Si un movimiento pisotea la ley en su recorrido reivindicativo seguirá pisoteándola, con creces, una vez que consiga su objetivo, porque a fin de cuentas ese objetivo, enmascarado con ideales atractivos para la gente, no es otro que pisotearla. 

Estamos asistiendo, atónitos, a la mayor burla del estado de derecho de nuestra democracia a cuento de los golpistas presos, léase independentistas. 

En las democracias modernas, la española incluida, el poder coercitivo y represivo a través de la ley y las sentencias judiciales lo tiene el Estado. Sin embargo, en el Estado Español, desde un tiempo a esta parte, estamos viendo que estos y otros poderes se adulteran sin que podamos distinguir con claridad cuál fue la causa primera y si la causa que fuese ha sido una sola o, por el contrario, las causas son múltiples y si el causante o causantes han sido las Comunidades Autónomas o el propio Estado, si fue un presidente del gobierno de España o uno de una Autonomía. Se nos escapa, al menos a mí, si las transferencias han sido realizadas escrupulosamente conforme a la Constitución y a las Leyes Orgánicas respectivas, si se han interpuesto los recursos necesarios para controlar y depurar su constitucionalidad o si se quedó alguno en el tintero de algún político o de algún gobierno de forma interesada, si las Instituciones del Estado -Fiscal General del Estado,  Consejo General del Poder Judicial, Abogacía del Estado, Tribunal Constitucional, Congreso y Senado, Partidos Políticos y lo que te rondaré morena- han estado y están a la altura de sus obligaciones y de sus competencias. ¡Vaya lío, no!. Es el lío que nos hemos querido dar y que si cada pieza del puzle hace bien su trabajo, con sentido de Estado y con responsabilidad, es un lío que funciona. 

Hay dos preguntas obligadas. ¿Hemos hecho todos bien nuestro trabajo desde 1978 hasta 2018?. Y la segunda, ¿estamos haciendo todos bien nuestro trabajo desde 2018 a 2020?. La respuesta a la primera pregunta es afirmativa, con ciertas reservas. Sabemos que todos los presidentes desde Suárez a Rajoy han caído en la tentación de saciar el hambre voraz de los nacionalismo para gobernar más o menos cómodamente. En este largo período, el Estado se ha ido debilitando por las concesiones competenciales de los distintos gobiernos centrales aunque la voracidad aludida se alimentaba de manera contenida o relativamente razonable. A pesar de esa contención política, las concesiones han sido puertas abiertas a los actuales desvaríos. 

La respuesta a la segunda pregunta es más fácil de contestar porque la motivación política de algunos partidos no es el nacionalismo democrático -valga la expresión- sino la independencia y la ruptura con y del Estado. El desbarajuste actual es de tal calibre que se desprecian flagrantemente las reglas del juego democrático constitucional. En definitiva, la Constitución de 1978 tiene perfectamente tasado la regulación de territorios y sus competencias y las relaciones de conflictividad de los mismos. El artículo 118 de la Constitución, “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales…”; artículo 124 de la Constitución, “ El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad…”; artículo 149 de la Constitución, “La Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado al igual que la legislación penitenciaria…” y de este tenor, muchos más. Otra cosa es que no se respeten estas normas o que no se quieran respetar y, desgraciadamente, en ello estamos. No hay vacíos legales para defender la España del 78, hay vacíos de valor y voluntad. 

Recientemente el ministro de justicia habló de crisis constituyente en el Congreso y creo que llevaba razón, pero quizá el sentido en el que lo dijo apuntaba hacia un desmantelamiento de aquel orden constitucional, cuando creo que la mencionada crisis constituyente debe ventilarse repasando y reafirmando las estructuras jurídicas y territoriales de España que implementamos libremente en el cambio de régimen de 1978 y que han funcionado razonablemente bien.

El estropicio del país y de la convivencia es, más que evidente, asfixiante. Torra no puede gobernar después de estar inhabilitado para ello. Los implicados en el golpe de estado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña no pueden decir, alegre e impunemente, que no se arrepienten de nada y que lo volverán a hacer. Estos presos, ni ninguno, no pueden cumplir condena en libertad, ni salir y entrar en la cárcel a la carta, como si degustaran un interesante menú sobre la privación de libertad, ni falsear sus méritos para obtener beneficios, ni proclamar el orden jurídico español internacionalmente como si fuera el de Irán o Venezuela, totalitarios e injustos. Los defensores de los asesinatos de ETA no pueden erigirse en adalides de los derechos humanos, ni un vicepresidente de gobierno puede chapotear en la cloaca de su propio estado de machito alfa para demostrar que hace lo que le viene en gana y se pasa normas y cargos por el arco del triunfo de Galapagar. Ni una ministra, por mucha igualdad que proclame, puede ir gastando a voluntad de sus tías, amigas, cientos de miles de euros para exprimir despótica y caprichosamente el dudoso valor del feminismo en nuestra sociedad. No hablemos de sopas ni armarios ni de colores, hablemos de personas y de igualdad de derechos, es más simple y más fácil. 

España ha funcionado razonablemente bien durante 40 años de paz y progreso hasta que primero Zapatero, un rojo pelado, y ahora Pedro Sánchez, un Peter Pan bacalao, a cambio de mantenerse en el poder por pura ambición de megalomanía, han entregado los pilares democráticos de nuestra próspera convivencia a las piquetas absurdas de comunistas, golpistas, independentistas, herederos de terroristas y los incalificables anti sistema, para demoler la paz y la libertad de un país que nada de esto necesita ni, por supuesto, lo ha pedido. 

Pedro Sánchez es el virus de esta pandemia antidemocrática, pero lo preocupante es que ni se pone la mascarilla contra la ilegalidad, ni guarda la distancia de seguridad con los principios constitucionales y las leyes, con el severo riesgo de necrosarlos, aunque lo peor de todo es que su vicepresidente Pablo Iglesias sigue abusando de hacer fotos íntimas a diestro y siniestro con móviles fantasmas.