El 14 de julio de este año, el Congreso aprobó la Ley de Memoria Democrática por 173 votos a favor, 159 en contra -PP, Vox, Ciudadanos y UPN-  y 14 abstenciones. ERC y BNG se abstuvieron, igual habría hecho Bildu si sus votos no hubieran sido indispensables para sacar adelante la Ley, porque estimaban que está se quedaba corta y no derogaba expresamente la Ley de Amnistía en 1976. El Congreso rechazó todas las enmiendas de los partidos de la oposición y tan solo aceptó algunas de las propuestas presentadas por sus aliados, especialmente de Bildu, que consiguió que se ampliará el ámbito de la aplicación de la Ley hasta finales de 1983 y se creará una Comisión de Expertos para examinar las posibles vulneraciones de los derechos humanos a personas que hubieran luchado por la consolidación de la democracia, entre los que se consideraban incursos los militantes de Bildu, cuya afinidad a la democracia es harto dudosa. La oposición ha criticado especialmente las concesiones del Gobierno a Bildu, que constituían “una expresión actualizada de quienes en esa época utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación”.

El pasado 5 de octubre, el Senado aprobó la Ley de Memoria Democrática con la misma distribución de votos -128 a favor, 113 en contra y 18 abstenciones-. El telonero mayor ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Dada la falta de convicciones y principios de Pedro Sánchez -cuyo primordial y casi único objetivo es mantenerse en el poder a cualquier precio-, el presidente del Gobierno recurre a su “gurú” actual, Bolaños -arropado por tropecientos asesores áulicos-, quien aprovecha su sólida preparación jurídica y su conocimiento de la Administración pública para aportar argumentos que cubran las ocurrencias y las arbitrariedades de Sánchez. Bolaños se ha cubierto de gloria en esta ocasión con declaraciones manifiestamente mejorables.

Se ha lamentado jeremíaca e hipócritamente de que la oposición no haya apoyado una ley que debería ser de consenso, porque permitir que los familiares recuperen los restos de sus deudos víctimas de la guerra civil y del franquismo no era de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común. El PP le ha replicado que está a favor de la recuperación y entrega a sus familiares de los restos de todas las víctimas, pero que para ello ya estaba la Ley de Memoria Histórica -a pesar de sus imperfecciones-y  no era en modo alguno necesario elaborar una nueva ley sectaria y discriminatoria, -cargada de intencionalidad ideológica-, qué pretende reescribir la Historia, prestar una visión sesgada de la misma, promover los enfrentamientos y reabrir heridas ya sanadas.

¿Qué ha hecho el Gobierno para facilitar un consenso sobre la Ley? No ha contado en absoluto con la oposición, ha rechazado las propuestas de ésta para que declararan políticos y expertos, y todas y cada una de sus enmiendas -mientras aceptaba las de sus aliados tendentes a endurecer el texto-, y ha aplicado de forma inmisericorde el rodillo de la mayoría “Frankenstein” con la que cuentan las Cortes. Bolaños ha afirmado que con la norma se salda una deuda con millones de españoles. ¡Menos millones, ministro! La única deuda que se ha saldado ha sido la contraída por el Gobierno con su socio de Podemos y su aliado de Bildu, deuda que ha pagado en especie a costa del conjunto de los españoles. También ha señalado que se ha saldado una deuda con la ciudadanía, especialmente con las víctimas, pero desgraciadamente  sólo de algunas víctimas, pues la Ley ha ignorado las producidas en las zonas controladas por el Gobierno republicano entre 1931 y 1939, y en cambio ha incluido a los etarras, supuestas víctimas del Estado de Derecho.

Como ha señalado Rafa Latorre, el Gobierno trabaja para que la memoria de los españoles se vea afectada por una particular demencia, que imponga el olvido de lo reciente y un vívido recuerdo de lo remoto. Insiste en recordar lo acaecido hace 80 años -en una versión actualizada y falseada de los hechos-, pero propugna la amnesia sobre los recientes asesinatos de ETA, blanquea a sus autores, cómplices o encubridores, y hace de sus testaferros políticos -el partido Bildu, que sigue negándose a condenar los asesinatos, atentados y secuestros de la banda- que son sus aliados preferentes en la gestión del país. Uno de los síntomas de la senilidad es que la persona que envejece  olvida con facilidad los hechos recientes y recuerda en cambio episodios lejanos de su infancia. El Gobierno de coalición del PSOE y Podemos padece de senilidad ideológica.

Según Francisco Rosell, la Ley de Memoria Democrática aspira a hacer del pasado el porvenir que nos espera, mediante el recurso a un antifranquismo sobrevenido, que consiste en resucitar a Franco para culparle de todas las insuficiencias, y trata de cubrir sus apaños con Bildu y ERC vinculando a todo el espectro de la derecha con el franquismo, del que considera que son legítimos sucesores. “El Mundo” ya divirtió en 2020 que el entonces proyecto de Ley de Memoria Democrática estaba pensado para prorrogar la guerra cultural entre españoles, y se basaba en una burda distorsión de las palabras para azuzar el revanchismo y exprimir la utilización maniquea del pasado, a fin de condicionar el presente y ganar poder en el futuro.

Por último, Bolaños ha declarado que nuestra democracia está hoy mejor que nunca, porque reconoce lo mejor de nuestra Historia; a saber, la Transición, la Ley de Amnistía y la Constitución de 1978. Semejante afirmación no puede ser más hipócrita porque -so pretexto de devolver la dignidad a las víctimas de la Guerra Civil- lo que la Ley realmente persigue es justamente lo contrario: desprestigiar la Transición, impugnar la Ley de Amnistía y desarbolar la Constitución.

Crítica de la Ley de Memoria Democrática desde un punto de vista histórico

El pasado 4 de octubre, justo el día antes de la aprobación por el Senado de la Ley de Memoria Democrática, asistí en la Fundación Transición Española a un debate sobre ”La Ley de Memoria democrática, una tergiversación del pacto constitucional”, en el que los ponentes -el profesor de Historia Contemporánea, José Varela, la profesora de Derecho Constitucional, Teresa Freixes, y el ex-ministro de los Gobiernos de UCD y del PP, Rafael Arias Salgado- analizaron la ley desde los puntos de vista histórico, jurídico y político.

Varela comentó que no se podía hacer una ley sobre memoria de nada, porque la experiencia histórica no es colectiva sino individual. Según Santos Juliá, hoy no es ayer y “Memoria” e “Historia” son dos conceptos distintos, que no deberían convertirse uno en sustantivo y el otro en adjetivo. Para Fernando del Rey, estos dos conceptos no son solamente distintos, sino también incompatibles. No hay una única lectura del pasado, por lo que puede haber muchas memorias. Por el contrario, hay una sola Historia, aunque pueda existir numerosas interpretaciones de la misma. Mientras la Historia debe ser objetiva y única, la memoria es diversa y hay tantas memorias como individuos, por lo que han de ser necesariamente subjetivas. Como ha observado Cayetana Álvarez de Toledo, la memoria no puede ser por definición democrática, como no debe ser liberal, fascista o comunista. No puede ser una construcción impuesta desde arriba, uniformemente roja o azul, ya que es un caleidoscopio formado por recuerdos personales, sesgos inconscientes y experiencias sobrevenidas, por lo que hay tantas como las personas que recuerdan.

Que el Gobierno respalde determinadas lecturas del pasado es una aberración incompatible con una democracia pluralista, y que cree una política oficial sobre el  pasado es una barbaridad, y esto es precisamente lo que hace la Ley de Memoria Democrática. La historia debe ser narrada por los historiadores y no manipulada por los políticos. Debe ser analizada en el contexto el de que se produjeron los hechos y no con la perspectiva del momento actual, que es obviamente diferente.

El sanchismo menosprecia los hechos, construye una leyenda pueril y falsa, y miente cuando sostiene que los vencedores de la Guerra Civil tuvieron como objetivo poner fin a la democracia y acabar con los demócratas, entre otras razones porque en los años 30 había en España muy pocos demócratas en uno u otro bando. Según Ricardo García Cárcel, el Gobierno ha impuesto el relato de la idealización de la II República, sin mácula alguna, y la estigmatización del franquismo, sin matices, con lo que se produce un nuevo secuestro de la Historia. El Gobierno pretende aplicar la moviola y ganar años después la guerra civil, aunque solo sea de manera simbólica. Como ha observado “El Mundo”, sólo un calculado y mezquino interés político puede explicar la obsesión del Gobierno por reabrir heridas de hace más de 80 años e ignorar otras que siguen desgarrando de manera obscena los españoles y envenenando la convivencia.

Según Daniel García Pita, cualquier propósito de manejar la historia con fines sectarios exige reescribirla, para satisfacer el empeño de borrar cualquier manifestación que recordara la derrota y convertir en mártires de la democracia a los derrotados. Al mismo tiempo, había que borrar asimismo las tropelías cometidas bajo el régimen republicano y resaltar las actuaciones condenables en el bando nacional. A tales efectos, la Ley ha creado una Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que es un auténtico Ministerio de la Verdad, en la línea presagiada por George Orwell en su obra “1984”, que se ha quedado corta.

Para Varela, los perdedores ideológicos de la guerra civil no se resignan a haberla perdido y mantienen que la Ley de Amnistía fue adoptada para beneficiar a los franquistas. Ello no se compadece con el sentido de culpa y el arrepentimiento expresado por los intelectuales -el “no es esto” de José Ortega- o por los políticos republicanos -el “paz, piedad, perdón”, de Manuel Azaña-. En opinión de Javier Redondo, con su matrimonio morganático con la extrema izquierda, con los separatistas y con Bildu, el PSOE ha hecho suyo el relato de la Transición de la izquierda marginal encarnado por Podemos y puesto en entredicho la ley de amnistía, que carecía de legitimidad para haber sido aprobada por las élites franquistas. Ha renunciado al positivo papel que protagonizó el partido durante la Transición, al contribuir al buen éxito de la misma, y demonizado a la derecha que -por ser heredera del franquismo- no tiene derecho a gobernar.

En el conflicto de Cataluña -según reconoció el propio Alfredo Rubalcaba-, el PSC, en vez de socializar al nacionalismo, nacionalizó al socialismo y se hizo su cómplice. Ha renunciado a la aplicación de los artículos 1 y 2 de la Constitución, que establecen que la soberanía nacional reside en el pueblo español -por lo que solo él puede decidir sobre los destinos de España-, y que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

Crítica de la ley desde un punto de vista jurídico

Según la profesora Freixes, las críticas de la izquierda y de los nacionalistas a la Constitución por haber sido impuesta por los descendientes del franquismo carece de la más mínima justificación. Su adopción por consenso fue un caso único en la historia constitucional de España, donde las Constituciones eran impuestas por el partido en el gobierno tras haber derogado la anterior. Todas las fuerzas políticas estuvieron representadas en la ponencia constitucional y todas ellas tuvieron que hacer concesiones en la búsqueda de un acuerdo, y el texto acordado fue refrendado por la inmensa mayoría del pueblo español. Pese a sus imperfecciones -que las tiene-, la Constitución – permitió introducir en el país la democracia y el Estado de Derecho, consagró los derechos humanos y las libertades fundamentales, y ha proporcionado a España el mayor periodo de estabilidad institucional y de prosperidad en su Historia.

La Ley de Memoria Democrática pretende deslegitimar la Transición y socavar la Constitución. Como los partidos que la critican carecen de los votos necesarios para proceder a su reforma, tratan de erosionarla por otros medios, como los Estatutos de Autonomía o leyes orgánicas u ordinarias -nacionales o autonómicas-, o la incumplen lisa y llanamente, como hace impunemente la Generalitat de Cataluña con la connivencia del Gobierno central. Hay normas que, al quedar desfasadas, deberían ser modificadas, pero -salvo en dos casos excepcionales- no se ha iniciado ningún proceso de reforma por miedo a que se abra el melón constitucional y se propongan cambios sustanciales difícilmente aceptables. Por otra parte, para realizar cualquier reforma, por mínima que sea, serían necesarios el acuerdo y la acción de consuno de los dos principales partidos del espectro político, y ello no resulta posible, especialmente por la actitud descalificadora de la derecha  que hace la izquierda en el poder.

El que hubiera memorias democráticas implicaba que había otras que no lo eran, y la profesora catalana se preguntaba que quién decidía sobre cuáles eran o no democráticas. El Gobierno pretende asumir esta función de juez y parte, debido a la auto-concedida superioridad moral de la izquierda y, lo peor es que -como consecuencia del juegos de alianzas en el Gobierno Frankenstein y la disposición de Sánchez a hacer las concesiones que sean necesarias para permanecer en el machito- podría darse el caso de que quien ejerciera esta función arbitral fuera Bildu, y bien sabemos lo que piensan los filoetarras. Según declaró en el Senado Gorka Elejabarrieta, “aquella mal llamada transición no fue moderada, no acabó con la herencia franquista, ni terminó con la vulneración de los derechos humanos”. Como reza el dicho inglés, “el diablo citando las Escrituras”.

Freixes puso de manifiesto el absurdo que suponía que la Ley declare ilegal al franquismo, que era un período histórico que podrá gustar más o menos, pero que jurídicamente no se puede ilegalizar. A diferencia del fascismo, el nazismo o el comunismo, el franquismo no es una ideología, ni un partido político, sino -a lo sumo-una corriente de opinión muy minoritaria. Con la prohibición del franquismo se está practicando la censura y recortando las libertades de opinión y de expresión. El Gobierno aplica la ley del embudo cuando prohíbe la Fundación Francisco Franco, que no atenta contra la Constitución, y tolera, en cambio, partidos -como Bildu o la CUP- o  asociaciones -como la ANC u Omnium Cultural-, que sí lo hacen. Freixes también señaló el doble estándar que supone anular los juicios celebrados en la zona nacional -aunque fueran realizados conforme a unas normas procesales mínimas-, mientras no se mencionan los juicios en zona republicana de los llamados “tribunales populares”, que no se regían por norma alguna y practicaban impunemente las “sacas” y los “paseos”.

La Ley señala que la llamada “generación de los nietos” -que no tienen el menor conocimiento sobre lo que ocurrió durante la Guerra Civil- exige la recuperación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas republicanas. De esta manera “se abre una nueva página en la política de memoria que conecta con mayor claridad[…] la memoria democrática de España con la memoria europea y con el derecho internacional de los derechos humanos”. Los autores de este bodrio no tiene la menor idea de lo que es el Derecho Penal Internacional. Ignoran principios básicos como la irretroactividad de la ley penal, el principio “nullum crimen, nulla pena, sine lege”, o el hecho de que el Tribunal Penal Internacional solo enjuicie los delitos cometidos por los nacionales de Estados que hayan aceptado la jurisdicción del Tribunal y se hayan cometido con posterioridad a la fecha de dicha aceptación.

Crítica de la ley desde un punto de vista político

Área-Salgado informó de que, en su calidad de presidente de la Fundación Transición Española, había escrito una carta del presidente del Gobierno para pedirle que retirara el proyecto de ley, y que Sánchez ni se había molestado en contestarle. Describió la actitud prepotente del Gobierno, que ignoró por completo a la oposición y no le permitió que participara en modo alguno en la tramitación del proyecto de ley.

Destacó el sorprendente hecho de que la Ley de Memoria Democrática no mencionara la Ley de Amnistía -de la que él mismo fue ponente- y que constituyó la piedra angular del proceso de reconciliación que se llevó a cabo durante la Transición. El rey Juan Carlos I era consciente de que había que superar el espíritu cainita de la nación y restablecer la concordia y la reconciliación entre los dos bandos de la Guerra Civil, y a ello se consagró en gran medida durante la Transición. Como observó el Tribunal Supremo, la ley de amnistía no fue aprobada por los vencedores detentadores del poder para encubrir sus crímenes, sino que fue la adoptada por abrumadora mayoría en las Cortes Constituyentes como reivindicación de las fuerzas políticas que eran ideológicamente contrarias al franquismo, por lo que ningún juez o tribunal podía cuestionar la legitimidad de tal proceso. Los tribunales no podían ponerlo en tela de juicio, pero los politicastros de la izquierda progresista sí estaban autorizados a hacerlo.

Han mantenido de forma falaz que la Ley fue impuesta por los vencedores, lo cual era totalmente falso. La iniciativa partió del Partido Comunista y se plasmó en una propuesta de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios. Fue la primera ley que adoptaron unas Cortes Constituyentes presididas por Dolores Ibarruri, a) “Pasionaria”, la emblemática dirigente del PCE, y fue aprobada casi por consenso. Ahora, con Pedro Sánchez, la España de la Transición -que buscó y obtuvo la reconciliación nacional- se está desmoronando, porque pretende cambiar el curso de la Historia y dar por sentado que el bando republicano ganó moralmente la guerra civil, y que su Gobierno es el heredero natural de la supervalorada II Republica. Para ello era preciso demonizar la Transición -considerada como una continuación del franquismo, un paréntesis que había que cerrar-, modificar la Constitución y preparar el camino hacia la III República. Para la labor de zapa de la monarquía, Sánchez se sirve de su socio minoritario y del apoyo entusiasta de los partidos separatistas catalanes y de Bildu. La Ley de Memoria Democrática nos devuelve a los años 30 y empuja de nuevo a los españoles a la confrontación. Como señaló en el Senado Amelia Salanueva (PP), la Ley dinamita el pacto constitucional de 1978 y el espíritu de concordia, perdón y reconciliación, que no se ha permitido disfrutar de más de 40 años de convivencia sólida y pacífica. 

Resulta paradójico que un Gobierno que se ha mostrado tan reacio al desahucio de los vivos, sea tan propenso a desahuciar a los muertos. Tras el glorioso destierro de Franco del Valle de los Caídos -me autocorrijo, del Valle de Cuelgamuros, no vaya a ser que me sancionen, incluso antes de que entre en vigor la Ley-, y ya ha anunciado el desahucio de José Antonio Primo de Rivera, quien -a su juicio y contra toda pevidencia- no fue una víctima de la Guerra Civil.

 Concluyó Arias-Salgado su intervención afirmando que había que derogar la Ley y, en el ínterin, no colaborar en su aplicación. Tanto el PP como Vox se han comprometido a derogarla si llegan al poder. Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que la Ley atenta contra el espíritu de la Transición, que Bildu no puede ser el notario que reescriba la Historia de España, y que un eventual Gobierno del PP la derogará en cuanto llegue al poder. Esperemos que, por una vez, el PP cumpla con sus compromisos electorales, ya que -hasta ahora- no ha osado tocar ninguna ley controvertida adoptada por un Gobierno socialista por su complejo de inferioridad ante la izquierda.

De un análisis objetivo de la Ley de Memoria Democrática como el realizado por los participantes en el debate de la Fundación Transición Española, cabe deducir que dicha Ley es una manipulación histórica, una chapuza jurídica y una aberración política. El Gobierno ha seguido la técnica utilizada en su día por el cualificado representante del tardofranquismo ilustrado, Torcuato Fernández Miranda, de “pasar de la ley a la ley”. Efectivamente, ha pasado de la Ley de Memoria Histórica a la Ley de Memoria Democrática, calificativo que no es el adecuado, porque de democrática tiene bien poco. Resulta más conforme con la realidad calificarla de Ley de la Memoria Histérica, dadas las obsesiones en época preelectoral de un Gobierno y de un presidente que están al borde de un ataque de nervios ante los malos augurios de todos los sondeos, a excepción de los realizados por el CIS de Tezanos.