público a finales de enero de 2020 -poco antes de que el Gobierno hubiera reconocido oficialmente la existencia de una pandemia- de un borrador en el que alertaba de las medidas de prevención requeridas para la protección de los agentes, entre las que figuraba la de que no se produjeran aglomeraciones, mes y medio antes de la celebración de la nefasta manifestación masiva del 8 de marzo en Madrid con motivo del Día de la Mujer, que estuvo presidida por dos vicepresidentas y varios ministros, incluido el de Interior. Estas recomendaciones fueron asumidas, no obstante,  por el Director Adjunto Ejecutivo, José Ángel González y -pese a que el Gobierno estaba molesto por estas advertencias y consejos que mostraban que el rey estaba desnudo-, libró €300.000 para comprar mascarillas y guantes para los agentes.

Con un talante autoritario y marcado por la política, Grande-Marlaska, ha tenido una actuación manifiestamente mejorable en los distintos ámbitos bajo su competencia: animosidad contra la Comunidad de Madrid y trato discriminatorio al imponerle restricciones mayores que en otras comunidades y no facilitarle policías para controlar los confinamientos, ausencia de Barajas cuando se produjo la ilegal llegada España de la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez, recurso a la tan criticada “ley mordaza” para devolver emigrantes ilegales a Marruecos en Ceuta y Malilla, abstencionismo para tratar de resolver el problema de la presencia en Canaria de numerosos emigrantes procedentes de Marruecos y traslado de algunos de ellos a la península con nocturnidad y alevosía y sin informar a las autoridades de las confinadas comunidades de destino, escaso respaldo a los guardias civiles y sus parejas agredidos en Alsasua y predisposición a sacar a los agentes del Cuerpo de Navarra, negativa a realizar un control efectivo a la llegada de pasajeros a Barajas, escasa presencia policial en las manifestaciones de filoetarras en el País Vasco y desproporcionada presencia en el barrio de Salamanca para controlar unas espontáneas y pacificas caceroladas de protesta, autorización a la policía de entrar en domicilios particulares sin autorización judicial mediante la fórmula de la “patada a la puerta” …Pero de entre todas sus malas prácticas, cabe destacar las relativas al trato favorable otorgado a los presos de ETA y a la destitución fulminante de Pérez de los Cobos.

Trato de favor a los presos etarras

El Ministro ha impulsado la transferencia al Gobiernos vasco de las competencias en materia penitenciaria y accedido a las demandas de Bildu de acercar a los presos etarras a cárceles próximas a Euskadi y concederles beneficios penitenciarios a reclusos que no estuvieran arrepentidos, no pidieran perdón a sus víctimas o no hubieran colaborado con las justicia para resolver los más de 300 casos pendientes de solución y que pronto prescribirán

Grande-Marlaska aseguró a las víctimas del terrorismo que su Ministerio velaría por ellas para que no fueran humilladas por los bilduetarras y que los acercamientos de presos serían puntuales, individualizados y de conformidad con las disposiciones el Código Penal, pero no ha sido así, y se han generalizado y beneficiados a reclusos con delitos de sangre y sin la menor muestra de arrepentimiento. La portavoz de Bildu en el Parlamento vasco ha exigido al Gobierno la liberación la liberación a los 220 presos etarras aún encarcelados y, en el ínterin, su traslado a prisiones del País Vasco o de Navarra, o próximas a ellas y la concesión del tercer o segundo grado. En contrapartida al apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado el Gobierno –además de blanquear los herederos de ETA y considerarlo un partido como los demás, se ha comprometido a acercar a los presos etarras a las cárceles vascas. Como en la película de Luis García Berlanga “Los jueves, milagro”, el documental de Grande-Marlaska se titula “los viernes, acercamiento”. Como hoy es día festivo, el ministro se ha apresurado a adelantar las salidas de la semana y acordado el  traslado a Madrid de Javier García Gaztelu, a) “Txapote”, uno de los criminales más sanguinarios de ETA, autor de los asesinatos de los concejales del PP  Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, José Ignacio Iruretagoyena, Manuel Zamarreño y José Luis Caso, del dirigente del PSOE  Fernando Buesa, del sargento Alfonso Morcillo y de los guardias civiles José Ángel de Jesús e Irene Fernández, sin siquiera haber firmado la carta tipo de condena genérica de la violencia. Antes que él ya se habían beneficiado con la benevolencia marlaskiana otros criminales irredentos como Henri Parot –autor del atentado con coche bomba contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que causó 11 muertos , 5 de ellos niñas- Igor Solana –asesino del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión- y Miquel Azurmendi, autor de la muerte del fiscal jefe del TSJA, Luis Portero-, en la mayoría de los casos sin cumplir con las condiciones exigidas y sin la anuencia de las Juntas de Tratamiento de sus respectivas prisiones.

El Colectivo de Victimas del Terrorismo y la Asociación de Víctimas del Terrorismo han pedido explicaciones al Ministro por incumplir su palabra y afirmado que el cambio de criterio en la política penitenciaria les había causa decepción, preocupación, humillación y sensación de desamparo. Las concesiones en  la materia, lejos de aplacar a la izquierda abertzale, la envalentona y sirve de acicate para incrementar sus exigencias, una vez que el Gobierno ha transmitido el mensaje de que los presos pueden conseguir ventajas sin necesidad de arrepentirse. Grande-Marlaska se ha convertido en el gran fautor de beneficios a los presos etarra. Ha caído el ídolo con pies de barro, que ha pasado de azote del terrorismo a cómplice del mismo.

Destitución de Pérez de los Cobos

El 7 de marzo -pese a las advertencias de la OMS y las reticencias del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque- el Ministerio de Sanidad dio su visto bueno y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, autorizó la celebración de la manifestación convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se produjo al día siguiente de forma multitudinaria, bajo la dirección de varios miembros del Gobierno. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quito importancia a los riesgos de la manifestación, pese a que dos días antes había prohibido la celebración de la Asamblea Evangélica Internacional  y, “a posteriori”, señaló que había tenido escasa incidencia sobre el desarrollo de la pandemia. 

Un particular presentó una querella contra Franco por un delito de prevaricación, al haber autorizado una manifestación que puso en peligro la salud de muchos españoles y la Asociación contra la Gestión del Coronavirus amplió la querella para incluir un delito contra las libertades, y extendió la acusación a Simón. La juez de guardia del Juzgado nº 51, Carmen Rodríguez- Medel la admitió a trámite y pidió a la policía judicial que investigara la actuación del delegado. Ésta hizo un informe en el que indicó que había sobrados indicios para estimar que aquélla podía ser constitutiva de delito, por lo que la juez abrió un procedimiento penal. Pese a ser secreto, el informe fue filtrado a los medios de comunicación y el Ministro de Interior y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, pidieron a Pérez de los Cobos que se lo facilitara, porque se trataba de información delicada que el Gobierno debería conocer. El coronel, en su calidad de jefe de la policía judicial, se negó a entregarlo sin el previo permiso de la juez, lo que  irrito sobremanera a Grande-Marlasla cuyo orgullo luciferino no podía aceptar que un subordinado desobedeciera sus órdenes , por lo que lo destituyó de forma fulminante, mediante una llamada telefónica de Gámez, confirmada posteriormente por escrito. El 24 de mayo de 2020, Rafael Pérez comunicó  Pérez de los Cobos que había decidido su cese “por pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia  Civil en el marco operativo de la Policía Judicial, con fines de conocimiento”

El ministro dio razones contradictorias sobre los motivos del cese: a saber, reorganización rutinaria prevista con anterioridad, pérdida de confianza en el titular de un puesto de libre designación y desobediencias a las órdenes de sus superiores. Los partidos de la oposición le exigieron explicaciones en el Congreso y lo asaetearon en él con sus críticas, Especialmente incisivas fueron las de la portavoz adjunta Vox, Macarena Olona, quien destacó que la policía judicial estaba a las órdenes del juez y no podía informar a terceros de sus pesquisas sin su autorización y recordó a Grande-Malaska que, cuando fue instructor del caso “Faisán”, prohibió a la policía judicial a sus órdenes que no facilitara información alguna sis su anuencia. Hundido en la miseria, el ministro mintió como un bellaco y balbuceó explicaciones inconexas y poco convincentes. Según Jorge Bustos, nunca nadie mintió tanto en el Congreso, se defendió tan mal y dio tanta pena, en comparación con la imagen de juez integro que le devolvía el espejo, antes de venderse a un aventurero sin honor por unos años de cartera. Estaba contra las cuerdas cuando el toque de la campana suspendió el “round”, debido al rifi-rafe que se había producido entre Cayetana Alvarez de Toledo y Pablo Iglesias por mor del pasado “frapero” del padre éste, que distrajo la atención del hemiciclo.

El Gobierno salió en auxilio de su delegado y de su ministro, y lanzó a la Abogacía del Estado contra la juez Rodríguez-Medel a través de la sabueso Rosa María Seoane, que ya había dado pruebas de sus cualidades dialécticas al transformar por arte de magia la acusación de rebelión contra los responsables del referéndum ilegal del 1-O  en otra de sedición. Presentó un recurso contra el auto de procesamiento de Franco y acusó a la juez de iniciar un proceso penal sin tener indicios y sobre la base de sospechas e hipótesis, y de haber abierto una causa general y prospectiva contra el Gobierno. En paralelo los medios de comunicación afines se lanzaron en tromba a desprestigiar el informe de la policía judicial y “El País” afirmó que estaba plagado de errores, omitía datos importantes, se hacía eco de noticias falsas y sólo contenía “especulaciones y medias verdades”. Los medios televisivos también se cebaron con Rodríguez-Medel, quien -al borde de un ataque de nervios- optó por sobreseer el caso.

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 8 de la Audiencia Nacional

Pérez de los Cobos presentó al Ministro de Interior un recurso de alzada contra la decisión sobre su cese  del Secretario de Estado de Seguridad y, al ser rechazado, apeló ante la Audiencia Nacional. Como ha observado Melitón Cardona, la sentencia del juez Salgado está pulcramente redactada y sólidamente fundamentada. En ella ha aceptado casi todos los argumentos de la articulada defensa del requirente: falta de adecuada motivación de la decisión, exigencia al requirente de que incumpliera la ley, sanción administrativa encubierta y desviación de poder. A la Abogacía del Estado le ha tocado el papelón de actuar como Abogacía del Gobierno y el nombre de su representante –quizás por piedad- si siquiera consta en la sentencia.

La verdad es que la defensa  de Pérez de los Cobos lo tenía bien fácil, porque la decisión de Interior no podía ser más trapacera, fruto de la prepotencia jurídica de los dos jueces responsables de la controvertida decisión. El abogado del Estado no pudo escapar al “hándicap” que suponía el texto de la decisión y se limitó a justificar la competencia del órgano sancionador para tomar dicha decisión, cosa que nadie había puesto en tela de juicio. Su argumento de que la causa de la pérdida de confianza se había basado en la negativa del coronel a informar a sus superiores del desarrollo del proceso fue desmentida por el testimonio del General Ceña, quien declaró que no era necesaria ninguna comunicación de explotación de la operación y que, a efectos organizativos, “era innecesario que la cadena de mando comunicara a la Directora General de la Guardia Civil la existencia de la investigación”. Ceña había solicitado un margen de tiempo para investigar lo ocurrido y dar a Pérez de los Cobos la posibilidad de exponer sus argumentos, pero fue denegada su razonable petición, “porque la decisión estaba tomada por Moncloa”. La excusa para del cese  fue la negativa a facilitar información, pero esto no era cierto porque el coronel informó a sus superiores en tres ocasiones y, si se negó a entregarles el informe confidencial de la policía judicial, fue porque se lo había prohibido la magistrada. La razón fundamental del cese de Pérez de los Cobos fue , sin embargo, la frustración que causó en el ministro y en su fantasmagórico Equipo de Dirección su negativa a incumplir la ley y entregar un documento confidencial contra la voluntad de la magistrada responsable del caso, por lo que se trató de una sanción administrativa encubierta y no reglada.  Grande-Marlaska era mejor que nadie consciente del buen hacer del coronel, porque él mismo en su época de juez instructor había dado instrucciones expresas a sus colaboradores de que mantuvieran el mutismo sobre el desarrollo de la investigación. También ha culpado la Abogacía del Estado a Pérez de los Cobos de la filtración del informe a la prensa, pero Salgado ha señalado que no ha aportado prueba alguna al efecto.

Otro argumento reiterado por el abogado del Estado ha sido que siendo el puesto del coronel de libre designación, la Superioridad estaba en su derecho a cesarlo cuando quisiera momento. El magistrado Salgado no ha negado este derecho, pero ha rechazado que pueda ser ejercido libérrimamente y sin ser motivado, y en el expediente no se había hallardo ningún informe razonado  de las causas que motivaron la propuesta de cese, por lo que se había producido un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional de la Administración. ”La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad. Por el contrario, las potestades discrecionales deben ejercitarse dentro de la legalidad. El actuar discrecional no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos”.

La decisión del Ministerio de Interior fue ilegal y supuso una patente desviación de poder. Por tanto, el magistrado Salgado ha estimado el recurso de Pérez de los Cobos, anulado y dejado sin efectos su cese, y condenado a la Administración a su reingreso en el puesto de trabajo de la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, al abono al mismo de las diferencias retributivas dejadas de percibir, y al pago de las costas procesales devengadas con ocasión del recurso. Se trata de una condena en toda regla de la conducta de Grande-Marlasca, que no era debida a la ignorancia, pues se trata de un experto jurista, sino que el gusanillo de la política y su orgullo herido han nublado su raciocinio. El Ministro conoce sin duda el  artículo 404 del Código Penal, conforme al cual  “a la autoridad o al funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público […] por tiempo de nueve a quince años”. Sinceramente creo que el proceder de Grande-Marlaska con Pérez de los Cobos constituye un caso de libro de prevaricación. Causa pena ver como el ansia de poder puede degradar moralmente a quien fue un juez ejemplar. Su la conducta debe situarse en el marco de las “mores” del Gobierno de Sánchez. La única salida  honrosa sería la dimisión del ministro, pues -como ha editorializado “El Mundo”-, “tras una sentencia así, el ministro debe abandonar inmediatamente su cargo al haber perdido la legitimidad para seguir ocupando tan alta responsabilidad. Marlaska no puede seguir en el Gobierno ni un minuto más, porque estamos ante la reprobación judicial de un responsable de Interior más dura desde la sentencia del Caso Segundo Marey, que acabó con Barrionuevo en la cárcel, o la que declaró anticonstitucional la Ley Corcuera, que provocó la dimisión del también ministro socialista”. Mas –como ha señalado Javier Redondo-, aquí no se mueve nadie. “La falta de pudor muestra el sitio en el que estamos varados y no augura nada bueno. Si Sánchez es una causa, Marlaska la representa”