Como es habitual cuando el suceso incluye maltrato o muerte de un bebé, la noticia nos conmovió ocupando las primeras páginas: una menor de edad dio a luz en secreto, y el padre (también menor) habría arrojado al recién nacido en el río Besós de Barcelona tras un frustrado intento de enterrarlo, maniobra percibida por algún testigo que avisó a la policía.

Apenas conocidos los hechos, se activaron los dispositivos extraordinarios propios de estas situaciones, y después de tres intensos días de búsqueda se consiguió recuperar el cadáver del infeliz moisés «no deseado». Porque para explicar la atrocidad, enseguida se nos dijo que se trataba de un «hijo no deseado» por sus padres. Si esto es así, y al margen de otras consideraciones importantes, sorprende la doble vara de medir con que nos hemos (han) acostumbrado a valorar estos sucesos que tanto nos escandalizan.

Pues si ese mismo hijo «no deseado» lo hubiesen eliminado sus padres en un abortorio unas horas antes del parto, la máxima sanción que habrían recibido sería una multa, si es que su letal conducta llegara a juzgarse, superando el poderoso coro de voces progresistas que se alzaría reclamando impunidad, alegando que se trataba del ejercicio de un derecho.

Terrible signo de un inquietante progreso, cuando el derecho a vivir de un ser humano pasa a depender del deseo ajeno.