Trato hecho.
Está llegando a un punto la bajura de miras en la política patria, que parece ser que el único recurso argumental y dialéctico que les queda a una buena parte de los “profesionales de la cosa pública” es el ataque personal al adversario político basado en un escudriñamiento previo de su currículum vitae. Considero lamentables las declaraciones proferidas por el Excelentísimo Señor Alcalde de Valladolid, quien en una sesión del pleno municipal se dirigió a una Señora Concejala de la oposición con las siguientes palabras: “…Antes de estar en este ayuntamiento (usted) tenía un puesto de trabajo bastante normal en una tienda…” Descalificó y se burló de esta edil por haber trabajado como dependienta de comercio en una tienda de moda. Ella, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, abandonó la sala de plenos con la dignidad propia de quien con treinta y tres años ha estudiado una licenciatura universitaria y ha trabajado en un empleo tan respetable como el de tantísimos honrados españoles.
Está plagada la escena pública de “profesionales de la política” que cohabitan en todos los partidos y parece asumido por la sociedad que el servicio público temporal es un oficio permanente y vitalicio. A tal punto, que es noticia relevante y de singular alcance el regreso a su puesto de trabajo del expresidente del gobierno de España. Un gesto de decoro y honestidad poco frecuente. En la Antigua Roma fue establecido el “Cursus Honorum” o carrera de servicio público mediante la cual se ordenaban por edad y se jerarquizaban las distintas magistraturas romanas. Tras el servicio militar, se sucedía en el tiempo el desempeño de los cargos de cuestor, pretor, cónsul y censor. De la misma forma, en la actual Hispania parece haber un modelo de carrera política bastante frecuente que consiste en una escalada que sube o trepa por los siguientes hitos: militante joven de base, concejal, diputado provincial, parlamentario autonómico y diputado nacional o senador. Al final del camino, los mandos intermedios van de vuelta a la diputación provincial o a empresas públicas que suelen ser lugar de sosegado bienestar. Los altos mandos se reservan un placentero retiro con acceso desde puertas giratorias hacia consejos de administración de empresas privadas del sector energético, organismos internacionales y lucrativas sillas del Consejo de Estado. Además conjugan lo anterior con la publicación de libros más o menos autobiográficos.
En el año 2.013 las Cortes Generales Españolas promulgaron la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se contemplan aquí varias medidas normativas muy beneficiosas para la necesaria regeneración democrática así como mecanismos de publicidad que pueden servir para evitar muchos de los desmanes que en el pasado fueron cometidos en el seno de las administraciones públicas y dentro de los propios partidos políticos. Desmanes o delitos que hoy son metabolizados en una letanía de juicios que tanto daño hacen a la imagen general de la clase política. Esta reiterada y prolongada situación va socavando y degradando progresivamente los principios morales de la sociedad.
La Ley de Transparencia obliga a todos los diputados y senadores a realizar una declaración de bienes. Los políticos hacen públicos sus pagos por IRPF, el montante de sus depósitos y los bienes inmuebles que poseen. Recuerdo que causó gran expectación mediática esta accesibilidad al público escrutinio del peculio de sus Señorías. Personalmente, me trae al pairo el dinero que tengan o que dejen de tener los políticos, ese no es mi problema; el mío como el de la mayoría de españoles es llegar a final de mes y procurar un horizonte vital digno para las generaciones venideras. Sí me interesa sobremanera que fuese de conocimiento general el INFORME DE VIDA LABORAL de todos y cada uno de quienes aspiran a regir o rigen sobre sobre las vidas y haciendas de cuarenta y siete millones de personas. Sería muy ilustrativo que los votantes conociésemos si nuestros dirigentes y quienes se postulan para serlo en un futuro han trabajado alguna vez en su vida fuera de su partido político y en su caso que oficio o beneficio han tenido.
Es una cuestión importante saber si después del ejercicio del cargo de representación pública los políticos tienen algún destino laboral o profesional en la vida real. Porque si carecieren del mismo se aferraran a toda costa al poder. Y en las más altas esferas del Estado puede ser a costa de la unidad territorial de España.
