El 9 de noviembre fue un día aciago para España y los españoles. Todos nos temíamos que se llegara al fin a un acuerdo entre el PSOE y JxC, porque era de vital importancia para ambos partidos, pero nuestros peores presagios han quedado superados por la indignidad de Pedro Sánchez, que ha traspasado todas las líneas rojas posibles. La guinda a este descomunal desastre la ha puesto el intento de asesinato del antiguo líder del PP catalán Alejo Vidal-Quadras, que ha salvado la vida de milagro. Se dice que los autores podrían ser miembros de los servicios de inteligencia de Irán, pero ha venido a mi mente el recuerdo de los tiros con los que terroristas de “Terra Lliure” hirieron a Federico Jiménez Losantos en 1981, por su grave crimen de haber defendido la paridad entre el catalán y el castellano. Minutos antes de producirse el atentado, el herido había afirmado que “ya se ha acordado el infame pacto entre Sánchez y Puigdemont que tritura en España el Estado de Derecho y acaba con la separación de poderes. Nuestra Nación dejará de ser una democracia liberal para convertirse en una tiranía totalitaria. Los españoles no lo permitiremos”. Estos acontecimientos no se han producido de la noche a la mañana, sino que han sido fruto de un largo y penoso proceso.

Antecedentes

Desde que llegó al poder, Sánchez ha mostrado inclinación hacia los partidos separatistas de izquierdas de Cataluña y tomado una serie de medidas para favorecerlos, después de haber prometido que nunca lo haría. Así, indultó a los sediciosos catalanes que habían sido condenados por el Tribunal Supremo (TS) a pesar de la opinión desfavorable de éste, suprimió el delito de sedición, rebajó las penas al de malversación y ha decidido amnistiar a las personas enjuiciadas por su vinculación con el procès a cambio de que los independentistas le den sus votos para la investidura.

Antes de las últimas elecciones generales, Sánchez afirmó que “el independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar, ya que no entra dentro de la Constitución española. No han tenido la amnistía y no van a tener un referéndum de autodeterminación”. En el informe justificativo de la concesión de indultos, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, argumentó que, “a diferencia de la amnistía -claramente inconstitucional-que se reclama en algunos sectores del independentismo, el indulto no hace desaparecer el delito”. El PSOE no solo no incluyó en su programa electoral la concesión de una amnistía a los responsables del procès, sino que la excluyó expresamente en sus declaraciones durante la campaña electoral. No entraba en sus planes concederla, pero -como ha reconocido el propio Sánchez- “las elecciones del 23 de julio cambiaron las cosas”.

El cambio se ha debido a que, para poder ser reelegido al frente del Gobierno, a Sánchez no le bastaban los apoyos ofrecidos por sus socios en el anterior Gobierno y necesitaba imperiosamente  los 7 votos del partido liderado por el prófugo de la justicia Carles Puigdemont. La concesión de la amnistía era una “condición” para que pudiera haber un Gobierno de progreso, y el coraje se manifestaba haciendo realidad el refrán “hacer de la necesidad virtud” . En consecuencia, afirmó con el mayor de los cinismos que, “en el nombre de España, en el interés de España y en la defensa de la convivencia entre españoles”, defendía la amnistía en Cataluña para su normalización política. ¿En qué se basaba para hablar en nombre de España  cuando no había sometido esa propuesta a la consideración de los españoles en las elecciones? ¿En qué beneficia al interés de España y a la convivencia entre españoles el perdón y el olvido de los delitos de unos delincuentes que, no solo no se han arrepentido de sus fechorías, sino que se han jactado de que las volverán a cometer?

Según Emiliano García Page, en el caso de Sánchez en relación con Puigdemont hay más necesidad que virtud. En realidad, el lema que guía a Sánchez es el de que “el fin justifica los medios”. Curiosamente, Maquiavelo nunca pronunció esa frase , aunque quepa deducirse del contexto de su obra. No creo que el presidente haya leído “El Príncipe”, pero tiene sus ”negros” y “negras” que -además de redactarle su tesis doctoral y escribirle sus memorias- le facilitan frases ocurrentes para que intercale en sus discursos. A juicio del florentino, la necesidad impera sobre la moral y la virtud sin fortuna sirve de poco. “Cuando un príncipe ve que su fidelidad en la promesa se convierte en perjuicio suyo y que las ocasiones que le determinaron hacerlas no existen ya, no puede, y aún no debe, guardarlas. Si el príncipe es débil, debe recurrir a la astucia mejor que a la fuerza y no ser esclavo de su palabra, sino de su conveniencia”. Maquiavelo pretendía mostrar  cómo lograr que el príncipe salvara a Italia. Sánchez es un aventajado discípulo de este maestro, pero su problema es que  no quiere salvar a España -pese a sus hipócritas alegatos sobre la concordia ,el diálogo y el reencuentro-, sino salvarse a sí mismo. Para José Ignacio Torreblanca, existe una nítida  línea que conecta ”El Príncipe” con el “Manual de resistencia” de Sánchez. Hay una definición de “maquiavélico” que viene a cuento: “Persona hipócrita y falsaria, calculadora y falta de empatía, que lo subordina todo al propio beneficio”. ¿Les recuerda a alguien?

Sánchez también había dicho que Puigdemont era un prófugo y que él se comprometía a trabajar ”hic et nunc” para traerlo a España ,a fin de que rindiera cuentas ante la justicia. Efectivamente lo va a traer, pero no como un delincuente extraditado para ser juzgado por sus delitos, sino en olor de multitud en su calidad de antiguo -y futuro- presidente de la Generalitat, como un estadista ejemplar que va a permitir con los votos de su partido la formación en España de un nuevo Gobierno progresista.

Sánchez mantiene ahora que la celebración del referéndum ilegal del 1-O, las Leyes de Desconexión que abolían la Constitución, y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) no fueron delitos, sino” crisis políticas”, que nunca debieron ser judicializadas, y que -gracias a la amnistía- volvería a la política lo que nunca debería haber salido de ella. Las consecuencias de este increíble giro copernicano -por el interés  de Sánchez- son extremadamente graves, ya que – si la actuación de los sediciosos catalanes fue legítima- el Rey Felipe VI habría ultrapasado sus funciones y errado al pronunciar su transcendental discurso del 3 de octubre 2017 -en el que echó en cara a las autoridades catalanas su ilegal alzamiento contra el Estado-, los jueces y fiscales del TS habrían prevaricado  por juzgar y condenar injustamente y a sabiendas a unos patriotas inocentes, y el Gobierno, y las fuerzas de seguridad, que intervinieron legítimamente para restaurar el orden constitucional violado, abusaron de su poder y deberían ser sancionados y pedir perdón a los golpistas por sus injustificables excesos.

Es especialmente preocupante el el alto grado de desprestigio en que el Gobierno ha situado a España con su disparatada política exterior, que la han convertido en el hazmerreír de Europa. Como decía Josep Tarradellas, lo único que no puede hacer un político es el ridículo, y Sánchez lo está haciendo en demasía. Los diplomáticos que dedicaron sus mejores esfuerzos para contrarrestar el falso relato de la eficaz ”agitprop” independentista, a fin de explicar a las Cancillerías el golpe de Estado posmoderno dado desde el poder por las autoridades catalanas – y que consiguieron que ni un solo Estado reconociera a la fugaz República Catalana, se encuentran ahora con que toda su labor ha sido en vano, porque los golpistas actuaron correctament, y que el proscrito de Waterloo no es ya un prófugo, sino un político que trabaja por el interés de España.

En un Gobierno serio -sea de izquierdas o de derechas- lo importante es que gobierne con coherencia, siguiendo la política que estime más adecuada, aunque en el presente caso no se trate de una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de dignidad nacional. Un presidente de Gobierno responsable no puede someterse al chantaje de los enemigos de España y ser aliado preferente de quienes pretenden destruirla. ¿Qué pensarán los jueces del TJUE de un país cuyo Gobierno lleva años solicitando la extradición de un prófugo -al que ha acusado de rebelión, sedición y malversación- y ahora desautoriza a sus jueces y se postra ante el prófugo para mendigarle los votos de su partido, y que -para conseguirlos- está dispuesto a cometer las mayores vilezas?

Acuerdo entre el PSOE y JxC

Pese a la derrota del PSOE en las elecciones del 23-J, Sánchez estimó que las había ganado y que podría seguir gobernando con el apoyo de los partidos progresistas, incluido JxC. Sánchez envió a Waterloo a su vicepresidenta Yolanda Díaz en funciones de Juan Bautista para que enderezara los caminos del Señor. Se entrevistó con el fugado y se hicieron unas fotos que eran la muestra de la ignominia que Sánchez pretendía cometer. Como Puigdemont exigía su reconocimiento público y su legitimación, el presidente envió a Bruselas al número 3 del partido, Santos Cerdán, quien -en compañía de le eurodiputada Iratxe García, presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo- rindió pleitesía al prófugo y se hizo otra foto en la que ha quedado plasmado su blanqueamiento a nivel nacional y europeo.

El Acuerdo del PSOE con ERC provocó los celos de Puigdemont, quién subió la apuesta a extremos increíbles y lo peor es que Sánchez ha aceptado sus exorbitantes exigencias sin rechistar, ante la proximidad de la fecha tope del 27 de noviembre. En el Acuerdo firmado por Cerdán y Turull, el PSOE ha asumido el lenguaje y el relato independentista: existencia de un enfrentamiento histórico entre España y Cataluña desde 1714, conflicto político que debe ser resuelto por la política al margen del derecho, desjudicialización de la política y fin del injusto acoso judicial a los independentistas –“lawfare”-, reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña, amnistía como única solución frente al acoso de los jueces, nuevas Mesas de Diálogo y de Acuerdo al margen de las Cortes, y negociación en el extranjero entre dos Estados soberanos bajo la supervisión de un mediador internacional sentencia sin acabarse.

El Acuerdo está lleno de inexactitudes, falacias y mentiras. Ambas partes han aceptado que el responsable de la agudización del conflicto no ha sido el independentismo, sino el PP, que denunció ante el Tribunal Constitucional (TC)  la inconstitucionalidad del Estatuto de 2006, pasando por alto que también lo recurrieron el Defensor del Pueblo -el exministro socialista de Justicia, Enrique Mújica-, y dos Comunidades Autónomas. Fue decisiva la anulación en 2010 por  el Tribunal de parte de un Estatuto que había sido adoptado por el Parlament  y por las Cortes, y aprobado en referéndum por el pueblo catalán. Mas. El Estatuto fue sometido en Cataluña a un referéndum en el que el solo participó el 48.45% del electorado y resultó aprobado por el 73.90% de los votantes, lo que contrastaba con el Estatuto de Sau  en cuyo referéndum participó el 59.39% de los electores y obtuvo un voto afirmativo del 88.5%, lo que demostraba que apenas existía demanda social para su modificación. Señalan que la parte de la sociedad que lo refrendó buscaba el reconocimiento de Cataluña como nación. ¿Y cuál era la opinión del 51.55% de los catalanes que no participaron en la consulta y el 26.10%  que lo rechazaron? Una de las mayores mentiras del independentismo es la identificación del pueblo catalán con los independentistas, excluyendo a más del 50% de los catalanes constitucionalistas.

Afirman que generó una gran repulsa de la autoridades catalanas que se mostró en la celebración de una importante manifestación –convocada por el presidente socialista de la Generalitat, José Montilla, quien hizo un llamamiento a que no se acatase la sentencia y deslegitimó al TC. Añaden que la Generalitat hizo una serie de propuestas, “desde la lealtad y el marco legal vigente” (¿?), entre las que figuraban la concesión de un pacto fiscal similar al existente en el País Vasco y Navarra,  y la autorización para celebrar un referéndum en Cataluña, pero el Gobierno central rechazó lamentablemente estas propuestas y no favoreció la negociación política. Mariano Rajoy aceptó todas las propuestas  de la Generalitat -creo que eran 27- salvo estas dos, por ser claramente inconstitucionales. Mas acusó al Gobierno de discriminar a Cataluña, se echó al monte para presionar al Gobierno y -como el aprendiz de brujo- perdió el control de la situación e inició el camino hacia ninguna parte de la independencia.

Con una increíble simplificación, han indicado que “todo ello” llevó a la aplicación del artículo 155 de a hola Constitución. ¿Y qué era todo ello? Hoy decía una palabra sobre la adopción de las Leyes de Referéndum y de Desconexión -que degradaban la Constitución y el Estatuto y que hubo una DUI. También han silenciado que la inmensa mayoría de los senadores, incluidos los socialistas, votaron a favor de la resolución, aunque  luego presionaran para que no se aplicara en sectores claves, se acortara el plazo de suspensión de la autonomía y se celebrarán apresuradamente elecciones, que llevaron de  nuevo a los líderes separatistas a la Generalitat.

Continúan afirmando que, a raíz de lo acontecido –sin decir lo que aconteció-,  los procesos afectaron adversamente a un sinfín de personas y tuvieron una incidencia política relevante, al igual que otras resoluciones de organismos internacionales –y ponían en pie de igualdad las sentencia del TJUE  o del TEDH con las recomendaciones de un fantasmagórico Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, financiado y manipulado por la Generalitat. Ni mencionan la sentencia del TS que condenó a los responsables del procès que no huyeron, tras un juicio transparente y ejemplar, y una sentencia bastante benigna al no apreciarse la comisión de una rebelión de libro.

Insisten en que solo la política podrá encauzar la búsqueda de una solución negociada, mediante “acuerdos que respondan a las demandas mayoritarias del Parlament, que representa legítimamente al pueblo de Cataluña”. Representa éste políticamente a una parte del pueblo de Cataluña, pero no socialmente, como muestra que en las últimas elecciones generales ERC y JxC quedaron en 4°y 5° lugar -incluso por detrás del PP-, con solo el 5.7% de los votos en toda España. En cualquier caso, no no había justificación alguna para ignorar las demandas de más de 50% de catalanes constitucionalistas y de la inmensa mayoría del resto de los españoles. Pretenden sustituir la legalidad por la legitimidad popular, ignorando que no puede haber legitimidad democrática si no se respeta la legalidad.

Pese a reiterar que existen grandes discrepancias con JxC, el PSOE ha ido admitiendo todas las reivindicaciones independentistas, especialmente la de la legitimidad del resultado y del mandato del referéndum del 1-O y de la DUI. Aunque niegue su aceptación, reconoce que es posible llegar a acuerdos sobre el tema. A causa de estas discrepancias, se ha acordado dotarse de un mecanismo liderado por un mediador internacional que realice el seguimiento del proceso negociador y verifique el cumplimiento de los acuerdos logrados. Se trata de una negociación en el extranjero entre dos Estados en pie de igualdad, bajo la supervisión de un árbitro internacional, al margen de cualquier intervención de las Cortes que representan a todo el pueblo español. Se señala que los acuerdos se producirían “a partir de las aspiraciones de la sociedad catalana y de las demandas de sus instituciones” Se perseguirá el objetivo de superar las limitaciones del autogobierno y acabar con el déficit fiscal, así como de reconocer a Cataluña como nación. Se ignoran por completo las aspiraciones de la mitad de la otra mitad no separatista y del resto de los españoles, y -en cuanto a la consideración de nación- como los independistas son conscientes de la sentencia del TC de 2010, que afirma tajantemente que no hay más nación que la española, ese reconocimiento se hará, no en la Ley, sino en un documento político paralelo .

JxC propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña al amparo del artículo 92 de la Constitución, que establece la posibilidad de celebrar referéndums consultivos sobre temas de especial importancia. El artículo prevé que en la consulta participarán todos los españoles y no solo los catalanes. El PSOE defenderá el cumplimiento del Estatuto de 2006 teniendo en cuenta la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña, y se compromete a restaurar las partes del Estatuto de 2005 que fueron declaradas inconstitucionales mediante un cambio radical de la jurisprudencia y de la doctrina de un TC que controla Cándido Conde-Pumpido, testaferro de Sánchez al servicio de S.M. Republicana.

El Gobierno propondrá una modificación de la LOFCA que establezca para Cataluña una cláusula de excepción del sistema general de financiación, que permita la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Como ha observado la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la cesión de los rendimientos podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las de la AEAT. Lo que reconoció al País Vasco y a Navarra la Constitución, se concederá ahora a Cataluña por la omnímoda voluntad del autócrata Sánchez.

Se habla de pasada de la concesión de una amnistía para procurar una plena normalidad política, institucional y social, que permita abordar los retos del futuro inmediato de Cataluña. La correspondiente Ley deberá afectar tanto a los responsables, como a los individuos que -desde la consulta de 2014 al referéndum de 2017- hubieran sido objeto de decisiones o procedimientos vinculados a estos eventos. Se tendrán en cuenta la situaciones comprendidas en el concepto de “lawfare” y las consecuencias que pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad penal o administrativa. Se ha adoptado una formulación tan ambigua que el chicle de la amnistía se puede extender hasta el infinito y más allá, y afectará a los amigos de Puigdemont -como Borrás, Alay, Boye o incluso la sagrada familia Pujol-, aunque sus delitos no tengan nada que ver con el procès. Por supuesto que incluye a los CDR y a los directivos y comandos violentos de “Tsunami Democratic”, aunque la situación se les haya complicado con la imputación por parte el magistrado de la Audiencia Nacional García Castellón del propio Puigdemont y  de Marta Rovira por un delito de terrorismo.

El Gobierno también se compromete ampliar la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas e internacionales, en violación del artículo 149-1-3 de la Constitución, que prevé la competencia exclusiva del Estado en las relaciones internacionales. Así, de una tacada, Puigdemont consigue del PSOE una amnistía, una referencia a la autodeterminación, una negociación en base a lo que diga el Parlament, el reconocimiento de la excepcionalidad de Cataluña y de su carácter de nación, el cupo catalán y la participación directa en las organizaciones internacionales. Se trata de concesiones de sentido único que solo benefician a JxC,  porque  ¿qué ofrece éste a cambio? Pues tan solo los 7 votos de sus diputados para investir a Sánchez y un vago compromiso de mantener la estabilidad de la legislatura, condicionado a que el Gobierno cumpla los compromisos asumidos por el PSOE. Nada de expresar arrepentimiento o de pedir perdón, dado que no cometieron ningún delito, ni de prometer que no reincidirían recurriendo una acción unilateral, sino que han reiterado que “lo tornaran a fer” . Puigdemont y Junqueras han dejado bien claro que la amnistía es el primer paso hacia la autodeterminación y la independencia.  

Hay un gran clamor de desaprobación procedente del conjunto de la sociedad civil española. Jueces, fiscales, diplomáticos, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, empresarios y la Guardia Civil han expresado su repulsa a un acuerdo lesivo para España y han llamado a Sánchez de todo menos bonito. Este generalizado sentir se ha puesto de manifiesto gráficamente en el titular de “El Mundo” de “Sánchez rinde el Estado a Puigdemont”. Para Carlos Herrera en COPE, ha supuesto un adiós a la dignidad del Estado y a la verdad, al aceptar Sánchez la sarta de mentiras del independentismo. Según “El Debate”, el PSOE ha acordado con los independentistas la desaparición de una España de ciudadanos libres e iguales, pertenecientes a una patria común e indivisible, en un régimen de monarquía parlamentaria. El verdadero desafío a la Constitución lo encarna un delirante líder socialista cuya codicia y afán de poder coloca a España al borde de un caos sin precedentes. Sánchez acepta cualquier monstruosidad que le garantice su permanencia en el poder. “!Su reino por 7 votos!”.

Todas las asociaciones de jueces han hecho una declaración conjunta hoy en la que se rechaza el Acuerdo, porque permite la intromisión parlamentaria en asuntos judiciales y viola la separación de poderes y la independencia judicial. El Consejo General del Poder Judicial ha adoptado una declaración en la que afirma que la amnistía es contraria al Estado de Derecho, porque permite que los autores de graves delitos queden exentos de comparecer ante los tribunales por el hecho de ser independentistas. No podía aceptar una iniciativa que cercena los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial. “La amnistía convierte a la justicia en una quimera”. Sesenta y cinco diplomáticos jubilados hemos firmado una Declaración titulada “No en mi nombre ni en el de España: No a la amnistía, no a la autodeterminación”, que ha sido publicada en este periódico.

¿Se puede parar la amnistía?

Se puede y se debe intentar pararla, aunque será muy difícil conseguirlo, porque -aun cuando exigua- Sánchez cuenta con mayoría en el Congreso, y sus socios -por muy divididos que estén- se juntan como una piña para que un presidente tan proclive al separatismo- continúe en el poder y no gobierne la derecha. Cabe realizar contra la amnistía acciones políticas, judiciales y de presión en la calle. Las acciones políticas tienen escaso recorrido dada la actual configuración del Congreso. Como ha observado Santiago González, bastaría con que tres diputados socialistas votaran contra Sánchez para que no fuera investido, pero no hay en el Congreso tres socialistas decentes.

Más posibilidades ofrece la vía judicial que -en situaciones normales- debería llevar a que el TC a declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, pero con su actual composición y sus persistentes votaciones de 7 a 4, es de temer que el Tribunal se pronuncie a favor de su constitucionalidad. Según “Libertad Digital”, Conde ha participado en secreto en la elaboración de la Ley, y Ciudadanos ha solicitado al TC que abra una investigación al efecto. El mero asesoramiento constituiría una flagrante violación del principio de imparcialidad inherente a la función de juez del TC.

Cabría el recurso a la vía judicial europea si el TS planteara una cuestión  prejudicial ante el TJUE. Tiene argumentos más que suficientes en base a la normativa comunitaria en materia de terrorismo y de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional García Castellón ha imputado por terrorismo a Puigdemont, Rovira y a otros supuestos miembros de “Tsunami Democratic”, el TS ha condenado por malversación a varios de los amnistiables, y la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein decidió entregar a los tribunales españoles a Puigdemont por la comisión de un delito de malversación. Como ha señalado un grupo de profesores de Derecho, los delitos de terrorismo y de malversación no son amnistiables conforme a la normativa de la UE.

Existe otra posible vía político-jurídica, como sería la intervención de la Comisión Europea a causa de la violación por España de los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión, el primero de los cuales establece que la UE se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Hay un precedente.  En 2019, el presidente de la Comisión Europea, Claude de Juncker, afirmó en Bucarest que, de otorgarse la amnistía prevista por el Gobierno rumano, se produciría un paso atrás en el Estado de Derecho y se vería afectado negativamente un valor esencial de la Unión, y la amnistía no se concedió. El comisario de Justicia, Didier Reynders, está con la mosca en la oreja en el proceso involutivo que se está produciendo en España y ha escrito una carta al Gobierno español en la que señala que -aunque la Ley de Amnistía no haya sido aún presentada, se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público, y gran número de ciudadanos habían contactado la Comisión al respecto. Por ello, ha pedido al Gobierno un informe detallado sobre la Ley, especialmente acerca de su alcance personal, material y temporal. “La Comisión supervisará la amnistía para garantizar que no viole los derechos fundamentales de los españoles” y seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de Derecho. La Asociación de Fiscales ha enviado un escrito a la Comisión denunciando la ilegalidad de la amnistía y pidiendo su intervención en virtud del artículo 7 del Tratado, y que aplique los mecanismos en él previstos, incluido el procedimiento sancionador que se ha aplicado a Polonia y Hungría, si la Ley de Amnistía llegara a aprobarse.

Según Fernando Sabater, si Sánchez se mantuviera en el poder gracias a una amnistía anticonstitucional, habría que luchar en la calle, en los medios de comunicación, en Ayuntamientos y Comunidades, en las aulas, en Europa y en las Organizaciones Internacionales. “Frente al resignado ‘!Ya basta!’, hay que gritar  ‘!Basta ya!’”. El Gobierno socialista que justificaba los escraches a los políticos del PP y a las sedes de su partido, porque eran “jarabe democrático”, ahora se rasgan las vestiduras y se consideran como doncellas ultrajadas cuando algunos ciudadanos, más o menos exaltados, se concentren ante la sede socialista de la calle Ferraz. Hay que mantener la presión en la calle mediante manifestaciones pacíficas e impedir que elementos antisistema violentos desprestigien los actos en los que el pueblo español expresa su hartazgo por la intolerable deslealtad de Sánchez, al pretender conceder una inconstitucional amnistía a unos irredentos golpistas por “7 votos de plata”, que le permitan mantenerse en el poder. Sánchez deja en mantillas a don Julián y a Godoy.