El conflicto árabe-israelita sobre Palestina es el más longevo en la Historia contemporánea, pues se inició en 1947 y ha seguido latente hasta nuestros días. Es un conflicto en el que no hay inocentes pues todos -incluida la Comunidad Internacional- son en mayor o menor medida responsables de la lamentable situación que atraviesa el pueblo palestino en Gaza. Por supuesto que los principales responsables son Hamas e Israel y, de forma particular, su primer ministro Benjamín Netanyahu, cuya detención ha sido solicitada por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluidos los de homicidio intencionado, ataque a la población civil y uso del hambre como arma de guerra.

Antecedentes del conflicto árabe-israelita

En la declaración Balfour de 1917, se indicaba que el Gobierno británico veía buenos ojos el establecimiento de un Estado judío en Palestina. El problema era que dicho territorio estaba ocupado por una población árabe, buena parte de la cual tendría que ser expulsada. Tras la I Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones encomendó al Reino Unido un mandato sobre Palestina. En 1922 se creó la Agencia Nacional Judía, que fue el embrión del futuro Estado de Israel. Por su resolución 181(II), de 21 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU decidió crear sendos Estados en Palestina, uno israelita y otro árabe, concediéndole al primero el 56% del territorio, a pesar de que la población judía era la mitad de la palestina, y aplicar a Jerusalén un estatuto internacional bajo el control de la ONU. La Agencia aceptó la decisión y, tras la retirada del Ejército británico en mayo del 1948, se creó el Estado de Israel, pese a la oposición de los movimientos sionistas. La Liga Árabe tampoco aceptó la partición, y tropas de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron Palestina, pero fueron derrotadas por el Ejército israelita.  Israel ocupó el territorio que la ONU le había adjudicado y la parte occidental de Jerusalén, Jordania la Cisjordania y Jerusalén-Este, y Egipto Gaza. 710.000 palestinos tuvieron que abandonar sus hogares (“Nakhba”).

En la reunión de Jartum de la Liga Árabe(1967), los países miembros acordaron un triple “No”: a la paz con Israel, a su reconocimiento y a negociar con él. Ese año  volvieron a producirse los enfrentamientos armados en la Guerra de los Seis Días, que fue de nuevo ganada por Israel, que ocupó Cisjordania, Jerusalén oriental, Gaza, la península del Sinaí (Egipto)  y los altos del Golán (Siria). Otros 430.000 palestinos tuvieron que exiliarse. En su resolución 232(1967), el Consejo de Seguridad acordó que se implantara en Palestina una paz justa y duradera -lo que implicaba la retirada israelita de los territorios ocupados- y el reconocimiento de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados de la región, así como su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas. Esta resolución fue rechazada por las dos partes y se mantuvieron los enfrentamientos, que se pusieron de manifiesto  una vez más en la guerra de Yom Kipur (1973). Aunque Israel recuperó el territorio perdido tras el ataque por sorpresa de Egipto y Siria, se dio cuenta de que sería difícil mantener permanentemente su superioridad militar sobre los países árabes y decidió negociar. Por los acuerdos de Camp David (1978), devolvió el Sinaí a Egipto y éste lo reconoció y se establecieron relaciones diplomáticas entre los antiguos enemigos.

Jordania siguió el ejemplo egipcio en 1993 y, en 2020, EEUU formuló  la “doctrina Abraham” y Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos normalizaron sus relaciones con Israel. Arabia Saudita estaba a punto de hacerlo cuando, el 7 de octubre de 2023, el movimiento terrorista Hamas invadió por sorpresa Israel y asesinó a 1.200 personas. El Gobierno israelita ejerció su derecho a la legítima defensa e inició una ofensiva implacable contra Gaza, durante la cual violó las normas del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario, con sus ataques indiscriminados contra la población civil, la ocupación de la franja y el desplazamiento caprichoso de un lado para otro del territorio de sus habitantes, mientras los bombardeaban sin piedad.

En 1991 se había celebrado en Madrid una Conferencia para la Paz en Oriente Medio, en la que por primera vez inició un diálogo entre los contendientes en búsqueda de la paz, que culminaría favorablemente con la adopción de los acuerdos de Oslo de 1993 y de 1994, firmados por el primer ministro israelita, Isaac Rabin, y el líder de la OLP, Yasser Arafat. Israel aceptó que se estableciera en la Cisjordania ocupada la Autoridad Nacional Palestina (ANP), presidida por Arafat, a la que se concedió unas competencias limitadas, pero que  constituía el núcleo de un futuro Estado palestino que viviera en paz y armonía con el Estado hebreo. Este proceso favorable a la paz sufrió un duro golpe con el asesinato de Rabin el 4 de noviembre de 1995. En la manifestación en la que participó en la plaza de los Reyes de Tel Aviv, Rabin afirmó que “fui hombre de armas durante 27 años. Mientras no había oportunidad para la paz, se desarrollaron múltiples guerras. Hoy estoy convencido de la oportunidad que tenemos de realizar la paz, una gran oportunidad. La paz implicará dolores y dificultades para poder ser conseguida, pero no hay camino sin esos dolores”. Instantes después, fue asesinado con un tiro en la espalda por el nacionalista radical Yigal Amir. 

Pese a ello, el ambiente no podía ser más propicio y nunca se estuvo tan cerca de la paz, como pude comprobar personalmente “in situ”, cuando visité Palestina con mi familia en la Navidad de ese año y, asistimos en Belén a la misa del gallo, en la que estuvieron presentes Arafat y su esposa cristiana Suha. Este ambiente fue boicoteado con la manifestación de Ariel Sharon y un grupo de radicales judíos en la explanada de las mezquitas, que provocó la protesta airada de los palestinos -que la consideraron una provocación y una grave ofensa a la religión islámica-, y volvieron a producirse los enfrentamientos violentos, que acabaron con la quimera de una solución pacífica.

El Gobierno israelita confinó a Arafat en Ramallah bajo arresto domiciliario y puso dificultades para que la ANP ejerciera las escasas funciones que se le habían encomendado. A partir de 2002 construyó un muro de norte a sur de Cisjordania, de 721 kilómetros de longitud, que convirtió el territorio en un conjunto de “bantustanes” aislados unos de otros, y aumentó el número de colonias israelíes, rodeadas de zonas de seguridad a las que no tenían acceso los palestinos. El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) estimó en 2004 que la construcción del muro era ilegal y pidió su desmantelamiento, pero el Gobierno hizo caso omiso. Ese año murió Arafat, que fue sustituido por Mahmud Abbas, que apenas desarrolló las funciones de la ANP e incurrió en el desprestigio por la corrupción reinante. Perdió el control sobre Gaza y la OLP fue expulsado de la franja y dejó el terreno libre al movimiento radical de Hamas.

En 2005, el Gobierno israelita decidió abandonar Gaza y, no solo retiró sus tropas y sus funcionarios, sino también a los colonos que se habían instalado en la franja, lo que probaba que, cuando había voluntad política, no existían problemas para retirar de sus privilegiados enclaves a los colonos, que son el principal obstáculo para permitir el normal funcionamiento de la ANP. Para debilitar a ésta, el Gobierno dio facilidades a la implantación  de Hamas en Gaza y el tiro le salió por la culata, porque las elecciones celebradas en 2006 fueron ganadas de calle por el movimiento radical sunita, que desde el comienzo de su Gobierno empezó a hostigar Israel, al tiempo que fortalecía sus milicias con la ayuda de Irán. La consecuencia lógica y el punto culminante de esta situación se produjo el 7 de octubre 2023, con la invasión por sorpresa por terroristas de Hamas de parte del territorio israelita, la masacre de unos 1.200 ciudadanos y el secuestro de 251 personas, que han sido perversamente utilizadas por el movimiento terrorista como bazas decisivas en sus negociaciones con Israel.

Reacción de Israel al ataque genocida de Hamas

Era evidente que, ante semejante agresión, Israel tenía derecho a ejercer la legítima defensa y responder a semejante ataque, pero su reacción ha sido totalmente desproporcionada y ha incurrido en su ejercicio en la violación de las normas del Derecho Internacional y, sobre todo, del Derecho Humanitario, ciscándose en los convenios de Ginebra e ignorando las resoluciones de la ONU. Como ha señalado Andrea Rizzi en “El País”, las fuerzas armadas israelitas han llevado a cabo su acción bélica en Gaza de una manera tan cruel que cuesta hallar palabras para definirla. Los objetivos de los ataques israelitas no han sido solo las instalaciones militares de Hamas y sus centros operativos, sino también toda la población civil. No ha respetado hospitales, escuelas, mezquitas, ni los campamentos improvisados de desplazados, y se ha ensañado con la población civil, obligando a más de un millón de personas a desplazarse continuamente de un lugar a otro sin dejar de bombardearlas. Bloqueó a Gaza por completo y cortó los suministros de electricidad, combustibles y agua, y solo permitió la entrada con cuentagotas de unos pocos camiones con ayuda humanitaria.

La situación era tan dramática, que el propio protector incondicional de Israel -los EEUU de Joe Biden- obligaron a Netanyahu a firmar una tregua conforme a un plan de tres fases. En la primera se establecía una tregua de 6 semanas, durante la que Hamas liberaría a 33 rehenes e Israel a decenas de prisioneros palestinos. Éste permitiría la entrada de ayuda humanitaria y de combustible, y se retiraría de las carreteras principales para permitir el regreso de los desplazados. En la  segunda fase, Hamas debería liberar a los secuestrados aún vivos y entregar los cadáveres de los muertos, e Israel pondría en libertad a un centenar de presos palestinos. Dos semanas después de iniciada la tregua se iniciarían las negociaciones para lograr el  final de la guerra. Según Avi Gil -antiguo director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores israelita-, los ataques del 7-O provocaron tal trauma nacional que incluso los partidarios de un proceso de paz perdieron su confianza en el mismo, por lo que sería difícil establecer un marco para la negociación ante las divisiones entre los dos bandos y la falta de fuertes liderazgos. “En Israel, se ha pasado a considerar el conflicto como existencial”. La tercera fase incluiría un plan para la reconstrucción de Gaza. El problema era decidir  quién gobernaría en Gaza, dado que Israel se opone a que lo haga Hamas o la ANP. 

Israel no ha mostrado el menor interés en llegar a un acuerdo para la segunda fase y ha recrudecido sus ataques aéreos y terrestres a Gaza. Para Omar Shaban, la guerra de Israel no es ya contra Hamas, sino contra el proyecto nacional palestino. Es urgente parar la guerra y que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria, de modo que se normalicen los suministros, se inicie la reconstrucción de la franja y se puedan celebrar elecciones libres. El invasor ha reforzado el bloqueo e impedido durante 11 semanas la entrada de cualquier ayuda humanitaria, lo que ha producido una situación calamitosa. El jefe de la Unidad de Seguridad Alimentaria de la ONU, Tom Fletcher, ha afirmado que el riesgo de hambruna es cada vez más probable y que, sí Israel no permitía la entrada de ayuda humanitaria, 14.000 bebés podrían morir en las 48 horas siguientes por desnutrición. Ante la presión internacional, Israel permitió el pasado día 18 la entrada de 5 camiones, lo que es un auténtico escarnio y una gota en el océano. Un día después, permitió el acceso de 100 camiones, cuando hay 44.000 esperando la autorización para entrar desde el pasado 2 de marzo. A la par, ha lanzado la operación “Carros de Gideón” con la intención de controlar la totalidad de la franja. Ha instado a los habitantes de Jan Yunis a que abandonen de inmediato la ciudad ante “un ataque sin precedentes” y 400.000 personas se han visto desplazadas. Según el portavoz militar, Avichai Adrae, “no queremos que haya civiles en zonas de combate, ni que sirvan de escudos humanos a Hamas”. En consecuencia, toda la franja es zona de combate y ya no hay ningún lugar seguro en Gaza. ¿A dónde pueden ir? 

Cómo ha observado Lluis Bassets, todo ha empeorado en Gaza, donde el Ejército israelita ataca con furia renovada y ha protagonizado una nueva atrocidad, como la sufrida por 14 socorristas que fueron a auxiliar a las víctimas de un bombardeo, y cuyos cadáveres aparecieron maniatados ¿Cómo se explica que el asesinato de 14 miembros de la Media Luna Roja no haya levantado un verdadero clamor internacional y provocado una reacción del Gobierno responsable de tales asesinatos?  El responsable de Asuntos Humanitarios de Amnistía Internacional, Carlos de las Heras, nos ha transmitido el testimonio lacerante una madre que ha tenido que desplazarse forzosamente hasta 9 veces huyendo de los indiscriminados ataques israelitas, cargada con sus hijos y sus escasas pertenencias: “Miro a mis hijos y me siento culpable. Les han robado su infancia. No hay escuelas, ni juegos, ni paseos por el mar. Solo guerra y destrucción. Oigo a las bombas y desearía poder envolverlos con mi cuerpo, que mi amor más grande que el universo pudiera protegerlos del horror. Lo único que quiero es proteger a mis hijos, pero aquí hasta el cielo cae sobre nuestras cabezas. Ser madre durante un genocidio es luchar cada minuto, cada segundo, por comida, por agua, por un lugar seguro en la vida. Estar vivos es el regalo más valioso que Dios nos ha dado”.

¿Ha cometido Israel actos de genocidio en Gaza?

Además de la ya mencionada opinión consultiva de 2004, en la que el TIJ se pronunció contra la construcción por Israel de un muro en Cisjordania, el Tribunal dictaminó que “todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro[…] y de hacer que Israel respete el Derecho Internacional Humanitario”, incorporado en el Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra. El TIJ dictó el 19 de julio de 2024 otra opinión consultiva relativa a la cuestión palestina. El Tribunal dictaminó que los territorios palestinos ocupados por Israel formaban una unidad que comprendía Cisjordania, Jerusalén-este y Gaza, y que “el abuso continuado por parte de Israel de su posición como potencia ocupante mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el territorio palestino ocupado, y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación violan principios fundamentales del Derecho Internacional y hacen ilegal la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado”. Esta ilegalidad obligaba a Israel a poner fin cuanto antes a su presencia en dichos territorios y a reparar los daños causados a todas las personas afectadas. No solo deberían cesar de inmediato la expansión de los asentamientos de colonos, sino que tendrían que suprimirse los existentes y proceder a la repatriación de los colonos a territorio israelita. “Poner fin a la ocupación es esencial para detener la constante y recurrente serie de violaciones de los derechos humanos, tanto en Palestina, como en el propio Israel”. Como ya es habitual, Netanyahu no se ha inmutado y ha descalificado la opinión del TIJ, al afirmar que “el pueblo judío no es ocupante de su propio país, incluida nuestra eterna capital Jerusalén y nuestra patria histórica de Judea y Samaría”.

Israel se enfrenta a otro caso en el TIJ tras la demanda que presentó contra él Sudáfrica -y a la que se ha sumado España- por la violación de la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio. El Gobierno sudafricano ha sido muy hábil porque, dado que Israel no ha aceptado la jurisdicción del TIJ ni de la CPI, la única forma de llevarlo ante un Tribunal era invocar una Convención en la que Israel es Parte y en la que se obliga a los Estados a someter al TIJ la solución de las controversias derivadas de la interpretación o aplicación de dicha Convención. El Tribunal ha instado al Gobierno israelita a que tomara las medidas necesarias para prevenir la comisión de un delito de genocidio y permitiera la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesita urgentemente para hacer frente a las adversas condiciones de vida en la que se encuentran los palestinos en la franja. El Tribunal no ordenó el cese de las operaciones militares israelitas solicitado por Sudáfrica y se limitó a exigir al Gobierno de Israel que garantizara que sus militares no cometieran actos de genocidio. Tampoco exigió la adopción de un alto el fuego, lo que implicaba que reconocía implícitamente el reconocimiento del derecho de Israel a la legítima defensa. El Tribunal tendrá que pronunciarse en su día sobre el fondo del asunto y decidir si Israel ha cometido o no actos de genocidio en Gaza.

El filósofo israelita Omer Bartov estimó en 2023 que las actuaciones de Israel en Gaza eran crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero no actos de genocidio, pero, tras los últimos ataques, ha cambiado de opinión. Le inquietaba el adormecimiento terrible de la población, que parecían tener una absoluta incapacidad para sentir empatía por los gazatíes.  La mayoría de los israelitas se movía por un sentimiento de rabia y miedo, un deseo de establecer la seguridad a cualquier precio, y una desconfianza total en las soluciones políticas, las negociaciones y la reconciliación, y estimaba que la destrucción de Gaza era la respuesta legítima al 7-O. Debido a este sentimiento, los soldados israelitas consideran a los palestinos cómo seres infrahumanos – el exministro de Defensa, Yoav Gallant, los calificó de “animales humanos”-, que no eran dignos de derecho alguno. No podrían sin embargo, decir que respondían a los ataques del enemigo, porque ¿acaso son enemigos los médicos y sanitarios de la Media Luna Roja?

Omar Shakkr, dirigente de “Human Rights Watch”, dice haber recabado centenares de pruebas de la comisión de actos genocidas por Israel. “Limitar o eliminar el acceso a agua, comida, electricidad u otros bienes necesarios para la supervivencia implican la intención de exterminar a la población gazatí”. Según José Vericat -investigador del Instituto Elcano-, se ha extendido por todo el Estado una fiebre  genocida colectiva, fruto de un proceso de deshumanización de los palestinos.

Personalmente, no creo que los crímenes de lesa humanidad que ha cometido -y  sigue cometiendo- Israel en Gaza sean actos de genocidio, porque falta el elemento definitorio fundamental de que estas atrocidades fueran perpetradas “con el fin de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”, aunque haya miembros del Gobierno de israelita -como el propio Netanyahu  y los ministros de Seguridad Nacional y de Hacienda- que tienen talante genocida, pero eso me parece poco relevante  porque la comisión el crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad es suficientemente grave como para merecer que la Comunidad Internacional repruebe y condene de la actuación de Israel en Gaza.

Reacción ante la intensificación de los ataques israelitas en Gaza

Desde que Israel reanudó su ofensiva de forma cada vez de forma más mortífera, han muerto 53.000 personas -2.4% de la población-, entre ellos 57 niños por desnutrición, y ha habido 120.000 heridos. Se han paralizado las actividades de los hospitales de la franja, y Netanyahu no parará hasta destruir las infraestructuras y la mayoría de los edificios del país y deshacerse de sus habitantes, para aplicar entonces la ocurrencia criminal de Donald Trump  y de su cuate Elon Musk de convertir una Gaza sin palestinos en un opulento enclave turístico bajo control estadounidense, en el que las tareas sucias las realizarían las fuerzas de seguridad israelitas.

Tras las últimas barbaridades cometidas por Israel, los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Canadá han publicado un comunicado conjunto en el que han condenado la atroz expansión de las operaciones militares en Gaza, e instado a Israel a que detuviera esas operaciones y permitiera la entrada inmediata de ayuda humanitaria a la franja, cuya negación han considerado completamente inaceptable. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, ha declarado que el Gobierno de Netanyahu planeaba expulsar a los gazatíes de sus hogares a un rincón al sur de la franja y solo permitía el acceso de una mínima parte de la ayuda humanitaria necesaria, lo que calificó de intolerable, abominable, cruel e indefendible. Anunció en la Cámara de los Comunes que su Gobierno había roto las negociaciones para un Convenio comercial con Israel, al que ha advertido que, si proseguía su última ofensiva militar y no garantizaba el suministro sin trabas de la ayuda humanitaria destinada a la exhausta población gazatí, tomaría medidas adicionales.

La UE también ha reaccionado en este mismo sentido de condena y solicitado que se revisen las relaciones con Israel. 17 de los ministros de Asuntos Exteriores han aceptado que se examine la aplicación del artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que prevé como elemento esencial que las relaciones mutuas y el propio Acuerdo se basen en el respeto de los derechos humanos. España e Irlanda insistieron en su propuesta de revisar el Acuerdo, y Países Bajos hizo una propuesta más matizada, que recibió el apoyo de Francia, Polonia y los países nórdicos. La actual alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó que la máxima prioridad era salvar vidas y que se había manifestado una gran mayoría a favor de la revisión del citado artículo 2. El Parlamento Europeo también se ha pronunciado a favor de la reconsideración de las relaciones con Israel, aunque se han puesto de manifiesto las diferencias de opinión existentes entre los distintos grupos parlamentarios.

Netanyahu ha criticado en tono desafiante a los líderes de Gran Bretaña, Francia y Canadá por dar un gran premio a Hamas por sus acciones genocidas, y alentarlo a que cometa más atrocidades, y  les ha recomendado que sigan el modelo de Trump para poner fin al conflicto. Cualquiera que critique la actuación Israel en Gaza es un partidario de Hamás y un antisemita. Yo ya sufrí esta descalificación, aunque fuera en un tema de menor entidad. En 1981, Israel destruyó la central nuclear iraquí de Osirak y el OIEA le retiró la asistencia técnica. El Gobierno de israelita intentó que se restaurara dicha ayuda y EEUU presentó una propuesta al efecto en la Asamblea de la Organización. La UE había adoptado una “acción común” en la que se mostró contraria a dicha propuesta, pero en la reunión de representantes de países comunitarios previa a la Asamblea, el presidente alemán en ejercicio comentó que la Unión apoyaría la propuesta. Expresé mi sorpresa porque era contrario a lo acordado, Portugal y Gran Bretaña también se opusieron y no hubo consenso. Al día siguiente, la embajada israelita en Madrid presentó una nota de protesta en la que me acusaban de antisemita.

Israel abusa de invocar el Holocausto para encubrir sus fechorías y así lo ha hecho para justificar sus excesos en Gaza. Como afirmó el agente de Israel ante el TIJ, “su compromiso con el nunca más del Holocausto le impedía cometer un acto de genocidio”, pero -según Irene Cuevas- con el genocidio de Gaza, ha perdido su relato de víctima histórica para convertirse en verdugo. Resulta increíble que un Estado cuyos ciudadanos sufrieron el horror del Holocausto sea responsable de semejantes crímenes.

Además de violar el Derecho Internacional y el Humanitario, el Israel de Netanyahu da continuas muestras de pura inhumanidad, y Trump lo respalda de forma incondicional.