Los que peinamos canas estamos en condiciones de asegurar que el tratamiento que se les ha dado a las víctimas del terrorismo en España siempre ha sido deplorable. Una cuestión tan sensible, que debería haber supuesto un vínculo de unión entre todos los ciudadanos de bien, ha sido a menudo herramienta de división y de enfrentamiento incluso entre los enemigos de los terroristas. Aunque habría que empezar reconociendo que pocas sociedades occidentales, como la española, han tenido la desgracia de tener tantos ciudadanos que han apoyado el terrorismo, unos abiertamente, otros con ciertos tapujos y disimulos, pero compartiendo, desde el nacionalismo y el izquierdismo, sus tétricos fines. Los maquilladores del terror están hoy más activos que nunca, haciéndonos ver que personajes siniestros como Otegi o Pakito -que en un país lógico deberían estar vestidos de naranja revisando su negra conciencia- son criaturas adorables porque “ya no matan”, (aunque algunos nos mereceríamos que lo siguieran haciendo).

En efecto, los más veteranos recordarán como durante los llamados “años de plomo” del terrorismo (los setenta y los ochenta) las víctimas eran ninguneadas y criminalizadas, con la torpe consideración de que “algo habrían hecho”. En su mayor parte, los “caídos” de esta época eran policías y militares, sobre los que caía una injustificada presunción de ser represores franquistas, o corruptos sicarios del poder; por lo que su memoria era prácticamente borrada del imaginario público en cuanto se producía su entierro. Recordemos el trato inhumano que proporcionaban a sus familiares los satánicos curas abertzales que rezaban escuetos y sacrílegos responsos por estos pobres servidores públicos, mientras que pronunciaban en sus homilías verdaderas loas de sus asesinos. Una asquerosa vergüenza de nuestra memoria reciente.

Cuando la ETA decidió “socializar el terror” e incluir entre sus objetivos a políticos, periodistas o jueces, parece que algo cambió. Fue la época en la que la Asociación de Víctimas del Terrorismo fue reconocida públicamente, como era lo lógico. Tal vez tuvo mucho que ver en ello el hecho de que entre los asesinados figuraban, sobre todo, políticos del PP y del PSOE; del PSOE y del PP. Todos eran de los nuestros y todos nos dolían, como nos habían dolido antes los humildes Guardias Civiles y Policías Nacionales, o los militares de cualquier graduación, acosados y exterminados de todas las formas imaginables y con una crueldad escalofriante.

Muy pronto, sin embargo, esta situación -mucho más esperable desde el punto de vista de la Ética democrática- empezó a quebrar cuando Zapatero comenzó a negociar con la banda armada en tiempos de Aznar, mientras simulaba su apoyo al Pacto de Estado contra el Terrorismo. Uno, que ya tiene sus años, recuerda la indignación de los políticos del PP y del PSOE, del PSOE y del PP, cuando los dirigentes nacionalistas del PNV (Arzallus) y de ERC (Carod Rovira), hicieron pactos con la ETA. Uno recuerda también lo que dijeron cuando la entonces irrelevante Izquierda Unida consideró que había que normalizar a la izquierda pro-terrorista, porque para eso compartían el 99% de sus objetivos. Muchos, en nuestra inocencia, creímos que la traición de Zapatero le pasaría factura al PSOE. Vana ilusión.

Sobre el año 2010, muchos españoles creíamos que el PP era el último bastión democrático de la lucha frontal contra la ETA. No puede caer en el olvido el hecho de que Aznar -al que la banda mafiosa intentó asesinar varias veces- fue por fin el político de la democracia que, tras algún error previo, tomó conciencia de que el único procedimiento que entendían esos facinerosos era la ilegalización de su brazo político y el endurecimiento de las penas legales. Nos dijeron que esas medidas represivas iban a causar el incendio del País Vasco. Por supuesto no pasó nada de eso; al contrario, por primera vez en la historia vimos a los proetarras con la cabeza gacha y con la moral por los suelos. Aznar había seguido las recetas de Jaime Mayor Oreja, el verdadero líder que con más sagacidad y valentía había entendido el carácter de la hidra a la que nos estábamos enfrentando.

Por eso, es difícil explicar la decepción que nos produjo Mariano Rajoy cuando, con mayoría absoluta, (repito, mayoría absoluta) consagró el pacto de Zapatero con la ETA. Los acercamientos paulatinos de presos a las cárceles vascas, la excarcelación de auténticos asesinos en serie (como Bolinaga), no empezaron con Marlaska, sino que ya venían del mandato de Fernández Díaz. El PP vasco fue descabezado: Mayor Oreja y María San Gil se fueron a su casa. Santiago Abascal y Ortega Lara se cambiaron de partido, pero no de ideas. Surgieron en el PP políticos yeyés, que casi eran intercambiables con los de cualquier otro partido, como Celia Villalobos o Maroto, que se apuntaron a la farsa de que, con tal de que dejasen de matar, había que premiar a estos matarifes, porque en el fondo eran tan progres como ellos.

Y así, en este contexto histórico de progresiva claudicación hay que entender el menor aunque significativo incidente producido recientemente en el Ayuntamiento de Sevilla. Recordamos que existe aquí una Fundación contra el Terrorismo en memoria del Concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García. Excepto la izquierda radical, que no está ni se le espera, la Fundación ha sido siempre muy respetada por las fuerzas políticas municipales, como no podía ser de otra manera. 

Ahora bien, en esta situación de respeto y de reconocimiento, la formación política VOX ha tenido la osadía de pedir información acerca de las cuentas de la Fundación. Cuando uno ejerce responsablemente un Patronato, flaco favor hace a los intereses públicos el dar por bueno cualquier informe de gestión que presenten los gestores. Igual que cuando examinamos las cuentas de la Comunidad de Propietarios no cometemos ningún agravio contra el administrador si le pedimos cuenta de los números, del mismo modo no hay ofensa alguna si los representantes de cualquier partido preguntan, con educación y delicadeza, sobre el destino de determinadas partidas. 

Resulta que, si se examinan las cuentas de la referida Fundación Jiménez Becerril, se descubre que todas las actividades realizadas tienen idéntica cantidad presupuestada, incluso con decimales. Y eso a pesar de que las actividades se celebran todos los años y ya se debería tener una clara orientación sobre su coste real. Lo mismo se calcula para el concierto de Navidad que para el mantenimiento de la página web. Un portal que, por cierto, en el 2020 solo ha recibido ocho entradas.

Pues bien, pedir aclaración de tan escueta información acerca del dinero público que cuesta todo esto ha producido la furibunda indignación del Diario ABC de Sevilla, que por supuesto ha esgrimido el mantra de que, con su actuación, VOX pisotea la sangre de las víctimas y tal y cual. ¿Les suena la acusación?

Un incidente -repetimos- que es menor, pero muy revelador de hasta qué punto la lucha contra el terrorismo ha constituido y constituye en España un desastre verdaderamente descorazonador. 

Y, mientras tanto, el verdadero enemigo se está frotando las manos, comprometido con el “gobierno” de España. Esa es la triste realidad con la que tenemos que bregar diariamente.