El Gobierno de Pedro Sánchez cada día se aproxima más al cesarismo bolivariano, no tanto por lo que dice –que ya es bastante-, sino por la forma en que lo hace. Huye de cualquier lógica o argumentación e impone su arbitrariedad “quo nominor leo” –porque me llamo león-, y ostenta los atributos del poder simbólico del BOE, que ha pasado de ser el último acto de un proceso administrativo democrático en el que se plasman las decisiones políticas y jurídicas del Gobierno, a convertirse en un campo de ensayo y experimentación para la difusión de bulos, globos-sonda y posverdades. Los gobernantes suelen mentir ocasionalmente -dentro de un orden- para respaldar sus decisiones o justificar sus indecisiones, pero Sánchez ha hecho de la mentira su arma principal de Gobierno, y airea a diario sus contradicciones sin el menor pudor o remordimiento. Ya no se sabe si es Sánchez el que imita a los independentistas catalanes o si son éstos los que siguen el ejemplo del presidente.

Restricciones en el aforo de la hostelería y en los horarios del ocio nocturno

Sánchez impuso un estado de alarma -que más parecía de excepción- y lo mantuvo de forma ilegal durante seis meses sin control parlamentario alguno, so pretexto de que era indispensable porque el arsenal jurídico que le proporcionaba la normativa ordinaria no era suficiente, pero se negó a dictar normas adicionales que permitieran completar estas insuficiencias, y -cuando se extinguió el estado de alarma- hizo mutis por el foro y descargó la responsabilidad de hacer frente al covid-19 en las Comunidades Autónomas, alegando que disponían de los necesarios medios legales para hacerlo. Cuando éstas consiguieron mal que bien superar los problemas pese a carecer de las competencias necesarias ante el “don-tancredismo” del Gobierno, éste pretende ahora recuperar sus olvidadas ansias centralizadoras y coordinadoras, e imponer con carácter de “obligado cumplimiento” normas mucho más radicales que las adoptadas durante el estado de alarma, sin sustentación técnica y apenas debate, con la oposición de varias Comunidades que albergan a más de la mitad de la población del país, y con el objetivo prioritario de perjudicar a la Comunidad de Madrid y vengarse de la derrota sin paliativos que le infligió la presidenta Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones autonómicas ¿Resulta razonable imponer a la hostelería y al ocio nocturno de Madrid medidas mucho más restrictivas cuando tiene una incidencia acumulada de 160 casos por 100.000 que cuando tenía más de mil?

Para tomar estas medidas, el Gobierno se ha basado en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece en su artículo 63 que la declaración de actuaciones coordinadas de salud pública corresponderán al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas. Dicha declaración “obliga a todas las parte incluidas en ella”. La ministra de Sanidad, Carolina Darias ha pasado, sin embargo, por alto que de conformidad con el artículo 73-2, “los acuerdos del Comité se plasmarán a través de resoluciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”.

Aunque sea licenciada en Derecho, no parece que Darias tenga mucha idea de lo que es el consenso, un concepto que se desarrolló en el ámbito de la ONU para la adopción de resoluciones de carácter político. El problema es que pasó del ámbito político al jurídico, al incorporarse a textos legales internos –como el de la ley citada- e internacionales –como en los Reglamentos de las Conferencias sobre el Medio Humano o del Derecho del Mar. No es un concepto fácil de definir jurídicamente y existe disparidad de criterios entre los autores, pero si se sabe que no es ni unanimidad, ni mayoría simple o cualificada. Se considera como un acuerdo general que no encuentre una oposición firme por parte de los Estados. Aquí interviene un elemento pragmático como el del peso específico de los opositores. Con el debido respeto, no se valora igual la oposición hecha por Kiribati o Granada –el Estado sudamericano y no mi ciudad natal- que por Estados Unidos o China. Pero, volviendo al ámbito doméstico, no se puede mantener –por mucho que se empeñe Darias- que el Consejo Interterritorial ha aprobado por consenso una serie de medidas a las que se opusieron firmemente Cataluña, el País Vasco, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla-León y Murcia, pero la ministra, que -aunque chiquita, es matona- ha insistido en imponer su catálogo de restricciones como normas de obligado cumplimiento. Las comunidades objetoras afirmaron que no acatarían estas limitaciones a sus competencias, que las normas que se trataban de imponer podrían ser consideradas, a lo sumo, como recomendaciones, y el País Vasco y Cataluña añadieron además la objeción de que el Gobierno nacional invadía competencias exclusivas de sus comunidades.

La Comunidad de Madrid recurrió la decisión ante los tribunales y la Audiencia Nacional adoptó como medida cautelar la suspensión de las prohibiciones mientras no decidiera sobre el fondo del asunto. Ante este batacazo judicial, el Ministerio de Sanidad ha dado un giro de 180º y pasado de mantener las restricciones más radicales sobre la ocupación en los centros hoteleros y el horario de cierre del ocio nocturno, a la total libertad de acción de unos y otros, porque el Gobierno siempre tenía en cuenta las preocupaciones de las comunidades “¡Ni tanto, ni tan calvo!”, y no va con segundas. Como decía Manuel Fraga, los socialistas sólo aciertan cuando rectifican.

Proyecto de condena a España de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

Diplocat fichó para su causa independentista al diputado letón Boris Cilavics, miembro el pequeño partido pro-ruso “Harmony”, quien ha correspondido a las beneficios materiales morales recibidos con la elaboración de un informe, cuyo título es ya de por sí prueba de la parcialidad del mismo:”¿Deben los políticos ser juzgados por las manifestaciones hechas en el ejercicio de su mandato?”. Esta pregunta sofista lleva obviamente implícita la repuesta negativa. Aunque no se citen nombres, el objetivo del informe y de su formulación es conseguir la condena del Gobierno de España y de sus tribunales por haber tratado injustamente a los presos políticos y a los auto-exiliados catalanes por haber expresado sus opiniones políticas, realizado manifestaciones pacíficas en el ejercicio de su derecho de libre expresión, y sacado las urnas a la calle para que el pueblo catalán pudiera pronunciarse libre y democráticamente sobre su futuro. Este punto de partida es una falacia palmaria y un sofisma rodeado de pre- juicios, porque Oriol Junqueras y sus aliados no han sido juzgados y condenados por sus filantrópicas ideas, sino por haber dado un golpe de Estado postmoderno, que suponía la derogación de la Constitución y del Estatuto de Cataluña por parte de un Parlamento regional -que carecía de la mayoría cualificada requerida y negó a la oposición la posibilidad de debatir las propuestas y presentar enmiendas a las misma-, la secesión de España, y la proclamación de la República Catalana. Tampoco los prófugos-caviar Carles Puigdemont y sus secuaces han sido reclamados mediante una Orden europea de detención y entrega por su ideología, sino por haber cometido delitos de sedición, malversación y desobediencia al igual que sus pares, con la única diferencia de que huyeron cobardemente y eludieron la acción de la justicia.

El proyecto de resolución presentado por Cilavics -que reproduce en su casi totalidad las críticas formuladas por el separatismo catalán- fue debatido en el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa, donde recibió el apoyo de los partidos nacionalistas y populistas -a babor y estribor-, la oposición del PP Ciudadanos y Vox, y la pasividad del PSOE, que apenas presento enmiendas. El proyecto fue sorprendentemente aprobado por 21 votos a favor y 6 en contra. El Gobierno español dio publicidad al engendro de resolución e incluso alabó algunas de sus conclusiones. Aunque al principio hicieron causa común con los populares y liberales para tratar de modificar el proyecto, los diputados socialistas recibieron contraordenes de Madrid, porque algunas de las recomendaciones de la resolución coincidían con los objetivos fundamentales a corto plazo del Gobierno Frankenstein de conceder indultos a los condenados, modificar el Código Penal para reducir las penas a los delitos de rebelión y sediciónm, y descalificar a los tribunales españoles por su espíritu revanchista y vindicativo contra unos patriotas que no habían hecho más que cumplir con su deber de llevar a cabo el mandato para el que habían sido elegidos por el pueblo catalán, ignorando olímpicamente al “otro” pueblo -que sigue siendo mayoritario-, que no està de acuerdo con separarse de España. “¡Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque de ellos será la República de Catalana!”.

El Foro de Profesores ha presentado un contra-informe elaborado por el profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Arenas, y avalado por la firma de más de 200 profesores, en el que ha rebatido de forma impecable todas y cada una de las conclusiones del espurio informe de Cilevics, que no sólo incluye numerosos errores de hecho –como que el Cuerpo de los Mossos estaba bajo el control del Ministerio del Interior en septiembre y octubre de 2017-, sino que ofrece una visión parcial y carente de objetividad, no relata fielmente lo sucedido, y legitima la desobediencia a los tribunales, el acoso a los funcionarios judiciales y la actuación de los poderes públicos al margen de la ley. Su aprobación supondría un ataque directo a los principios que caracterizan la democracia liberal, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. ”La defensa de estos valores sigue siendo primordial en el siglo XXI, en un momento en que son amenazados por nacionalismos populistas de uno y otro signo”. El elemento nuclear de lo sucedido en Cataluña en 2017 fue la voluntad expresa por parte de las autoridades catalanas de negarse a ajustar su comportamiento a las exigencia constitucionales y de desobedecer al Tribunal Constitucional y a los demás tribunales. Semejante actuación no puede dejar indiferente al Consejo de Europa, porque el respeto al Estado de Derecho es esencial para la democracia, y este respeto exige el acatamiento de las decisiones judiciales, por lo que resulta sorprendente que esté totalmente ausente del proyecto de resolución, que coincide en gran medida con la propaganda nacionalista. Su planteamiento desconoce la importancia que para los principios democráticos tiene el respeto al Estado de Derecho, y supone además una crítica gratuita a la actuación de los Tribunales españoles, dado que no aporta prueba alguna de los supuestos errores que hubieran podido cometer, lo que la priva del mínimo rigor jurídico. Roza la intromisión en la función judicial y propugna que ciertas privaciones de derechos queden sin sanción. ¿Va a hacer algo el Gobierno español para evitar la aprobación de semejante desafuero? No me extrañaría nada que estuviera considerando la posibilidad de copatrocinar la resolución.

Calígula redivivo

Siguiendo la metodología de las vidas paralelas de Plutarco, el editor del “El Imparcial”, José Varela –en su excelente artículo “´Los indultos: ¿Es Calígula un ingenuo?”- ha encontrado en nuestros día una reencarnación de este notorio emperador romano, al que el historiador Cayo Suetonio describía como la manifestación de un poder omnímodo con acuerdo al cual la infracción arbitraria de toda suerte de leyes humanas y divinas era consecuencia de la ambición sin límites, y la demostración de un poder sin control ni fronteras. En la versión teatral del personaje, Alberto Camus lo calificaba de nihilista implacable y de narcisista que jugaba a ser un dios todopoderoso que rechazaba atarse a nada, porque quería reinar en un mundo en el que la libertad no fuera un derecho sino un privilegio del poder. El bien y el mal, la verdad y la mentira, no existían más que como una manifestación del poder. ¿Reconocen Vds al reencarnado? Creo que no hace falta excesiva imaginación para ponerle nombre y apellidos al personaje, que muestra ciertos rasgos psicopáticos, perfiles narcisistas y obsesiones de poder por encima de cualquier consideración moral.

Pedro Sánchez no se caracteriza en demasía por ser fiel a su palabra, pero, en el caso de su compromiso con ERC, sí lo ha sido, incitado sin duda por su instinto de conservación del poder, ya que de los votos de este partido depende su continuidad en la Moncloa. Así lo ha reconocido hasta el 43.7% de sus votantes. Sánchez ha prometido, contra toda lógica o principio, indultar a unos condenados no arrepentidos y reincidentes, que ni han solicitado el indulto, ni lo aceptan, porque estiman que han sido condenados injustamente y requieren la amnistía, aunque su promesa implique la desintegración de España.

La pócima milagrosa dela epístola a los catalanes de Oriol Junqueras

En un momento de extrema debilidad de Sánchez por lo injusto de su decisión –rechazada por el 61% de los españoles, incluidos un 43,7% de los votantes del PSOE-, el beatífico Junqueras ha actuado como desinteresado Cirineo para ayudarle generosamente a llevar su cruz. Por una vez no estoy de acuerdo con Arcadio Espada cuando afirma que la carta supone el reconocimiento del fracaso del catalanismo político, la intención de no seguir con el desafío al Estado, y la tácita renuncia a la amnistía. Es cierto que Mosén Junqueras ha hecho unas reflexiones sensatas al reconocer que no se puede ignorar la fortaleza del Estado, que la vía unilateral no conduce a ninguna parte, que hay que aumentar la base social del independentismo y que la única vía es llegar a algún tipo de referéndum pactado ”a la escocesa”, pero no ha modificado un ápice su objetivo de lograr la independencia.

Su actitud se refleja claramente cuando afirma que “la estrategia es la mejor herramienta para ayudar a la gente de este país, pero la estrategia debe adaptarse a las circunstancias para ser ganadores”. La estrategia sigue siendo la misma y sólo ha variado la táctica. “Nuestra posición es el fin de la represión y la autodeterminación. La amnistía es nuestra prioridad para acabar con la persecución judicial. La cuestión no termina con los exiliados ni con los presos políticos, sino que hay que hacerla extensiva a las 3.000 personas que sufren causas judiciales”. La postura no puede ser más cristalina y sólo el espíritu atormentado de Sánchez por la posible pérdida del poder puede llevarle a interpretarla en sentido distinto al expresado. Por si quedara alguna duda, el nuevo Mandela –otra reencarnación “secundum Óbolos”- afirma taxativamente que “no queremos formar parte de un Estado donde persisten estructuras que sirven para perseguir a los adversarios políticos, donde hemos de acatar las leyes que nos parecen profundamente injustas y arbitrarias, que tipifican comportamientos que son plenamente democráticos”. Estas sinceras palabras ponen prístinamente de manifiesto las posición de las autoridades nacionalistas en los últimos años: El Estado español persigue y oprime a sus adversarios en Cataluña, y los catalanes no están obligados a acatar las leyes que consideren injustas o arbitrarias. Abolir la Constitución y el Estatuto de Cataluña, dar un golpe de Estado contra la legitimidad constitucional y declarar unilateralmente la independencia de Cataluña y su consiguiente segregación de España son comportamientos democráticos.

Pero Sánchez se agarra a un clavo ardiendo para justificar su disparatada decisión de conceder los indultos “über alles”. La justificación esgrimida es –según Varela- el bien político superior derivado del indulto, un generoso perdón que amortigüe la tensión y encauce el problema por la vía del diálogo y el acuerdo. La concesión del indulto es en teoría un objetivo deseable y respetable, pero no se conoce en la práctica ni un solo ejemplo histórico en que un movimiento nacionalista haya sido neutralizado por la vía de las concesiones, porque su naturaleza política es abrasiva, voraz e insaciable. Nuca están satisfechos y lo que el Estado articula como acuerdos, ellos lo consideran como etapas y trampolines hacia el paraíso de la patria irredenta. Pero ¿acaso el llamado referéndum de autodeterminación pactado traería paz y sosiego a Cataluña? Pues tampoco, porque -aunque fuera posible violentar la Constitución y cambiar el sujeto de la soberanía española-, la independencia de Cataluña sería el plato fuerte, tras el que vendría como postre la incorporación de los “Païusos Catalans” y hasta la del Rosellón y la Cerdaña.

Según ha manifestado “El Mundo” en un editorial, el entreguismo de Sánchez es un bochorno moral, un error político y una aberración jurídica. “El precio de esa concesión es el menoscabo del crédito de nuestra Justicia en el exterior, pues el Gobierno de España ha asumido como propias la tesis del separatismo, según la cual la aplicación de la ley esconde un ánimo de venganza impropio de democracias plenas. Destruir de este modo, desde la Moncloa, la labor de nuestros diplomáticos en el extranjero en defensa del Estado de Derecho español es algo que será difícil de perdonar y más difícil de revertir”. Para Félix Ovejero, instalarse en el marco mental de Sánchez implica reforzar ideológicamente el secesionismo. Al desautorizar a la Justicia, el Gobierno acepta que España no es un Estado e Derecho. Porque claro, “si Junqueras es Mandela, ¿qué somos nosotros?…Pues, en lógica consecuencia, quienes no estamos a favor de los indultos ni de las concesiones injustificadas a los independentista catalanes seríamos unos fascistas, racistas, partidarios del “apartheid”, totalitarios, enemigos de la convivencia y hasta de la “conllevancia”, y anticatalanes.

Según un Manifiesto de Consejo y Regeneración contra la concesión de indultos por razones de oportunidad política –que hemos firmado numerosos profesores- , la concesión de indultos a los políticos condenados por la sentencia del “procés” presenta graves riesgos para la defensa del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España. Dado el pronunciamiento en contra del Tribunal sentenciador y de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el Gobierno deberá justificar que no se trata de una decisión arbitraria e irrazonada, y que concurren las circunstancias de justicia, equidad o utilidad pública que exige la ley reguladora del indulto. A estas alturas del siglo XXI y en un asunto de tanta transcendencia, no parece aconsejable forzar los límites de la institución y provocar importantes tensiones en el poder judicial, dado que previsiblemente estos indultos serán recurridos ante el Tribunal Supremo, por lo que no conviene contraponer legitimidades ni erosionar instituciones. Por otra parte, no parece que la concesión de los indultos vaya a provocar ninguna mejora de la situación política existente en Cataluña, donde la fractura se da entre independentistas y no constitucionalistas, y ahonda en la convicción de muchos ciudadanos que el Estado de Derecho no regía por igual para todo el mundo, y que los catalanes no separatistas podían sentirse abandonados por las instituciones que deberían defenderlos. No parece que el deterioro de la convivencia y del respeto al Estado de Derecho que ha prevalecido últimamente en Cataluña pueda superarse con adicionales fracturas de dicho Estado. Tras culpar al PP de la situación de Cataluña, Sánchez le pide “comprensión y magnanimidad”, no para que pueda resolver el problema catalán, sino para perpetuarse en el poder.

En relación con los prófugos de la Justicia, la ministra de Derechos Sociales y futura Secretaria General de Podemos, Ione Belarra, ha tenido la desfachatez de afirmar que no comprende como se puede defender de desjudicialización de la política y seguir manteniendo la acusación contra los políticos exiliados. El objetivo de los indultos es que los presos políticos puedan salir de la cárcel y los fugados de la justicia regresar indemnes a España. Esta luminaria del pensamiento jurídico contribuye al desarrollo del Derecho Penal progresista mediante la invención de la la concesión de un indulto precautorio a unas personas que no han sido condenadas, “por si las moscas”. Esta indocumentada ministra –para quien juzgar a unos delincuentes es judicializar la política- debería ser destituida de inmediato por su falta de responsabilidad.

Mesa del monólogo nacionalista

Para Teresa Freixes, si grave es la disparata concesión de indultos a los condenados catalanes, más aún lo es la continuidad de la sedicente Mesa del diálogo, asentada sobre las patas de los independentistas y del Gobierno central, pero- para tener condición de tal, le faltan las patas de la oposición y de los ciudadanos catalanes no independentistas. Según afirmó Freixes en el debate con motivo de la presentación en Barcelona de mi libro sobre “Nuevas facetas de política española”, un diputado socialista le había argumentado que se podían firmar Pactos de Estado sin necesidad de contar con la oposición. La izquierda española sufre –en opinión de Varela- un ataque agudo de moralina y considera que toda oposición es una forma de perversión moral que debe ser excluida del juego político y -según la cosmogonía sanchista- la mitad de los catalanes constitucionalistas constituye una legión de ilotas de segunda categoría. De aquí la lógica cartesiana de la exclusión de unos y otros de la salvífica Mesa, que sigue estando coja. Y aún más, se mantiene en dudoso equilibrio sobre la única pata del soberanismo, porque el Gobierno de la Nación la considera el instrumento adecuado para hacer todo tipo de concesiones a las atrabiliarias exigencias del independentismo al amparo del diálogo. Ya se demostró en la malhadada sesión inaugural del Pedralbes con el Muy Deshonorable Joaquím Torra como anfitrión, cuando se celebró una reunión de alto nivel entre iguales, en la que Sánchez reconoció la existencia de un conflicto entre España y Cataluña y el derecho a decidir del pueblo catalán, dio a una Mesa sin base jurídica la función que correspondía a las Cortes y al Parlament, y aceptó solucionar el conflicto al margen de la Constitución y con la presencia de un árbitro internacional que actuara de mediador para superar las posibles discrepancias.

La situación se presenta aún peor ante la reanudación de las actividades de la Mesa, que no sería de extrañar que fuera co-presidida por un político condenado en firme e indultado a su pesar. Como ha observado la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Luisa Gómez Garrido, el Gobierno intenta transmitir a la opinión pública, como si fuera algo normal, que aspectos esenciales del contrato social que a todos nos atañe se discutan en una Mesa que –bajo la formal cobertura de negociaciones entre Gobiernos- implique sólo a parte de las fuerzas políticas y de la sociedad. Esta carencia se muestra con toda crudeza cuando uno de los condenados ofrece como vía de solución al conflicto un referéndum pactado sobre un aspecto excluido de la Constitució, cual es la autodeterminación. Ello supone excluir de raíz “la posibilidad de los consensos, que deben subyacer de manera ineludible e indisponible en los grandes proyectos colectivos, las reformas constitucionales y los pactos de Estado”. Y como ha señalado Freixes, los creativos juristas del Gobierno se han inventado un inexistente “referéndum pactado”, ya que –de conformidad con la Constitución- los referendums son vinculantes, en el caso de las reformas de la misma y de la aprobación y reforma de los Estatutos autonómicos, o son consultivos cuando se aborden temas políticos de especial transcendencia, de conformidad con el artículo 92. En este caso, el referéndum será convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, y en él podrán participar todos los españoles.

Sánchez parece compartir el cáustico cinismo de Oscar Wilde, cuando decía que la mejor forma de resistir la tentación era sucumbiendo a ella. “Mutatis mutandis”, la mejor fórmula de solucionar el problema/conflicto de Cataluña consistiría en acceder a las maximalistas reivindicaciones de los independentistas catalanes. La inestable Mesa del Monólogo y de la Concordia autorizaría un simulacro de referéndum que, aquende el río Ebro, sería consultivo y, allende el Riu Ebre, vinculante. El único obstáculo a solventar sería la exigencia de la Generalitat de que –fuera vinculante o consultivo- en el referéndum sólo podrían participar los catalanes.

La solución del problema catalán es muy difícil, pero cualquier fórmula que se acuerde, deberá incorporar dos requisitos básicos: el restablecimiento y aplicación de la ley, y la igualdad de los españoles ante la misma. De un lado -como ha señalado Ovejero-, si queremos restablecer el diálogo y la concordia, comencemos por restablecer la ley, cuyo cumplimiento es lo único que no se ha intentado. “Los problemas sólo se solucionan con la derrota moral y política de los que los crean, algo que ciertamente no sucede cuando les damos la razón”. Si yo fuera diputado en el Parlament -¡Dios me libre!- presentaría una moción no de ley para que la Cámara decidiera colocar una inscripción en el frontispicio del Palau de la Generalitat que rezara “Sin ley, no hay democracia”. De otro, si queremos respetar el principio básico de la Constitución de que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” –artículo 1-2-, hay que permitir a todos los españoles que se pronuncien en cualesquiera consultas sobre el futuro de España. Como ha declarado el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page –único barón socialista que no ha sucumbido del todo al cesarismo de Calígula Sánchez-, “hay una cosa de libro: Decidir sobre lo que afecta a todos los españoles, lo decidimos entre todos y no por partes”.

A diferencia de Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, mañana “Deo volentes”, me manifestaré en la plaza de Colón para protestar por la injusta e injustificada decisión de conceder indultos a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo, porque no me preocupa que me califiquen de facha los medios de comunicación pesebristas.